Decreto Ley Nº 15508 - APROBACION DE DISPOSICIONES RELATIVAS AL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE REMATADOR O MARTILLERO

Artículo 1

Para ejercer la actividad de Rematador o Martillero se requiere:

derechos civiles.

Martillero dictados por la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU).

expedido por la autoridad del lugar de su domicilio.

Comisión Administradora del Registro Nacional de Rematadores que funcionará dentro de la órbita de la Asociación Nacional de Rematadores. (*)

Artículo 2

Los Rematadores o Martilleros son los únicos facultados para efectuar ventas en remate público de cualquier clase de bienes, quedando asimismo facultados para:

clase de bienes.

certificados necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

del acto del remate.

precio que se le haya establecido como límite y en defecto de señalamiento, el que se considere competente. Se entiende precio competente, el que no cause grave perjuicio. (*)

Artículo 3

Los Rematadores o Martilleros tendrán derecho, como retribución de sus servicios, al cobro de las comisiones u honorarios, cuyo monto se publicitará o convendrá, en su caso, con la debida antelación. Podrán también pactar con su comitente, la comisión de garantía a que se refiere el artículo 360 del Código de Comercio. (*)

Artículo 4

El Rematador tendrá siempre derecho a exigir de su comitente el reintegro de los gastos convenidos y realizados, excepto el caso del

artículo 7º de la presente ley. (*)

Artículo 5

Si el remate se suspendiere una vez iniciada la tramitación del mismo por decisión del comitente, éste deberá, salvo convención en contrario, abonar la mitad de la comisión total que le hubiere correspondido al Rematador si aquél se hubiere efectuado. En este caso, la comisión se calculará sobre el monto de la base del bien a rematar y en su defecto se estará al valor venal de plaza, en la época prevista para el remate. (*)

Artículo 6

Efectuado el remate y si el mismo resultare anulado sin culpa del Rematador, éste tendrá derecho a la comisión integra, calculada sobre el precio obtenido en el remate. (*)

Artículo 7

El Rematador por cuya culpa se suspendiere o se anulare el acto del remate, perderá su derecho a percibir la comisión y el reintegro de los gastos, sin perjuicio de su responsabilidad, por los daños y perjuicios que ocasionare. (*)

Artículo 8

Los Rematadores o Martilleros tendrán las siguientes obligaciones:

en los avisos: su nombre, domicilio especial, matrícula, monto de la comisión, de cargo de quien y cualquier otro requisito que exija la ley o la reglamentación, fecha, hora y lugar del remate, descripción y condiciones legales del bien o bienes a rematarse. Cuando se trate del remate de lotes o solares de terreno, los planos de fraccionamiento deberán estar autorizados y aprobados por autoridad competente e inscriptos en la Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado;

explicando en voz alta y clara, en idioma nacional y con precisión, las características y condiciones legales del bien. Sólo excepcionalmente, por enfermedad o impedimento grave del Rematador, éste podrá delegar la realización del remate en otro Rematador matriculado, sin anuncio previo;

precio y demás circunstancias, dentro de ocho días contados desde el remate, entregando el saldo líquido resultante, salvo que se pacten otras condiciones. El comitente podrá apremiar ejecutivamente ante el juez competente al Rematador que no cumpla dentro del plazo indicado con la obligación de entrega del saldo líquido precedentemente establecida, previa intimación practicada por telegrama colacionado con plazo de tres días y en tal caso perderá el Rematador su comisión. (*)

Artículo 9

Se prohíbe a los Rematadores:

habilitados empleados o familiares dentro del segundo grado.

Judicial", "Oficial", "Municipal" o "Decomiso de Aduana" cuando el remate no tuviere tales caracteres o usar cualquier otro término o expresión que induzca a engaño o confusión respecto al comitente o al origen de los bienes.

percibidas o del producido del remate.

mayor postor lo haya expresado en voz clara e inteligible.

Artículo 10

El ejercicio de la actividad de rematador, es esencialmente personal. Se admitirá sin embargo, la formación de sociedades de carácter civil cuyo único objeto lo constituya la realización de actos de remate y actividades afines (artículo 2º literal a) de la presente ley) con tal que la sociedad sea de tipo personal y que los actos de remate se cumplan en todos los casos por intermedio de un Rematador. (*)

Artículo 11

Los funcionarios públicos dependientes del Poder Judicial, de la Administración Central, Entes Autónomos o Servicios Descentralizados, Gobiernos Departamentales y demás Organismos Estatales o Paraestatales, no podrán ser designados para efectuar remates ordenados por las oficinas de las cuales dependan, sea como funcionarios presupuestados, contratados, o en comisión. Esta disposición no se aplicará a los remates que disponga el Banco de la República Oriental del Uruguay por intermedio de la Caja Nacional de Ahorros y Descuentos, siempre que se trate de bienes de terceros afectados como garantía en las operaciones del Departamento de Préstamos Pignoraticios de la mencionada Institución. (*)

Artículo 12

Para poder actuar en los remates que dispongan el Estado y los organismos paraestatales, será necesario estar inscripto en el Registro Nacional de Rematadores que funcionará dentro de la Asociación Nacional de Rematadores y Corredores Inmobiliarios y será administrado por una Comisión Integrada por un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que la presidirá, un representante de la Suprema Corte de Justicia y uno designado por la Asociación Nacional de Rematadores y Corredores Inmobiliarios. (*)

Artículo 13

El Poder Ejecutivo reglamentará la adjudicación de los Remates Oficiales, sin perjuicio de las facultades reglamentarias que componen a la Suprema Corte de Justicia en lo pertinente (Artículo 6º, numeral 2º Acto Institucional Nº 8). (*)

Artículo 14

Los Rematadores o Martilleros que infrinjan las obligaciones legales y reglamentarias aplicables al ejercicio de su actividad, serán sancionados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social quien administra la matrícula, que actuará de oficio o a denuncia de parte. Atendida la gravedad y trascendencia económica de la infracción, las sanciones a aplicarse serán:

reajustable de acuerdo a lo que dispone la ley 13.728, de 17 de diciembre de 1968 (artículos 38 y 39).

Las sanciones deberán anotarse en el legajo del Rematador. (*)

Artículo 15

Los Rematadores deberán llevar los libros que exijan las disposiciones legales y reglamentarias y conservar la documentación respectiva por un período no menor de cinco años. (*)

Artículo 16

Los Rematadores matriculados en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a la fecha de promulgación de la presente ley continuarán habilitados para el ejercicio de su actividad, sin necesidad de cumplir el requisito establecido en el literal c) del artículo 1º. Los inscriptos a la fecha de vigencia de esta ley para rendir la prueba exigida por el artículo 1º, literal c) de la ley 13.999, de 22 de julio de 1971, deberán cumplirla dentro del plazo que establezca la reglamentación. (*)

Artículo 17

Hasta la reglamentación de esta ley, los remates dispuestos por los organismos a que se hace referencia en el artículo 12, serán adjudicados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21 del decreto 635/971, de 30 de setiembre de 1971, modificado por el artículo 1º, del decreto 825/974, de 17 de octubre de 1974 y lo dispuesto por el decreto 43/981, de 4 de febrero de 1981. (*)

Artículo 18

Deróganse las leyes 13.999, de 22 de julio de 1971 y 14.175, de 19 de marzo de 1974, y los artículos 114 a 123 del Código de Comercio. (*)

Artículo 19

Comuníquese, etc.

GREGORIO C. ALVAREZ - NESTOR J. BOLENTINI - HUGO LINARES BRUM - CARLOS A. MAESO - ALEJANDRO VEGH VILLEGAS - JUSTO M. ALONSO - JUAN BAUTlSTA SCHROEDER - ALFONSO M. ALGORTA DEL CASTILLO - JUAN A. CHIARINO ROSSI - LUIS A. GIVOGRE - CARLOS MATTOS MOGLIA - ENRIQUE V. FRIGERIO