VETO

VETO

Decreto 1283/2016

Obsérvase en su totalidad el Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.331.

Buenos Aires, 20/12/2016

VISTO el Proyecto de Ley N° 27.331 sancionado por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN el 23 de noviembre de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el citado Proyecto de Ley se sustituyó el texto del

artículo 114 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,

denominándose en su primer párrafo, como salario mínimo profesional, al

establecido por las convenciones colectivas de trabajo, laudos

arbitrales con fuerza de tales o actos dictados por autoridad

competente, en los que se determine la remuneración por categoría

profesional de la actividad o empresa que corresponda, el que

constituirá la menor retribución que deba percibir el trabajador de que

se trate.

Que a su vez, por el segundo párrafo de la iniciativa en examen, se

reiteró el contenido del artículo 114 vigente del Régimen de Contrato

de Trabajo, al disponerse que, cuando no hubiere sueldo fijado por

convenciones colectivas o actos emanados de autoridad competente o

convenidos por las partes, su cuantía será determinada por los jueces,

ateniéndose a la importancia de los servicios y demás condiciones en

que se prestan los mismos, el esfuerzo realizado y a los resultados

obtenidos.

Que el Proyecto de Ley en cuestión tendría como objeto el

establecimiento de un piso mínimo aplicable a todos los salarios

fijados por convención colectiva o laudo arbitral con igual efecto, o

estipulado mediante disposición de autoridad competente, para cada

categoría profesional de la actividad o empresa de que se trate.

Que la fijación de un salario mínimo de naturaleza profesional registra

antecedentes en la experiencia comparada, aunque con alcances diversos

a los que se pretende brindar en el Proyecto de Ley.

Que bajo la denominación de salario mínimo interprofesional (v.

artículo 35.1 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, y artículo 27.1 de la Ley del

Estatuto de los Trabajadores, texto refundido por Real Decreto- Ley

2/2015 del 23 de octubre) se advierte la utilización de ese concepto de

manera general, en forma similar a nuestro salario mínimo, vital y

móvil previsto en el artículo 14 bis de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y

reglamentado a través de los artículos 116 a 120 de la Ley N° 20.744

(t.o. 1976) y sus modificatorias y artículos 139 a 142 de la Ley

Nacional de Empleo N° 24.013 y sus modificatorias.

Que a su vez, como salario mínimo profesional, se alude en otros

ordenamientos a aquella retribución que debe fijarse cuando no fuere

establecida por contrato o convención colectiva (v. artículo 128.5 de

la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS) o cuando su regulación

considere las condiciones de las actividades económicas, según la

intervención de un ente tripartito creado al efecto (v. artículo 123 de

la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).

Que a los ejemplos citados puede adicionarse el antecedente nacional,

constituido por el texto de los artículos 131 y 132 de la Ley de

Contrato de Trabajo N° 20.744 en su versión original, donde la

determinación del salario mínimo profesional quedaba en la órbita de la

convención colectiva de trabajo y, ante la falta de acuerdo, se

derivaba su establecimiento al organismo a cargo de fijar el salario

mínimo vital.

Que a diferencia de los supuestos anteriores, en donde la figura opera

como piso inderogable o como nivel específico y/o supletorio, el

Proyecto de Ley en análisis se dirige a regular la situación de cada

categoría profesional, prescribiendo un nuevo estándar retributivo que,

en los hechos, se confundiría con el salario básico convencional

vigente.

Que en tal sentido, la medida no atiende a lo expresado por la doctrina

clásica en la materia, en cuanto a que: “En realidad la función de

determinar los salarios mínimos profesionales fue asumida por los

convenios colectivos, según la ley relativa a ellos, no obstante las

interrupciones habidas históricamente en la aplicación del régimen de

convenios (…) lo usual es que los convenios estipulen los salarios de

los trabajadores distribuyéndolos en categorías. Esos salarios de cada

categoría (por hora, por día o por mes) se suelen denominar ‘básicos’

de convenio (…)” (LÓPEZ, Justo, “El salario. Doctrina. Legislación.

Jurisprudencia sistematizada”, Ediciones Jurídicas, Centro de

Publicaciones Jurídicas y Sociales, Bs.As., 1988, págs. 82-83).

Que en consecuencia, la iniciativa provocaría una distorsión en nuestro

sistema de relaciones laborales, al desvirtuar la noción del salario

básico de convenio, que ha evolucionado como un instituto fundamental

de la estructura retributiva que regula la negociación colectiva.

Que en tal sentido, en el marco de la autonomía garantizada tanto por

el artículo 14 bis de la CONSTITUCIÓN NACIONAL como por el Convenio N°

98 de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, ratificado por

Decreto-Ley N° 11.594/56, han sido los actores sociales quienes han

definido el régimen de remuneración convencional de alcance obligatorio.

Que en dicho margen de libertad, las partes convencionales no se han

visto restringidas para establecer niveles mínimos de remuneración con

distintos alcances. Así, se ha empleado la noción de “ingreso mínimo

global de referencia” (v. cláusula cuarta del Acuerdo N° 318/2016-A2,

homologado por Resolución de la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES

N° 299 del 17/05/2016, correspondiente al CCT N° 260/75), la de

“importes mínimos garantizados” (v. cláusula sexta del Acuerdo N°

729/2016, homologado por Resolución Ss.R.L. N° 531 del 21/07/2016,

correspondiente al CCT N° 18/75), y la del propio “salario mínimo

profesional” (v. cláusula 6.1 del CCT N° 40/89), incluyéndose como

variante la modalidad conformada (v. cláusula segunda CCT N° 408/2005).

Que en definitiva, atendiendo a la normal evolución que han seguido las

relaciones colectivas de trabajo, y siendo allí donde los

representantes de los trabajadores y de los empleadores pactan el

diseño salarial que estiman más apropiado, la regulación legal de un

salario mínimo profesional resulta una medida inoficiosa y

contradictoria con la autonomía colectiva que el ESTADO NACIONAL debe

reguardar y fomentar, de conformidad con lo previsto en el Convenio N°

154 de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, ratificado por Ley N°

23.544.

Que además de ello, la inclusión de un nuevo concepto legal de salario

afectaría negativamente la pacífica noción del salario básico

convencional, provocando la aparición de un nuevo supuesto de

litigiosidad, cimentado sobre la superposición de tipologías salariales.

Que finalmente, debe concluirse que una norma de estas características,

por su rigidez y antigüedad conceptual, resulta contraria al modelo

racional y moderno de regulación laboral que se busca promover en la

actualidad, basado en la creación y protección del empleo, pero alejado

de toda esclerosis legal que impida el desenvolvimiento de nuevas y

creativas formas de organización del trabajo, que pueden ser acordadas

en el plano colectivo, con pleno respeto del orden público laboral.

Que por todo lo expuesto, corresponde observar en su totalidad el Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.331.

Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección General de

Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 83 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1° — Obsérvase en su totalidad el Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.331.

ARTÍCULO 2° — Devuélvase al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN el Proyecto de Ley mencionado en el artículo 1°.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL

REGISTRO OFICIAL y archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Alberto J.

Triaca.