MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA

Decreto 703/2018

DECTO-2018-703-APN-PTE - Directiva de Política de Defensa Nacional. Aprobación.

Ciudad de Buenos Aires, 30/07/2018

VISTO la Ley de Defensa Nacional N° 23.554, la Ley de Seguridad

Interior N° 24.059, la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas

N° 24.948, la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 y su

modificatoria, el Decreto N° 727 del 12 de junio de 2006 y su

modificatorio, el Decreto N° 1729 del 27 de noviembre de 2007, el

Decreto N° 1714 del 10 de noviembre de 2009 y el Decreto N° 2645 del 30

de diciembre de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que la Defensa Nacional es una función esencial e indelegable del

Estado Nacional y tiene por objetivo rector garantizar de modo

permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su

integridad territorial y capacidad de autodeterminación y la protección

de la vida y la libertad de sus habitantes.

Que el Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional aprobado por el

Decreto N° 1729/07 se inicia con el dictado, a propuesta del MINISTERIO

DE DEFENSA, de la Directiva de Política de Defensa Nacional.

Que en el marco de la transformación que han experimentado los desafíos

en materia de Defensa que debe afrontar la REPÚBLICA ARGENTINA, resulta

necesaria la aprobación de una nueva Directiva de Política de Defensa

Nacional, a fin de actualizar los lineamientos y las prioridades

estratégicas de esta política de Estado.

Que esta nueva Directiva de Política de Defensa Nacional establecerá

los criterios que orientarán la reforma de la organización, el

funcionamiento, la planificación y la administración de los recursos

humanos y materiales del Sistema de Defensa Nacional, conforme las

apreciaciones estratégicas del gobierno nacional respecto de los

escenarios global y regional y el impacto en la seguridad estratégica

de la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que la REPÚBLICA ARGENTINA debe contar con la capacidad de anticipar,

disuadir y superar las amenazas, riesgos y desafíos del siglo XXI que

afecten su seguridad estratégica nacional.

Que la evaluación del escenario internacional y el análisis de su

impacto en los intereses nacionales de la REPÚBLICA ARGENTINA

constituyen las bases para la identificación de desafíos,

oportunidades, amenazas y riesgos a la Defensa Nacional y para la

realización del Planeamiento Estratégico contribuyente a su atención.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL ha establecido como objetivos

transversales de su gestión de gobierno la lucha contra el

narcotráfico, la reducción de la pobreza y la unión de los argentinos,

por lo que su cumplimiento exige la colaboración de todas las áreas del

Estado, conforme sus competencias y responsabilidades específicas.

Que el Sistema de Defensa Nacional presenta hoy un conjunto de

limitaciones doctrinarias, presupuestarias e institucionales que deben

ser adecuadamente atendidas a fin de garantizar que el Instrumento

Militar de la Nación esté en condiciones operacionales de atender sus

responsabilidades primarias.

Que, en tal sentido, resulta necesario derogar la Directiva de Defensa

Nacional y su actualización aprobada por los Decretos N° 1714/09 y N°

2645/14 respectivamente.

Que los servicios permanentes de asesoramiento jurídico del MINISTERIO

DE SEGURIDAD y del MINISTERIO DE DEFENSA han tomado la intervención que

les compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas

por el artículo 99, incisos 1 y 12, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase la “Directiva de Política de Defensa Nacional”

(DPDN) que forma parte del presente como Anexo I

(IF-2018-36379017-APN-SECEYAM#MD).

ARTÍCULO 2º.- Deróganse el Decreto N° 1714 del 10 de noviembre de 2009 y el Decreto N° 2645 del 30 de diciembre de 2014.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL

REGISTRO OFICIAL y archívese. MACRI - Marcos Peña - Oscar Raúl Aguad -

Patricia Bullrich - Jorge Marcelo Faurie

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 31/07/2018 N° 54968/18 v. 31/07/2018

(*Nota

Infoleg:**

Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la

edición web de Boletín Oficial)*

ANEXO I

La Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN) es el documento que

establece los lineamientos centrales de la política de Defensa Nacional

de la REPÚBLICA ARGENTINA. Estas definiciones determinan la visión y

criterios que orientarán la organización, el funcionamiento, la

planificación, el desarrollo de capacidades operacionales, el empleo y

la administración de los recursos humanos y materiales, conforme las

apreciaciones estratégicas de los escenarios global y regional en

materia de defensa y su impacto en la seguridad estratégica de la

REPÚBLICA ARGENTINA.

La formulación de estos lineamientos exige el análisis de un conjunto

de variables que trascienden el ámbito específico de la Defensa

Nacional e involucran a otras dependencias del Estado Nacional: las

Relaciones Exteriores; la Seguridad Estratégica, la Inteligencia, la

Economía, la Investigación y el Desarrollo Tecnológico, entre otras. Si

bien la atención de estas problemáticas excede las competencias del

MINISTERIO DE DEFENSA, deben ser adecuadamente evaluadas desde el punto

de vista de la Defensa Nacional a fin de considerar su impacto en los

intereses fundamentales de la REPÚBLICA ARGENTINA, a saber su

soberanía, su capacidad de autodeterminación y su integridad

territorial; así como también en relación a sus recursos estratégicos

que deben ser preservados para garantizar el desarrollo de la Nación, y

la libertad de sus habitantes.

El análisis de las tendencias estratégicas de los escenarios mundial y

regional, como así también la evaluación del impacto de estas dinámicas

en la promoción de los intereses nacionales, constituyen las bases para

la identificación de desafíos, oportunidades, amenazas y riesgos a la

Defensa Nacional y la determinación de las necesidades de coordinación

entre los organismos del Estado.

Estos escenarios configuran los desafíos prioritarios que deberán ser

atendidos por la REPÚBLICA ARGENTINA. Las responsabilidades asignadas

al MINISTERIO DE DEFENSA ante cada uno de estos desafíos variarán en

función de la naturaleza de los problemas. Mientras que en algunos

escenarios el Instrumento Militar cumple un papel protagónico e

indelegable, en otros cumple un rol de interacción, coordinación o

apoyo a otros entes y/u organismos del Estado. La determinación de los

ámbitos de responsabilidad y/o sus funciones constituirán las bases

para el diseño de las capacidades militares de la Nación en el corto,

mediano y largo plazo.

El PODER EJECUTIVO NACIONAL ha establecido como objetivos prioritarios

para la gestión de gobierno la lucha contra el narcotráfico, la

reducción de la pobreza y la unión de los argentinos. Si bien estos

objetivos están bajo la responsabilidad principal de otros Ministerios,

en virtud de su naturaleza, la envergadura de los mismos exige la

colaboración de todas las áreas del Estado.

El marco normativo vigente contempla entre las modalidades de empleo

del Instrumento Militar una serie de responsabilidades, como parte del

Sistema de Defensa Nacional o en colaboración con otras áreas del

Estado, contribuyentes a dichos objetivos: operaciones en apoyo a la

seguridad, de conformidad con la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior,

operaciones de apoyo a la comunidad y operaciones de apoyo a la

política exterior de la Nación. Estas funciones, que complementan la

misión principal de las FUERZAS ARMADAS, constituyen una contribución

del Instrumento Militar a la concreción de las mencionadas prioridades

de gobierno.

Esta contribución no implica desatender las responsabilidades propias

del Sistema de Defensa Nacional. Si bien la REPÚBLICA ARGENTINA no

percibe amenazas con relación a sus países vecinos, y está plenamente

comprometida con la promoción de los valores de la paz y la seguridad

internacional, reconoce la incertidumbre del contexto global y la

existencia de riesgos. La necesidad de resguardar la soberanía e

independencia de la REPUBLICA ARGENTINA, la integridad territorial, la

capacidad de autodeterminación, la protección de la vida y la libertad

de sus habitantes ante agresiones de origen externo constituyen una

función permanente del Sistema de Defensa Nacional. La presente

Directiva establece las acciones que deberá desarrollar el Sistema de

Defensa Nacional para el cumplimiento de esta misión primaria, lo que

contribuirá a sostener las bases necesarias para la prosperidad, la

seguridad estratégica y el desarrollo de la REPUBLICA ARGENTINA.

El Instrumento Militar de la Nación afronta limitaciones en materia de

organización, despliegue, doctrina, equipamiento, alistamiento y

adiestramiento que tornan necesario el impulso de una profunda política

de reconversión. Este proceso debe promover el mejoramiento de las

capacidades requeridas para la Defensa Nacional, conforme las

previsiones estratégicas de corto, mediano y largo plazo. La presente

Directiva establece los criterios a partir de los cuales el MINISTERIO

DE DEFENSA elaborará los planes de modernización del Instrumento

Militar. Los lineamientos presupuestarios conjuntamente con los planes

aprobados permitirán sentar las bases para el diseño de un planeamiento

de recursos de mediano y largo plazo.

CAPÍTULO l.

Apreciación del Escenario Global y Regional

Diagnóstico Global

El actual escenario internacional se caracteriza por una creciente

complejidad e incertidumbre, producto de la coexistencia de múltiples

centros de poder y decisión, así como por la emergencia de nuevos

actores que participan en la construcción del orden global. La

preeminencia del poder militar de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

encuentra de manera creciente un contrapeso en el aumento de las

capacidades militares de la REPÚBLICA POPULAR CHINA y la FEDERACIÓN DE

RUSIA, en especial por la manera en que dichas capacidades fortalecen

el poder de estas potencias en sus respectivas regiones.

La economía global también registra una mayor diversidad de centros de

poder económico emergentes que, al conectar sus sistemas productivos y

flujos de inversión con aquellos ya establecidos, como la UNIÓN

EUROPEA, el ESTADO DE JAPÓN y los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, refuerzan

la interdependencia económico-financiera. La contracara de este proceso

se ha manifestado recientemente con el surgimiento de políticas

proteccionistas en distintos países que cuestionan los beneficios de la

globalización económica.

La superposición de estas tendencias atraviesa la dinámica del orden

internacional y marca un contraste con el pasado reciente. Durante

décadas, la comunidad internacional promovió la creación de reglas,

consensos y acuerdos compartidos que facilitaron la integración

económica, el desarrollo de las naciones y la cooperación en beneficio

de los Estados. También otorgó previsibilidad al comportamiento

estatal, al promover la gestión no violenta de las disputas

internacionales. Sin embargo, la fortaleza de este sistema enfrenta

desafíos asociados a la creciente autonomía de actores estatales y no

estatales de diverso peso relativo y atributos de poder.

La mayor interdependencia entre los Estados, producto de la

globalización, no supuso la consolidación definitiva de los acuerdos de

gobernanza global. En la actualidad, algunas potencias evalúan que la

arquitectura del sistema de seguridad internacional no ofrece las

mismas garantías para todos los Estados. Esta caracterización ha

promovido el cuestionamiento de los encuadramientos jurídicos que

regulan la utilización de la fuerza. Adicionalmente, fenómenos tales

como la lenta y desigual recuperación de la economía global, la crisis

de refugiados que atraviesa Europa, la propagación del terrorismo

extremista en el mundo y el auge de movimientos nacionalistas han

añadido mayor complejidad a la cooperación entre los Estados.

El debilitamiento de la predisposición al multilateralismo no es

homogéneo ni irreversible. Esta tendencia encuentra como contrapartida

la prolífera actividad de diversos mecanismos de vinculación entre las

naciones. Ámbitos como

el GRUPO DE LOS 20 (G20) y la ORGANZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL

DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) expresan la aún persistente confianza en

la utilización de instancias de articulación internacional y gobernanza

global. El accionar de estos organismos constituye un factor de peso

que balancea la disposición de ciertos actores al unilateralismo, al

tiempo que confirma la existencia de tendencias contrapuestas en el

escenario internacional.

La redistribución del poder global podría generar situaciones de

conflicto. En diversas regiones del mundo, la estabilidad está

garantizada por un delicado equilibrio de poder entre las potencias. El

Mar del Sur y del Este de China, Europa Oriental y Medio Oriente

constituyen escenarios de indudable competencia estratégica. El

principal riesgo refiere a la mayor predisposición de algunos Estados a

apelar a la resolución de conflictos mediante el uso de la fuerza. Esta

tendencia se expresa tanto en actores estatales como aquellos de

naturaleza no estatal que, promovidos por otras naciones y/o grupos de

poder, cuentan con la capacidad de disputar el monopolio de la

violencia estatal.

Adicionalmente, la desconfianza impacta en las políticas

internacionales asociadas a los bienes globales comunes, la alta mar,

el ciberespacio y el espacio exterior.

En el marco de estos procesos, la disuasión recuperó protagonismo en

las políticas de defensa de los Estados. El aumento de la proyección de

poder militar y el retorno de la competencia geopolítica ocasionaron

que los conflictos armados emerjan nuevamente como una amenaza

significativa a la paz y la seguridad internacional. En la actualidad,

la disuasión resulta más compleja que en los años de la Guerra Fría.

Mientras que en el pasado esta misión estaba asociada al desarrollo y

adquisición de capacidades nucleares, las doctrinas militares

contemporáneas han extendido el empleo de este concepto al ciberespacio

y al espacio exterior.

Las potencias regionales y globales han modernizado sus estrategias de

defensa y sus fuerzas armadas. Esta actualización exhibe la creciente

integración entre formas tradicionales y no tradicionales de agresión e

influencia. Estas últimas refieren a acciones no militares dirigidas a

desestabilizar a la población y los gobiernos de las naciones

adversarias. Los beligerantes combinan instrumentos políticos,

diplomáticos, informativos, ciberespaciales, militares y económicos. La

diseminación masiva de información falsa y el reemplazo de las tropas

regulares por organizaciones irregulares o empresas militares privadas

configuran algunas de las tendencias propias de la última década.

Algunos Estados apelan a estas tácticas para promover sus intereses en

regiones ajenas a sus espacios soberanos. Como corolario, los

conflictos armados actuales ocurren crecientemente por debajo del

umbral de la violencia militar directa y en los márgenes del derecho

internacional.

Los procesos de modernización militar priorizan el empleo de las nuevas

tecnologías de la información y las comunicaciones, de vigilancia y

control de los espacios, el fortalecimiento del accionar militar

conjunto, la flexibilidad e interoperabilidad de medios y el despliegue

rápido de elementos en el territorio.

Estas concepciones militares exigen una creciente integración operativa

de los esfuerzos de guerra. Los Estados también promueven elevar la

eficiencia de sus instrumentos militares mediante procesos integrales

de restructuración, la racionalización, la integración y la

desburocratización de sus estructuras. Las Fuerzas Armadas del siglo

XXI se constituyen como organizaciones flexibles con un fuerte

componente tecnológico, en contraste con las organizaciones militares

del siglo XX. También han incorporado al ciberespacio y al espacio

exterior como ámbitos de interés en un marco de interdependencia

tecnológica, lo cual obliga a atender los fenómenos que se desarrollan

en estos ámbitos.

La mayor competencia interestatal convive con problemáticas de

seguridad que afectan transversalmente a todas las naciones del mundo.

La proliferación de armas químicas, biológicas, radiológicas y

nucleares, así como de las tecnologías misilísticas que permiten su

proyección, constituye una amenaza a la paz y la seguridad

internacional. El incremento del número de países con acceso a este

tipo de tecnología armamentística, la sucesión de ensayos nucleares y

los episodios recientes de empleo de armas químicas configuran

fenómenos de preocupación en la agenda global.

El terrorismo internacional configura uno de los principales problemas

de la agenda del siglo XXI. Este fenómeno adquiere mayor complejidad al

confluir con otros delitos y fenómenos criminales complejos, tales como

el narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas y los

delitos que se cometen con asistencia de las nuevas tecnologías de la

información. El abordaje de estos asuntos requiere una estrecha

articulación nacional e internacional, que incluya la participación de

organismos gubernamentales y de la sociedad civil.

Por otra parte, el desarrollo tecnológico incrementó los riesgos

asociados a la militarización del ciberespacio. La disuasión se ha

extendido al ámbito cibernético, al tiempo que han surgido nuevos

desafíos producto de las tensiones entre una mayor conectividad, la

privacidad y los derechos de la ciudadanía. Tanto los Estados como los

actores no estatales están desarrollando medios cibernéticos para

explotar las vulnerabilidades inherentes a los sistemas de comando,

control, comunicaciones, inteligencia, vigilancia y reconocimiento. De

igual forma, las redes terroristas explotan el ciberespacio para

reclutar miembros, recaudar fondos y difundir su propaganda.

Las amenazas cibernéticas sofisticadas provienen de organizaciones

militares y agencias de inteligencia de otros Estados. Si bien los

gobiernos tecnológicamente avanzados explotan sus ventajas comparativas

con relación al resto de los países, el despliegue de operaciones