LegalizeSIMPLIFICACION Y DESBUROCRATIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL
SIMPLIFICACIÓN Y DESBUROCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Ley 27446
Disposiciones.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de
Ley:
LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y DESBUROCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CAPÍTULO I
Firma digital. Gestión documental electrónica
Artículo 1°.- Deróganse los artículos 4°, 18, 28, 35 y 36 de la ley 25.506.
Art. 2°.- Sustitúyese el artículo 10 de la ley 25.506, por el siguiente:
Artículo 10: Remitente. Presunción. Cuando un documento electrónico sea
firmado por un certificado de aplicación, se presumirá, salvo prueba en
contrario, que el documento firmado proviene de la persona titular del
certificado.
Art. 3°.- Sustitúyese el artículo 27 de la ley 25.506, por el siguiente:
Artículo 27: Sistema de auditoría. La autoridad de aplicación diseñará
un sistema de auditoría para evaluar la confiabilidad y calidad de los
sistemas utilizados, la integridad, confidencialidad, confiabilidad y
disponibilidad de los datos, así como también el cumplimiento de las
especificaciones del manual de procedimientos y los planes de seguridad
y de contingencia aprobados por el ente licenciante.
Art. 4°.- Sustitúyese el artículo 29 de la ley 25.506, por el siguiente:
Artículo 29: Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ley será el Ministerio de Modernización.
Art. 5°.- Sustitúyese el inciso b) del artículo 30 de la ley 25.506, por el siguiente:
Establecer los estándares tecnológicos y operativos de la infraestructura de firma digital.
Art. 6°.- Sustitúyese el artículo 34 de la ley 25.506, por el siguiente:
Artículo 34: Organismo auditante. La Sindicatura General de la Nación realizará las auditorías previstas en la presente ley.
Art. 7°.- Establécese que los documentos oficiales electrónicos
firmados digitalmente, expedientes electrónicos, comunicaciones
oficiales, notificaciones electrónicas y domicilio especial constituido
electrónico de la plataforma de trámites a distancia y de los sistemas
de gestión documental electrónica que utilizan el sector público
nacional, las provincias, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, municipios, poderes judiciales, entes públicos no estatales,
sociedades del Estado, entes tripartitos, entes binacionales, Banco
Central de la República Argentina, en procedimientos administrativos y
procesos judiciales, tienen para el sector público nacional idéntica
eficacia y valor probatorio que sus equivalentes en soporte papel o
cualquier otro soporte que se utilice a la fecha de entrada en vigencia
de la presente medida, debido a su interoperabilidad que produce su
reconocimiento automático en los sistemas de gestión documental
electrónica, por lo que no se requerirá su legalización.
Art. 8°.- Las jurisdicciones y entidades contempladas en el artículo 8°
de la ley 24.156 formularán, suscribirán y remitirán las respuestas a
los oficios judiciales exclusivamente mediante el Sistema de Gestión
Documental Electrónica –GDE–.
CAPÍTULO II
Unidad de Información Financiera
Art. 9°.- Sustitúyese el inciso 3 del artículo 13 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:
Colaborar con los órganos judiciales y del Ministerio Público Fiscal
en la persecución penal de los delitos reprimidos por esta ley, de
acuerdo a las pautas que se establezcan reglamentariamente.
Art. 10.- Derógase el inciso 4 del artículo 13 de la ley 25.246 y sus modificatorias.
Art. 11.- Sustitúyese el artículo 19 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 19: Cuando la Unidad de Información Financiera haya agotado el
análisis de la operación reportada y surgieren elementos de convicción
suficientes para confirmar su carácter de sospechosa de lavado de
activos o de financiación del terrorismo en los términos de la presente
ley, ello será comunicado al Ministerio Público Fiscal a fin de
establecer si corresponde ejercer la acción penal.
Cuando la operación reportada se encuentre vinculada con hechos bajo
investigación en una causa penal, la Unidad de Información Financiera
podrá comunicar su sospecha directamente al juez interviniente.
Art. 12.– Sustitúyese el inciso c) del artículo 21 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:
Abstenerse de revelar al cliente o a terceros las actuaciones que se estén realizando en cumplimiento de la presente ley.
Con la finalidad de prevenir el lavado de activos y el financiamiento
del terrorismo, los sujetos obligados a los que refieren los incisos 1,
2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 20 y 22 del artículo 20, sea que
integren o no el mismo grupo económico y aun cuando se trate de
entidades en el exterior, siempre que medie el consentimiento del
titular de los datos previsto en el punto 1 del artículo 5° de la ley
25.326 y sus normas modificatorias, podrán compartir legajos de sus
clientes que contengan información relacionada con la identificación
del mismo, el origen y la licitud de los fondos.
Art. 13.- Sustitúyese el artículo 21 bis de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 21 bis: Son considerados clientes, a los fines del inciso a)
del artículo 21 de la presente ley, todas aquellas personas humanas,
jurídicas, patrimonios de afectación, u otras estructuras jurídicas, y
quienes actúen por cuenta y orden de éstas; con los cuales se
establezca, de manera ocasional o permanente, una relación contractual
de carácter financiero, económico o comercial.
Respecto de sus clientes, los sujetos obligados deberán cumplimentar las siguientes obligaciones:
Identificarlos mediante la información, y en su caso la
documentación, que se requiera conforme las normas que dicte la Unidad
de Información Financiera y que se pueda obtener de ellos o de fuentes
confiables e independientes, que permitan con razonable certeza
acreditar la veracidad de su contenido.
La tarea comprende la individualización del cliente, el propósito,
carácter o naturaleza del vínculo establecido con el sujeto obligado,
el riesgo de lavado de activos y/o financiación del terrorismo asociado
a éstos y su operatoria.
En todos los casos, deberán adoptar medidas razonables desde un enfoque
basado en riesgo para identificar a los propietarios, beneficiarios
finales y aquellos que ejercen el control real de la persona jurídica,
patrimonio de afectación o estructura jurídica, junto con su estructura
de titularidad y control.
Cuando existan dudas sobre si los clientes actúan por cuenta propia, o
exista la certeza de que no actúan por cuenta propia, deberán adoptar
medidas adicionales razonables y proporcionadas, mediante un enfoque
basado en riesgo, a fin de obtener información sobre la verdadera
identidad de la persona por cuenta de la cual actúan los clientes.
A tales fines, deberán prestar especial atención, a efectos de evitar
que las personas humanas utilicen estructuras jurídicas, como empresas
pantalla o patrimonios de afectación, para realizar sus operaciones.
En razón de ello, deberán realizar esfuerzos razonables para
identificar al beneficiario final. Cuando ello no resulte posible,
deberán identificar a quienes integran los órganos de administración y
control de la persona jurídica; o en su defecto a aquellas personas
humanas que posean facultades de administración y/o disposición, o que
ejerzan el control de la persona, estructura jurídica o patrimonio de
afectación, aun cuando éste fuera indirecto.
Asimismo, deberán adoptar medidas específicas a efectos de disminuir el
riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo, cuando
se contrate un servicio y/o producto con clientes que no han estado
físicamente presentes para su identificación; debiendo completar las
medidas de verificación en tiempo razonablemente práctico, siempre que
los riesgos de lavado de activos y/o financiación del terrorismo se
administren con eficacia y resulten esenciales a efectos de no
interrumpir el curso normal de la actividad.
En todos los casos, deberá determinarse el riesgo del cliente y de la
operatoria, implementar medidas idóneas para su mitigación, y
establecer reglas de monitoreo y control continuo que resulten
proporcionales a éstos; teniendo en consideración un enfoque basado en
riesgo.
Cuando se tratare de personas expuestas políticamente, deberán
adoptarse medidas de debida diligencia intensificadas tendientes a
establecer alertas, que permitan tomar medidas oportunas a efectos de
detectar posibles desvíos en el perfil del cliente, a fin de mitigar el
riesgo de lavado de activos y/o financiación del terrorismo vinculado
al riesgo inherente a éste y/o a su operatoria;
Determinar el origen y licitud de los fondos;
Conservar la información recabada respecto de sus clientes, en forma
física o digital, por un plazo mínimo de cinco (5) años; debiendo
permitir ésta reconstruir las transacciones realizadas, nacionales o
internacionales; y encontrarse a disposición de la Unidad de
Información Financiera y/o de las autoridades competentes cuando éstas
lo requieran;
Reportar “hechos” u “operaciones sospechosas” de lavado de activos,
ante la Unidad de Información Financiera, en un plazo máximo de quince
(15) días corridos, contados a partir de la fecha en que el sujeto
obligado concluya que la operación reviste tal carácter. La fecha de
reporte no podrá superar los ciento cincuenta (150) días corridos
contados desde la fecha de la operación sospechosa realizada o tentada;
Reportar “hechos” u “operaciones sospechosas” de financiación de
terrorismo, ante la Unidad de Información Financiera, en un plazo
máximo de cuarenta y ocho (48) horas, a partir de la operación
realizada o tentada, habilitándose días y horas inhábiles al efecto.
Asimismo, los sujetos obligados deberán:
Registrarse ante la Unidad de Información Financiera;
Documentar los procedimientos de prevención de lavado de activos y
financiación del terrorismo, estableciendo manuales internos que
reflejen las tareas a desarrollar, asignando las responsabilidades
funcionales que correspondan, en atención a la estructura del sujeto
obligado, y teniendo en cuenta un enfoque basado en riesgo;
Designar oficiales de cumplimiento, que serán responsables ante la
Unidad de Información Financiera del cumplimiento de las obligaciones
establecidas por la presente norma y por las reglamentaciones que dicte
esa unidad. Las personas designadas deberán integrar el órgano de
administración de la entidad.
En el caso que el sujeto obligado fuere una persona humana, será considerado éste con tal carácter.
Las obligaciones establecidas en el presente artículo serán objeto de reglamentación.
Art. 14.- Deróguense los capítulos XI, XV, XVI y XX del decreto de necesidad y urgencia 27/2018 del 10 de enero de 2018.
Art. 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
— REGISTRADA BAJO EL N° 27446 —
MARTA G. MICHETTI - EMILIO MONZO - Eugenio Inchausti - Juan P. Tunessi
e. 18/06/2018 N° 43761/18 v. 18/06/2018
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