LegalizePLAN NACIONAL ANTICORRUPCION
**PLAN
NACIONAL ANTICORRUPCIÓN**
Decreto 591/2023
DCTO-2023-591-APN-PTE - Aprobación.
Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2023
VISTO el Expediente Nº EX-2023-98976418-APN-OA#PTE, la CONVENCIÓN
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN aprobada por la Ley Nº 24.759, la
CONVENCIÓN SOBRE LA LUCHA CONTRA EL COHECHO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS
EXTRANJEROS EN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES aprobada
por la Ley Nº 25.319, la CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA
CORRUPCIÓN aprobada por la Ley Nº 26.097, las Leyes Nros. 25.188 de
ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA y sus modificaciones, 25.233 y su
modificación, los Decretos Nros. 102 del 23 de diciembre de 1999 y sus
modificatorios, 258 del 10 de abril de 2019, las Decisiones
Administrativas Nros. 1926 del 23 de octubre de 2020 y 592 del 14 de
junio de 2021 y la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE ÉTICA
PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Nº 21 del 26 de
julio de 2019, modificada por la Resolución de la OFICINA
ANTICORRUPCIÓN Nº 20 del 30 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que la REPÚBLICA ARGENTINA, al ratificar la CONVENCIÓN INTERAMERICANA
CONTRA LA CORRUPCIÓN aprobada por la Ley Nº 24.759, se comprometió a
promover y fortalecer de manera coordinada y estratégica mecanismos
necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción.
Que, en igual sentido, la REPÚBLICA ARGENTINA ha aprobado mediante la
Ley Nº 25.319 la CONVENCIÓN SOBRE LA LUCHA CONTRA EL COHECHO DE
FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS EN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES
INTERNACIONALES y, además, conforme la Carta del Secretario General de
la ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)
AG/2020.356.pb del 23 de junio de 2020, la REPÚBLICA ARGENTINA es
adherente formal a la “RECOMENDACIÓN DE LA OCDE SOBRE INTEGRIDAD
PÚBLICA” de 2017.
Que, asimismo, la REPÚBLICA ARGENTINA, al ratificar la CONVENCIÓN DE
LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN a través de la Ley N° 26.097,
como Estado Parte se obligó a formular y aplicar políticas coordinadas
y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la
sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida
gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad,
la transparencia y la obligación de rendir cuentas, procurando
establecer y fomentar prácticas eficaces encaminadas a prevenir la
corrupción y evaluar periódicamente los instrumentos jurídicos y las
medidas administrativas pertinentes con el fin de determinar si son
adecuados para combatir la corrupción.
Que la OFICINA ANTICORRUPCIÓN fue creada por el artículo 13 de la Ley
Nº 25.233 con el objeto de elaborar y coordinar programas de lucha
contra la corrupción en el Sector Público Nacional y es Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 25.188 de Ética de la Función Pública, teniendo
como fin el diseño y la implementación de políticas, programas, normas
y acciones de prevención y transparencia, la promoción de la ética
pública y la asistencia técnica a los organismos que comprenden a la
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL centralizada y descentralizada,
empresas, sociedades y todo otro ente público o privado con
participación del Estado o que tenga como principal fuente de recursos
el aporte estatal.
Que a través del Decreto Nº 102/99 se estableció que la OFICINA
ANTICORRUPCIÓN es el organismo encargado de velar por la prevención e
investigación de aquellas conductas comprendidas en la CONVENCIÓN
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN y, además, es punto focal de la
misma.
Que mediante el Decreto Nº 258/19 se aprobó el “PLAN NACIONAL
ANTICORRUPCIÓN 2019 - 2023”, impulsado por la OFICINA ANTICORRUPCIÓN
que funcionaba en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS y la entonces SECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, con el objetivo de consolidar y
profundizar el camino de la transparencia, la integridad, el
fortalecimiento institucional y la rendición de cuentas del PODER
EJECUTIVO NACIONAL.
Que, además, se instruyó a la citada OFICINA ANTICORRUPCIÓN a crear un
CONSEJO ASESOR con carácter “ad-honorem” para el seguimiento de la
implementación de las iniciativas incorporadas al “PLAN NACIONAL
ANTICORRUPCIÓN 2019 – 2023”, pudiendo convocar para integrarlo a
organizaciones de la sociedad civil, al sector privado y a expertos con
reconocida trayectoria y prestigio en transparencia y lucha contra la
corrupción.
Que también se instruyó a la ex-SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA Y
GOBIERNO ABIERTO de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a adoptar las acciones
pertinentes para la elaboración del mecanismo de seguimiento público de
la implementación de las iniciativas incorporadas al “PLAN NACIONAL
ANTICORRUPCIÓN 2019 – 2023” en el marco de la Estrategia Nacional de
Gobierno Abierto.
Que, además, se invitó al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, al PODER
JUDICIAL DE LA NACIÓN, al MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, al MINISTERIO
PÚBLICO DE LA DEFENSA, al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, a las Provincias
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar normas de carácter
similar al referido Decreto Nº 258/19 en el ámbito de sus respectivas
competencias y jurisdicciones.
Que la OFICINA ANTICORRUPCIÓN creó el “CONSEJO ASESOR PARA EL
SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS INCORPORADAS AL
PLAN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 2019 – 2023” mediante la Resolución de la
entonces SECRETARÍA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN Nº 21/19, con la función de monitorear sus iniciativas,
elaborar informes de seguimiento y difundirlos, elaborar propuestas no
vinculantes de mejoras, incorporaciones y actualizaciones al citado
Plan, producir y difundir información y evacuar consultas, entre otras.
Que la composición de dicho CONSEJO ASESOR fue luego modificada por la
Resolución de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN Nº 20 del 30 de noviembre de
2020, con el objeto de ampliar la cantidad de miembros, sumando
organizaciones no gubernamentales especializadas en la materia,
entidades académicas y sindicales, a efectos de nutrirlo de una mayor
heterogeneidad que refleje cabalmente una representación federal y de
diversos sectores con paridad de género.
Que la citada Resolución también estableció que la OFICINA
ANTICORRUPCIÓN, en coordinación con la SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, podrá incorporar nuevos
miembros al CONSEJO ASESOR, cuya composición sea formalizada mediante
acto fundado y publicada a través de su página web.
Que dentro de los objetivos de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO y de la SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL de su
dependencia, ambas de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, les compete
el diseño, desarrollo e implementación de políticas públicas que
fortalezcan la integridad en la función pública y prevengan la
corrupción, en coordinación con los organismos del ESTADO NACIONAL con
competencias en la materia, como en el seguimiento y en la coordinación
de su ejecución.
Que diversos organismos internacionales, entre ellos la ORGANIZACIÓN DE
LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA), la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
(ONU) y la citada ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
ECONÓMICOS (OCDE), luego de analizar la legislación argentina, han
realizado recomendaciones sobre la mejor manera de implementar los
postulados de las mencionadas Convenciones Internacionales contra la
corrupción ratificadas por la REPÚBLICA ARGENTINA.
Que en el año 2017 la OCDE adoptó una nueva “RECOMENDACIÓN SOBRE
INTEGRIDAD PÚBLICA”, destacando la necesidad del desarrollo de un
sistema integral en materia de integridad pública. Y en su “Estudio de
Integridad en Argentina” del año 2019 enfatizó que: “[...] una
Estrategia Nacional de Integridad podría proporcionar los objetivos
estratégicos del sistema de integridad y las bases para un monitoreo
centralizado y una evaluación de las políticas” (OCDE, 2017:7).
Que el “Informe de Seguimiento del Estudio de la OCDE sobre Integridad
en Argentina: Adoptando un Enfoque Estratégico para la Integridad”,
OCDE (2021), recomendó la revisión del “PLAN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
2019 – 2023”, principalmente por identificar la ausencia de objetivos
concretos y medibles para evaluar avances, y señaló la importancia del
diseño de una Estrategia Nacional de Integridad que brinde una “…visión
estratégica, integral, federal e incluyente, priorizando políticas
preventivas enfocadas en el diseño y la implementación de políticas
públicas para mitigar riesgos y crímenes contra la administración
pública…” y que, además, proporcione los objetivos estratégicos del
sistema de integridad, así como las bases para un monitoreo
centralizado y una evaluación de las políticas.
Que mediante la Decisión Administrativa Nº 592/21 se creó la “MESA
NACIONAL DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA”, integrada por los y las
titulares y representantes alternos y alternas de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la
OFICINA ANTICORRUPCIÓN, la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) y
la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (AAIP) como ámbito de
coordinación y articulación para el desarrollo, implementación,
seguimiento y evaluación de políticas públicas de integridad y
transparencia de los organismos comprendidos en el artículo 8º de la
Ley Nº 24.156.
Que el diseño de una Estrategia Nacional de Integridad también resultó
relevante para el “Plan de Acción 2019-2021” del Grupo de Trabajo
Anticorrupción del G20 que contempla los “…Principios de alto nivel
para el desarrollo e implementación de estrategias nacionales
anticorrupción…” que reconoce la varianza existente en diseño de las
estrategias y la relevancia de los diagnósticos preliminares para
arribar a planificaciones que respondan a las debilidades, fortalezas y
oportunidades identificadas (UNODC, 2019).
Que en línea con las citadas recomendaciones internacionales la OFICINA
ANTICORRUPCIÓN, organismo desconcentrado de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN, a través de la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE
TRANSPARENCIA y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, a través de
la SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, ambas de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, realizaron una rigurosa revisión del “PLAN
NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 2019 – 2023” desde una perspectiva estratégica
y desarrollaron herramientas metodológicas para el análisis y
ponderación de las iniciativas a efectos de jerarquizarlas en función
de su relevancia.
Que el informe completo de la evaluación desarrollada fue plasmado en
el “Documento de trabajo sobre el diseño de la Estrategia Nacional de
Integridad”, donde se evidenciaron las principales fortalezas,
debilidades y oportunidades del “PLAN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 2019 –
2023”; y se repensaron de manera estratégica las políticas de
integridad atendiendo a los cambios a nivel institucional, social y
económico, el que oportunamente fue presentado ante el CONSEJO ASESOR,
como parte del proceso de revisión y aspirando a una genuina
participación ciudadana.
Que el mencionado documento propuso lineamientos clave para el diseño
de la ESTRATEGIA NACIONAL DE INTEGRIDAD (ENI) con una visión integral,
federal y plural, jerarquizando la política preventiva y poniendo en la
centralidad el diseño e implementación de políticas públicas que
mitiguen los riesgos de ilícitos contra la administración pública y
promuevan la transversalización de la transparencia en la gestión
pública.
Que a partir del análisis del “PLAN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 2019 –
2023” y los lineamientos establecidos en el citado “Documento de
Trabajo sobre el Diseño de la Estrategia Nacional de Integridad” se
invitó a Ministerios, organismos y empresas con participación estatal a
participar de la ENI mediante iniciativas que constituyeron -y aún
constituyen- auténticos compromisos en materia de integridad a
desarrollar en sus jurisdicciones.
Que en función de esa labor articulada entre la DIRECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA de la OFICINA
ANTICORRUPCIÓN de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la SUBSECRETARÍA DE
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y los Organismos y
Entidades participantes, se elaboró el informe “ESTRATEGIA NACIONAL DE
INTEGRIDAD. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA POLÍTICA DE INTEGRIDAD DEL
PODER EJECUTIVO NACIONAL”, el cual contiene el diagnóstico y abordaje
de la ENI junto con sus lineamientos e iniciativas, donde se exponen de
manera sistémica los compromisos asumidos por tales organismos y
entidades.
Que, por otra parte, mediante la Decisión Administrativa N° 1926/20 se
creó el “SISTEMA DE INFORMACIÓN MAPA DE LA ACCIÓN ESTATAL” en la órbita
de la SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
con el objetivo de instrumentar un registro sistemático e integral de
las acciones del Estado que permita visualizar el desarrollo de las
políticas públicas, sus resultados e impactos, propiciando la mejora de
los procesos, la planificación, seguimiento y evaluación de las
políticas, para una mayor efectividad y calidad en la gestión de las
Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional.
Que las iniciativas de los Organismos y Entidades que componen la ENI
se organizaron dentro del referido “SISTEMA DE INFORMACIÓN MAPA DE LA
ACCIÓN ESTATAL” (MAE-ENI), de forma tal que el CONSEJO ASESOR, los
organismos públicos, el sector privado, la sociedad civil y toda
persona interesada pueda hacer un seguimiento de ellas, así como
también una lectura completa de la información disponible, promoviendo
el acceso a la ciudadanía, la participación popular y el control de los
actos públicos.
Que el MAE-ENI es un espacio destinado a la sistematización y
publicación de información pública sobre la implementación de la ENI y
una herramienta de transparencia activa para el seguimiento de las
iniciativas desarrolladas por los Ministerios, Organismos y Empresas
con Participación Estatal.
Que la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA de la
OFICINA ANTICORRUPCIÓN y la SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO elaboraron
el Manual Operativo del Mapa de la Acción Estatal - Módulo ENI “Manual
de uso del MAE-ENI para organismos”.
Que la “ESTRATEGIA NACIONAL DE INTEGRIDAD (ENI)” implica un ejercicio
de planificación dinámico, flexible y de expansión permanente ya que
permite a los organismos brindar información en tiempo real sobre la
implementación de las acciones comprometidas facilitando la
incorporación de nuevas iniciativas a lo largo del tiempo.
Que el informe “DEL PLAN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN A LA ESTRATEGIA
NACIONAL DE INTEGRIDAD: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA POLÍTICA DE
INTEGRIDAD DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL”, que como ANEXO I integra el
presente, suscripto conjuntamente por la OFICINA ANTICORRUPCIÓN y la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, destaca que la Estrategia
Nacional de Integridad es el resultado hasta el momento del trabajo
colaborativo de DOCE (12) Ministerios, JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, VEINTICINCO (25) organismos públicos, ONCE (11) Empresas con
Participación Estatal y la Mesa Nacional de Integridad y Transparencia,
junto a la elaboración planificada de OCHENTA Y NUEVE (89) iniciativas
estratégicas y transformadoras. Además, la ENI refleja el desarrollo de
CUATROCIENTAS VEINTIOCHO (428) actividades diseñadas a partir de una
serie de criterios que permiten dar cuenta de su integralidad, impacto
social, marco institucional y marco internacional, y presenta MIL
CIENTO VEINTICUATRO (1124) indicadores para facilitar el seguimiento de
la ejecución de las metas propuestas.
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde aprobar lo actuado por las
citadas OFICINA ANTICORRUPCIÓN y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO con relación al cumplimiento del “PLAN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
2019 - 2023” establecido por el Decreto N° 258/19, así como también
establecer el marco para consolidar los avances logrados a través de la
ENI, garantizar la continuidad de las iniciativas en proceso de
desarrollo y propiciar la inclusión de nuevas iniciativas pertinentes y
acordes a los objetivos y lineamientos dicha Estrategia.
Que, a tales efectos, la OFICINA ANTICORRUPCIÓN y la SECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO han elaborado de manera conjunta el documento
“ESTRATEGIA NACIONAL DE INTEGRIDAD - ENI”, que como ANEXO II forma
parte integrante del presente acto, contiene el abordaje, los
lineamientos y las dinámicas de implementación y de seguimiento para
garantizar el éxito de esta Estrategia.
Que la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA
dependiente de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN, organismo desconcentrado
actuante en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y la SUBSECRETARÍA
DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL dependiente de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS han
tomado la intervención que les compete.
Que los servicios de asesoramiento jurídico pertinentes han tomado la
intervención de su competencia.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el informe “DEL PLAN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN A
LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INTEGRIDAD: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA
POLÍTICA DE INTEGRIDAD DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL”, que como ANEXO I
(IF-2023-98718544-APN-OA#PTE) forma parte integrante del presente
decreto.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase la “ESTRATEGIA NACIONAL DE INTEGRIDAD - ENI”,
que como ANEXO II (IF-2023-98721088-APN-OA#PTE) forma parte integrante
del presente decreto.
ARTÍCULO 3°:- Instrúyese a las máximas autoridades de las
Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional a que incorporen
iniciativas en el “MÓDULO de la ESTRATEGIA NACIONAL DE INTEGRIDAD” del
SISTEMA DE INFORMACIÓN MAPA DE LA ACCIÓN ESTATAL, de conformidad con el
“Manual Operativo del Mapa de la Acción Estatal - Módulo ENI” que a tal
efecto implemente la SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, asegurando el seguimiento de gestión por
parte de los organismos públicos y garantizando su visualización por
parte de la ciudadanía.
ARTÍCULO 4°:- Establécese que el seguimiento de la “ESTRATEGIA NACIONAL
DE INTEGRIDAD - ENI” será coordinado y controlado por la OFICINA
ANTICORRUPCIÓN, organismo desconcentrado actuante en el ámbito de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, a través de la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE
POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA de su dependencia y por la SECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, a
través de la SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. A tal
efecto contarán con un CONSEJO ASESOR “ad-honorem” integrado por
representantes de organizaciones de la sociedad civil, del sector
privado, entidades académicas, organismos internacionales y
multilaterales y por expertos y expertas a título personal con interés
y/o reconocida trayectoria en la temática, conforme la normativa
complementaria que a tales efectos determine la OFICINA ANTICORRUPCIÓN,
procurando una representación equilibrada de cada uno de estos sectores
y garantizando representación federal y diversidad de género.
ARTÍCULO 5°:- Establécese que la OFICINA ANTICORRUPCIÓN, organismo
desconcentrado actuante en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y
la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, sobre la base de la información registrada en el “MÓDULO de
la ESTRATEGIA NACIONAL DE INTEGRIDAD del SISTEMA DE INFORMACIÓN MAPA DE
LA ACCIÓN ESTATAL”, elaborarán un informe anual finalizado cada
ejercicio presupuestario, el que se elevará al PRESIDENTE DE LA NACIÓN
antes del 31 de marzo del siguiente ejercicio.
ARTÍCULO 6°:- Invítase al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, al PODER
JUDICIAL DE LA NACIÓN, al MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, al MINISTERIO
PÚBLICO DE LA DEFENSA y al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA a dictar, en el
ámbito de sus respectivas competencias, normas de carácter similar a la
presente medida.
ARTÍCULO 7º.- Invítase a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a dictar normas de carácter similar en sus respectivas
jurisdicciones.
ARTÍCULO 8º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Agustín Oscar Rossi
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la
edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 21/11/2023 N° 92188/23 v. 21/11/2023
(*Nota
Infoleg:**
Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la
edición web de Boletín Oficial)*
ANEXO I
[IMG]
**Del
Plan Nacional Anticorrupción a la Estrategia Nacional de Integridad:
Planificación estratégica de la política de integridad del Poder
Ejecutivo Nacional**
Documento elaborado por la Oficina
Anticorrupción con la colaboración de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete de Ministros1
Introducción
La Estrategia Nacional de Integridad (ENI) es una iniciativa impulsada
por la Oficina Anticorrupción y la Secretaría de Gestión y Empleo
Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros cuyo objetivo es
avanzar hacia una planificación coordinada y estratégica de las
políticas de integridad y de transparencia en toda la Administración
Pública Nacional centralizada, descentralizada y en empresas con
participación estatal. En este sentido, la iniciativa es el fruto del
trabajo del Poder Ejecutivo Nacional y una muestra del compromiso de
las autoridades por poner en el centro una gestión con perspectiva de
integridad y transparencia.
En este documento se presenta la Estrategia Nacional de Integridad,
compuesta por los compromisos asumidos por los organismos del Estado
Nacional en línea con el Documento de trabajo sobre el diseño de la
Estrategia Nacional de Integridad2. Este documento brindó
herramientas orientadoras para el diseño de políticas de integridad, a
partir de la evaluación del Plan Nacional Anticorrupción 2019-2023.
La ENI es una propuesta integral de carácter preventivo que apunta a
generar políticas y promover prácticas que operen como una barrera a la
corrupción, entendida como fenómeno multidimensional, sistémico y
complejo, históricamente situado, que no encuentra homogeneidad en sus
manifestaciones más elementales ni puede ser unívocamente interpretado
(Astarita, 2021: 3). Consideramos a la corrupción como un fenómeno que
no puede ser reducido a un cálculo individual de costos y beneficios
sino como un fenómeno profundamente social enraizado en las estructuras
de poder de cada sociedad. Esta mirada ampliada se complementa con el
diseño de políticas públicas que puedan atender la complejidad del
fenómeno y su impacto en el acceso y ejercicio de derechos y para la
construcción de sociedades más justas e igualitarias.
En este marco, la ENI proporciona un horizonte de sentido para la
incorporación de la perspectiva de transparencia en la gestión pública
y, además, agrupa estratégicamente actividades concretas y medibles
para la ejecución por parte de los organismos y para el seguimiento de
la ciudadanía.
[IMG]
**1. La Estrategia Nacional de
Integridad como elemento clave del Sistema Nacional de Integridad**
El trabajo desarrollado en el diseño de la ENI se apoya en el
convencimiento de la necesidad de la cooperación con otros organismos
estatales para la instalación, consolidación y/o ampliación de
políticas de transparencia e integridad. Esto supone avanzar no sólo en
el catálogo de herramientas que conforman la "materia" de asistencia
técnica de organismos rectores sobre el tema, sino también en el aporte
político para la construcción transversal de un estilo de gestión que
incorpore la transparencia entre otros atributos. La ética de la
solidaridad y el carácter federal de las políticas son aspectos que
aparecen como marcas de la gestión, a las cuales se incorporara la
profundización de la democracia y la integridad.
Todo el trabajo desarrollado apunta a configurar un Sistema Nacional de
Integridad en donde diferentes elementos componen una articulación
holística. Mediante la adopción de este enfoque estratégico conjunto y
coherente es posible cambiar el foco desde políticas de integridad ad
hocy fragmentadas hacia políticas que tienen en cuenta el contexto en
donde se aplican (OCDE, 2019: 22). Entonces, por un lado, apuntamos a
fortalecer la capilaridad de la política de integridad mediante el
fortalecimiento de la red de enlaces y la creación y consolidación de
áreas de integridad. Vale destacar que al momento de elaborar este
reporte el Poder Ejecutivo Nacional cuenta con 165 enlaces de
integridad y 48 áreas de integridad. Esta capilaridad es hoy la base de
trabajo de las acciones que desarrolla la Oficina Anticorrupción y lo
que ha permitido el desarrollo de políticas de largo aliento como la
Estrategia Nacional de Integridad ya que son estos espacios los
encargados del diseno de las iniciativas que componen la ENI y quienes
estarán encargadas de implementarlas y dar cuenta de ello.
Por otro lado, si apostamos por la capilaridad lo hacemos porque
reforzamos al mismo tiempo la necesidad de coordinación estratégica e
interinstitucional. Es sabido que, a mayor cantidad de actores que
participan en un sistema, mayor es el riesgo de duplicación y
superposición. En este marco, surge de manera imperiosa la necesidad de
una coordinación eficaz. Por eso avanzamos en la creación de una Mesa
Nacional de Integridad y Transparencia, que permita diseñar mecanismos
claros, formales y/o informales para la cooperación y la coordinación
horizontal y vertical entre los actores y sectores con el fin de
prevenir la fragmentación, la superposición y los vacíos y en última
instancia asegurar la coherencia y el impacto de las políticas. La Mesa
Nacional de Integridad y Transparencia, creada por la Decisión
Administrativa 592/2021, tiene como función ser el ámbito de
coordinación y articulación para el desarrollo, implementación,
seguimiento y evaluación de políticas públicas de integridad y
transparencia dentro de la Administración Pública Nacional. La Mesa
está integrada por la Oficina Anticorrupción, la Secretaría de Gestión
y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la
Sindicatura General de la Nación y la Agencia de Acceso a la
Información Pública.
Ahora bien, el Sistema Nacional de Integridad cuenta con dos
herramientas para el desarrollo de políticas. Una primera tiene que ver
con la actividad diagnóstica: la Encuesta Nacional de Integridad creada
mediante la Resolución Conjunta 1/2021 de la Sindicatura General de la
Nación, la Oficina Anticorrupción y la Secretaría de Empleo y Gestión
Público es el resultado del trabajo colaborativo entre los organismos.
La Encuesta tiene como objetivo construir una línea de base que permita
generar acciones tendientes a fortalecer la cultura organizacional
basada en los valores de integridad y transparencia. En este sentido,
la encuesta no es solo una herramienta de relevamiento, sino también
una herramienta de autodiagnóstico para identificar las acciones que
podrían desarrollarse en cada uno de los organismos.
En este contexto es el que debe visualizarse a la Estrategia Nacional
de Integridad, como herramienta de planificación articulada que
brindará el contenido de la política sobre el que trabajarán
capilarmente los organismos y coordinarán sus acciones la Mesa
Nacional. De hecho, el 27 de agosto de 2021, en la primera reunión de
la Mesa Nacional de Integridad y Transparencia, la Oficina
Anticorrupción presentó los avances registrados en el desarrollo de la
ENI junto a la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional.
Tanto el avance en la capilaridad de la red de enlaces y áreas de
integridad promovida por la Oficina Anticorrupción, como la creación de
la Mesa Nacional o el involucramiento de las máximas autoridades de
cada organismo que participan en esta iniciativa es una muestra
irrefutable de la voluntad política del Poder Ejecutivo Nacional para
avanzar en esta agenda con firmeza y determinación. También, la
conformación de un equipo de trabajo compuesto por funcionarios,
funcionarias y analistas de la Oficina Anticorrupción y la
Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional muestra la
institucionalización de un trabajo de colaboración para el diseño de
esta gran iniciativa en la Administración Pública Nacional.
**2. Del Plan Nacional Anticorrupción a
la Estrategia Nacional de Integridad**
La elaboración de la Estrategia Nacional de Integridad cuenta como
antecedente inmediato al Plan Nacional Anticorrupción (PNA) creado por
el Decreto 258/2019. El PNA consistió en un conjunto de 260 iniciativas
de distintos organismos de la Administración Pública Nacional, empresas
con participación pública y otros entes estatales. A lo largo del año
2020, la Oficina Anticorrupción y la Subsecretaría de Fortalecimiento
Institucional realizaron una rigurosa revisión del plan desde una
perspectiva estratégica. Para ello, se desarrollaron herramientas
metodológicas para el análisis y ponderación de las iniciativas a
efectos de jerarquizarlas en función de su relevancia3. Esta
metodología permitió evaluar la visión estratégica e integral del PNA
de cara al diseño de la Estrategia Nacional de Integridad. De las 260
iniciativas presentes en el Plan Nacional Anticorrupción, 29 ya se
encontraban cumplidas, por lo cual el análisis se centró en las 231
restantes. Los principales resultados indicaron que solo un 14% del
total de iniciativas poseía un carácter estratégico e integral. El
informe completo de la evaluación desarrollada se encuentra disponible
en el documento de trabajo “Hacia una Estrategia Nacional de
Integridad”.
Una vez analizadas y sistematizadas las iniciativas del PNA, se
presentó el informe de evaluación en diciembre del 2020 y se remitió a
cada organismo el análisis de las iniciativas pertinentes. Este trabajo
implicó la confección y envío de informes personalizados para 48
organismos públicos (Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete de
Ministros, 18 ministerios, 21 organismos descentralizados y 7 empresas
con participación estatal).
El propósito de estos informes fue presentar la revisión de las
iniciativas del organismo y las puntuaciones alcanzadas por cada una de
ellas. Los resultados obtenidos a partir de este análisis constituyeron
un elemento clave para la construcción colaborativa y articulada junto
a las autoridades del organismo, permitiendo enriquecer el diseño de la
ENI. En este sentido, se buscó proporcionara los organismos información
adicional sobre sus iniciativas para posibles actualizaciones y
modificaciones a los compromisos del PNA, así como reflexionar sobre
otras propuestas que resultaran de interés institucional para trabajar
en el marco de la Estrategia Nacional de Integridad.
Este trabajo se apoyó en el convencimiento del valor de fomentar la
capilaridad y transversalización de la transparencia e integridad como
también la importancia de fortalecer las habilidades y destrezas de
quienes se desempeñan como enlaces de integridad o lideran áreas sobre
la temática. Lejos de promover en forma unilateral y desde “arriba” una
única lista de recomendaciones, apostamos a la conformación de un
Sistema Nacional de Integridad que contenga una densa e intensa red de
interlocución y coordinación que permita abarcar las realidades de cada
uno de los organismos y jurisdicciones. Además, contemplando desde una
perspectiva federal, la diversidad de escenarios que componen la
articulación con los estados provinciales y los municipios de nuestro
país y que, generalmente, pueden requerir políticas específicas.
En ese marco, el equipo de la ENI ha desarrollado una gran cantidad de
acciones de sensibilización, asistencia y acompañamiento personalizado
para procurar el diseño de una Estrategia Nacional de Integridad
robusta, coordinada, innovadora y estratégica. En un comienzo, 56
organismos centralizados y descentralizados y 16 empresas con
participación pública tuvieron asistencia a través de reuniones
personalizadas para abordar la revisión de compromisos previos y la
formulación de nuevas iniciativas. Esto demandó el trabajo sostenido e
intercambio entre enlaces y áreas de integridad y el Equipo de la ENI
de manera tal que las propuestas resultantes de este proceso no solo se
adecuaran a los lineamientos establecidos como marco para la
planificación estratégica sino también dialogaran con las presentadas
con otros organismos. Este “diálogo mediado” entre organismos a través
del Equipo de la ENI permitió el intercambio de experiencias e
identificación de prácticas exportables entre organismos que enfrentan
desafíos similares.
Las reuniones virtuales y presenciales, conversaciones telefónicas,
intercambios de documentación vía correo electrónico y del sistema de
gestión documental electrónica (GDE) fueron procesos enriquecedores
que, seguramente, contribuirán al fortalecimiento de la política de
integridad al interior de los organismos, más allá de lo que el proceso
aportó a la ENI. A través de estos intercambios no solo se sensibilizó
sobre los objetivos generales de la Estrategia Nacional de Integridad,
sino que se asesoró a cada organismo en la identificación de
lineamientos estratégicos posibles atendiendo a las particularidades
sectoriales, todo ello a través de un marco colaborativo para la
construcción de las mejores propuestas posibles. Cabe destacar la
enorme predisposición de los organismos para avanzar en líneas de
trabajo más amplias y transformadoras, lo cual puso en evidencia el
compromiso político de sus máximas autoridades para el desarrollo de la
ENI. El intercambio con todos ellos sin duda fue una oportunidad única
para impulsar la transversalización de políticas de integridad a través
de propuestas concretas. Como resultado de este proceso recibimos 82
iniciativas que conforman la Estrategia Nacional de Integridad y
presentadas en el Informe de la Estrategia Nacional de Integridad.
La ENI es una herramienta flexible para la incorporación de nuevas
iniciativas a lo largo del tiempo. Uno de los aprendizajes que
obtuvimos de este proceso es que una planificación estratégica puede
tener lineamientos establecidos, pero debe ser flexible para incorporar
nuevos compromisos de organismos con voluntad de llevar acciones de
integridad a su ámbito de competencia. Por ello, aquellos organismos
que presentaron iniciativas pueden sumar otras o adicionar actividades
a medida que van completando sus metas. Esta flexibilidad hará de la
ENI una iniciativa viva y en expansión permanente.
Sobre el Consejo Asesor
Como parte del diseño de la Estrategia Nacional de Integridad,
avanzamos en la ampliación y fortalecimiento institucional de su
Consejo Asesor, asegurando una representación federal, plural y
equilibrada en su conformación con diversos sectores sociales,
académicos y con una perspectiva de género.
En este marco, la Oficina Anticorrupción amplió y robusteció la
institucionalidad del Consejo Asesor de modo que este ámbito refleje
cabalmente una representación federal, plural y equilibrada en su
conformación con diversos sectores sociales, sindicatos, centros
académicos y que cuente con una perspectiva de género, acorde a lo
establecido en la Resolución 21/2019 que le da origen. Esto aspira a
una genuina participación ciudadana en los procesos de diseño,
implementación y seguimiento de la Estrategia Nacional de Integridad.
A través de la Resolución OA 20/2020, se estableció que el Consejo
estará integrado por representantes de organizaciones de la sociedad
civil, sector privado, entidades académicas, organismos internacionales
y multilaterales, y por expertos y expertas a título personal con
interés y/o reconocida trayectoria en la temática.
Esta reconfiguración del Consejo Asesor va en el mismo sentido que lo
expresado tanto en la Convención Interamericana Contra la Corrupción,
como en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y en el
Estudio sobre Integridad en Argentina (2019) realizado por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
*Sobre la Estrategia Nacional de
Integridad en la arena Internacional*
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por
Ley 26.097, obliga a los Estados Parte a que, de conformidad con los
principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, formulen e
implementen políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que
promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del
estado de derecho, la debida gestión de los asuntos y los bienes
públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir
cuentas (Art. 5).
En esa línea, la “Declaración de Kuala Lumpur sobre estrategias de
lucha contra la corrupción” (UNODC, 2013) examina un conjunto de
directrices para las estrategias de lucha contra la corrupción que
ayudan a informar el proceso de diseño, elaboración, y aplicación de
estrategias sostenibles de lucha contra la corrupción.
En el mismo sentido, la guía práctica para “Elaboración y aplicación de
estrategias nacionales de lucha contra la corrupción”4
(UNODC, 2017), elaborada por la Oficina de Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito, brinda un marco conceptual para establecer un plan
realista, amplio e integrado de reducción de la corrupción, en pos de
lograr los objetivos establecidos en la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción. Este documento fue la base de la actividad
realizada por la Organización de Naciones Unidas y la Oficina
Anticorrupción donde funcionarios y funcionarias nacionales e
internacionales compartieron su experiencia para una adecuada
implementación en Argentina.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
también ha hecho referencia a la relevancia de contar con este tipo de
iniciativas. En las Recomendaciones de Integridad Pública de la OCDE se
destacó la necesidad del desarrollo de un sistema integral en materia
de integridad pública. En este marco, el organismo recomienda
desarrollar “...un enfoque estratégico para el sector público que se
base en datos empíricos y que tenga por objeto atenuar los riesgos en
materia de integridad pública, en concreto: a) fijando prioridades y
objetivos estratégicos para el sistema de integridad pública basados en
análisis de riesgos de infracciones de normas de integridad pública,
teniendo en cuenta aquellos factores que contribuyan a políticas de
integridad efectivas en el sector público; b) elaborando puntos de
referencia e indicadores y recopilando datos relevantes y fidedignos
sobre el nivel de ejecución, el rendimiento y la eficacia general del
sistema de integridad pública” (OCDE, 2017:7).
Esta recomendación se complementa con otra posterior realizada por el
organismo en el “Estudio de Integridad en Argentina”. Allí indicaba que
“...una Estrategia Nacional de Integridad podría proporcionar los
objetivos estratégicos del sistema de integridad y las bases para un
monitoreo centralizado y una evaluación de las políticas” (OCDE,
2019:17).
La pertinencia de adoptar una Estrategia Nacional de Integridad fue
ratificada por la OCDE en el “Informe de Seguimiento del Estudio de la
OCDE sobre Integridad en Argentina: Adoptando un Enfoque Estratégico
para la Integridad”. Este nuevo informe destaca la revisión del Plan
Nacional Anticorrupción, principalmente por identificar la ausencia de
objetivos concretos y medibles para evaluar avances. Al mismo tiempo
señala: “La ENI favorece una visión estratégica, integral, federal e
incluyente, priorizando políticas preventivas enfocadas en el diseño y
la implementación de políticas públicas para mitigar riesgos y crímenes
contra la administración pública” (OCDE, 2021:11).
La Estrategia Nacional de Integridad también resulta de relevancia para
el Plan de Acción 2019-2021 del Grupo de Trabajo Anticorrupción del
G20. Dicho plan contempla los “Principios de alto nivel para el
desarrollo e implementación de estrategias nacionales anticorrupción”,
que reconoce la varianza existente en diseño de las estrategias y la
relevancia de los diagnósticos preliminares para arribar a
planificaciones que respondan a las debilidades, fortalezas y
oportunidades identificadas (UNODC, 2019).
La ENI ha recogido toda la experiencia recogida en los documentos
elaborados en la arena internacional para diseñar una planificación
estratégica para el Poder Ejecutivo Nacional capaz de colocar a la
agenda de integridad en un lugar de centralidad. Este trabajo ha sido
reconocido en la arena internacional, razón por la cual la Oficina
Anticorrupción fue invitada a exponer en distintas actividades de alto
nivel.
El 30 de noviembre de 2020, la OA expuso junto a su par de Perú en el
marco de la reunión de Altos Funcionarios de Integridad Pública de la
OCDE, en donde destacó la relevancia del Reporte de Integridad e
informó sobre las principales acciones y avances hacia el
fortalecimiento del sistema nacional de integridad. Posteriormente, el
27 de mayo de 2021, la Oficina Anticorrupción participó junto a sus
pares de Chile, Costa Rica, Brasil, Paraguay, México, Colombia y Perú
de la presentación de los nuevos indicadores de integridad pública de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y del
avance de los países de la región en el Monitoreo de Políticas de
Integridad a nivel nacional. En ese marco, la Directora Nacional de
Etica Pública de la OA, Natalia Torres, presentó la evaluación del Plan
Nacional de Anticorrupción (PNA) y el diseño de la Estrategia Nacional
de Integridad (ENI), focalizando en la metodología de indicadores que
permitió evaluar de manera uniforme las 260 iniciativas del PNA.
Por último, el 2 de julio de 2021, se realizó la presentación virtual
del Informe de Seguimiento anteriormente mencionado. La presentación
estuvo a cargo de Jeffrey Schlagenhauf, Secretario General Adjunto de
la OCDE quien expresó: “En 2019 Argentina fue uno de los seis países de
un grupo de 11 que recibieron una revisión de la OCDE que no tenían una
estrategia de integridad y mucho ha cambiado desde ese momento”.
Destacó el desarrollo de la ENI y remarcó la labor que “la Oficina
Anticorrupción ha estado realizando con gobiernos subnacionales”. Para
finalizar, mencionó que “Argentina ha logrado mucho en el
fortalecimiento de la integridad pública, debemos utilizarlo como
fuente de información para impulsar las políticas de integridad”.
**3. Diagnóstico y abordaje de la
Estrategia Nacional de Integridad**
La Estrategia Nacional de Integridad parte de algunas premisas básicas
que reflejan un diagnóstico sobre la corrupción y un abordaje acorde
para el diseño de las herramientas más pertinentes para prevenirla
(Astarita, 2021)5. Este diagnóstico y abordaje, traducidos
en los lineamientos e iniciativas que componen la ENI, buscan repensar
de manera estratégica las políticas públicas para lograr una
transversalización de la transparencia e integridad a lo largo y ancho
de la Administración Pública Nacional.
*• La
corrupción es un fenómeno complejo que implica reconocer sus diferentes
manifestaciones a niveles históricos, sociales, culturales,
institucionales y económicos.*
Tradicionalmente el andamiaje conceptual de la corrupción se construyó
a partir de dos afirmaciones que son a priori metodológicamente
insuficientes para comprenderla. La primera es que el problema de la
corrupción parte exclusivamente del protagonismo de quienes ejercen la
función pública en desmedro de su necesaria contraparte privada. Es
decir, un fenómeno unidireccional que se debe atender en el sector
público, en el ámbito de la política y en lo que en esta órbita ocurra.
La segunda afirmación es que las prácticas corruptas son exclusivamente
un comportamiento individual en términos de la hipótesis de la
racionalidad económica, donde las personas buscan satisfacer sus
intereses y preferencias individuales por sobre el interés público.
Sin embargo, la ocurrencia del fenómeno es más compleja. El enfoque
hegemónico de la corrupción, tal como ha sido descrito, no logra
advertir lo profundamente social de la práctica, moldeada por nociones
transnacionales, relaciones de poder, desigualdad social y contextos
históricos diversos. Resulta imprescindible entonces adoptar una
perspectiva amplia que reconozca los efectos de la dominación social,
económica y cultural. En definitiva, la ENI pretende transitar aquel
sendero virtuoso en donde el abordaje de la corrupción -- y por lo
tanto sus herramientas para prevenirla -- parte desde una perspectiva
sistémica, contextualmente situada y atenta a las relaciones de poder.
*• El
fortalecimiento del Estado y el desarrollo de sus capacidades resultan
aspectos medulares en la agenda de transparencia e integridad.*
El modo de prevenir y mitigar los efectos de la corrupción son
cuestiones eminentemente políticas que exigen soluciones de la misma
índole. Dejando de lado las posturas moralistas y economicistas, la
construcción colectiva de una cultura de la integridad y transparencia
-que reivindique la política como actividad transformadora- es
necesaria y posible. En tal sentido, la ENI apunta al fortalecimiento
del Estado y sus capacidades para mejorar el diseño, implementación y
evaluación de políticas de integridad. Asimismo, se resalta la idea de
superar la "cultura de los casos" para alcanzar, en cambio, una cultura
de la integridad (OCDE, 2019: 22). Las iniciativas de creación y el
fortalecimiento de Áreas y Programas de Integridad en distintos
ministerios, organismos públicos y empresas con participación estatal
materializan esta visión en la Estrategia. Sobre este tema,
analizaremos más adelante algunas experiencias en particular.
*• Una
estrategia efectiva necesariamente debe contener una mirada preventiva
donde se contemple el enfoque de derechos humanos.*
Esto implica pasar de la actitud reactiva a una posición proactiva, con
políticas preventivas que trascienden el plano formal y logren cambios
reales y permanentes en la cultura de integridad de los organismos.
Asimismo, las medidas preventivas deben incorporar un enfoque de
derechos humanos y contemplar el impacto diferenciado de la corrupción
en las mujeres, diversidades y otros colectivos vulnerables. Para la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la discriminación y la
corrupción se intersectan y operan de forma simultánea reproduciendo la
opresión de ciertos grupos sociales contra otros (CIDH, 2019: 60). Por
eso, la ENI incorpora la perspectiva de derechos humanos, jerarquizando
la política preventiva y contemplando en ella las distintas formas de
dominación y desigualdad que potencian a la vez que (re) producen la
corrupción. Esta mirada, aún sub-explorada, permite enriquecer el campo
de trabajo en la materia preventiva y la integración con otros
compromisos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y obligaciones en materia de derechos humanos.
*• Una
amplia participación ciudadana constituye una forma clave para prevenir
actos de corrupción y propagar una cultura de la integridad.*
En los niveles de complejidad, diversidad y heterogeneidad que tiene
hoy la hechura de la política pública se vuelve indispensable promover,
asegurar y construir una agenda de participación social creciente en
todos los niveles de incumbencia del Estado. A tal fin, resulta valioso
contar con políticas de acceso a la información y con herramientas de
transparencia que permitan generar intercambios con la ciudadanía y
alimentar formas innovadoras de participación.
En esa línea, la participación ciudadana constituye una forma clave
para prevenir actos de corrupción y propagar una cultura de integridad.
Este desafío nos exige un trabajo plural, donde todos los sectores sean
representados y todas las voces escuchadas. Aspiramos entonces a una
genuina participación ciudadana, no solo en los procesos de rendición
de cuentas y en el control gubernamental ex-post. Promovemos también el
involucramiento de la sociedad y de sus organizaciones en el diseño e
implementación de políticas de integridad y transparencia, considerando
recomendaciones de organismos internacionales (UNODC, 2017:10). Esto se
plasma, por un lado, en la ampliación del Consejo Asesor y, por otro
lado, en distintas iniciativas de la ENI cuyas instancias de
participación no se agotan únicamente en canales formales, sino que
incluyen otras herramientas de participación efectiva.
*•
Adoptar una perspectiva federal es imprescindible en el fortalecimiento
de las políticas de integridad y transparencia.*
El impulso de las políticas de transparencia e integridad requiere de
un esfuerzo mayor que la acción de uno o varios organismos
centralizados y especializados de la Administración Pública Nacional.
El ordenamiento federal de nuestro país vuelve imprescindible la
cooperación intergubernamental entre el Estado Nacional y los gobiernos
provinciales y municipales para alcanzar un Sistema Nacional de
Integridad. La exigencia de un trabajo articulado y colaborativo a
nivel federal ha sido mencionada como un espacio para trabajar en
mecanismos de seguimiento de la temática. Así, la Convención
Interamericana contra la Corrupción ratificada por Ley 24.759 y su
Mecanismo de Seguimiento velan por la promoción de este instrumento en
los ámbitos provinciales y municipales (OEA, 2017: 3). Más
recientemente, el Decreto 650/2019 invita a las provincias y municipios
a replicar la experiencia nacional de los Enlaces de Integridad en sus
respectivas jurisdicciones. El lineamiento “Promoción de políticas de
integridad y transparencia en provincias y municipios”que incorpora la
ENI abarca acciones concretas para transversalizar la transparencia con
perspectiva federal, contemplando la complejidad y la diversidad de
escenarios que componen las provincias y municipios de nuestro país.
*• La
corrupción tiene estrecha vinculación con la influencia indebida,
ilegítima o ¡legal que ejerce el poder económico sobre el poder
político.*
Como problema históricamente situado, la corrupción a nivel local y
regional tiene estrecha vinculación con la influencia indebida,
ilegítima o ilegal que ejerce el poder económico sobre el poder
político. Como ha señalado la OCDE, dada la intensidad de las
relaciones entre el sector público y los sectores empresariales, los
conflictos de intereses cobran vital importancia a la hora de pensar
políticas de integridad y transparencia (OCDE, 2005: 15). La ENI
incorpora este abordaje como parte de su planificación estratégica con
la intención de generar amplios ecosistemas de integridad. Acciones
como el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y
Entidades (RITE), el fortalecimiento de los mecanismos de conflictos de
intereses para prevenir el fenómeno de “puerta giratoria” y la
publicidad de los beneficiarios finales de las empresas proveedoras del
Estado contribuyen en este sentido.
*•
Atender de forma preventiva la relación entre los flujos financieros
ilícitos y su interacción con las distintas formas de corrupción.*
La corrupción no debe centrarse exclusivamente en el ámbito local ni
mucho menos a las conductas individuales. Los flujos financieros
ilícitos (FFI), que hacen referencia a aquellos generado por métodos,
prácticas y delitos destinados a transferir capital financiero fuera de
un país en contravención de las leyes nacionales o internacionales, nos
enseñan que este es un fenómeno transnacional en donde sus actos operan
en muchas oportun i dades a escala internacional (OCDE, 2014:15). Ellos
también ilustran la necesidad de adoptar una visión sobre la corrupción
más amplia y compleja que la pregonada por las miradas clásicas. La ENI
recepta iniciativas específicas para atender los flujos financieros
ilícitos por parte de organismos especializados como es la Unidad de
Información Financiera (UIF), la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Banco
Central (BCRA) y el Banco Nación (BNA), entre otros.
*• La
construcción colectiva y basada en evidencia como vía elemental para
diseñar e implementar estrategias eficaces de integridad y
transparencia.*
Por último, queremos resaltar que la apuesta de la ENI parte de la idea
de que la construcción colectiva y basada en un diagnóstico previo es
la mejor vía para diseñar e implementar medidas eficaces de integridad
y transparencia. Avanzar hacia una cultura de integridad en el Estado
Nacional requiere indudablemente de la articulación permanente de toda
la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada.
Donde además cada uno de los organismos y jurisdicciones respondan a
sus propios desafíos que emergen de cada contexto y lógica sectorial,
de acuerdo a la evidencia y saberes acumulados. La Estrategia Nacional
de Integridad es el resultado del trabajo colaborativo de 12
Ministerios, Jefatura de Gabinete de Ministros, 25 organismos públicos,
11 Empresas con Participación Estatal y la Mesa Nacional de Integridad
y Transparencia, junto a la elaboración planificada de 89 iniciativas
estratégicas y transformadoras. Acciones diseñadas a partir de una
serie de criterios que permiten dar cuenta de su integralidad, impacto
social, marco institucional y marco internacional.
**4. Objetivos prioritarios de la
Estrategia Nacional de Integridad**
En línea con las Convenciones Internacionales contra la Corrupción de
la ONU, la OEA y la OCDE, la ENI proporciona un horizonte de sentido
para la incorporación de la perspectiva de transparencia en la gestión
pública y, además, agrupa estratégicamente actividades concretas y
medibles para la ejecución por parte de los organismos y para el
seguimiento de la ciudadanía.
La ENI traza una hoja de ruta para el accionar de los organismos. Sus
objetivos prioritarios, es decir sus lineamientos estratégicos, se
encuentran vinculados con una mirada específica sobre el fenómeno de la
corrupción, como se expuso anteriormente. En ella, se despliega un
núcleo básico de iniciativas que puedan ser transversalizadas,
compartidas e implementadas con la mayor capilaridad y amplitud posible
entre los organismos, las empresas con participación estatal y otros
entes estatales de la Administración Pública Nacional.
Este núcleo básico y común propone un conjunto de cinco líneas de
trabajo destinadas a promover el fortalecimiento institucional, ampliar
el desarrollo de capacidades estatales, generar entornos de integridad
y potenciar el carácter federal de las políticas de integridad y
transparencia. Cada una de las líneas de trabajo incorpora distintos
tipos de actividades identificadas a priori como clave para
transversalizar la transparencia e integridad en el Estado Nacional.
[IMG]
Ello permite, por un lado, organizar las iniciativas de los organismos
en el Mapa de la Acción Estatal de forma tal que el Consejo Asesor,
organismos públicos, sector privado, sociedad civil y toda persona
interesada pueda hacer un seguimiento de ellas, así como también una
lectura holística de la información disponible. Por otro lado, agrupa
conjuntos de actividades en clusters
específicos en pos de fomentar el trabajo articulado de los organismos.
Esto innova sustancialmente en relación a los mecanismos de la política
de integridad y transparencia, nutriendo por ende el trabajo
colaborativo y articulado que se propone la ENI.
**Lineamientos e
iniciativas de la Estrategia Nacional de Integridad**
El ejercicio colectivo en el diseño de la ENI deja como resultado un
variado universo de iniciativas estratégicas y transformadoras, al
mismo tiempo que permite avanzar en el fortalecimiento de la
capilaridad para el desarrollo de las políticas de integridad y
transparencia en el Estado Nacional. En relación a lo primero, esto se
ve reflejado en la cantidad de compromisos asumidos por los organismos
en función de los lineamientos estratégicos. Todos los lineamientos
abarcan al menos una iniciativa. Sin embargo, algunas de esas líneas de
trabajo son más representativas que otras en la ENI, esto se conecta
con lo segundo. La experiencia de este trabajo colaborativo evidenció
la necesidad de redoblar los esfuerzos para desarrollar dentro de los
organismos, espacios o programas capaces de albergar políticas de
integridad. El diseño de las políticas requiere de instituciones
robustas que puedan diseñar, coordinar e implementar una estrategia
preventiva eficaz. No es casual entonces encontrar que el lineamiento
estratégico “fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades
estatal” sea el que mayor número de iniciativas tiene presentadas en el
marco de la ENI. Esto lo podemos visualizar en el siguiente gráfico que
representa la cantidad de iniciativas presentadas por los organismos en
función del tipo de lineamiento estratégico:
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Los compromisos asumidos por los organismos en la ENI tienen otra
característica central: su integralidad. Cada una de las iniciativas
contiene una o varias actividades a implementar de forma tal que
propicien entornos de integridad y sean consistentes con una política
estratégica de transparencia y lucha contra la corrupción. De un
análisis holístico podemos encontrar que las acciones de capacitación,
formación y sensibilización; acceso a la información y transparencia
activa y la mejora de la transparencia e integridad en compras,
contrataciones y obra pública son las más representativas en el marco
de la ENI. Esto también traduce las necesidades identificadas a priori
por los organismos como espacios de trabajo donde los esfuerzos de la
política de integridad y transparencia requiere ser focalizados.
El siguiente gráfico muestra los tipos de actividades más representadas
en función de la cantidad de actividades que contiene hoy la ENI.
[IMG]
Lineamiento 1
Fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades estatales
Como parte de esta línea de trabajo se busca promover acciones, medidas
y programas que apunten a robustecer la institucionalidad de los
organismos y desarrollar una mejor gestión de lo público. Para eso se
consideraron prioritarias aquellas iniciativas que apunten a:
- *Creación y/o fortalecimiento de
áreas y programas de integridad y transparencia:*
aquellas iniciativas que apunten a la creación de unidades de
transparencia o programas específicos de integridad resultan clave para
fortalecer la transversalización de una política integral de
transparencia. Estos espacios y acciones proporcionan herramientas
concretas para la gestión, asistencia para el desarrollo de políticas,
conocimiento para prevenir irregularidades y recursos para responder
frente a ellas.
[IMG]
En el marco de esta acción, hay dos cuestiones que merecen especial
análisis. En primer lugar, el universo de iniciativas que contemplan la
creación y/o fortalecimiento de un programa de integridad. La
experiencia de trabajo enseñó que en aquellas dependencias en las que
el desarrollo de políticas de transparencia no tenía antecedentes
institucionalizados o formalizados optaron por incorporarse en la ENI a
través de la creación de programas de integridad en su jurisdicción.
Este es el caso de INTI, INSSJP y el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, entre otros. De esta forma pudieron dar un importante paso a
partir de planificar un conjunto de actividades (acciones formativas,
lineamientos de integridad, códigos de ética) que fortalezcan sus
capacidades. Por el contrario, en los casos de organismos que ya tenían
un programa en marcha, optaron por profundizar ese camino a través de
su fortalecimiento, como por ejemplo Aerolíneas Argentinas, Belgrano
Cargas y Logística, AySA e Intercargo, entre otros.
En segundo lugar, se destaca el universo de actividades que contemplan
la creación de áreas de transparencia. La Oficina Anticorrupción avanzó
sostenidamente desde el 2020 en la promoción de la creación de áreas de
transparencia tras advertir el importante trabajo desarrollado por los
y las enlaces jurisdiccionales y por el impacto positivo que ello puede
generar en la jerarquización y en la capilaridad de las políticas de
integridad. Al momento de elaborar este informe, el Poder Ejecutivo
Nacional cuenta con 48 áreas constituidas formalmente. Entre ellas, 13
corresponden al ámbito ministerial y 35 a otros organismos del sector
público nacional.
El siguiente gráfico visualiza progresivamente el aumento en números de
áreas de transparencia creadas a partir de diciembre de 2019 hasta el
momento de elaboración de este documento:
[IMG]
El detalle de las áreas de integridad se encuentra en el Anexo I “Areas
de integridad y transparencia de la Administración Pública Nacional”.
- Mapas de riesgo:consideramos
de relevancia aquellas iniciativas que desarrollen mapas de riesgo para
identificar potenciales situaciones de ilícitos o prácticas contrarias
a la ética pública en áreas clave. Estos diagnósticos organizacionales
pueden contribuir a la generación de diseños institucionales y
políticas de integridad.
[IMG]
La ENI incorpora un variopinto conjunto de jurisdicciones comprometidas
en desarrollar y/o fortalecer sus mapas de riesgos. Este es el caso de
empresas con participación estatal como Aerolíneas Argentinas,
Intercargo y AySA; además de organismos de la administración
centralizada como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Obras Públicas. Por
último, organismos descentralizados y desconcentrados como la CNV,
INSSJP y SENASA también presentaron actividades en esta línea.
- *Capacitación, formación y
sensibilización:*toda
iniciativa que impulse el desarrollo de programas de capacitación que
acompañen a los y las funcionarias públicas y agentes en el diseño de
políticas resulta de interés a la Estrategia Nacional de Integridad,
principalmente aquellas que atiendan a la realidad organizacional,
fortaleciendo sus capacidades para el diseño, adaptación e
implementación de políticas de integridad y transparencia públicas.
Estas actividades deben estar orientadas a satisfacer necesidades
identificadas en el ámbito sectorial o a partir de las realidades
organizacionales propias de cada entidad.
[IMG]
La ENI incorpora un conjunto de organismos comprometidos en actividades
de capacitación y formación, este es el caso del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Desarrollo Social, el
Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, el Ministerio de Salud,
el Ministerio de Turismo y Deportes, la Superintendencia de Seguros de
la Nación (SSN), IGJ, ANSES, AySA, entre otros.
Hay aspectos que merecen especial atención. Primero, todas aquellas
iniciativas que crean o fortalecen programas de integridad en el marco
de la ENI contemplan de alguna u otra forma el desarrollo de
actividades de capacitación. Este tipo de actividad se consolidó como
una pieza clave en la caja de herramientas que los organismos
consideran para profundizar la política de integridad. Luego, hay
algunos casos en que estas actividades se ejecutan en ámbitos
completamente innovadores. Por ejemplo, el Ministerio de Seguridad
incorpora distintas actividades de capacitación en materia de
integridad, ética pública, compras y contrataciones, conflicto de
intereses y transparencia a funcionarios, funcionarías y agentes de las
fuerzas policiales y de seguridad. Por último, hay iniciativas como la
de la Oficina Anticorrupción y de la Secretaría de Gestión y Empleo
Público que buscan avanzar en la creación de programas integrales que
habiliten la planificación e implementación de actividades de
capacitaciones y otras acciones formativas. Este es un eje que resulta
fundamental en la transversalización de la transparencia y la
prevención.
- *Reforma y actualización de
normativa:*
será de relevancia contar con iniciativas que apunten a fortalecer y
actualizar los marcos legales en materia de ética pública, conflictos
de intereses, compras y contrataciones, transparencia activa y
participación ciudadana.
[IMG]
Una de las principales acciones es una iniciativa propia de la Oficina
Anticorrupción que impulsa un proyecto de reforma a la Ley 25.188 de
Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Esta iniciativa consiste
en generar un nuevo cuerpo normativo en materia de integridad pública
con un enfoque de derechos humanos y especial énfasis en la
incorporación de la perspectiva de género a lo largo de dicha norma. El
proyecto además será fruto de un proceso de elaboración participativo
de normas que contemple la participación y los aportes de distintos
sectores.
Lineamiento 2
Desarrollo de políticas públicas de transparencia e integridad
Como parte de esta línea de trabajo se busca promover mecanismos,
acciones, lineamientos y políticas concretas que apunten a mejorar los
entornos de integridad, generar cruces de perspectivas y elevar los
niveles de transparencia de la gestión. Para eso, se consideraron
prioritarias aquellas iniciativas que apunten a:
- *Mecanismos para mejorar la
transparencia e integridad de los procesos de*compras,
contrataciones y obra pública: la Estrategia Nacional de Integridad
debe contemplar las iniciativas que desarrollen mecanismos en los
procedimientos de compras, contrataciones y obra pública que promuevan
el respeto de la normativa vigente y los principios de transparencia,
publicidad, legalidad e igualdad, atendiendo a las particularidades y
necesidades del organismo.
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Dentro de este conjunto de actividades se pueden destacar propuestas
transformadoras como la del Ministerio de Obras Públicas. Este
organismo incorpora a la ENI su Observatorio de la Obra Pública. Un
espacio de participación institucional, donde universidades públicas y
privadas, organizaciones de la sociedad civil, de cámaras empresarias y
demás actores vinculados al proceso de contratación y ejecución de la
obra pública, llevan adelante iniciativas concretas destinadas a
aumentar la transparencia, la integridad, la eficiencia, la eficacia y
la innovación en los sistemas de contratación, ejecución y monitoreo de
la obra pública. Además de este organismo, diversas jurisdicciones
incluyen en sus iniciativas actividades de este tipo, como por ejemplo
la Oficina Nacional de Contrataciones de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, INTI, AFIP, ANSES, ADIFSE, SOFSE, Télam, INAES, Ministerio
de Salud, Ministerio de Economía, entre otros.
- *Fortalecimiento de los sistemas de
gestión de los conflictos de intereses y declaraciones juradas y
patrimoniales:*las
iniciativas que contribuyan al complimiento de la normativa vigente
sobre conflictos de intereses y la presentación y control de
declaraciones juradas resultan estratégicas para la planificación.
Asimismo, se valorarán aquellas iniciativas tendientes a analizar y
gestionar los fenómenos de captura de la decisión pública por parte de
intereses privados o sectoriales.
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Son varios los organismos que impulsan actividades para mejorar los
niveles de integridad en materia de gestión de conflictos de intereses
y DDJJ. Este es el caso del Ministerio de Salud, Ministerio de
Transporte, Ministerio del Interior, Aerolíneas Argentinas, ANSV, BNA,
CNV, INSSJP, INTA, entre otros.
En particular se destaca el Sistema
de Monitoreo de Actividades Privadas Anteriores y Posteriores al
Ejercicio de la Función Pública
impulsado por la Oficina Anticorrupción. El objetivo de esta acción es
la construcción de un registro para el cotejo y verificación del
cumplimiento de las normas de ética pública relacionadas con las
actividades privadas anteriores y posteriores a la función pública en
el Poder Ejecutivo Nacional. El registro será de acceso público de
manera tal de generar una herramienta de transparencia activa para el
monitoreo ciudadano del pre y post empleo.
En un sentido similar, a efectos de prevenir los procesos de captura de
la decisión pública, dentro de las iniciativas propuestas por Jefatura
de Gabinete de Ministros se incluye una actividad para el diseño de una
metodología sobre la identificación de riesgos de captura de la
decisión pública, y herramientas para mitigarlos.
- Canales de consulta y denuncia:
Generar un sistema integrado y coordinado de canales de consultas y
reportes de irregularidades para los distintos organismos, ECPEs y
otros entes estatales de la Administración Pública Nacional.
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Dentro de los organismos que proponen implementar o fortalecer sus
canales de consulta y denuncia encontramos al Ministerio de Salud,
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Economía,
INSSJP, INTI, CNRT, BCRA, BNA, AySA, Aerolíneas Argentinas, entre otros.
- *Lineamientos de transparencia y
guías orientativas:*
consideramos estratégica toda iniciativa que apunte a elaborar
documentos y lineamientos de transparencia, integridad y rendición de
cuenta para programas o políticas sectoriales específicas. También en
el desarrollo y difusión de guías orientativas para promover los
principales deberes, principios, incompatibilidades y obligaciones
entre los y las funcionarias y agentes de las dependencias.
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Son varios los organismos que impulsan la elaboración de lineamientos
de transparencia y/o guías que sean orientativas para mejorar los
entornos de integridad. Este es el caso del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, ANSES, entre otros.
- *Lineamientos básicos para la
elaboración y armonización de los códigos de*ética
en la Administración Pública Nacional: resultan de parti cular interés
aquellas iniciativas que tiendan a armonizar los desarrollos de códigos
en organismos con la normativa vigente.
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Distintas jurisdicciones incorporan en sus acciones la elaboración de
códigos de ética. Al igual que las actividades de capacitación, este
tipo de actividad forma parte del set de herramientas con la cual los
organismos cuentan para impulsar la política preventiva a través de sus
programas de integridad. En este sentido, podemos encontrar al
Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Obras Públicas, el INSSJP, la
AFIP, entre otros. Dentro de las propuestas realizadas por Jefatura de
Gabinete de Ministros, se incluye también una actividad específica para
brindar acompañamiento a los organismos en este tipo de procesos.
- *Incorporación de la perspectiva de
derechos humanos y de género en la*política de transparencia:
se considerará prioritaria aquella política que busque trabajar sobre
la interseccionalidad de problemáticas y considere la perspectiva de la
burocracia a nivel de la calle.
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En relación a las políticas de derechos humanos que incorporan la
perspectiva de transparencia encontramos a la iniciativa del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos que apunta al “Fortalecimiento en la
gestión de los expedientes que tramitan reparaciones frente a
violaciones de derechos humanos”.
Respecto al cruce de perspectivas en género e integridad la ENI
incorpora un conjunto de actividades de distintos organismos de la
administración centralizada. El Ministerio de Mujeres, Género y
Diversidad promueve la asistencia técnica a organismos para profundizar
en el cruce de la perspectiva de género, diversidad e integridad. El
Ministerio de Economía contempla como actividad la “publicación de
datos e información relativas a la perspectiva presupuestaria de género
y niñez”. El Ministerio de Seguridad, en el marco de la iniciativa
sobre "programa de integridad en las fuerzas policiales" incorpora como
actividad específica un Registro Institucional de Denuncias de Género
en la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
En cuanto a los organismos de la administración descentralizada, el
Banco Central (BCRA) presenta una iniciativa específica para
"Transversalizar la perspectiva de género y DDHH en la política de
transparencia e integridad del BCRA" con acciones como "Mantener un
Código de Ética actualizado en temáticas referidas a Género y DDHH",
"Incorporar la variable género a las políticas anticorrupción a través
del impulso de mujeres y personas LGBTIQ+ a los puestos de conducción".
La Comisión Nacional de Valores (CNV) en el marco de su Programa de
Integridad también contempla la adopción de un protocolo propio de
violencia de género y acoso laboral. Luego, Aerolíneas Argentinas e
IOSFA tienen en como actividades la creación de unidades especializadas
en género y diversidad. Por último, AySA en el marco del
fortalecimiento a su Programa de Integridad se contempla la
incorporación de la perspectiva de género en las normas internas,
licencias, comunicación no sexista y actividades formativas en materia
de género e integridad.
La ENI también contempla actividades que promueven la integridad y
transparencia en la burocracia a nivel de calle. Tanto el Ministerio de
Transporte como la CNRT presentan como iniciativa un programa de
integridad para fiscalizadores y operadores territoriales de transporte
de pasajeros y carga. ACUMAR además contempla actividades para
incorporar la perspectiva de integridad y transparencia en la Red de
Adecuación Ambiental de la Cuenca, un espacio de interacción clave en
la evaluación del desempeño ambiental de aquellos establecimientos
radicados en el ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo.
Lineamiento 3
Acceso a la información pública, participación ciudadana y vinculación
con el sector privado.
Esta línea de trabajo refleja tres actividades estrechamente
vinculadas. Primero, apunta al fortalecimiento holístico del ecosistema
de acceso a la información pública en el Estado Nacional que va desde
el desarrollo de herramientas tecnológicas hasta la mejora en los
procesos de respuesta a los pedidos de acceso a la información.
Segundo, a la promoción de mecanismos de participación ciudadana que
permitan la inclusión de la ciudadanía tanto en la elaboración de
normas como en el diseño e implementación de las políticas públicas.
Por último, la vinculación entre sector público y privado en pos de
ampliar los entornos de integridad y transparencia. Para eso, se
consideran prioritarias:
- *Acceso a la información y
transparencia activa:*se
considerarán iniciativas que apunten a la apertura de información
relacionada a licitaciones, compras y contrataciones, articulación
público-privada, ejecución presupuestaria, transferencias e informes de
auditoría, entre otros. Como también la implementación de una política
que considere todo el ciclo de producción del bien público de la
información y no sólo su accesibilidad.
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La ENI presenta distintas actividades en este campo que merecen ser
destacadas. Una es el fortalecimiento del Observatorio de la Seguridad
Social de ANSES. Asimismo, el Ministerio de Economía participará en la
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) y
en la implementación de sus estándares, tanto en el ámbito nacional
como subnacional. Otros organismos por ejemplo prevén la generación de
aplicativos móviles para promover el acceso a la información (AySA,
Banco de la Nación Argentina) y el desarrollo de portales específicos
de transparencia activa (CONICET, INTA, Intercargo y el Ministerio de
Salud). Por su parte, la Secretaría de Gestión y Empleo Público, ha
propuesto en el marco de la ENI el fortalecimiento del sistema de
información Mapa de la Acción Estatal (MAE)6 a través del
desarrollo de una Interfaz Ciudadana del MAE, y la inclusión de una
plataforma para el seguimiento y la evaluación de la ENI completamente
abierta a toda la ciudadanía. El módulo específico para la ENI alberga
todas las iniciativas presentadas por los organismos, como también sus
respectivos grados de avances. De consulta abierta al público, toda
persona puede conocer de manera centralizada las iniciativas
presentadas por los organismos y seguir los niveles de implementación
que se reporten en el sitio.7
- Mecanismos de participación social:
se consideran de relevancia aquellas iniciativas que apunta a generar
mecanismos y oportunidades de participación como audiencias públicas,
veedurías, elaboraciones participadas de normas, mecanismos de consulta
y cualquier otra herramienta innovadora que permita el involucramiento
de la ciudadanía en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación
de políticas públicas. En este marco, podría también considerarse la
posibilidad de incluir a organizaciones sociales y de la sociedad civil
en procesos operativos claves, tales como planeación y seguimiento de
políticas.
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En el marco de sus iniciativas, varios organismos prevén actividades de
participación social. Entre ellos se encuentra el Ministerio de Obras
Públicas que en el marco de la iniciativa Mapa de Inversiones considera
mecanismos de participación para mejorar la producción y publicación de
información en la plataforma. También el Organismo Regulador de
Seguridad de Presas (ORSEP) apunta al desarrollo de encuestas a la
población que le permitirán medir los riesgos de las obras que lleva
adelante, y así implementar acciones para la prevención y mitigación.
Otros organismos como el Ministerio de Transporte y la CNRT en el marco
de su programa de integridad para fiscalizadores contemplan actividades
de diseño participativo de las estrategias de intervención de las
políticas.
- *Políticas de transparencia con el
sector privado:*
Las iniciativas de articulación con actores del sector privado son
clave para ampliar el campo de entendimiento y acción de las políticas
anticorrupción. En este sentido, resulta relevante identificar a
interlocutores que tengan interés en el diseño, implementación y
seguimiento de políticas públicas, generando una coordinación hacia
afuera de los organismos.
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En este universo de actividades e iniciativas se destaca principalmente
el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades
(RITE) 8que la Oficina Anticorrupción impulsa con el apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). Distintos organismos prevén la
inscripción al RITE de las organizaciones a quienes asisten,
proveedores de bienes y servicios como también a aquellas entidades que
integran su cadena de valor como requerimientos de contratación. Entre
ellos, se destacan el Ministerio de Salud, INAES, Aerolíneas Argentinas
y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIFSE).
Por otro lado, cabe mencionar la iniciativa de Trenes Argentinos
Operaciones (SOFSE) donde se prevé implementar un Sistema de Gestión
Antisoborno en el área de compras y contrataciones.
- *Herramientas tecnológicas y
recursos digitales.*Las
iniciativas que apunten a la implementación de herramientas
tecnológicas permiten operativizar algunas políticas públicas, mejorar
la gestión a partir de la construcción de datos basados en evidencia y
facilitar la rendición de cuentas, permitiendo al ciudadano acceder a
la información de manera sencilla. En este sentido, se puede efectuar
un diagnóstico de las herramientas informáticas y a partir de allí
definir los estándares que permitan integrar las diferentes plataformas
y evaluar las plataformas que mejor se adecuen a las prácticas de
transparencia e integridad del contexto del organismo.
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Son varios los organismos que proponen implementar herramientas
tecnológicas y recursos digitales. Este es el caso de Aerolíneas
Argentinas, CONICET, IGJ, Ministerio de Seguridad, Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Salud, Ministerio de Turismo
y Deportes, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Interior,
ORSEP, SSN, UIF, entre otros.
Hay casos innovadores que merecen especial atención. Por ejemplo, AySA
por su parte incorpora el desarrollo de un tablero de seguimiento de
las obras de agua y saneamiento que tendrá acceso público junto con el
desarrollo de una aplicación móvil para interacción con las y los
usuarios del servicio.
En el ámbito ministerial, el Ministerio del Interior contempla mejorar
la gestión de la información sobre el financiamiento partidario y
electoral, así como unificar los formatos de la información estadística
electoral para disponerla en datos abiertos. Esto permitirá la consulta
ciudadana y explotación de datos por parte del público interesado. Por
su parte, el Ministerio de Obras Públicas desarrollará su Plan
Estratégico de Transformación Digital que consiste en un set de
herramientas tecnológicas para mejorar la transparencia, participación
y eficacia de la obra pública en el ámbito nacional.
Lineamiento 4
Fortalecimiento de la transparencia e integridad en la política
sectorial y Empresas con Participación Estatal (EcPEs)
El contexto importa. Bajo esta premisa básica entendemos que el
fortalecimiento de la transparencia y la integridad debe atender a las
lógicas y particularidades de cada sector. Ello implica responder a
desafíos concretos que emergen de contextos particulares y a veces
disímiles entre sí.
Uno de los objetivos principales de este lineamiento estratégico es
apoyar el desarrollo de políticas de integridad y transparencia en
Empresas con Participación Estatal en Argentina. Serán consideradas
prioritarias aquellas iniciativas que apunten a promover la adecuación
del marco normativo de integridad y transparencia en el ámbito de las
Empresas Públicas Estatales resultan de relevancia. En particular, se
considerarán aquellas acciones que analicen especialmente lo relativo
a: Régimen de Obsequios y Viajes, Declaraciones Juradas Patrimoniales,
Incompatibilidades, Conflictos de interés, Contrataciones públicas,
relaciones con sus cadenas de valor, entre otros.
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Distintas EcPEs han presentado iniciativas para promover la integridad
y transparencia, que incluyen la capacitación y sensibilización del
directorio y agentes, la generación de códigos, protocolos y políticas
para la prevención de hechos de corrupción en el ámbito de las
entidades y en la interacción con terceras personas. Muchas de ellas
contaban con programa de integridad y en el marco de la ENI han optado
por fortalecerlos. A la fecha de elaboración de este documento, se
incorporaron iniciativas de 11 ECPEs: Administración de
Infraestructuras Ferroviarias
S.E. (ADIFSE), Aerolíneas Argentinas S.A. (AA), Agua y Saneamientos
Argentinos S.A. (AYSA), Belgrano Cargas y Logística S.A. (BCyL),
Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. (CPM), Desarrollo del Capital
Humano Ferroviario S.A.P.E.M. (DECAHF), Ferrocarriles Argentinos S.E.
(FASE), INTERCARGO S.A.U., Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE), Radio y
Televisión Argentina S.E. (RTA) y TELAM S.E. Entre ellas, se destacan
las iniciativas presentadas por Aerolíneas Argentinas, AYSA y las
empresas vinculadas al sector ferroviario. Algunas de ellas además
prevén actividades para incorporar tanto a sus organizaciones como
también a su cadena de valor al RITE. En este grupo se encuentran:
ADIFSE, Aerolíneas Argentinas y SOFSE.
Por otro lado, cabe señalar la iniciativa de la Oficina Anticorrupción
que cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
para promover políticas de integridad y transparencia en este ámbito.
En este proyecto se trabajó durante el 2021 en determinar el alcance de
los marcos normativos y políticas de integridad y transparencia en el
ámbito de este tipo de empresas. Como resultado de este trabajo se
elaboró una guía para el desarrollo de políticas de integridad en
Empresas con Participación Estatal. Mediante esta iniciativa se
procurará difundir el contenido del material para promover el
fortalecimiento de las políticas en este ámbito.
Además del trabajo con las empresas con participación estatal, se
consideran prioritarias para este lineamiento aquellas iniciativas que
apunten a trabajar en:
- *Mecanismos de transparencia e
integridad en la política social:*
se privilegiarán las iniciativas que atiendan los desafíos que trae
consigo la emergencia en los sectores de salud, ambiente y desarrollo
social (transferencias y subsidios). Las iniciativas incluidas aquí
buscan crear entornos de integridad y mecanismos de transparencia en
las políticas sociales, incluyendo aquellas en la gestión en el marco
de la emergencia por el COVID-19.
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En esta línea se destacan las actividades de cuatro organismos. En
primer lugar, el Ministerio de Salud contempla la implementación de un
Programa de Integridad y en particular generar mecanismos de integridad
en el control de insumos y bienes adquiridos como también en su
distribución a las jurisdicciones provinciales y municipales. Luego, el
Ministerio de Desarrollo Social impulsa la creación de un Mapa de
Inversión Social para incrementar los niveles de transparencia e
integridad en áreas y programas sociales. Esto prevé la publicación de
información y varios sets de datos de indicadores de gestión de
programas sociales. Además, el Ministerio de Turismo y Deporte en su
Programa de Integridad contiene actividades de fortalecimiento a los
mecanismos de becas y transferencias a clubes y asociaciones civiles de
deportes. Por último, INAES incorpora la creación de su Programa de
Integridad y transparencia que impulsa la incorporación de las
cooperativas, mutuales y otras entidades del sector asociativo en el
Registro de Integridad y Transparencia (RITE).
Lineamiento 5
Promoción de las políticas de integridad y transparencia en provincias
y municipios
Una de las agendas principales de la Oficina Anticorrupción es la de
impulsar el cumplimiento de los mandatos de las Convenciones
Internacionales en materia de transparencia y lucha contra la
corrupción (ONU, OEA, OCDE), promoviendo la colaboración y el trabajo
conjunto con los gobiernos provinciales y municipales.
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En este marco, y con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), la OA presenta en el marco de la ENI una
iniciativa específica que se encuentra dirigida a propiciar
articulaciones con las provincias y los municipios a partir de la
cooperación y la asistencia técnica en el diseño e implementación de
políticas de transparencia e integridad en esas jurisdicciones, así
como un plan de capacitaciones en integridad pública.
5. Implementación y seguimiento
La “Ficha Técnica para la Evaluación y Presentación de Iniciativas” fue
un instrumento clave para homogeneizar la incorporación de propuestas
en la Estrategia y facilitar su posterior carga y seguimiento en el
Mapa de la Acción Estatal. Su formato garantiza que cada iniciativa
presentada cuente con un nombre claro, una descripción adecuada con sus
principales características principales e indicación sobre la
problemática que apunta a resolver. También solicita información sobre
la planificación e indicadores de seguimiento.
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Este instrumento nos permitió organizar y uniformizar la planificación
de iniciativas de los organismos. La necesidad de dar cuenta de manera
precisa a la problemática que busca atender obliga a la realización de
diagnósticos y a una reflexión inicial sobre los riesgos a los cuales
se pretende atender. La descripción de la iniciativa busca atenuar la
vaguedad, algo que se complementa con la necesidad de precisar cada una
de las actividades que deben desarrollarse para cumplir con la
iniciativa propuesta.
Para reforzar la capacidad descriptiva del instrumento y facilitar el
seguimiento y monitoreo de cada elemento de la ENI, se solicitó que
cada actividad provea indicadores que den cuenta del grado de avance en
la ejecución. De este modo, la ENI ganó en capacidad descriptiva: no se
cuenta solo con iniciativas, sino con iniciativas con información
detallada, actividades para la implementación e indicadores para
facilitar el seguimiento de la ejecución de las metas propuestas. Al
momento de la elaboración de este informe, la Estrategia Nacional de
Integridad cuenta con 1124 indicadores de seguimiento.
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Como sucede con todo proceso de relevamiento de información, el
intercambio con cada uno de los organismos fue generando algunos
aprendizajes que fueron clave para la sistematización de la información
y disponibilización de datos en el Mapa de la Acción Estatal.
El intercambio con los organismos nos mostró que las iniciativas podían
ser mucho más integrales y contener actividades o componentes de alta
complejidad. Los organismos avanzaron en la generación de programas de
integridad sobre los cuales no resultaba aplicable ya la variable de
tipo de iniciativa sino que esa variable resultaba más pertinente de
ser evaluada en relación a las actividades que componían los programas
de integridad. En función de esta novedad, la sistematización de
información desarrollada por el Equipo ENI tomó como variable
clasificatoria de la iniciativa al lineamiento al cual se corresponde y
creó una nueva variable denominada tipo de actividad, aplicada a los
componentes de las iniciativas.
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La sistematización de esta información fue volcada en una matriz con
los siguientes campos: organismo, iniciativa, lineamiento, acción, tipo
de acción, indicadores. A continuación se presenta, a título
ilustrativo, parte del contenido de la matriz presentada por el INTI.
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La matriz permite cruces entre la información sistematizada en función
de los campos anteriormente mencionados. Asimismo, ésta compone un
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