CONSEJO FEDERAL PARA LA PREVENCION Y EL ABORDAJE DE FEMICIDIOS, TRAVESTICIDIOS Y TRANSFEMICIDIOS

CONSEJO FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL ABORDAJE DE FEMICIDIOS, TRAVESTICIDIOS Y TRANSFEMICIDIOS

Decreto 123/2021

DCTO-2021-123-APN-PTE - Creación.

Ciudad de Buenos Aires, 21/02/2021

VISTO el Expediente N° EX-2021-13323117-APN-SSGA#MMGYD, las Leyes Nros.

23.179, 24.059, 24.632, 26.485, 26.743, 26.791, 27.363, 27.452 y

27.499, los Decretos Nros. 7 del 10 de diciembre de 2019 y 734 del 8 de

septiembre de 2020, la Resolución Conjunta del MINISTERIO DE SEGURIDAD,

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y MINISTERIO DE LAS MUJERES,

GÉNEROS Y DIVERSIDAD N° 3 del 12 de agosto de 2020, las Resoluciones

del MINISTERIO DE SEGURIDAD Nros. 1515 del 28 de diciembre de 2012, 408

del 5 de noviembre de 2020 y 471 del 9 de diciembre de 2020 y del

MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD N° 48 del 11 de febrero

de 2021, y

CONSIDERANDO:

Que por las Leyes Nros. 23.179 y 24.632 se aprobaron, respectivamente,

la CONVENCIÓN SOBRE ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN

CONTRA LA MUJER aprobada por la Resolución N° 34/180 de la Asamblea

General de las Naciones Unidas y la CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA

PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

“CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ”, las que establecen, dentro de los

deberes de los Estados parte, los de adoptar políticas encaminadas a

eliminar la discriminación contra la mujer y orientadas a prevenir,

sancionar y erradicar la violencia contra las nombradas e incluir en su

legislación interna las normas que sean necesarias para prevenir,

sancionar y erradicar dicha violencia.

Que por su parte, el Comité de la CONVENCIÓN SOBRE ELIMINACIÓN DE TODAS

LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER en su Recomendación

General N° 19 del 29 de enero de 1992 declaró que la violencia contra

la mujer es una forma de discriminación, y los Estados Parte tienen el

deber de adoptar medidas positivas para eliminar todos los aspectos de

la violencia contra la mujer.

Que, asimismo, el citado Comité en su Recomendación General N° 35 del

26 de julio de 2017 complementó y actualizó la mencionada Recomendación

General N° 19 e indico´ que el concepto “violencia contra la mujer”

debe ser entendido como “violencia por razón de género contra la

mujer”, por entender que es un término más preciso que pone de

manifiesto las causas y los efectos relacionados con el género,

reforzando la noción de violencia como problema social más que

individual que exige respuestas integrales.

Que, por su parte, la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

preciso´ que la CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ es un instrumento vivo por

lo que considera que cuando el artículo 9 de dicha Convención se

refiere a la obligación del Estado de tener especialmente en cuenta la

situación de la violencia que pueda sufrir la mujer en razón de varios

factores, estos necesariamente incluyen la orientación sexual y la

identidad de género.

Que el estándar de prevención de las muertes violentas por razones de

género ha sido profundizado por la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS

HUMANOS a partir de la sentencia dictada el 16 de noviembre de 2009 en

el Caso “González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México”, al señalar

que los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la

debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres y, en

particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección,

con una aplicación efectiva y con políticas de prevención y prácticas

que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias, la

estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los

factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que

puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia

contra la mujer.

Que, por su parte, el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento

de la CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ aprobó la “Declaración sobre el

Femicidio” el 15 de agosto de 2008, en la que consideró al femicidio

como “la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que

tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra

relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier

persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes,

por acción u omisión” y recomendó a los Estados Parte que cuenten con

bancos de datos, investigaciones y estadísticas que permitan conocer la

magnitud de la problemática de femicidio en sus países, que realicen el

monitoreo de los avances y retrocesos del Estado en esa materia.

Que los Principios sobre la Aplicación de la legislación internacional

de derechos humanos en relación con la Orientación Sexual y la

Identidad de Género, “Principios de Yogyakarta” consagran el derecho a

la vida y señalan que los Estados asegurarán que todos los ataques a la

vida cometidos por motivos de orientación sexual o identidad de género

sean investigados vigorosamente y en aquellos casos en que se

encuentren pruebas apropiadas, se presenten formalmente cargos contra

las personas responsables, se las lleve a juicio y se las castigue

debidamente.

Que la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el apoyo de la

Oficina Regional para las Américas y el Caribe de la Entidad de las

Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las

Mujeres (ONU Mujeres) en el marco de la Campaña del Secretario General

de las Naciones Unidas ÚNETE para poner fin a la violencia contra las

mujeres elaboró el “Modelo de Protocolo latinoamericano de

investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género

(femicidio/feminicidio)”, el que constituye una contribución para el

abordaje judicial de la violencia letal contra las mujeres, en el que

se señala que los Estados deben adoptar medidas integrales destinadas a

prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones

para que puedan proporcionar una respuesta efectiva en materia de

violencia contra las mujeres.

Que en consonancia con los estándares internacionales señalados en los

considerandos precedentes, la REPÚBLICA ARGENTINA sancionó la Ley Nº

26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la

violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus

Relaciones Interpersonales, la que tiene entre sus objetivos los de

promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres

y varones en todos los órdenes de la vida; condiciones aptas para

sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la

violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y

ámbitos y la remoción de patrones socioculturales que promueven y

sostengan la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las

mujeres.

Que, asimismo, la citada ley garantiza una vida sin violencia y sin

discriminación como así también de gozar de medidas integrales de

asistencia, protección y seguridad.

Que, por su parte, la Ley Nº 26.743 estableció que toda persona tiene

el derecho al reconocimiento de su identidad de género y a ser tratada

de acuerdo con su identidad de género, y al libre desarrollo de su

persona conforme a ella.

Que en dicho contexto normativo se sancionó la Ley Nº 26.791 por la que

se modificó el artículo 80 del Código Penal en cuatro supuestos: por un

lado, se amplió la figura del homicidio calificado por el vínculo; se

incorporó al concepto de crímenes de odio aquellos cometidos por odio

de género o a la orientación sexual, identidad de género o su

expresión; asimismo se incorporó el agravante cuando el homicidio sea

perpetrado por un hombre a una mujer y mediare violencia de género,

denominado doctrinariamente como “femicidio”. Por último, también se

incorporó como agravante que el homicidio fuera cometido con el

propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o

ha mantenido una relación.

Que por la Ley Nº 27.363 se incorporó el artículo 700 bis al Código

Civil y Comercial de la Nación por el que se dispuso la privación de la

responsabilidad parental al progenitor condenado como autor, coautor,

instigador o cómplice del delito de homicidio agravado por el vínculo o

mediando violencia de género, y por la Ley N° 27.452 se creó el Régimen

de Reparación Económica para las niñas, niños y adolescentes cuando su

progenitor y progenitor afín hubiese sido procesado y/o condenado como

autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio de su

progenitora.

Que en esa misma línea se sancionó la Ley Micaela de Capacitación

Obligatoria en Género para Todas las Personas que Integran los Tres

Poderes del Estado N° 27.499.

Que no obstante el amplio marco jurídico nacional e internacional de

protección descripto en los considerandos precedentes, acorde con el

último Informe del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia

Argentina que elaboró la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,

durante el año 2019 se contabilizaron DOSCIENTAS SESENTA Y OCHO (268)

víctimas letales de violencia de género en la REPÚBLICA ARGENTINA, de

las cuales DOSCIENTAS CINCUENTA Y DOS (252) fueron víctimas directas de

femicidio las que incluyen CINCO (5) travesticidios/ transfemicidios y

DIECISÉIS (16) víctimas de femicidio vinculado. Asimismo, en dicho

informe se concluyó que al menos DIECISÉIS (16) de los sujetos activos

de femicidio directo pertenecían a las fuerzas de seguridad/armada.

Que para el año 2020, aún sin contar con el informe del Registro de la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, se estima que los casos de

violencia extrema por motivos de género habrían aumentado debido a las

condiciones propiciadas por el contexto de aislamiento preventivo que

requería enfrentar en forma eficaz la pandemia declarada en relación

con la COVID-19.

Que dada la gravedad y complejidad del fenómeno de los femicidios,

travesticidios y transfemicidios y otros tipos de violencias extremas

por motivos de género se exige para su prevención, como para su

abordaje, la adopción de medidas coordinadas, articuladas e integrales

entre el Estado Nacional y las provincias.

Que la creación del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD,

mediante el dictado del Decreto N° 7/19 (texto ordenado por Decreto N°

438 del 12 de marzo de 1992 y sus modificaciones) de la Ley de

Ministerios, respondió al compromiso asumido con los derechos de las

mujeres y diversidades, frente a toda forma de discriminación y

violencia, y en pos de la construcción de una sociedad más igualitaria

que promueva la autonomía integral de todas las personas, sin

establecer jerarquías entre las diversas orientaciones sexuales,

identidades o expresiones de género.

Que entre las competencias asignadas al citado Ministerio se encuentra

la de entender en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas

públicas nacionales para prevenir, erradicar y reparar la violencia por

razones de género y para asistir integralmente a las víctimas en todos

los ámbitos en que se desarrollan las relaciones interpersonales.

Que, por lo tanto, el MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD

es el organismo responsable, conforme las competencias otorgadas, de

articular y coordinar las acciones para el cumplimiento de la Ley Nº

26.485 con las distintas áreas involucradas a nivel nacional,

provincial y municipal y con los ámbitos universitarios, sindicales,

empresariales, religiosos, las organizaciones de defensa de los

derechos de las mujeres y otras de la sociedad civil con competencia en

la materia.

Que entre las medidas adoptadas por el MINISTERIO DE LAS MUJERES,

GÉNEROS Y DIVERSIDAD se encuentran las acciones establecidas en el

“Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género

2020-2022”, formulado tras un proceso participativo y federal, bajo una

perspectiva multiagencial, transversal, integral e interseccional de

esas violencias con el propósito de modificar las condiciones

estructurales de desigualdad que afectan a las personas en situaciones

de violencia por motivos de género.

Que mediante el Decreto Nº 734/20 se creó el “PROGRAMA DE APOYO Y

ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO POR VIOLENCIA POR

MOTIVOS DE GÉNERO” (ACOMPAÑAR) con el objetivo de promover la autonomía

de las mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran en riesgo acreditado

por situación de violencia por motivos de género mediante el

otorgamiento de una prestación económica y del fortalecimiento de redes

de acompañamiento, destinado a cubrir los gastos esenciales de

organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de

violencias.

Que mediante la Resolución N° 80/20 y como parte del citado Plan

Nacional de Acción, el MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD

creó el PROGRAMA PARA EL APOYO URGENTE Y LA ASISTENCIA INTEGRAL

INMEDIATA ANTE CASOS DE FEMICIDIO, TRAVESTICIDIO Y TRANSFEMICIDIO con

el objetivo de asistir integralmente a aquellas personas del grupo

familiar o allegados o allegadas de víctimas de femicidio,

travesticidio y transfemicidio.

Que, por su parte, compete al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS

HUMANOS, conforme a lo establecido por el Decreto N° 7/19 modificatorio

de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus

modificaciones entender en la determinación de la política criminal y

en la elaboración de planes y programas para su aplicación, así como en

la prevención del delito.

Que, asimismo, la Ley N° 26.485 dispuso que el entonces MINISTERIO DE

JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS a través de la SECRETARÍA DE

JUSTICIA promoviera la unificación de criterios para la elaboración de

los informes judiciales sobre la situación de peligro de las mujeres

que padecen violencia; la articulación y cooperación entre las

distintas instancias judiciales involucradas con el fin de mejorar la

eficacia de las medidas judiciales; fomentara las investigaciones sobre

las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de la

violencia contra las mujeres, así como de la eficacia de las medidas

aplicadas para impedirlas y reparar sus efectos, difundiendo

periódicamente los resultados.

Que el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS brinda a las

provincias herramientas de protección para las personas en situación de

violencia por motivos de género, consistentes en dispositivos

georreferenciados, que tienen por función el control y monitoreo

garantizando el cumplimiento de medidas cautelares, con el objetivo de

detectar la violación de las restricciones de acercamiento e

intervenir, en consecuencia, para resguardar la seguridad de la persona

en situación de violencia por motivos de género.

Que compete al MINISTERIO DE SEGURIDAD, conforme a lo establecido por

el Decreto N° 7/19 modificatorio de la Ley de Ministerios (texto

ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones y por la Ley N°

24.059 resguardar la libertad, la vida y el patrimonio de los y las

habitantes, sus derechos y garantías y entender en la determinación de

la política criminal y en la elaboración de planes y programas para su

aplicación, así como en la prevención del delito, y en virtud de las

previsiones de la Ley N° 26.485 debe promover la articulación de las

fuerzas policiales y de seguridad que intervengan en la atención de la

violencia contra las mujeres con las instituciones gubernamentales y

las organizaciones de la sociedad civil.

Que por la Resolución Conjunta del MINISTERIO DE SEGURIDAD, MINISTERIO

DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y

DIVERSIDAD N° 3/20 se creó el “PROGRAMA INTERMINISTERIAL DE ABORDAJE

INTEGRAL DE LAS VIOLENCIAS EXTREMAS POR MOTIVOS DE GÉNERO” con el

objetivo de implementar políticas públicas interministeriales

específicas para abordar de manera integral todo tipo de violencias

extremas por motivos de género.

Que, entre las medidas dispuestas en el marco del citado Programa, el

MINISTERIO DE SEGURIDAD creó el Sistema Único de Registro de Denuncias

por Violencia de Género (URGE) a través de la Resolución del MINISTERIO

DE SEGURIDAD N° 408/20, con el objetivo de unificar y homogeneizar la

actuación del personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad para la

toma de denuncias de personas en situación de violencia por motivos de

género, a partir de un sistema que unifica los criterios para la

recepción de denuncias, cuenta con indicadores de riesgo y asegura la

contención y la atención profesional para evitar la revictimización de

las personas denunciantes, y se ha invitado a las provincias a adherir

a ese sistema.

Que el MINISTERIO DE SEGURIDAD ha creado mediante la Resolución N°

407/20 la Mesa Federal de Seguridad, Género y Diversidad cuyo objeto es

establecer un espacio de diálogo e intercambio entre esa Cartera

Ministerial y las Carteras de Seguridad de las provincias y la CIUDAD

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en torno al diseño, ejecución y promoción de

políticas públicas en materia de derechos, género y diversidades

orientadas a garantizar el respeto por los derechos humanos en el

accionar de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales y

Provinciales, como así también promover relaciones laborales libres de

violencia y respetuosas de los derechos al interior de las

instituciones, desde una mirada federal, integral e interjurisdiccional.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD Nº 1515/12 y su

modificatoria Nº 471/20 se establecieron los procedimientos y

modalidades de restricción del uso de armas de fuego de dotación al

personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, ante la

configuración de supuestos vinculados a violencia de género, familiar,

licencias psiquiátricas y/o uso ilegítimo de la fuerza.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y

DIVERSIDAD N° 48/21 se creó el Sistema Integrado de Casos de Violencia

por Motivos de Género (SICVG), con el objetivo de sistematizar la

información disponible sobre casos de violencia por motivos de género,

constituir una herramienta de consulta y seguimiento que permita el

diseño de políticas públicas sobre un sustento empírico de la violencia

por motivos de género a nivel nacional, determinar el nivel de riesgo

en cada caso y establecer cuáles son los contextos en los que es más

probable que la violencia se incremente y ponga en riesgo la vida o la

integridad física y psicológica de las personas que denuncian o hacen