AGENCIA NACIONAL DE PROTECCION A TESTIGOS E IMPUTADOS

AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS

Decreto 795/2019

DNU-2019-795-APN-PTE - Ley N° 25.764. Modificación.

Ciudad de Buenos Aires, 28/11/2019

VISTO el Expediente N° EX-2019-98527072- -APN-DGDYD#MJ, las Leyes Nros.

25.764 y 27.304, la Resolución N° 439 del 23 de abril de 2007 y su

modificatoria N° 448 del 27 de abril de 2007, ambas del MINISTERIO DE

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 25.764 se creó en el ámbito del entonces

MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS el PROGRAMA

NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS destinado a la ejecución

de las medidas que preserven la seguridad de testigos e imputados que

se encontraren en una situación de peligro para su vida o integridad

física, que hubieran colaborado de modo trascendente y eficiente en una

investigación judicial de competencia federal relativa a los delitos

allí previstos.

Que con la sanción de la Ley N° 27.304, el PROGRAMA NACIONAL DE

PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS ha registrado la incorporación de

personas que brindaron información en investigaciones judiciales

vinculadas a delitos que se habrían cometido en el ejercicio de la

función pública en el ámbito del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que, además, el PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS

busca generar confianza en la comunidad, garantizando el ánimo de

colaboración con la administración de justicia, al brindarle una

atención integral a las personas protegidas de forma tal que puedan

reconstruir su proyecto de vida.

Que el cumplimiento de los objetivos del PROGRAMA NACIONAL DE

PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS demanda la instrumentación de

políticas de estado coordinadas entre el PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN,

el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y los diferentes organismos de la

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL con competencia especial en esta

materia.

Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 22 de la Ley de

Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de

1992), y sus modificatorias, compete al MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de

Gabinete de Ministros en orden a sus competencias, en las relaciones

con el PODER JUDICIAL y con el MINISTERIO PÚBLICO, entre otras.

Que, en ese marco, debe tenerse en consideración que de conformidad con

lo dispuesto en la referida Ley N° 25.764, el PROGRAMA NACIONAL DE

PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS actúa única y exclusivamente como

auxiliar del sistema de justicia federal, por disposición del juez o

tribunal a cargo de la causa con el consentimiento del magistrado del

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL competente.

Que por su parte, en el inciso c) del artículo 9° de la Ley N° 25.764

se establece que el Director Nacional del PROGRAMA NACIONAL DE

PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS tiene la facultad de encomendar la

ejecución de las medidas especiales de protección a las fuerzas de

seguridad, policiales y servicio penitenciario.

Que según el artículo 22 bis de la citada Ley de Ministerios (texto

ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992), y sus

modificatorias, la dirección y coordinación de funciones y

jurisdicciones de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Nacionales son

competencia del MINISTERIO DE SEGURIDAD, siendo el SECRETARIO DE

SEGURIDAD el responsable de su organización operativa, de acuerdo con

lo previsto en la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 y sus

modificatorias y por el apartado XV del Anexo II del Decreto N° 174 del

2 de marzo de 2018 y sus modificatorios.

Que transcurridos más de QUINCE (15) años de vigencia de la Ley N°

25.764 y, en especial, la experiencia recogida en los últimos años,

sumado a los cambios legislativos y el impacto que han tenido en el

PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS, se ha vuelto

necesario efectuar un reordenamiento institucional orientado a

fortalecer su accionar y garantizar las condiciones para su actuación

independiente.

Que, de acuerdo a lo expuesto, corresponde conferir al actual PROGRAMA

NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS una nueva y superior

institucionalidad que estará plasmada en la AGENCIA NACIONAL DE

PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS, que por este acto se crea con el

carácter de ente autárquico dotado de autonomía funcional, que actuará

en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Que a fin de efectivizar la coordinación interinstitucional se hace

necesario crear el CONSEJO CONSULTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE

PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS.

Que toda vez que los ingresos de testigos e imputados a dicha Agencia

se dan por orden de la justicia federal corresponde invitar a presidir

el CONSEJO CONSULTIVO al Presidente de la CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN

PENAL, en su carácter de tribunal superior del fuero penal federal y

único órgano jurisdiccional en la materia con competencia territorial

en todo el país. Asimismo, se invita a integrarlo al PROCURADOR GENERAL

DE LA NACIÓN o a un representante de la PROCURACIÓN GENERAL DE LA

NACIÓN del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL. También formará parte del Consejo

el SECRETARIO DE SEGURIDAD o un representante del MINISTERIO DE

SEGURIDAD.

Que el CONSEJO CONSULTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A

TESTIGOS E IMPUTADOS, conforme su reglamento, remitirá una propuesta de

designación de Director Nacional de la Agencia al MINISTRO DE JUSTICIA

Y DERECHOS HUMANOS quien la elevará a efectos de su designación al

PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que el Director Nacional de la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A

TESTIGOS E IMPUTADOS tendrá autonomía de gestión y facultades para

adoptar, bajo su exclusiva responsabilidad, las decisiones conducentes

al cumplimiento de los objetivos funcionales de la mencionada Agencia.

Que corresponde transferir el cargo de Director Nacional, el personal y

todos los bienes asignados al PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A

TESTIGOS E IMPUTADOS al ámbito de la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A

TESTIGOS E IMPUTADOS.

Que en ese marco, el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, a propuesta del

Director Nacional de la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E

IMPUTADOS, aprobará su estructura organizativa y designará al personal

que deba desempeñarse en ella.

Que hasta tanto se perfeccionen las modificaciones presupuestarias y se

dicten los demás actos que permitan la plena operatividad de la AGENCIA

NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS, el Servicio

Administrativo Financiero y el Servicio Jurídico Permanente del

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS prestarán los servicios

relativos a la ejecución presupuestaria, contable, financiera, de

compras, de recursos humanos, y en materia jurídica, respectivamente.

Que a fin de garantizar la prestación de las funciones a su cargo, el

Director Nacional y el personal que actualmente se desempeña en el

PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS, continuarán a

cargo de sus responsabilidades mediante la prestación de sus servicios

hasta tanto se efectivicen las designaciones definitivas en la AGENCIA

NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS.

Que a los efectos establecidos por el presente deben modificarse los

artículos 1°, 5°, 8° y 10 de la Ley N° 25.764, incorporándose además

diversas disposiciones a dicha ley.

Que la imperiosa necesidad de efectuar la reorganización proyectada

configura una excepcional circunstancia que hace imposible seguir los

trámites ordinarios previstos por la CONSTITUCIÓN NACIONAL para la

sanción de las leyes, toda vez que involucra cuestiones que afectan

directamente a la preservación de la vida e integridad física y

psicológica de las personas sometidas al cuidado del PROGRAMA NACIONAL

DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS, por lo que el PODER EJECUTIVO

NACIONAL adopta la presente medida en ejercicio de las atribuciones

conferidas por el inciso 3 del artículo 99 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la

intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los

decretos de necesidad y urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO

NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el citado artículo 99, inciso

3, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que de acuerdo a lo establecido por la citada ley la COMISIÓN BICAMERAL

PERMANENTE debe expedirse acerca de la validez o invalidez de los

decretos de necesidad y urgencia, y elevar los respectivos dictámenes

al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, dentro del

plazo de DIEZ (10) días hábiles.

Que ha tomado intervención el servicio permanente de asesoramiento jurídico competente.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 3, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el artículo 1° de la Ley N° 25.764, por el siguiente:

“ARTÍCULO 1º.- Créase la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E

IMPUTADOS destinada a la ejecución de las medidas que preserven la

seguridad de imputados y testigos que se encontraren en una situación

de peligro para su vida o integridad física, que hubieran colaborado de

modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de

competencia federal relativa a los delitos previstos por los artículos

142 bis y 170 del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN y lo previsto por la Ley N°

23.737 y sus modificatorias.

Sin perjuicio de ello, a requerimiento de la autoridad judicial, el

Director Nacional de la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E

IMPUTADOS podrá incluir fundadamente otros casos no previstos en el

primer párrafo cuando se tratare de delitos vinculados con la

delincuencia organizada o de violencia institucional y la trascendencia

e interés político criminal de la investigación lo hagan aconsejable.

Deberá informar al CONSEJO CONSULTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE

PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS las razones que justifican dicha

decisión.”

ARTÍCULO 2°.- Incorpórase como artículo 1° bis de la Ley N° 25.764, el siguiente:

“ARTÍCULO 1° bis.- Créase el CONSEJO CONSULTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS.

Invítase a presidirlo al Presidente de la CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN

PENAL, y a integrarlo al PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN o un

funcionario de la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN del MINISTERIO

PÚBLICO FISCAL.

El SECRETARIO DE SEGURIDAD o un representante del MINISTERIO DE

SEGURIDAD lo integrará. La participación en el Consejo no implicará

remuneración adicional.”

ARTÍCULO 3°.- Incorpórase como artículo 1° ter de la Ley N° 25.764, el siguiente:

“ARTÍCULO 1° ter.- El MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS elevará

al PODER EJECUTIVO NACIONAL una propuesta para la designación del

Director Nacional de la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E

IMPUTADOS. La mencionada propuesta será elaborada por el CONSEJO

CONSULTIVO de la Agencia, de conformidad con el reglamento que a dicho

efecto apruebe.”

ARTÍCULO 4°.- Incorpórase como artículo 1° quater de la Ley N° 25.764, el siguiente:

“ARTÍCULO 1° quater.- El CONSEJO CONSULTIVO creado en el artículo 1°

bis se reunirá una vez por mes a efectos de que el Director Nacional de

la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS informe sobre

su funcionamiento. Quienes participen de dichas reuniones, estén

presentes o conozcan de ellas deberán guardar absoluta reserva y

confidencialidad.

El CONSEJO CONSULTIVO recibirá todas las observaciones que los testigos

e imputados incluidos en el sistema de protección tengan que realizar,

a los efectos de poder proponer e impulsar las modificaciones y mejoras

en su funcionamiento. Sobre tales observaciones y la identidad de las

personas, los sujetos referidos en el primer párrafo guardarán absoluta

reserva y confidencialidad.”

ARTÍCULO 5º.- Sustitúyese el artículo 5° de la Ley N° 25.764, por el siguiente:

“ARTÍCULO 5º.- Las medidas especiales de protección, cuando las

circunstancias lo permitan y lo hagan aconsejable, podrán consistir en:

a. La custodia personal o domiciliaria;

b. El alojamiento temporario en lugares reservados;

c. El cambio de domicilio;

d. El suministro de los medios económicos para alojamiento, transporte,

alimentos, comunicación, atención sanitaria, mudanza, reinserción

laboral, trámites, sistemas de seguridad, acondicionamiento de vivienda

y demás gastos indispensables, dentro o fuera del país, mientras la

persona beneficiaria se halle imposibilitada de obtenerlos por sus

propios medios. La asistencia económica podrá otorgarse por SEIS (6)

meses. Si existieren razones de seguridad debidamente fundadas que

justifiquen extender dicho plazo, el Director Nacional de la AGENCIA

NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS podrá prorrogarlo

sucesivamente hasta un máximo de VEINTICUATRO (24) meses.

Excepcionalmente, y mediando solicitud debidamente fundada por parte

del Director Nacional de la mencionada Agencia, el juez o tribunal de

la causa podrán autorizar que la asistencia se extienda hasta los

TREINTA Y SEIS (36) meses;

e. La asistencia para la gestión de trámites;

f. La asistencia para la reinserción laboral;

g. El suministro de documentación que acredite identidad bajo nombre

supuesto a los fines de mantener en reserva la ubicación de la persona

protegida y su grupo familiar.”

ARTÍCULO 6°.- Sustitúyese el artículo 8° de la Ley N° 25.764, por el siguiente:

“ARTÍCULO 8°.- La AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS

funcionará en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

con el carácter de ente autárquico dotado de autonomía funcional.

La Agencia será dirigida por un Director Nacional que tendrá autonomía

de gestión y facultades para adoptar, bajo su exclusiva

responsabilidad, las decisiones conducentes al cumplimiento de los

objetivos funcionales de la Agencia.”

ARTÍCULO 7°.- Incorpórase como artículo 9° bis de la Ley N° 25.764 el siguiente:

“ARTÍCULO 9° bis.- Los funcionarios y demás agentes de la AGENCIA

NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS mantendrán bajo estricta

reserva los legajos de los casos y sólo tendrán obligación de brindar

información a las autoridades que intervengan en los procesos

judiciales en los que se dispuso la protección de las personas.

La información vinculada con la aplicación de las medidas de protección

tendrá carácter reservado, debiendo los funcionarios y empleados de los

organismos administrativos y judiciales intervinientes guardar secreto.

El deber de confidencialidad subsiste aun cuando cese su desempeño en

la Agencia o en el organismo actuante.

El deber de confidencialidad se extiende a los datos relativos al

honor, modo de vida e intereses privados de las personas incluidas, de

los que los agentes públicos tomaren conocimiento en el ejercicio o en

ocasión de sus funciones, y abarca a cualquier persona ajena a la

AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS que, por su

oficio, profesión u ocupación, tuvieran acceso a la información

referida a los casos que se tramitan bajo la órbita de la Agencia.”

ARTÍCULO 8°.- Sustitúyese el artículo 10 de la Ley N° 25.764, por el siguiente:

“ARTÍCULO 10.- Facúltase al Director Nacional de la AGENCIA NACIONAL DE

PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS a dictar los reglamentos que resulten

necesarios para su funcionamiento, los que deberán contar con la

opinión favorable del CONSEJO CONSULTIVO.”

ARTÍCULO 9°.- El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, a propuesta del

Director Nacional de la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E

IMPUTADOS, aprobará su estructura organizativa y designará al personal

que deba desempeñarse en ella.

ARTÍCULO 10.- El PODER EJECUTIVO NACIONAL deberá asignar a la AGENCIA

NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS los cargos de

funcionarios y empleados de planta permanente y transitoria necesarios

para su correcto funcionamiento conforme a la estructura aprobada.

ARTÍCULO 11.- Las funciones encomendadas a la AGENCIA NACIONAL DE

PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS estarán a cargo del Director Nacional

y del personal que a la fecha del dictado del presente se desempeñen en

el PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS, hasta tanto

se efectivicen las designaciones en los cargos referidos en el artículo

10.

Asimismo, hasta tanto se perfeccionen las modificaciones

presupuestarias y demás tareas que permitan la plena operatividad de la

Agencia, el Servicio Administrativo Financiero y el Servicio Jurídico

Permanente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS prestarán los

servicios relativos a la ejecución presupuestaria, contable,

financiera, de compras, de recursos humanos, y en materia jurídica,

respectivamente.

ARTÍCULO 12.- Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS para que, en

uso de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la Ley N°

24.156 y sus modificatorias, efectúe las reestructuraciones

presupuestarias que resulten necesarias para atender el cumplimiento

del presente hasta la aprobación del Presupuesto General para la

ADMINISTRACIÓN NACIONAL correspondiente al Ejercicio siguiente a la

fecha del presente acto.

ARTÍCULO 13.- Los recursos necesarios para atender el cumplimiento del

presente serán incluidos en el Presupuesto General para la

ADMINISTRACIÓN NACIONAL, a partir del Ejercicio siguiente a la fecha

del presente acto.

ARTÍCULO 14.- Transfiérese a la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A

TESTIGOS E IMPUTADOS el cargo de Director Nacional, el personal y la

totalidad de los bienes, activos, presupuesto vigente y patrimonio

afectados al PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS.

ARTÍCULO 15.- Toda referencia normativa al PROGRAMA NACIONAL DE

PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS, su competencia o sus autoridades,

respectivamente, se considerará hecha a la AGENCIA NACIONAL DE

PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS.

ARTÍCULO 16.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

ARTÍCULO 17.- Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 18.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL

REGISTRO OFICIAL y archívese. MACRI - Marcos Peña - Rogelio Frigerio -

Jorge Roberto Hernán Lacunza - Guillermo Javier Dietrich - Carolina