LegalizeENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
Decreto 918/2012
**Reglaméntanse las medidas y
procedimientos previstos en el artículo 6° in fine de la Ley 26.734 y
el procedimiento de inclusión y exclusión de personas de las listas
elaboradas conforme las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.**
Bs. As., 12/6/2012
VISTO el Expediente Nº S04:0029411/2012 del registro del MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, las Leyes Nros. 25.246 y sus
modificatorias y 26.734, los Decretos Nros. 253 del 17 de marzo de
2000, 1235 del 5 de octubre de 2001, 1521 del 1º de noviembre de 2004,
290 del 27 de marzo de 2007 y 1936 del 9 de diciembre de 2010, y
CONSIDERANDO:
Que la REPUBLICA ARGENTINA es miembro de la ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS.
Que uno de los propósitos de la ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS es
el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, tomando las
medidas colectivas eficaces que fueran necesarias para prevenir y
eliminar amenazas a la paz.
Que el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas otorga
facultades al Consejo de Seguridad para adoptar decisiones con el
objeto de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales,
cuando ese órgano determine la existencia de una amenaza a la paz, un
quebrantamiento de la paz o un acto de agresión, e imponer medidas y
sanciones de cumplimiento obligatorio para los Estados Miembro.
Que en virtud del artículo 25 de la Carta citada, los Miembros de las
Naciones Unidas se encuentran obligados a aceptar y cumplir con esas
decisiones.
Que de acuerdo con el artículo 31 de la CONSTITUCION NACIONAL, los
tratados celebrados por la REPUBLICA ARGENTINA son Ley Suprema de la
Nación y que, conforme a su artículo 75, inciso 22, los tratados gozan
de jerarquía superior a las Leyes.
Que el compromiso de la REPUBLICA ARGENTINA en materia de prevención,
investigación y sanción de todo tipo de actividades delictivas
vinculadas al terrorismo, es firme e inquebrantable, tanto como lo es
su más estricto respeto y adecuación al estado constitucional de
derecho y a los derechos humanos de todas las personas.
Que en la materia la REPUBLICA ARGENTINA ha incorporado a su derecho
interno las más importantes herramientas de derecho internacional,
tales como la CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORISMO y el
CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESION DE LA FINANCIACION DEL
TERRORISMO (cfr. Leyes Nros. 26.023 y 26.024, respectivamente).
Que con la misma determinación, nuestro país incorporó a su legislación
tipos penales específicos vinculados con la financiación del
terrorismo, así como con el lavado de activos, de conformidad con los
estándares internacionales.
Que la REPUBLICA ARGENTINA es miembro pleno del GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL.
Que mediante el Decreto Nº 253/00 se aprobó la Resolución 1267 (1999),
adoptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 15 de
octubre de 1999, por la cual se dispone que los Estados “...congelarán
los fondos y otros recursos financieros, incluidos los fondos
producidos o generados por bienes de propiedad de los talibanes o bajo
su control directo o indirecto, o de cualquier empresa de propiedad de
los talibanes o bajo su control, que designe el Comité establecido en
virtud del párrafo 6 infra, y velarán por que ni dichos fondos ni
ningún otro fondo o recurso financiero así designado sea facilitado por
sus nacionales o cualquier otra persona dentro de su territorio a los
talibanes o en beneficio de ellos o cualquier empresa de propiedad de
los talibanes o bajo su control directo o indirecto, excepto los que
pueda autorizar el Comité en cada caso, por razones de necesidad
humanitaria”.
Que mediante el Decreto Nº 1235/01 se aprobó la Resolución 1373 (2001)
adoptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 28 de
septiembre de 2001, mediante la cual se reafirma la necesidad de luchar
con todos los medios, contra las amenazas a la paz y la seguridad
internacionales representadas por los actos de terrorismo; y se decide,
entre otras cosas, que todos los Estados prevengan y repriman la
financiación de los actos de terrorismo; congelen sin dilación los
fondos y demás activos financieros o recursos económicos de las
personas que cometan, o intenten cometer, actos de terrorismo o
participen en ellos o faciliten su comisión, de las entidades de
propiedad o bajo el control, directos o indirectos, de esas personas, y
de las personas y entidades que actúen en nombre de esas personas y
entidades o bajo sus órdenes, inclusive los fondos obtenidos o
derivados de los bienes de propiedad o bajo el control, directos o
indirectos, de esas personas y de las personas y entidades asociadas
con ellos; prohíban a sus nacionales o a todas las personas y entidades
en sus territorios que pongan cualesquiera fondos, recursos financieros
o económicos o servicios financieros o servicios conexos de otra
índole, directa o indirectamente, a disposición de las personas que
cometan o intenten cometer actos de terrorismo o faciliten su comisión
o participen en ella, de las entidades de propiedad o bajo el control,
directos o indirectos, de esas personas y de las personas y entidades
que actúen en nombre de esas personas o bajo sus órdene ; adopten las
medidas necesarias para prevenir la comisión de actos de terrorismo,
inclusive mediante la provisión de alerta temprana a otros Estados
mediante el intercambio de información; se proporcionen recíprocamente
el máximo nivel de asistencia en lo que se refiere a las
investigaciones o los procedimientos penales relacionados con la
financiación de los actos de terrorismo o el apoyo prestado a éstos,
inclusive por lo que respecta a la asistencia para la obtención de las
pruebas que posean y que sean necesarias en esos procedimientos;
fomentar la cooperación y aplicar plenamente los convenios y protocolos
internacionales pertinentes relativos al terrorismo, así como las
resoluciones del Consejo de Seguridad 1269 (1999) y 1368 (2001).
Que mediante las Resoluciones 1730 (2006), 1735 (2006), 1822 (2008),
1904 (2009) y 1989 (2011) del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas se alienta a los países a incorporar procedimientos de inclusión
y exclusión de personas, grupos o entidades a las listas elaboradas de
conformidad con la Resolución 1267 (1999) de las Naciones Unidas.
Que mediante la Resolución Nº 385 del 2 de agosto de 2011 del entonces
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO se
dieron a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas por medio de sus Resoluciones Nros. 1455 del 17 de
enero de 2003, 1526 del 30 de enero de 2004, 1617 del 29 de julio de
2005, 1735 del 22 de diciembre de 2006, 1822 del 30 de junio de 2008 y
1904 del 17 de diciembre de 2009, referidas al régimen de sanciones
aplicables a Al-Qaeda, Osama BIN LADEN y los talibanes, y personas,
grupos, empresas y entidades asociadas con ellos.
Que mediante la sanción de la Ley Nº 26.734, la REPUBLICA ARGENTINA
reforzó su sistema de prevención y lucha contra estos flagelos al
modificar el tipo penal de financiación del terrorismo, y al establecer
disposiciones que permitan combatir a los terroristas individuales,
organizaciones terroristas y actos terroristas, de conformidad con los
estándares internacionales vigentes en la materia y dando una adecuada
salvaguarda y protección a los Derechos Humanos.
Que en el marco del sistema argentino de prevención y lucha contra la
financiación del terrorismo, se han incorporado institutos como la
responsabilidad penal de las personas jurídicas, las reglas del
decomiso y las medidas especiales de investigación y protección de
testigos e imputados, de conformidad con los estándares internacionales.
Que el artículo 6º in fine de la citada Ley Nº 26.734 faculta a la
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) para llevar a cabo el
congelamiento administrativo de activos vinculados a las acciones
delictivas previstas en el artículo 306 del CODIGO PENAL, de forma tal
que este tipo de medidas urgentes puedan adoptarse con la celeridad
necesaria para estos casos.
Que asimismo dicha disposición prevé que el congelamiento
administrativo deberá ordenarse mediante resolución fundada y con
comunicación inmediata al juez competente, conforme la reglamentación
lo dicte.
Que en consecuencia, se torna imprescindible establecer un adecuado
marco reglamentario al congelamiento administrativo dispuesto por el
artículo 6º in fine de la Ley Nº 26.734, encontrándose la UNIDAD DE
INFORMACION FINANCIERA (UIF) dotada de facultades suficientes para
llevarlo a cabo de manera efectiva.
Que de conformidad con el artículo 6º de la Ley Nº 25.246 y sus
modificatorias, la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) es el
organismo encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de
información a los efectos de prevenir e impedir el delito de
financiamiento del terrorismo.
Que asimismo, en virtud del artículo 14, incisos 7), 8) y 10) de la Ley
Nº 25.246 y sus modificatorias, la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
(UIF) se encuentra facultada para emitir directivas e instrucciones que
deberán cumplir e implementar los sujetos obligados enumerados en el
artículo 20 de dicha Ley, supervisar, fiscalizar e inspeccionar “in
situ” su cumplimiento y sancionar su incumplimiento.
Que en relación con lo expuesto, a los fines de integrar completamente
el sistema de prevención y lucha contra la financiación del terrorismo
en la REPUBLICA ARGENTINA y adecuar cabalmente sus disposiciones a los
estándares internacionales vigentes en la materia, deviene necesario
establecer un procedimiento adecuado para congelar sin dilación los
bienes o fondos vinculados a la financiación del terrorismo de
conformidad con las Resoluciones 1267 (1999) y 1373 (2001) y sus
sucesivas, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Que la presente norma instituye un sistema de congelamiento
administrativo inmediato que regirá tanto para los sectores financieros
como los no financieros.
Que mediante el Decreto Nº 1521/04 se estableció un mecanismo para
brindar suficiente publicidad a las Resoluciones emanadas del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas que revistan carácter vinculante,
para asegurar su conocimiento y exigir su cumplimiento por parte del
Estado Nacional, Provincial, Municipal y de la CIUDAD AUTONOMA DE
BUENOS AIRES, como también por parte de las personas físicas y
jurídicas sujetas a la jurisdicción de la REPUBLICA ARGENTINA.
Que resulta necesario asegurar la adecuada difusión y actualización de
los listados de terroristas, en su totalidad, mantenidos por el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, para su conocimiento por parte de
los sujetos obligados.
Que asimismo deviene necesario prever que la UNIDAD DE INFORMACION
FINANCIERA (UIF) comunique al juzgado federal penal competente la
medida de congelamiento dispuesta.
Que en los supuestos de congelamiento de bienes o activos de personas
designadas por resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, debe asegurarse una revisión de legalidad por parte de la
autoridad judicial competente a fin que se verifique si el afectado
figura como persona incluida por las Naciones Unidas en las listas
vigentes correspondientes y, acorde a ello, ratifique, rectifique o
revoque las medidas dispuestas en la resolución dictada por la UNIDAD
DE INFORMACION FINANCIERA (UIF).
Que en adición, es menester instituir un procedimiento a seguir en caso
de pedido de congelamiento administrativo proceden te de autoridades
competentes nacionales o extranjeras, a los fines de robustecer los
mecanismos de cooperación con distintos organismos, de conformidad con
lo exigido por la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas y recomendado por los estándares internacionales
vigentes en la materia.
Que, además se debe contemplar un sistema para proponer la inclusión o
exclusión de personas o entidades de las listas elaboradas, de
conformidad con la Resolución 1267 (1999) y subsiguientes del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas.
Que por su parte, debe necesariamente preverse la supervisión “in situ”
del cumplimiento de las medidas de congelamiento administrativo
dispuestas por la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) por parte de
los sujetos obligados, siendo pasibles de ser sancionados conforme lo
establecido por la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.
Que ha tomado la intervención que le compete la DIRECCION GENERAL DE
ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL.
Por ello,
LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
CAPITULO I
AMBITO DE APLICACION
Artículo 1º — Reglaméntanse las
medidas y procedimientos previstos en el artículo 6º in fine de la Ley
Nº 26.734, sobre congelamiento administrativo de bienes vinculados a
las actividades delictivas del artículo 306 del CODIGO PENAL, y el
procedimiento de inclusión y exclusión de personas designadas en las
listas elaboradas de conformidad con las Resoluciones pertinentes del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Art. 2º — DEFINICIONES. A los efectos de la presente norma, se entenderá por:
Congelamiento administrativo: la inmovilización de los bienes o
dinero, entendida como la prohibición de transferencia, conversión,
disposición o movimiento de dinero u otros bienes.
Bienes o dinero: bienes, fondos o activos, cualquiera sea su
naturaleza, procedencia y forma de adquisición, así como los documentos
o instrumentos que sean constancia de su titularidad o de un interés
sobre esos bienes, fondos o activos —de conformidad a lo establecido en
el artículo 1.1 del CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESION DE LA
FINANCIACION DEL TERRORISMO (Ley Nº 26.024)— y los intereses,
dividendos o cualquier otro valor o ingreso que se devengue o sea
generado por esos bienes, fondos o activos; siempre que íntegra o
conjuntamente sean propiedad o estén bajo control, directa o
indirectamente, de personas o grupos designados por el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas de conformidad con la Resolución 1267
(1999) y sus sucesivas o que puedan estar vinculados a las acciones
delictivas previstas en el artículo 306 del CODIGO PENAL.
Sujetos obligados: las personas físicas o jurídicas enumeradas en el artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.
CAPITULO II
CONGELAMIENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES O DINERO DE PERSONAS DESIGNADAS
POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS DE CONFORMIDAD CON
LA RESOLUCION 1267 (1999) Y SUS SUCESIVAS
Art. 3º — OPERACIONES
SOSPECHOSAS DE FINANCIACION DEL TERRORISMO. Sin perjuicio de las
disposiciones emanadas de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, a los
efectos de lo dispuesto en el artículo 6º in fine de la Ley Nº 26.734,
los sujetos obligados deberán considerar como Operación Sospechosa de
Financiación del Terrorismo a las operaciones realizadas o tentadas en
las que se constate alguna de las siguientes circunstancias:
Que los bienes o dinero involucrados en la operación fuesen
propiedad directa o indirecta de una persona física o jurídica o
entidad designada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de
conformidad con la Resolución 1267 (1999) y sus sucesivas, o sean
controlados por ella.
Que las personas físicas o jurídicas o entidades que lleven a cabo
la operación sean personas designadas por el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas de conformidad con la Resolución 1267 (1999) y sus
sucesivas.
Que el destinatario o beneficiario de la operación sea una persona
física o jurídica o entidad designada por el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas de conformidad con la Resolución 1267 (1999) y sus
sucesivas.
Art. 4º — DEBER DE REPORTAR
OPERACIONES SOSPECHOSAS DE FINANCIACION DEL TERRORISMO. En caso de
constatarse alguna de las circunstancias expuestas en el artículo
anterior, los sujetos obligados deberán reportar sin demora alguna a la
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) dicha operación, o su tentativa.
Art. 5º — CONGELAMIENTO
ADMINISTRATIVO DE BIENES O DINERO. La UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
(UIF) dispondrá, mediante Resolución fundada, cuando sea procedente el
Reporte de Operación Sospechosa de Financiación del Terrorismo,
inaudita parte y sin demora alguna, el congelamiento administrativo de
los bienes o dinero del sujeto reportado. En la Resolución se indicarán
las medidas que el sujeto obligado debe adoptar.
Art. 6º — NOTIFICACION DE LA
RESOLUCION QUE DISPONE EL CONGELAMIENTO ADMINISTRATIVO. La UNIDAD DE
INFORMACION FINANCIERA (UIF) procederá a notificar inmediatamente al
sujeto obligado la Resolución que disponga el congelamiento
administrativo, a través de alguno de los siguientes medios:
Notificación por vía electrónica: La Resolución se comunicará al
sujeto obligado mediante correo electrónico dirigido a la dirección
denunciada al momento de su inscripción ante la UNIDAD DE INFORMACION
FINANCIERA (UIF).
Notificación personal.
Notificación mediante cédula o telegrama.
⋯
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