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REGLAMENTO DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS
Decreto 456/2022
DCTO-2022-456-APN-PTE - Aprobación.
Ciudad de Buenos Aires, 03/08/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-82003466-APN-DCTA#PTN, la Ley N° 12.954
y su reglamentación, aprobada por el Decreto N° 34.952 del 8 de
noviembre de 1947, el Capítulo VII de la Ley Marco de Regulación de
Empleo Público Nacional aprobada por la Ley N° 25.164 y su
reglamentación, aprobada por el Decreto N° 1421 del 8 de agosto de
2002, la Ley N° 27.580, el Reglamento de Investigaciones
Administrativas aprobado por el Decreto N° 467 del 5 de mayo de 1999,
el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 – T.O.
2017, los Decretos Nros. 214 del 27 de febrero de 2006, 561 del 6 de
abril de 2016, 102 del 23 de diciembre de 1999 y sus modificatorios y
la propuesta de reforma del citado Reglamento de Investigaciones
Administrativas elaborada por la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, y
CONSIDERANDO:
Que la potestad disciplinaria encuentra fundamento en atribuciones
asignadas al PODER EJECUTIVO NACIONAL como jefe de gobierno y
responsable político de la administración general del país (artículo
99, incisos 1 y 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL).
Que el conjunto de atribuciones legales y reglamentarias que configura
el régimen disciplinario tiene por objeto investigar y, en su caso,
aplicar las sanciones que establece la Ley Marco de Regulación de
Empleo Público Nacional, aprobada por la Ley N° 25.164 y su
reglamentación, aprobada por el Decreto N° 1421/02, una vez verificadas
aquellas conductas de las o los agentes estatales que lesionen el buen
funcionamiento de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL y que se originen
en la inobservancia de los deberes y prohibiciones inherentes a su
relación de empleo público.
Que el régimen disciplinario constituye un sistema tendiente a
coordinar la acción de los órganos administrativos tras una finalidad
común, esto es asegurar y mantener el buen orden y el normal
desenvolvimiento de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL en miras a
lograr un eficaz y eficiente desarrollo de la actividad administrativa,
para lo cual resulta necesario contar con un régimen procedimental
general y uniforme en materia de investigaciones.
Que el Decreto N° 467/99 aprobó como Anexo I el Reglamento de
Investigaciones Administrativas, que establece un procedimiento
administrativo especial para la sustanciación de las investigaciones
dirigidas a determinar la responsabilidad disciplinaria de las y los
agentes de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.
Que al tiempo del dictado del referido decreto se encontraba vigente el
Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, aprobado por la Ley N°
22.140, el que posteriormente fue derogado por la Ley Marco de
Regulación de Empleo Público Nacional, aprobada por la Ley N° 25.164 y
reglamentada por medio del Decreto N° 1421/02.
Que es necesario adecuar el procedimiento establecido por el Reglamento
de Investigaciones Administrativas, aprobado por el Decreto N° 467/99,
a la normativa vigente y precisar su ámbito de aplicación; a su vez, la
experiencia recogida aconseja replantear diversos institutos con el fin
de optimizar la labor investigativa y resguardar el derecho de defensa
de las personas involucradas.
Que la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, en su carácter de organismo
técnico de asesoramiento e interpretación jurídica y en ejercicio de
las facultades reconocidas en el artículo 44 del Decreto N° 34.952/47,
reglamentario de la Ley N° 12.954 y en el artículo 134 del Reglamento
de Investigaciones Administrativas, aprobado por el Decreto N° 467/99,
impulsó la actualización de este último.
Que en esta inteligencia resulta necesaria la adaptación del Reglamento
de Investigaciones Administrativas a lo establecido en la Ley N° 25.506
(modificada por la Ley N° 27.446) de Firma Digital y a las normas del
Sistema de Gestión de Documentación Electrónica (GDE), cuya
implementación fue aprobada por el Decreto N° 561/16.
Que con el fin de contemplar las herramientas y mecanismos provistos
por el avance de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones es necesario disponer de medios electrónicos de
notificación e incorporar la celebración de audiencias a distancia para
supuestos de excepcionalidad, conforme las pautas que establezca la
PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, en su carácter de autoridad de
interpretación del Reglamento de Investigaciones Administrativas.
Que con el objeto de resguardar el principio de transparencia en las
investigaciones administrativas resulta conducente actualizar el texto
del Reglamento de Investigaciones Administrativas vigente, en lo
referido al rol de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN, con el fin de adecuarlo a
lo establecido por el Decreto N° 102/99 y sus modificatorios.
Que es necesario contemplar la intervención de la PROCURADURÍA DE
INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS en la tramitación de los sumarios
administrativos, con el alcance previsto en la Ley Orgánica del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL N° 27.148.
Que corresponde receptar la doctrina y jurisprudencia forjadas en el
ámbito nacional e interamericano, a partir del reconocimiento de la
tutela administrativa efectiva y la extensión al plano administrativo
disciplinario de las garantías reconocidas en los artículos 8 y 25 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que goza de jerarquía
constitucional a partir de la reforma del año 1994.
Que sin perjuicio de mantener la vigencia del secreto de las
actuaciones hasta la clausura de la etapa de investigación de los
sumarios disciplinarios y a efectos de que las personas sumariadas o
imputadas cuenten con los elementos suficientes para ejercer con
plenitud su derecho de defensa, es procedente otorgarles el acceso a
las actuaciones, a partir de su llamamiento a prestar declaración en
tal calidad.
Que, en línea con lo señalado en el considerando anterior, se introduce
el derecho de la persona sumariada o imputada, en el caso de contar con
asistencia letrada, a mantener una entrevista con el o la profesional
actuante, con carácter previo al inicio del interrogatorio.
Que de conformidad con el principio de presunción de inocencia, de
raigambre constitucional, se establecen requisitos más rigurosos para
suspender preventivamente a agentes involucrados o involucradas en una
causa penal.
Que en el marco de las políticas gubernamentales orientadas a la
igualdad de géneros, se incorpora en el nuevo texto del Reglamento de
Investigaciones Administrativas el lenguaje inclusivo con perspectiva
de género, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 2, inciso f)
de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer y normas complementarias en la materia.
Que en esta nueva versión del Reglamento de Investigaciones
Administrativas se contemplan mecanismos tendientes a proteger a los y
las agentes que pudieran resultar afectados o afectadas por situaciones
de violencia o acoso en el ámbito laboral, en consonancia con las
previsiones del artículo 124 y concordantes del Convenio Colectivo de
Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por
el Decreto N° 214/06 y las del Convenio sobre la Eliminación de la
Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo –Convenio 190–, adoptado
por la Conferencia General de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL
TRABAJO, a su vez aprobado por la Ley N° 27.580.
Que también se han tenido en cuenta en esta iniciativa las
disposiciones de la Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en
que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales y las de la Decisión
Administrativa N° 1012/21 que aprobó el Protocolo Marco para el
Abordaje de las Violencias por Motivos de Género en el Sector Público
Nacional.
Que a través de la presente medida se extiende la competencia
excepcional de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, a los fines de
la investigación de las conductas de las funcionarias o los
funcionarios que revistan en los niveles A y B del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), que ejerzan cargos con funciones ejecutivas
vigentes y que hubieran sido designadas o designados en sus cargos en
forma transitoria.
Que el régimen cuya derogación se dispone contempla la celebración de
una audiencia oral y pública, en la cual la Instrucción y las partes
presentan, respectivamente, los informes y descargos ya formulados en
el trámite.
Que transcurridos más de VEINTE (20) años de vigencia del citado
Reglamento, la práctica evidencia que dicha audiencia constituye un
instituto en desuso y de escasa conducencia, en atención a que no
permite la participación activa de las o los intervinientes, sino que
se limita a la lectura de las partes principales de un sumario
administrativo ya clausurado, por lo que se considera pertinente su
supresión.
Que en razón de lo precedentemente expuesto y con el fin de preservar
el principio de publicidad de los actos de gobierno, se entiende
oportuno mantener, en casos específicos, la publicación del acto
conclusivo.
Que con el objeto de evitar la diversidad de procedimientos recursivos
de carácter administrativo, corresponde dejar sin efecto la vía
recursiva especial ante la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN,
prevista en los artículos 124 a 126 del Reglamento de Investigaciones
hasta ahora vigente.
Que la eliminación de dicho recurso especial se basa en la conveniencia
de preservar, como regla, la aplicación del régimen recursivo general
previsto en el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto
1759/72 – T.O. 2017 y, además, en la desnaturalización del rol de la
PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN que consagra el texto actual del
Reglamento de Investigaciones Administrativas, ya que la transforma de
órgano asesor a revisor con facultades decisorias respecto de los actos
que impongan sanciones no expulsivas emitidos por órganos respecto de
los cuales no tiene superioridad jerárquica.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL es competente para el dictado del
presente en virtud de lo prescripto por el artículo 99, incisos 1 y 2
de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el REGLAMENTO DE INVESTIGACIONES
ADMINISTRATIVAS, que como ANEXO (IF-2022-70751207-APN-PTN) forma parte
del presente decreto.
ARTÍCULO 2°.- El Reglamento que se aprueba por el presente decreto será
de aplicación a los sumarios en trámite a la fecha de su entrada en
vigencia, con excepción de los plazos en curso y las diligencias que
hayan tenido principio de ejecución, los cuales se regirán por las
normas hasta entonces vigentes.
ARTÍCULO 3º.- El Reglamento que por el presente se aprueba entrará en
vigencia a los SESENTA (60) días corridos de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 4º.- Derógase el Decreto N° 467/99 a partir de la fecha de
entrada en vigencia del Reglamento aprobado como ANEXO al presente.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Martín Ignacio Soria
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 04/08/2022 N° 59711/22 v. 04/08/2022
(*Nota
Infoleg:**
Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la
edición web de Boletín Oficial)*
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ANEXO
REGLAMENTO DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS
TÍTULO I
PARTE GENERAL
Capítulo 1
ARTÍCULO 1°.- Ámbito de aplicación.-
El Reglamento de Investigaciones Administrativas se aplicará al
personal comprendido en la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional, aprobada por la Ley N° 25.164, así como a toda o todo agente
de la Administración Pública Nacional, cualquiera sea la naturaleza del
vínculo, que carezca de un régimen especial en materia de
investigaciones, en la medida en que sus disposiciones sean compatibles
con las normas de fondo que rijan en cada caso.
El Reglamento será también de aplicación en las dependencias de la
Administración Pública Nacional en aquellas investigaciones que fueren
ordenadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Asimismo, será de aplicación supletoria en todos aquellos aspectos que
no hayan sido previstos en los regímenes especiales de investigación.
ARTÍCULO 2°. - Regímenes disciplinarios diversos.-
Facúltase a quienes ejerzan: la titularidad de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, Secretarías de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Ministerios y
Funcionarias o Funcionarios de jerarquía equivalente, Autoridades
Superiores de entes descentralizados, Jefas o Jefes de los Estados
Mayores Generales de las Fuerzas Armadas y del Estado Mayor Conjunto,
Jefas o Jefes de las Fuerzas de Seguridad y del Servicio Penitenciario
Federal para que establezcan el régimen a aplicar cuando existan
personas imputadas sometidas a diferentes regímenes disciplinarios.
ARTÍCULO 3°.- Investigación previa. Sumario. Puesta en conocimiento. Intervención.-
Cuando un hecho, por acción u omisión, pueda significar responsabilidad
disciplinaria, exista o no perjuicio fiscal, para cuyo esclarecimiento
se requiera una investigación, esta se sustanciará como información
sumaria o sumario.
La iniciación y la ampliación del objeto de un sumario administrativo
deberán ser puestas en conocimiento de la PROCURADURÍA DE
INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS, con elfin de que, si lo estimare
conveniente, tome intervención como parte acusadora, cualquiera sea la
forma en que se hubiera iniciado la investigación.
La OFICINA ANTICORRUPCIÓN podrá optar por intervenir como parte
acusadora con facultades de ofrecer , producir o incorporar pruebas,
así como la de recurrir toda decisión adversa a sus pretensiones ,
únicamente en los casos en que la denuncia e investigación se hubiera
originado en tal dependencia. Con el fin de asumir dicho rol, deberá
ser puesta en conocimiento del inicio y ampliación del objeto del
sumario.
Capítulo 2
ARTÍCULO 4°.- Jurisdicción.- La información sumaria o el sumario serán siempre instruidos en la jurisdicción donde se produzca el hecho.
ARTÍCULO 5°.- Agentes de extraña jurisdicción.-
Cuando de una información sumaria o de un sumario surgiere la
participación en el hecho que lo motiva de personal de otro organismo,
este podrá ser convocado por la instructora o el instructor responsable
de la investigación.
El resultado de la investigación se pondrá en conocimiento de la o del
titular del organismo del cual dependa la o el agente de extraña
jurisdicción dentro de los CINCO (5) días de finalizada, a los efectos
del dictado del pertinente acto conclusivo, a su respecto.
Capítulo 3
ARTÍCULO 6°. - Instructoras o instructores.-
La sustanciación de las informaciones sumarias y de los sumarios se
efectuará en la Oficina de sumarios del área respectiva y estará a
cargo de instructoras o instructores que deben ser funcionarías
letradas o funcionarios letrados de planta permanente.
Excepcionalmente, cuando se acredite una necesidad administrativa
debidamente justificada, la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN podrá
autorizar que funcionarias letradas o funcionarios letrados no
pertenecientes a la planta permanente puedan desempeñarse como
instructoras o instructores sumariantes.
ARTÍCULO 7°.- Competencia de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN.-
La PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, a través de la Dirección
Nacional de Sumarios e Investigaciones Administrativas, será competente
en la sustanciación de:
las informaciones sumarias y los sumarios que tiendan a esclarecer hechos que se produzcan en su jurisdicción;
las investigaciones que sean ordenadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL;
los sumarios cuando en el hecho investigado se encuentre involucrada
alguna o involucrado algún agente que revista en el nivel A o B del
Sistema Nacional de Empleo Público o equivalentes y ejerza un cargo con
funciones ejecutivas vigentes, en cualquiera de sus niveles;
los sumarios en los que se investigue un hecho o varios hechos,
inescindibles entre sí, que involucren no solo a alguna o algún agente
cuya categoría de revista habilite la competencia de la PROCURACIÓN DEL
TESORO DE LA NACIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c),
sino también a otras u otros agentes que no reúnan los requisitos para
ello.
ARTÍCULO 8°.- Competencia. Desplazamiento.-
La competencia de las instructoras o los instructores es improrrogable.
Estas o estos podrán desplazarse dentro del país cuando la
sustanciación del sumario lo requiera, previa autorización de la
superioridad.
ARTÍCULO 9°.- Diligencias fuera de la jurisdicción.-
La autoridad que ordenó la información sumaria o el sumario podrá
encomendar a otras funcionarias u otros funcionarios la realización de
diligencias concretas y determinadas fuera del asiento de sus
funciones, mediante decisión fundada.
ARTÍCULO 10.- Deberes.- Son deberes de las instructoras y los instructores:
investigar los hechos, reunir pruebas, determinar responsables y encuadrar la falta cuando la hubiere;
dar oportuna intervención a la PROCURADURÍA DE INVESTIGACIONES
ADMINISTRATIVAS, a la OFICINA ANTICORRUPCIÓN y, en caso de
corresponder, a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN;
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Boletín Oficial de la República Argentina correspondiente. No asumimos responsabilidad por eventuales inexactitudes derivadas de la transcripción del original a este formato.