REPARACION HISTORICA PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

PROGRAMA NACIONAL DE REPARACIÓN HISTÓRICA PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

Decreto 894/2016

Reglamentación. Ley N° 27.260.

Bs. As., 27/07/2016

VISTO el Expediente N° 02499817731283796 del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y la Ley N° 27.260, y

CONSIDERANDO:

Que a los fines de la implementación de la Ley N° 27.260 resulta

imprescindible reglamentar diferentes aspectos que ella contiene.

Que en el Título I del Libro I de la Ley precedentemente mencionada, se

creó el PROGRAMA NACIONAL DE REPARACIÓN HISTÓRICA PARA JUBILADOS Y

PENSIONADOS, en adelante el PROGRAMA, como respuesta a la emergencia

existente en materia de litigiosidad previsional.

Que dicha emergencia se debe a la existencia de gran cantidad de

juicios iniciados contra la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL (ANSES), organismo descentralizado actuante en el ámbito del

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, que se estiman en

cerca de CUATROCIENTOS MIL (400.000) reclamos, como así también de

potenciales nuevos reclamos de jubilados y pensionados, que podrían

ascender a más de DOS MILLONES (2.000.000) de casos.

Que la gran cantidad de casos involucrados ha generado largos y

costosos procesos administrativos y judiciales provocando un colapso en

la justicia y agravando la situación de vulnerabilidad de los jubilados

y pensionados.

Que en la mayoría de estos juicios, los jubilados y pensionados

reclaman el recálculo del haber inicial por la limitación temporal de

la actualización de las remuneraciones, y la movilidad que luego se

otorga en función de los distintos precedentes de la CORTE SUPREMA DE

JUSTICIA DE LA NACIÓN.

Que el PROGRAMA creado por la citada Ley, aborda la problemática dando

respuesta a una enorme cantidad de personas, promoviendo la

redeterminación del haber inicial y el otorgamiento de la movilidad, e

instrumentando acuerdos entre la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) y cada jubilado o pensionado que

voluntariamente decida participar.

Que a partir de las previsiones del Decreto N° 807/16 y de la

Resolución SSS N° 6/16 se interrumpe la principal causa de generación

masiva de juicios, atento que se efectuaron las correcciones necesarias

para que las remuneraciones que se toman en cuenta para calcular las

nuevas prestaciones se actualicen en forma justa y razonable.

Que los beneficiarios alcanzados son personas de avanzada edad, por lo

cual es necesario establecer procesos y mecanismos que puedan

satisfacer a los involucrados en un corto plazo procurando generar

procesos colectivos y automáticos teniendo en cuenta la enorme cantidad

de jubilados a los que les alcanzaría el beneficio.

Que en virtud de lo expuesto resulta imprescindible facultar a la

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), para que

establezca procedimientos informáticos ágiles, que permitan dar

respuesta a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible.

Que en esa línea, es necesario que los Acuerdos Transaccionales se

puedan celebrar a través de la página web de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) que se habilite a tal efecto,

garantizando la confidencialidad y seguridad que prevén las normas

vigentes.

Que en lo que refiere a la manifestación de voluntad de la parte y su

letrado, además de los medios tradicionales, la Ley mencionada

expresamente establece que, también se admitirá como firma “… cualquier

otro medio que otorgue garantías suficientes sobre la identidad de la

persona.”.

Que en este sentido, la exteriorización de la voluntad de los

beneficiarios y sus letrados podrá realizarse a través de la página web

de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), con

ingreso de su Clave de la Seguridad Social, de la incorporación de la

huella digital a través de un sistema de identificación biométrica, o

de otros medios que establezca la Autoridad de Aplicación.

Que los Acuerdos Transaccionales que se celebren entre las partes,

deberán procurar por un lado, que el jubilado se encuentre

adecuadamente informado, y por el otro, que la cuestión litigiosa quede

definitivamente resuelta con la aceptación de los términos del acuerdo.

Que para que el PROGRAMA se pueda implementar, se requiere contar con

todos los datos de la historia previsional de los beneficiarios. Sin

embargo, ante la eventualidad de que ese recaudo no se cumpla, resulta

imprescindible que la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(ANSES) establezca mecanismos alternativos, que permitan brindar una

respuesta a las personas cuyos datos no se encuentren en el sistema.

Esas alternativas deberán tener en cuenta los parámetros establecidos

en la Ley, y disponer pautas de aplicación general, a partir de las

cuales se intente arribar a resultados similares.

Que en los casos en que no haya juicio iniciado hasta el plazo

establecido por la Ley N° 27.260 mencionada, a fin de evitar mayores

gastos para los jubilados, corresponde que la ADMINISTRACIÓN NACIONAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) se haga cargo de los honorarios de los

abogados de aquellos, los que se establecen en una suma fija, que

comprende todos los trabajos profesionales necesarios para participar

del PROGRAMA, desde el asesoramiento inicial, hasta el cumplimiento del

acuerdo. La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES)

podrá reconocer una suma adicional en concepto de gastos judiciales

correspondientes a cada jurisdicción.

Que atento la conveniencia que los procesos se desarrollen en los

tribunales más cercanos al domicilio del jubilado, como señaló la CORTE

SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en los precedentes “Pedraza, Héctor

Hugo c/ Anses s/ Acción de Amparo” y “Constantino, Eduardo Francisco c/

Anses s/ Reajustes varios”, y en atención al lugar de cumplimiento de

la obligación que emanará del acuerdo, corresponde que los expedientes

de homologación tramiten ante el Juez Federal del domicilio en el que

habitualmente percibe el beneficio cada jubilado.

Que dada la gran cantidad de expedientes de homologación que deberán

tramitar ante los tribunales pertinentes, es necesario tomar medidas

que sirvan para descomprimir el trabajo de dichos tribunales en esta

primera etapa.

Que asimismo, hay una gran cantidad de jubilados que se encuentran en

situaciones de gran vulnerabilidad, como ser, aquellos de mayor edad,

los que padecen una enfermedad grave, y los que perciben haberes de

menores montos.

Que por dichos motivos, y por el riesgo que implicaría prolongar el

reajuste de sus haberes, dichos jubilados requieren una solución con la

mayor urgencia posible.

Que habiéndose asignado los recursos correspondientes, razones de

justicia y de adecuada implementación del PROGRAMA justifican instruir

a la Autoridad de Aplicación para que establezca procedimientos

abreviados que permitan brindar soluciones a este grupo de jubilados

con mayor rapidez.

Que resulta necesario establecer parámetros proporcionales para los

beneficiarios alcanzados por el PROGRAMA que estén incluidos en algún

beneficio relacionado con normativas que contemplen la aplicación de la

tarifa social, invitándose a los gobiernos provinciales y municipales a

implementar disposiciones similares en sus respectivos ámbitos.

Que asimismo, en atención a lo previsto en la Ley Nº 27.253 que

estableció un régimen de reintegro por compras en comercios de venta

minorista, y a efectos de no desnaturalizar los objetivos planteados

por dicha Ley, corresponde contemplar la situación de los jubilados y

pensionados que podrían verse privados del beneficio establecido en

dicho régimen por su participación en el PROGRAMA, hasta tanto se

efectúen las modificaciones normativas pertinentes.

Que en el Título III del Libro I de la Ley N° 27.260 citada se

instituyó la PENSIÓN UNIVERSAL PARA EL ADULTO MAYOR, de carácter

vitalicio y no contributivo, para todas las personas de SESENTA Y CINCO

(65) años de edad o más, que cumplan con los requisitos establecidos en

la Ley, consistente en el pago de una prestación mensual equivalente al

OCHENTA POR CIENTO (80%) del haber mínimo garantizado a que se refiere

el artículo 125 de la Ley N° 24.241, sus complementarias y

modificatorias.

Que uno de los objetivos primarios del ESTADO NACIONAL es garantizar un

piso de protección social para los adultos mayores, instituyendo un

derecho ciudadano de carácter universal, desde la vigencia de la Ley y

por un plazo tope de TRES (3) años o hasta tanto se implemente un

proyecto de reforma del SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA),

lo que ocurra primero.

Que dicha pensión está destinada a aquellas personas que no cuenten con

una prestación previsional contributiva otorgada por el sistema

nacional, provincial, municipal y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS

AIRES, para cumplir con el objetivo de alcanzar pobreza cero en nuestro

país.

Que resulta necesario determinar el organismo a través del cual se

otorgará la nueva prestación, siendo la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) la entidad adecuada para la tramitación,

liquidación y puesta al pago de la pensión referida.

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 13, incisos 1) y 5) del

Título III, del Libro I de la Ley que por el presente se reglamenta,

sobre residencia de los solicitantes, corresponde instruir a todos los

Organismos de la Administración Pública Nacional para que informen a la

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) los datos

disponibles en sus bases de datos a efectos de colaborar en la

implementación del control de los requisitos previstos en los incisos

mencionados.

Que asimismo corresponde establecer el vencimiento del plazo referido en el primer párrafo del artículo 22 de la Ley N° 27.260.

Que mediante la Ley 27.260 antes mencionada, fueron ratificados los

Acuerdos celebrados entre el ESTADO NACIONAL, las PROVINCIAS y la

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de fechas 23 y 26 de mayo de 2016.

Que en dichos Acuerdos se previó el otorgamiento de un préstamo a favor

de las Provincias y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES con recursos

del FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO

PREVISIONAL ARGENTINO.

Que a fin de implementar dichos préstamos, es preciso que la

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), el MINISTERIO

DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y el MINISTERIO DE HACIENDA Y

FINANZAS PÚBLICAS, celebren los acuerdos pertinentes estableciendo los

términos de dichos préstamos.

Que la citada Ley Nº 27.260, en su Título V, en el marco de la

Armonización de los Sistemas Previsionales, instruyó al PODER EJECUTIVO

NACIONAL a que arribe, en un plazo de CIENTO VEINTE (120) días, a un

acuerdo con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron

transferidos a la Nación a fin de compensar las eventuales asimetrías

que pudieran existir respecto de aquellas jurisdicciones que sí

hubieran transferido sus regímenes previsionales, de manera de colocar

a todas las provincias en pie de igualdad en materia previsional.

Que asimismo se previó que la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL (ANSES) realice las auditorías correspondientes a fin de evaluar

los estados contables y los avances en el proceso de armonización, por

lo que corresponde reglamentar el artículo 27 de la Ley, así como

instruir a la ANSES al respecto.

Que en consecuencia la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(ANSES) realizará a solicitud de cada Provincia - las auditorías en el

marco conceptual de lo dispuesto por la Cláusula Décimo Segunda del

COMPROMISO FEDERAL del 6 de diciembre de 1999, ratificado por la Ley Nº

25.235, por lo que corresponde en esta instancia reglamentar el

procedimiento a seguir para el desarrollo de las mismas, sus objetivos,

la información que deberán aportar las Provincias, así como la

determinación del resultado financiero corriente global a realizar por

la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) y la

elaboración y suscripción de los Convenios que dicho organismo

celebrará con las autoridades provinciales de cada Provincia.

Que la Ley Nº 27.260 previó respecto a las transferencias de fondos que

deberán ser determinadas en función de los desequilibrios que estaría

asumiendo la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) si

el sistema previsional de que se trata hubiese sido transferido a la

Nación y los avances realizados en el proceso de armonización.

Que en consecuencia y en relación a la asistencia financiera a las

Provincias, la misma estará basada en los resultados financieros

auditados de los sistemas previsionales administrados por los

organismos provinciales, considerados en forma global y sin posibilidad

de que la misma se determine por el resultado financiero de algún

subsistema particular.

Que respecto a la armonización normativa previsional, se requerirá a

las Provincias completar el proceso de armonización normativa en un

plazo no mayor a CUATRO (4) años.

Que asimismo, durante dicho período se prevé la suscripción de los

convenios entre el ESTADO NACIONAL y las Provincias en los cuales se

establecerán el monto de la/s transferencia/s a realizar durante la

vigencia del convenio, en base a los resultados auditados del ejercicio

anterior y ponderados por los conceptos ya armonizados, por lo que

corresponde establecer los mecanismos de determinación de la asistencia

financiera para los periodos 2017 a 2020 inclusive.

Que el FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO

PREVISIONAL ARGENTINO tiene entre sus fines: a) Atenuar el impacto

financiero que sobre el régimen previsional público pudiera ejercer la

evolución negativa de variables económicas y sociales, b) Constituirse

como fondo de reserva a fin de instrumentar una adecuada inversión de

los excedentes financieros del régimen previsional público garantizando

el carácter previsional de los mismos, c) Contribuir a la preservación

del valor y/o rentabilidad de los recursos del Fondo, d) Atender

eventuales insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional

público a efectos de preservar la cuantía de las prestaciones

previsionales, e) Procurar contribuir, con la aplicación de sus

recursos, de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados,

al desarrollo sustentable de la economía nacional, a los efectos de

garantizar el circulo virtuoso entre el crecimiento económico

sostenible, el incremento de los recursos destinados al SISTEMA

INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA) y la preservación de los activos

de dicho Fondo, y f) Atender las erogaciones asumidas por la

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) en el marco del

PROGRAMA NACIONAL DE REPARACIÓN HISTÓRICA PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

creado por la Ley N° 27.260.

Que las inversiones que el FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD DEL

SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO hace en acciones de sociedades

anónimas nacionales mixtas o privadas con oferta pública tienen como

finalidad específica contribuir a la preservación del valor y la

rentabilidad de los recursos del Fondo, no constituyen un instrumento

de política macroeconómica del ESTADO NACIONAL ni deben utilizarse para

la persecución de fines extra-societarios, en contra o ajenos al

interés social.

Que los derechos de representación y de voto son derechos fundamentales

para que el accionista custodie el valor de su inversión, puesto que

mediante ellos se interviene e influye en la adopción de los acuerdos

sociales, se elige a quienes dirigen y representan a la sociedad y,

finalmente, se influye en la marcha de la empresa de la que es titular

la sociedad anónima.

Que la gestión de los derechos políticos por un órgano distinto al

administrador del FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD DEL SISTEMA

INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (FGS) afecta la inmediatez en la toma

de decisiones, puede generar conflictos de interés con las finalidades

propias del Fondo y, consecuentemente, atenta contra los intereses

patrimoniales que dan sustentabilidad al referido Fondo.

Que dada la finalidad del FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD DEL

SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (FGS), y la necesidad de

efectuar reajustes de haberes a aquellos jubilados que por su edad,

estado de salud, o monto de la prestación requieran una solución con

urgencia, corresponde sustituir los artículos 11 y 12 del Decreto N°

897 del 12 de julio de 2007 y su modificatorio.

Que los servicios jurídicos pertinentes han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas al

PODER EJECUTIVO NACIONAL por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la

CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

TÍTULO I

PROGRAMA NACIONAL DE REPARACIÓN HISTÓRICA PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

ARTÍCULO 1° — Instrúyese a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO

DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, en adelante ANSES, a promover y

celebrar los acuerdos mencionados en el Título I del Libro I de la Ley

N° 27.260.

ARTÍCULO 2° — Las remuneraciones mencionadas en el artículo 5°, inciso

I. apartado b) de la Ley N° 27.260 serán actualizadas de acuerdo al

índice combinado establecido en el Anexo I de la Resolución de la

Secretaría de Seguridad Social N° 6 de fecha 18 de julio de 2016.

ARTÍCULO 3° — La ANSES implementará el PROGRAMA NACIONAL DE REPARACIÓN

HISTÓRICA PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS a través de procedimientos

informáticos.

Se habilitará una página web, a la que se deberá acceder ingresando la

Clave de la Seguridad Social, para que los interesados puedan consultar

si son alcanzados por el PROGRAMA, y en su caso, cuál es la propuesta

de la ANSES.

El interesado deberá habilitar en la página web a su abogado para que éste pueda tener acceso a la propuesta de la ANSES.

Una vez que el beneficiario y su abogado hubieran tomado debido

conocimiento de las condiciones del acuerdo y de su contenido

económico, éste podrá ser aceptado electrónicamente.

La exteriorización de la voluntad de los beneficiarios y sus letrados

se realizará a través de dicha página web, previo ingreso de las

respectivas Claves de la Seguridad Social. Luego se procederá a la