PRESIDENCIA DE LA NACION

El problema de las drogas, que ha venido adquiriendo creciente importancia en el mundo, se manifiesta de manera compleja, cambiante y tiene un alcance global.

Los problemas del uso indebido, la demanda de drogas, la producción, el tráfico y la distribución ilícitos de drogas, incluidas las drogas sintéticas o "de diseño", siguen siendo graves e interrelacionados. Motivo de especial preocupación son las negativas consecuencias que conllevan las drogas ilícitas y demás sustancias controladas, así como los delitos conexos, en la medida que constituyen una seria amenaza para la salud e integridad de la persona humana y para el normal desarrollo de los pueblos, al tiempo que imponen enormes costos sociales, económicos y políticos a los Estados. También merecen atención el uso indebido de sustancias psicoactivas lícitas, como el alcohol, el tabaco, los psicofármacos y los inhalantes, que son comprobadamente peligrosos para la salud.

Los países del hemisferio manifiestan su preocupación por las tendencias que favorecen la aceptación del uso indebido de drogas, en consideración a los graves problemas que son inherentes a dicho uso. El control de las drogas ilícitas debe ser parte de una política integral que, además de prevenir el consumo y contribuir a la rehabilitación de los afectados, asegure por medio de legislación adecuada, la no disponibilidad de éstas y la correspondiente sanción a los responsables de las actividades ilícitas.

Los Estados del Hemisferio reconocen, ante la complejidad y globalidad del problema, la necesidad del fortalecimiento de la cooperación internacional y de una constante revisión y perfeccionamiento de las políticas nacionales, teniendo en cuenta las particularidades con que se manifiesta el fenómeno en cada país.

A los efectos de facilitar y dar coherencia a las actividades antidrogas, los países del hemisferio convienen en la importancia de la acción de las respectivas comisiones nacionales de control de las drogas situadas a un alto nivel político cuya finalidad es la de coordinar la planificación y la ejecución de los respectivos planes nacionales antidrogas que incluyan, entre otras, prevención, tratamiento, asistencia, desarrollo alternativo y aplicación de la ley.

La Estrategia Hemisférica Antidroga contempla el problema de las drogas desde una perspectiva global y multidisciplinaria. Todos los países del Hemisferio reconocen que comparten la responsabilidad de asegurar que se aborden todos los aspectos del fenómeno de manera integral y equilibrada, teniendo en cuenta sus capacidades y recursos nacionales disponibles. Las medidas que se sugieren se desarrollarán teniendo presente el contexto socioeconómico y cultural en el cual tienen lugar y en estricta observancia del orden jurídico interno de los países del Hemisferio.

Los países del Hemisferio coinciden en que la aplicación y compatibilización de las legislaciones nacionales pertinentes, así como la firma y adhesión de convenciones y demás instrumentos internacionales y la celebración de acuerdos bilaterales sobre la materia, constituyen señales irrefutables de su determinación de aunar esfuerzos para superar este problema. Coinciden además en la importancia de aplicar los mecanismos de cooperación internacional previstos en la Convención de Viena de 1988.

En el desarrollo de esta Estrategia hemisférica, los países reafirman el importante rol que le corresponde a la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) como el Foro regional competente. Asimismo, reconocen la necesidad de que esta Estrategia se implemente en armonía con los planes y programas de otras instituciones multilaterales involucradas.

La Estrategia constituye un esfuerzo hemisférico por definir una guía con carácter recomendatorio para orientar la cooperación, que permita a nuestros países adoptar un conjunto de medidas y acciones que, al ser llevados a la práctica, fortalezcan los esfuerzos nacionales.

En la implementación de esta Estrategia, los Estados reafirman su compromiso de respetar los principios del derecho internacional, en particular los de soberanía nacional, integridad territorial y no intervención en los asuntos internos de los Estados.

Los países del Hemisferio reconocen que el uso indebido de drogas constituye una grave amenaza a la vida y la salud, no sólo de quien las consuma, sino también para la comunidad en general. La forma en que ha evolucionado este problema demuestra que la reducción de la demanda debe ser un componente clave de las políticas para hacer frente al problema.

La demanda sigue siendo una poderosa fuerza que impulsa la producción y el tráfico de drogas. Cada país de la comunidad global tiene la responsabilidad de abordar el tema de la demanda y disminuir este incentivo. Los países del Hemisferio reconocen la necesidad de continuar considerando la reducción de la demanda como una prioridad de la política antidrogas, que comprenda programas integrales de reducción de la demanda y de aplicación de la ley.

Entre otros elementos esenciales de los programas integrales de reducción de la demanda, se considerarán, la investigación, la prevención, el tratamiento, la rehabilitación, la reinserción social, el desarrollo de programas, la educación, la capacitación, la acción comunitaria, la elaboración de políticas y la aplicación de medidas orientadas a crear una mayor conciencia social en contra del consumo de drogas y alentar a quienes no consumen para que no lo hagan.

Los programas nacionales de reducción de la demanda tendrán en cuenta las condiciones culturales, sociales y económicas de los grupos de población a los cuales se dirigen. De igual forma fomentar el diálogo con instituciones de enseñanza e investigación y con organizaciones no gubernamentales, a fin de lograr una mejor comprensión de las tendencias y manifestaciones del problema de la demanda de drogas y su evolución en el tiempo, así como la posibilidad de emplear criterios científicos para medir los resultados de las estrategias desarrolladas.

También deberían considerar la promoción de espacios de participación ciudadana, la difusión sobre los efectos nocivos del consumo de drogas a través de los medios masivos de comunicación y el tratamiento y la rehabilitación de drogadictos, así como otras medidas alternativas. Los países podrán solicitar asistencia a la OEA/CICAD y al PNUFID para el desarrollo de programas y estrategias de reducción de la demanda, así como para el desarrollo de sistemas de base científica que les permita conocer las dimensiones y tendencias del fenómeno de la demanda y evaluar los resultados de las estrategias adoptadas.

En tal sentido, los países fortalecerán sus programas de educación preventiva para reducir el consumo, los niveles de dependencia y las consecuencias del uso de drogas. La elaboración de programas eficaces de prevención depende de una estrecha colaboración, Consulta y asociación con la comunidad. Dichos programas estarán especialmente dirigidos a los grupos de alto riesgo.

La recolección, el análisis y la difusión de información son componentes importantes de la reducción de la demanda y sirven para identificar los grupos de alto riesgos, sus características y necesidades, los obstáculos a la prevención y el tratamiento y las tenencias emergentes.

El tratamiento y la rehabilitación proporcionan a los consumidores de drogas los medios para romper con el uso indebido y vivir vidas más libres, saludables y productivas, y constituyen un deber ético de la sociedad en general.

Cada país deberá realizar un esfuerzo especial para compartir con otros su experiencia y conocimientos en este campo con el fin de optimizar los programas de reducción de la demanda en el hemisferio.

En esta estrategia integral y equilibrada de reducción de la oferta, los países del Hemisferio reconocen que su acción se orientará a hacer frente a todas las categorías de drogas, es decir, las de origen natural, las sintética y las sicoactivas de uso farmacéutico, estas últimas que devienen en ilícitas al ser desviadas de sus propósitos.

Los Estados reconocen que la oferta ilícita de drogas, tanto de origen natural como sintético, constituye otro problema esencial en el Hemisferio que exige la adopción y el perfeccionamiento de medidas destinadas a eliminar su disponibilidad. En el caso de las drogas de origen natural, podrían aplicarse medidas integrales, como el desarrollo alternativo, y de aplicación de la ley como la erradicación, entre otras. En el caso de las drogas de origen sintético, mecanismos de control y de la aplicación de la ley para suprimir su producción y tráfico. Estas medidas se aplicarán respetado las condiciones y circunstancias particulares de cada país. La determinación, definición y aplicación de las mismas serán responsabilidad exclusiva de cada Estado, conforme a sus programas nacionales y sus ordenamientos jurídicos internos.

Los países del Hemisferio reconocen en el desarrollo alternativo un componente de importancia para generar y promover opciones económicas lícitas, viables y sostenibles que posibiliten la superación de los factores que condicionan el fenómeno y que llevan a la oferta ilícita de drogas. En este sentido, al reforzar sus planes nacionales sobre la materia, hacen un llamado a la comunidad de países y a los Organismos Internacionales Especializados para que cooperen decididamente con este objetivo y trabajen en estrecha coordinación con la OEA/CICAD a fin de asegurar que se utilice la mejor experiencia de la región en la planificación y desarrollo de estos programas.

En la ejecución de los programas de reducción de la oferta, los países brindarán especial atención a la variable ecológica del problema que permita una adecuada protección del medio ambiente.

Los países del Hemisferio destacan la importancia de adoptar medidas de fiscalización de psicoactivos de uso farmacéutico y coinciden en la necesidad de fortalecer los Organos responsables de su aplicación así como en la eliminación de la producción de aquellas sustancias que no cumplan con una finalidad terapéutica.

Los países del Hemisferio reconocen la necesidad de eliminar la producción indiscriminada de sustancias psicoactivas de uso farmacéutico que no guarden relación con las necesidades terapéuticas. Esta medida coadyuvará a una mejor aplicación de la fiscalización sanitaria.