EMERGENCIA PUBLICA EN MATERIA OCUPACIONAL

EMERGENCIA PÚBLICA EN MATERIA OCUPACIONAL

Decreto 345/2021

DECNU-2021-345-APN-PTE - Prohibiciones de despidos y suspensiones. Prórroga.

Ciudad de Buenos Aires, 27/05/2021

VISTO el Expediente N° EX-2021-46739756-APN-DGD#MT, la Ley Nº 27.541 y

sus modificatorias, los Decretos Nros. 34 del 13 de diciembre de 2019,

156 del 14 de febrero de 2020, 260 del 12 de marzo de 2020, sus

modificatorios y sus respectivas prórrogas, 297 del 19 de marzo de

2020, sus modificatorios y complementarios, 329 del 31 de marzo de

2020, 367 del 13 de abril de 2020 y su modificatorio, 487 del 18 de

mayo de 2020, 528 del 9 de junio de 2020, 624 del 28 de julio de 2020,

761 del 23 de septiembre de 2020, 891 del 13 de noviembre de 2020, 961

del 29 de noviembre de 2020, 39 del 22 de enero de 2021, 235 del 8 de

abril de 2021 y su modificatorio, 266 del 21 de abril de 2021, 287 del

30 de abril de 2021 y su modificatorio y 334 del 21 de mayo de 2021, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.541 se declaró la emergencia pública en materia

económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,

energética, sanitaria y social.

Que el Decreto N° 260/20 dispuso ampliar la emergencia pública en

materia sanitaria en virtud de la pandemia declarada por la

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el COVID-19, por

el plazo de UN (1) año, el que fue prorrogado por el Decreto N° 167/21

hasta el 31 de diciembre de 2021.

Que, en ese contexto, se adoptaron medidas inmediatas para hacer frente

a la emergencia a través del Decreto N° 297/20, sus modificatorios y

complementarios.

Que ante la gravedad de la situación, no solo se adoptaron medidas

tendientes a la protección de la salud sino también todas aquellas que

tuvieron como objetivo ayudar a las empresas a sobrellevar los efectos

de la emergencia.

Que como correlato necesario a las medidas de apoyo y sostén para el

funcionamiento de las empresas, se dictaron medidas de tutela y

protección de los puestos de trabajo a través de los Decretos Nros.

329/20, 487/20, 624/20, 761/20, 891/20, 39/21 y 266/21, por las cuales

se prohibieron los despidos sin justa causa y por las causales de falta

o disminución de trabajo y fuerza mayor.

Que los citados decretos además prohibieron las suspensiones por las

causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, quedando

exceptuadas de dicha prohibición las suspensiones efectuadas en los

términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o.

1976) y sus modificatorias.

Que, asimismo, se dispuso que tales prohibiciones no serán aplicables a

las contrataciones celebradas con posterioridad a la entrada en

vigencia del Decreto N° 34/19, ni al Sector Público Nacional definido

en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, con

independencia del régimen jurídico al que se encuentre sujeto el

personal de los organismos, ni a sociedades, empresas o entidades que

lo integran, ni a quienes se encuentren comprendidos o comprendidas en

el régimen legal de trabajo para el personal de la industria de la

construcción de la Ley Nº 22.250.

Que, en ese marco, se dispuso que los despidos y las suspensiones que

se hubieran adoptado en violación a lo establecido en el artículo 2° y

primer párrafo del artículo 3º de los aludidos decretos no producirían

efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales

existentes y en las condiciones entonces vigentes.

Que el citado Decreto Nº 39/21 amplió hasta el 31 de diciembre de 2021

la emergencia pública en materia ocupacional declarada por el Decreto

N° 34/19 y ampliada por sus similares Nros. 528/20 y 961/20,

estableciendo en sus artículos 5º y 6º que durante la vigencia de la

misma, en los casos de despidos sin justa causa no cuestionados en su

eficacia extintiva, la trabajadora afectada o el trabajador afectado,

tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente,

no pudiendo exceder la suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000) el monto

correspondiente a dicha duplicación.

Que ante el aumento sostenido de casos que se vienen generando en la

mayoría de las jurisdicciones como consecuencia de la segunda ola de

COVID-19 que azota al país, debieron adoptarse medidas urgentes e

intensivas por conducto de los Decretos Nros 235/21, 241/21, 287/21 y

334/21.

Que es imperioso acompañar dichas medidas prorrogando la adopción de

aquellas que resguardan los puestos de trabajo, como herramientas de

política laboral necesarias para la protección de las trabajadoras y

los trabajadores, en cumplimiento de las garantías establecidas por la

CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que en el marco de las obligaciones asumidas por la REPÚBLICA ARGENTINA

en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

y con el objetivo de preservar la paz social, corresponde adoptar

medidas transitorias, proporcionadas y razonables, con el fin de

garantizar el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse

la vida mediante su trabajo, que le asegure condiciones de existencia

dignas para ellas y para sus familias.

Que la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) el 23 de marzo de

2020 ha emitido un documento “Las normas de la OIT y el Covid 19

(Coronavirus)” que revela la preocupación mundial y alude a la

necesidad de que los gobiernos implementen medidas dirigidas a paliar

los efectos nocivos en el mundo del trabajo, en particular en lo

referido a la conservación de los puestos de labor y en tal sentido

recuerda la importancia de tener presente la Recomendación 166, que

subraya “que todas las partes interesadas deberían tratar de evitar o

limitar en todo lo posible la terminación de la relación de trabajo por

motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos, sin

perjuicio para el funcionamiento eficaz de la empresa, establecimiento

o servicio, y esforzarse por atenuar las consecuencias adversas de toda

terminación de la relación de trabajo por estos motivos, para el

trabajador o trabajadores interesados”.

Que, por su parte, el artículo 1733 del Código Civil y Comercial de la

Nación en su inciso b) establece expresamente la posibilidad de que la

“fuerza mayor” no exima de consecuencias o pueda ser neutralizada en

sus efectos cuando una disposición legal así lo prevea.

Que como se ha sostenido reiteradamente, una situación de crisis como

la que motivó el dictado de las medidas de emergencia ya citadas,

autoriza a colegir que cabe atender el principio establecido por la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en la causa “Aquino”, Fallos

327:3753, considerando 3, en orden a considerar al trabajador o a la

trabajadora como sujetos de preferente tutela, por imperio de lo

ordenado por la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que en función de la evolución de la epidemia en las distintas

jurisdicciones del país, mediante el artículo 7º del mencionado Decreto

Nº 39/21 se determinó, por el plazo de NOVENTA (90) días, que la

enfermedad COVID-19 producida por el virus SARS-CoV-2 se considerará

presuntivamente una enfermedad de carácter profesional -no listada-,

respecto de la totalidad de las trabajadoras y los trabajadores

dependientes incluidas e incluidos en el ámbito de aplicación personal

de la Ley N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo que hayan prestado

efectivamente tareas en sus lugares de trabajo.

Que subsistiendo las causas que motivaron aquella medida, corresponde prorrogar los términos de la misma.

Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la

intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los

Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO

NACIONAL en virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3 de la

CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene

competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los

Decretos de Necesidad y Urgencia, así como para elevar el dictamen al

plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de

DIEZ (10) días hábiles.

Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se

pronuncien mediante sendas resoluciones, y que el rechazo o aprobación

de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el

artículo 82 de la Carta Magna.

Que han tomado intervención los servicios de asesoramiento jurídico pertinentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas

por el artículo 99, incisos 1 y 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- El presente decreto se dicta en el marco de la emergencia

pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa,

previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por

la Ley N° 27.541, su ampliación dispuesta por el Decreto N° 260/20, sus

modificatorios y su prórroga establecida por el Decreto N° 167/21 y la

emergencia ocupacional declarada por el Decreto Nº 34/19 y ampliada por

sus similares Nros. 528/20, 961/20 y 39/21.

ARTÍCULO 2°.- Prorrógase hasta el 30 de junio de 2021, inclusive, la

prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de

falta o disminución de trabajo y fuerza mayor.

ARTÍCULO 3°.- Prorrógase hasta el 30 de junio de 2021, inclusive, la

prohibición de efectuar suspensiones por las causales de fuerza mayor o

falta o disminución de trabajo.

Quedan exceptuadas de esta prohibición y de los límites temporales

previstos por los artículos 220, 221 y 222 de la Ley de Contrato de

Trabajo (t.o. 1976) y sus modificatorias, las suspensiones efectuadas

en los términos del artículo 223 bis de la misma, como consecuencia de

la emergencia sanitaria.

ARTÍCULO 4°.- Los despidos y las suspensiones que se dispongan en

violación de lo dispuesto en el artículo 2° y en el primer párrafo del

artículo 3º del presente decreto no producirán efecto alguno,

manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus

condiciones actuales.

ARTÍCULO 5°.- Las prohibiciones previstas en el presente decreto no

serán aplicables a las contrataciones celebradas con posterioridad a la

entrada en vigencia del Decreto N° 34/19, ni al Sector Público Nacional

definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias,

con independencia del régimen jurídico al que se encuentre sujeto el

personal de los organismos, ni a sociedades, empresas o entidades que

lo integran.

Quedan asimismo exceptuados y exceptuadas de tales prohibiciones,

quienes se encuentren comprendidos o comprendidas en el régimen legal

de trabajo para el personal de la industria de la construcción regulado

por la Ley Nº 22.250.

ARTÍCULO 6º.- Prorrógase hasta el 30 de junio de 2021, inclusive, lo

dispuesto por el artículo 7° del Decreto Nº 39/21, respecto de la

totalidad de las trabajadoras y los trabajadores dependientes incluidas

e incluidos en el ámbito de aplicación personal de la Ley N° 24.557

sobre Riesgos del Trabajo y que hayan prestado efectivamente tareas en

sus lugares habituales, fuera de su domicilio particular.

Serán de aplicación a su respecto las normas contenidas en los artículos 2° y 3° del Decreto N° 367/20.

El financiamiento de estas prestaciones será imputado al FONDO

FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES creado mediante el Decreto N°

590/97 de acuerdo a las regulaciones que dicte la SUPERINTENDENCIA DE

RIESGOS DEL TRABAJO y deberá garantizarse el mantenimiento de una

reserva mínima equivalente al DIEZ POR CIENTO (10 %) de los recursos de

este último, con el objeto de asistir el costo de cobertura

prestacional de otras posibles enfermedades profesionales, según se

determine en el futuro.

ARTÍCULO 7º.- El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 8º.- Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 9º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro - Felipe

Carlos Solá - Agustin Oscar Rossi - Martín Guzmán - Matías Sebastián

Kulfas - Luis Eugenio Basterra - Alexis Raúl Guerrera - Gabriel Nicolás

Katopodis - Martín Ignacio Soria - Sabina Andrea Frederic - Carla

Vizzotti - Daniel Fernando Arroyo - Elizabeth Gómez Alcorta - Nicolás

A. Trotta - Tristán Bauer - Roberto Carlos Salvarezza - Claudio Omar

Moroni - Juan Cabandie - Matías Lammens - Jorge Horacio Ferraresi

e. 28/05/2021 N° 36208/21 v. 28/05/2021