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SEGURIDAD PÚBLICA
Decreto 228/2016
Declárase la Emergencia de Seguridad Pública.
Bs. As., 21/01/2016
VISTO las Leyes Nros. 22.352, 22.415 (Código Aduanero) y sus
modificatorias, 23.737 y sus modificatorias, la Ley de Seguridad
Interior N° 24.059, la Ley de Administración Financiera y de los
Sistemas del Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus
modificatorias, 24.769 y sus modificatorias, la Ley de Inteligencia
Nacional N° 25.520 modificada por su similar N° 27.126, la Ley de
Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus
Víctimas N° 26.364 modificada por su similar N° 26.842, la Ley de
Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio
2016 N° 27.198 y sus modificaciones, el Decreto-Ley N° 15.385 del 13 de
junio de 1944 (ratificado por Ley N° 12.913), los Decretos Nros. 1023
del 13 de agosto de 2001 y sus modificatorios, 1091 del 20 de julio de
2011 —prorrogado por los Decretos Nros. 296 del 29 de diciembre de
2011, 2689 del 28 de diciembre de 2012, 2221 del 18 de diciembre de
2013, 2574 del 22 de diciembre de 2014 y 152 del 12 de enero de 2016—,
1345 del 1° de noviembre de 2005, 912 del 19 de junio de 2006, 1052 del
27 de junio de 2008, 1134 del 25 de agosto de 2009, 621 del 3 de mayo
de 2010, 1103 del 28 de julio de 2010, 1842 del 1° de diciembre de
2010, 971 del 26 de junio de 2012 y 2415 del 11 de diciembre de 2014,
la Resolución del ex MINISTERIO DEL INTERIOR N° 788 del 23 de abril de
2007, la Acordada de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN N° 28
del 27 de octubre de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que la seguridad es un derecho transversal a todos los derechos
reconocidos explícita e implícitamente por la CONSTITUCIÓN NACIONAL y
los tratados sobre derechos humanos.
Que la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 define como “seguridad
interior” a la situación de hecho basada en el derecho en la cual se
encuentran resguardados la libertad, la vida y el patrimonio de los
habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las
instituciones del sistema representativo, republicano y federal que
establece la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que su goce es fundamental para el normal desarrollo de los proyectos
de vida de cada individuo que habita la Nación, como también la base
necesaria para el progreso económico y cultural de la República.
Que son los sectores más vulnerables del pueblo argentino en quienes
impacta de lleno la inseguridad social y la espiral creciente del
delito, por lo que resulta imperioso que el ESTADO NACIONAL haga valer
el poder de policía de seguridad del que lo inviste la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Que, en este sentido, los delitos de trata de personas no reparan en el
origen de sus víctimas, generando una preocupación constante a todas
las familias argentinas.
Que la gravedad de los delitos requirió por parte del ESTADO NACIONAL
instrumentar un Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las
Personas Damnificadas por el Delito de Trata.
Que es decisión de este Gobierno combatir el narcotráfico con el máximo
rigor, a fin de dar acabada respuesta a la profunda preocupación por
este tema evidenciada por la ciudadanía.
Que el narcotráfico y sus delitos asociados, no quedan atrás en este
escenario y constituyen una irrenunciable y excluyente cuestión de
Estado al encontrarse inextricablemente ligados a la inseguridad.
Que la droga arruina la vida de familias enteras y no podemos resignarnos ni aceptar esta realidad como algo natural.
Que la problemática del narcotráfico no sólo afecta a la salud y la
seguridad ciudadana, sino que importa una violación a la soberanía
nacional en tanto se trata de un crimen cuya naturaleza es claramente
transnacional.
Que tales circunstancias ameritan adoptar las medidas que permitan
extremar el uso de los recursos del ESTADO NACIONAL en orden a
enfrentar los flagelos señalados.
Que la realidad del delito encontró al Estado sin capacidad de dar
respuesta satisfactoria a las demandas sociales de mayor seguridad.
Que no escapa de esta realidad la evolución del crimen complejo a
versiones más sofisticadas de dichas conductas punibles, pero no por
ello menos agresivas contra el pueblo argentino.
Que también es una constante que diversos delitos —como la trata de
personas, el lavado de dinero, los ciberdelitos y el narcotráfico— se
den conjuntamente como una manifestación de las diferentes aristas que
asume el crimen organizado trasnacional.
Que la Acordada de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN N° 28/15
brinda un claro panorama de la acuciante situación en la que se
encuentra la sociedad argentina, la que se traduce en un verdadero
“estado de emergencia en seguridad” que obliga al PODER EJECUTIVO
NACIONAL a disponer de las herramientas legales a su alcance para velar
por la tranquilidad de los habitantes de la Nación.
Que, con meridiana claridad, el Alto Tribunal ha señalado, refiriéndose
al narcotráfico, que “...la naturaleza de estos delitos, cuya cadena de
organización supera la jurisdicción de un único tribunal, y su gran
complejidad de investigación, exige que se extremen los esfuerzos de
todas las autoridades a fin de obtener los mejores resultados”; y que
“...el esfuerzo individual de jueces y juezas de todo el país necesita
ser complementado con la colaboración concreta de las fuerzas de
seguridad, autoridades migratorias, otras dependencias del Poder
Ejecutivo Nacional y Provinciales en una actuación conjunta”.
Que, en la reunión del CONSEJO DE SEGURIDAD INTERIOR del 17 de
diciembre de 2015, integrada por representantes del Gobierno Nacional,
la Provincias y el Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y
miembros de las fuerzas policiales y de seguridad, se aprobó por
unanimidad declarar la “emergencia de seguridad pública”.
Que el “OPERATIVO ESCUDO NORTE”, establecido por el Decreto N° 1091/11
y sus prórrogas, no ha dado a la fecha los resultados esperados.
Que a los fines de alcanzar el cumplimiento de los objetivos
propuestos, resulta necesario rediseñar el “OPERATIVO ESCUDO NORTE” y
adoptar las medidas pertinentes para la inmediata adquisición de
elementos de tecnología de seguridad de fronteras.
Que resulta también necesario renovar la vigencia de los protocolos
para la defensa del espacio aeroespacial ya utilizados en los últimos
DIEZ (10) años en NUEVE (9) oportunidades diferentes mediante los
Decretos Nros. 1345/05, 912/06, 1052/08, 1134/09, 621/10, 1103/10,
1842/10, 971/12 y 2415/14.
Que resulta necesario levantar el carácter secreto de las normas señaladas en el considerando anterior.
Que asimismo resulta procedente instruir a los diferentes Ministerios
con competencia en la materia, para la inmediata adopción de medidas
conducentes a los fines que se pretenden obtener mediante el dictado
del presente.
Que el SISTEMA FEDERAL DE COMUNICACIONES POLICIALES (SIFCOP) ha
permitido contar desde el 16 de marzo de 2015 al 11 de enero de 2016
con guarismos ciertos de estadísticas criminales; así se han registrado
29.948 medidas, de las cuales 8.146 corresponden a órdenes de captura
y/o detención; 4.077, a prohibiciones de salidas del país o Provincias;
5.349, a búsquedas de personas extraviadas, 3.678, a solicitudes de
paradero por comparendo; 265, a hábeas corpus; 961, a medidas
restrictivas; 4.757, a órdenes de secuestro vehicular; 149, a pedidos
de secuestros de armas; 191, a pedidos de secuestros de elementos
diversos; y 2.375, a medidas judiciales de otro orden, en todos los
casos respecto de temas judicializados.
Que en orden a los resultados obtenidos, resulta conveniente invitar a
las autoridades provinciales, que aún no lo han hecho, a integrarse al
SIFCOP.
Que deviene necesario proyectar políticas integrales de asistencia a
las víctimas del crimen organizado; como así también disponer las
medidas presupuestarias necesarias para abordar inmediatamente la
situación de inseguridad reseñada.
Que la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE SEGURIDAD ha tomado la intervención que le corresponde.
Que la presente medida se dicta de acuerdo a las facultades emergentes del artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
LA VICEPRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO
DECRETA:
TÍTULO I
DECLARACIÓN DE EMERGENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Artículo 1° — DECLARACIÓN DE
EMERGENCIA. Declárase la “emergencia de seguridad pública” en la
totalidad del territorio nacional con el objeto de revertir la
situación de peligro colectivo creada por el delito complejo y el
crimen organizado, que afecta a la REPÚBLICA ARGENTINA, por el término
de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos a partir de la
publicación del presente, la que podrá ser prorrogada fundadamente.
Se entiende, a los efectos del presente Decreto, como delito complejo y crimen organizado, pero no limitándose a ello, a:
Delitos de producción, tráfico y comercialización de estupefacientes previstos en la Ley N° 23.737.
Delitos de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes previstos en la Ley N° 22.415.
Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita
calificada en los términos del artículo 210 bis del Código Penal o de
una asociación ilícita terrorista en los términos del artículo 41
quinquies del Código Penal.
Delitos cometidos por asociaciones ilícitas (artículo 210 del Código
Penal) organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales.
Delitos de fraude contra la Administración Pública (artículo 174, inciso 5°, del Código Penal).
Delitos contra la Administración Pública previstos en los Capítulos
VI, VII, VIII, IX y IX bis del Título XI del Libro Segundo del Código
Penal.
Delitos de prostitución de menores y pornografía infantil, previstos en los artículos 125, 125 bis y 128 del Código Penal.
Delitos de financiación del terrorismo (artículo 306 del Código Penal).
Delitos de extorsión (artículo 168 del Código Penal).
Delitos previstos en la Ley N° 24.769.
Delitos de trata de personas (Ley N° 26.364).
(Nota Infoleg:por art. 1º delDecreto Nº 50/2017*B.O. 20/01/2017 se prorroga la declaración de Emergencia de Seguridad
Pública dispuesta por el presente Decreto, por el término de
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos a partir de la fecha de
su vencimiento, la que podrá ser prorrogada fundadamente. Vigencia: a
partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL)*
Art. 2° — ADHESIÓN DE LAS
PROVINCIAS. Invítase a las Provincias y a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES a adherir al presente mediante la respectiva declaración de
emergencia en los ámbitos territoriales de sus jurisdicciones.
TÍTULO II
OPERATIVO FRONTERAS Y FORTALECIMIENTO DEL CONTROL DE PUERTOS, HIDROVÍAS Y MAR ARGENTINO
Art. 3° — “OPERATIVO
FRONTERAS”. Transfórmase el “OPERATIVO ESCUDO NORTE” establecido por el
Decreto N° 1091/11 y sus prórrogas, en “OPERATIVO FRONTERAS”.
Dicho operativo es de carácter permanente.
Art. 4° — CONTROL MATERIAL Y
TECNOLÓGICO DE LA ZONA DE FRONTERAS. Dispónese en forma inmediata la
adopción de las medidas necesarias para la adquisición de los
dispositivos técnicos materiales y tecnológicos de la Zona de
Fronteras, conforme las necesidades operativas que disponga el
MINISTERIO DE SEGURIDAD sobre la Zona de Frontera con relación a los
objetivos establecidos por el presente Decreto sobre el delito complejo
y organizado.
Art. 5° — RADARIZACIÓN DE LA
FRONTERA NORTE. El MINISTERIO DE DEFENSA dispondrá las medidas
necesarias a fin de garantizar que la radarización de la Frontera Norte
permita un eficiente control y una efectiva disponibilidad de
información en relación a la ocupación y tránsito diario que se
despliegue dentro del espacio aéreo soberano, que permita la
consecución de los objetivos fijados en el presente Decreto. A tales
fines, las autoridades con responsabilidades primarias en la materia
tendrán en cuenta las necesidades técnicas de los sistemas de
radarización con el propósito de lograr la optimización de los recursos
existentes en orden a la consecución de sus cometidos.
Art. 6° — HIDROVÍAS Y MAR
ARGENTINO. Autorízase la adquisición del material necesario para
incrementar la vigilancia y control en el ámbito de la frontera fluvial
e hidrovías dentro del territorio nacional, así como en los puertos y
espacios marítimos de jurisdicción nacional.
Art. 7° — ADUANAS. Instrúyese
al MINISTERIO DE SEGURIDAD para que, dentro de los TREINTA (30) días
corridos de publicada la presente medida, lleve adelante las
operaciones necesarias conjuntamente con la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) a fin de establecer los estándares y la
normativa de seguridad concerniente a las ZONAS PRIMARIAS ADUANERAS con
el objeto de coordinar las actividades que desarrollarán en orden a los
objetivos fijados en la presente declaración de emergencia.
Art. 8° — ACTUACIÓN CONJUNTA DE
LAS JURISDICCIONES LOCALES Y FEDERAL. Los Gobernadores de Provincia, en
su carácter de agentes naturales del Gobierno Federal, y el Jefe de
Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en el marco de la Ley
de Seguridad Interior N° 24.059 y de las medidas tomadas en el CONSEJO
DE SEGURIDAD INTERIOR, facilitarán y prestarán, coordinadamente con las
fuerzas policiales y de seguridad federales, todo el apoyo y logística
que se les solicite en sus respectivas jurisdicciones a los efectos del
cumplimiento y éxito de las operaciones que se emprendan en la lucha
contra el delito complejo y el crimen organizado.
Las Provincias y el Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
enviarán sus respectivas estadísticas criminales actualizadas al
MINISTERIO DE SEGURIDAD, mientras que aquella información relativa a
denuncias, investigaciones y hechos flagrantes vinculados al tráfico de
estupefacientes, lo harán al REGISTRO ÚNICO DE ANÁLISIS DE NARCOTRÁFICO
(RUAN) creado por la Resolución del ex MINISTERIO DEL INTERIOR N°
788/07.
Art. 9° — PROTECCIÓN DEL
ESPACIO AÉREO. Apruébanse las “Reglas de Protección Aeroespacial”, que
como ANEXO I, forman parte del presente Decreto.
Art. 10. — LEVANTAMIENTO DEL
“SECRETO MILITAR”. Levántase el “secreto militar” que fuera
oportunamente declarado respecto de las “Reglas de Empeñamiento para la
Defensa Aeroespacial” aprobadas por Decreto N° 2415/14 y que, como
ANEXO II, forman parte integrante del presente Decreto.
TÍTULO III
SISTEMA FEDERAL DE COMUNICACIONES POLICIALES (SIFCOP) Y ACUERDOS INTERMINISTERIALES
Art. 11. — CONVENIO DE
INTEGRACIÓN CON EL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN. El MINISTERIO DE
SEGURIDAD propondrá al PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN la celebración de un
convenio con el objeto de interconectar el sistema informático de la
Justicia Nacional y Federal con el SISTEMA FEDERAL DE COMUNICACIONES
POLICIALES —SIFCOP—, a fin de lograr la automatización en las
comunicaciones de las medidas judiciales de todas las instancias con
las fuerzas policiales y de seguridad.
Art. 12. — INTERIOR. Invítase a
las Provincias que a la fecha aún no lo han efectuado, a suscribir el
convenio de adhesión al SIFCOP, para lo cual serán asistidas
técnicamente por la Autoridad de Aplicación y provistas de los
elementos materiales e informáticos necesarios para la puesta en marcha
de dicho sistema de comunicaciones.
Art. 13. — DELITOS DE TRATA DE
PERSONAS Y DESAPARICIÓN DE PERSONAS. Ordénase al MINISTERIO DE
SEGURIDAD y al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS que actualicen
las bases informáticas de las víctimas del delito de trata de personas
y de los menores de edad con el debido resguardo de confidencialidad.
Art. 14. — TRAZABILIDAD DE LOS
EQUIPAJES. El MINISTERIO DE TRANSPORTE dispondrá las medidas necesarias
para garantizar la efectiva identificación de los equipajes y/o bultos
en todo tipo de transporte comercial y la identificación de su
propietario, poseedor, tenedor o despachante.
Art. 15. —SEGURIDAD AÉREA.
Instrúyese al MINISTERIO DE SEGURIDAD, al MINISTERIO DE DEFENSA y al
MINISTERIO DE TRANSPORTE para que, dentro de los TREINTA (30) días
desde la publicación del presente, adopten las medidas necesarias
destinadas a la coordinación de acciones e intercambio de información
con el objeto de reforzar los medios de seguridad en todos los medios
de transporte aéreo.
Art. 16. — SEGURIDAD EN LAS
COMUNICACIONES. Instrúyese al MINISTERIO DE SEGURIDAD y al MINISTERIO
DE COMUNICACIONES para que, dentro de los TREINTA (30) días desde la
publicación del presente, adopten las medidas necesarias destinadas a
la coordinación dentro de sus respectivas competencias de los aspectos
relacionados con las comunicaciones en orden a los objetivos planteados
en la lucha contra el delito complejo y el crimen organizado.
TÍTULO IV
GABINETE DE SEGURIDAD HUMANA
Art. 17. — CREACIÓN DEL
GABINETE DE SEGURIDAD HUMANA. Los Ministros de Seguridad, de Justicia y
Derechos Humanos y de Desarrollo Social constituirán el GABINETE DE
⋯
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