JUSTICIA

DECRETO-LEY N° 6.621

Disposiciones para el Enjuiciamiento de Jueces Nacionales y Miembros de las Cámaras Nacionales de Apelaciones.

Buenos Aires, 17/6/57

CONSIDERANDO: Que la Proclama del 27 de abril de 1956, publicada en Concepción del

Uruguay el día 1 de mayo siguiente, declaró vigente la Constitución

Nacional de 1853 "en cuanto no se oponga a los fines de la Revolución

enunciados en las directivas básicas del 7 de diciembre de 1955 y a las

necesidades de la organización y conservación del Gobierno provisional";

Que la vigencia de la Constitución de 1853, con las condiciones

enunciadas, hace evidente la necesidad de proveer, excepcionalmente, a

la organización de un sistema que sustituya al instituido en la Ley

Suprema para el juicio político de los magistrados judiciales

nacionales;

Que dentro de las directivas básicas mencionadas se señalan como

finalidades del Gobierno provisional las de "restablecer el imperio...

de la justicia", y la de "afianzar la independencia del Poder Judicial

y la dignidad de la magistratura";

Que, concordantemente, el Gobierno provisional de la Nación en el acto

de instalación de la Corte Suprema de Justicia expresó que "los jueces

no podrán ser removidos ni trasladados sino mediante enjuiciamiento

sometido a formas regulares", y en el decreto de la misma fecha (número 487

del 7/10/1955), reafirmó la solución;

Que siendo de la esencia del Gobierno republicano la responsabilidad de

los funcionarios públicos, se hace necesario, en cuanto a la de las

personas que administran justicia en nombre de la Nación, adoptar un

sistema de enjuiciamiento que concilie la independencia del Poder

Judicial con la dignidad de la magistratura.

Por ello,

**El Presidente Provisional de la Nación Argentina, en ejercicio del Poder Legislativo, Decreta con fuerza de

LEY:**

Artículo 1°- El enjuiciamiento de los jueces nacionales y de los

miembros de las Cámaras Nacionales de Apelación se regirá por las

disposiciones del presente decreto-ley.

Art. 2°-El Tribunal que tendrá a su cargo el enjuiciamiento está

compuesto por tres miembros del Poder Judicial y dos abogados de la

matrícula.

Para juzgar a los magistrados de la Capital Federal, el tribunal se

integrará con un ministro de la Corte Suprema, como presidente y como

vocales dos presidentes de las cámaras locales de apelación, y dos

abogados de la matrícula designados en la forma que indica el artículo 3°.

Para juzgar a los demás magistrados nacionales, el tribunal se integrará

con un ministro de la Corte Suprema, como presidente y como vocales dos

presidentes de las cámaras de apelación más próximas al asiento del

juez enjuiciado y dos abogados de la matrícula designados en la forma

que indica el artículo 3°.

Art. 3°-Dentro del plazo de quince días de la fecha del presente

decreto-ley, la Corte Suprema designará los ministros que presidirán

los tribunales de enjuiciamiento durante el año 1957 y sus sustitutos;

a fines de dicho año, designará los del año siguiente. Sorteará,

asimismo, los presidentes de las Cámaras de la Capital que integrarán

aquéllos. Igualmente procederá a la designación de los presidentes de

cámaras que integrarán el Tribunal de Enjuiciamiento, conforme al

tercer apartado del artículo 2°, fijando su jurisdicción. En caso de

impedimento, los vocales de estos tribunales serán reemplazados por

quienes sean sus sustitutos legales en las respectivas cámaras y

sucesivamente por los de las cámaras más próximas.

Dentro de igual plazo la Corte Suprema procederá a confeccionar una

lista de diez abogados de la matrícula domiciliados dentro de

jurisdicción de las Cámaras de Apelaciones; al darse curso a la

denuncia, la Corte Suprema desinsaculará de la lista correspondiente a

la Cámara de Apelaciones de la cual depende o integre el magistrado

acusado, a los dos abogados a que se refiere el art. 2°.

Art. 4°-El Tribunal será convocado por su presidente. El que deba

juzgar a los jueces de la Capital Federal, tendrá su asiento en esta

ciudad. El que juzgue a los magistrados nacionales del interior,

funcionará en la Capital o en el lugar que considere más conveniente.

Art. 5°-Ante el tribunal actuarán un fiscal y, en caso necesario, un

defensor oficial, integrantes del Ministerio Público, designados al

efecto por el Poder Ejecutivo.

Art. 6°-Actuará como secretario uno de los secretarios de la Corte

Suprema o de las cámaras nacionales que el presidente del tribunal en

cada caso designe. El personal adscripto será igualmente designado

entre los empleados judiciales.

Art. 7°-Los jueces podrán ser recusados y deberán excusarse por los siguientes motivos:

Art. 8°- La recusación deberá formularse en la primera presentación y

ofrecerse la prueba en el mismo escrito. Previa vista al recusado,

quien contestará en igual forma, se recibirá la prueba propuesta si

fuere considerada necesaria, resolviéndose luego el incidente sin

recurso alguno. El voto del presidente será decisivo en caso de empate.

El trámite de la recusación no interrumpe el del principal, pero el

juicio oral sólo podrá comenzar cuando el tribunal se encuentre

debidamente integrado.

Art. 9°-Los

representantes del Ministerio Público y los secretarios no

podrán ser recusados, pero deberán excusarse cuando se encuentren

comprendidos en alguna de las causales previstas en el artículo 7°. El

tribunal los oirá verbalmente y aceptará o rechazará la excusación.

Art. 10- Son causas de remoción de los magistrados judiciales los enumerados en la Constitución Nacional.

Art. 11- Toda persona capaz que tuviese conocimiento de un hecho previsto en el artículo anterior, podrá denunciarlo.

Si se tratare de un delito dependiente de instancia o acción privada,

sólo podrá denunciarlo quien se encuentre comprendido en las

disposiciones del libro primera, título 1° del Código Penal.

El denunciante no será parte en las actuaciones, pero deberá comparecer siempre que se le requiera.

Art. 12- La denuncia se presentará por escrito, con firma de letrado,

ante la cámara nacional de apelación de que dependa o forme parte el

denunciado. Si la denuncia comprendiere a todos los miembros de ese

tribunal, será presentada ante la cámara nacional de apelaciones más

próxima o ante cualquier otra de la Capital si fuere el caso. Contendrá

los datos personales y domicilio real y constituido del denunciante, la

relación de los hechos en que se funde y el ofrecimiento de su prueba;

si ésta fuese documental y estuviera en su poder, deberá acompañarla en

el mismo acto.

La denuncia no comprenderá a más de un magistrado, salvo los casos de conexión y de participación en los hechos que se imputan.

Art. 13- Recibida la denuncia, el presidente de la cámara o su

reemplazante legal hará ratificar en su presencia al denunciante y, si

fuere preciso, que complete las exigencias formales del artículo

anterior. Cumplidos estos requisitos, se remitirá lo actuado a la Corte

Suprema, dejando una copia testimoniada en la cámara.

Art. 14- La Corte Suprema podrá disponer de oficio o a requerimiento

del Poder Ejecutivo, la formación de causa respecto a los magistrados

nacionales a cuyo efecto remitirá al tribunal de enjuiciamiento los

antecedentes de que dispusiere.

Las cámaras nacionales de apelación estarán facultadas para solicitar a

la Corte Suprema que requiera el enjuiciamiento de sus vocales y jueces

que dependan de ellas.

Los fiscales podrán igualmente formular denuncias contra los

magistrados nacionales, precisando los hechos en que se funden y sus

pruebas, conforme lo establecido en el artículo 12 .

Art. 15- Recibida la denuncia por la Corte Suprema, ésta, por una sala de tres de sus miembros, procederá del siguiente modo:

desechará de plano, imponiendo al denunciante y a su letrado una multa

no mayor de $ 3000 o arresto hasta tres meses, sin perjuicio de la

responsabilidad penal en que hubieren incurrido;

al magistrado, disponiendo, si lo creyere conveniente, una

investigación sumaria por intermedio de uno de sus ministros y en su

mérito dará curso a la denuncia o la rechazará. En este último caso

aplicará las sanciones previstas en el inc. a). Si le diere curso

remitirá las actuaciones al tribunal de Enjuiciamiento.

Art. 16-Los magistrados judiciales de la Nación no podrán ser

arrestados, salvo en el caso de sorprenderlos "in fraganti" en la

ejecución de algún delito que merezca pena corporal no excarcelable.

Art. 17- Toda imputación de un delito contra un magistrado judicial de

la Nación, deberá ajustarse a las disposiciones de los artículos 11 a 14 precedentes.

Art. 18-En las circunstancias del artículo 16 la autoridad

interviniente, sin perjuicio de las medidas urgentes que el caso

requiera, deberá poner el hecho en conocimiento de la Corte Suprema, la

cual podrá suspender sin más trámite al imputado y ponerlo a

disposición de la justicia en lo penal.

En los demás casos de denuncias, recibidas las actuaciones por el

tribunal de Enjuiciamiento, previa vista por 5 días al Ministerio

Público y traslado de su dictamen por igual término al imputado, el

tribunal podrá suspender a éste en sus funciones y ponerlo a

disposición de la justicia en lo penal.

Art. 19- Terminado el proceso penal por sentencia firme, se remitirán las actuaciones al tribunal de Enjuiciamiento.

Cuando se hubiese dictado condena por delito doloso o por delito

culposo sancionado con pena corporal efectiva o inhabilitación

absoluta, el tribunal de Enjuiciamiento dispondrá la separación de su

cargo del magistrado condenado.

En los demás casos el tribunal, previo examen del proceso y vista

fiscal, decidirá si corresponde el enjuiciamiento del magistrado o su

inmediata reintegración al cargo.

Art. 20-Siempre que se hiciere lugar a la formación de causa, el

tribunal suspenderá al juez en el ejercicio de sus funciones o

mantendrá la suspensión impuesta. En lugar de la suspensión el tribunal

podrá conceder al juez licencia por el tiempo que dure el juicio. En el

mismo auto se dará vista al fiscal para que formule acusación, de la

que se correrá traslado al imputado por el término perentorio de 15

días.

Cumplido este trámite, el presidente del tribunal citará al juez

imputado y al fiscal para que, con intervalo no menor de 10 días,

examinen las actuaciones en secretaría y ofrezcan la prueba que

producirán en el debate. Si estuvieren de acuerdo y siempre que el

presidente lo acepte, podrán manifestar que se conforman con las

lecturas de las declaraciones y pericias agregadas.

El tribunal rechazará mediante resolución fundada las pruebas de manifiesta impertinencia o superabundantes.

Art. 21- El presidente del tribunal podrá practicar de oficio, con

citación a los interesados o a petición de éstos, las diligencias que

fuere imposible cumplir en la audiencia y recibir la declaración o

informe de las personas que no puedan presumiblemente concurrir al

juicio.

Art. 22-Vencido el término de citación y practicadas las actuaciones

previas, el presidente del tribunal fijará día y hora para el debate

con intervalo no menor a 6 días, ordenando la citación de las personas

que deban intervenir bajo apercibimiento de ser conducidas por la

fuerza pública.

El juez podrá ser defendido hasta por dos letrados. La incomparecencia

de éstos o del imputado no postergará ni suspenderá el juicio, debiendo

darse oportuno aviso e intervención al defensor oficial.

El tribunal fijará la indemnización que corresponda a los testigos que

deban comparecer cuando éstos no residan en el lugar del juicio y la

soliciten.

Art. 23-El debate será oral y podrá ser público. El tribunal

resolverá, aun de oficio, que total o parcialmente tenga lugar a

puertas cerradas cuando así convenga por razones de moralidad u orden

público.

La resolución será motivada y se hará constar en el acta.

El juicio continuará en audiencias diarias hasta su terminación,

pudiendo suspenderse por un término máximo de 10 días cuando

circunstancias extraordinarias o inesperadas impidan su normal

desarrollo o hagan necesaria alguna diligencia exterior.

El presidente dirigirá el debate, ejercerá en la audiencia el poder de

policía y disciplinario pudiendo expulsar al infractor y aplicarle una

multa hasta de $ 100 o arresto hasta 8 días.

La medida será dictada por el tribunal cuando afecte al fiscal, al imputado o a sus defensores.

Art. 24-Abierto el debate se dará lectura de la pertinente acusación

fiscal y de la defensa del imputado. Inmediatamente después y en un

solo acto, serán tratadas y resueltas todas las cuestiones

preliminares, salvo que el tribunal resuelva hacerlo sucesivamente o

diferir alguna cuando ello convenga al orden del proceso. La resolución

que se dicte, será leída en la audiencia e incluida en el acta del

debate.

Art. 25-A continuación el presidente hará leer la parte substancial

de la prueba que no se recibirá en la audiencia y procederá al examen

del imputado, testigos y peritos.

Dispondrá asimismo los careos que crea necesarios.

Con la venia del presidente, los vocales del tribunal pueden formular

preguntas al imputado; éstos, y también el fiscal y la parte, pueden

del mismo modo interrogar a los testigos y peritos.

El presidente deberá rechazar las preguntas sugestivas o capciosas, sin recurso alguno.

Art. 26-Si del debate resultare un hecho no mencionado en la acusación, el fiscal podrá ampliar la acusación.

En tal caso el presidente informará al imputado que tiene derecho para

pedir la suspensión de la audiencia a efectos de preparar su defensa y

ofrecer prueba.

Cuando este derecho sea ejercido, el tribunal suspenderá el debate por un término que fijará prudencialmente.

Art. 27- Terminada la recepción de la prueba, el presidente concederá

la palabra sucesivamente al fiscal y a la parte, pudiendo replicarse

una sola vez.

En último término, el presidente preguntará al imputado si tiene algo que manifestar y cerrará el debate.

Art. 28- El secretario labrará un acta del debate, del que deberá

ordenarse la versión taquigráfica o fonoeléctrica cuando se hubiere

desarrollado a puertas cerradas.

Firmarán el acta los miembros del tribunal, el fiscal, los defensores y el secretario.

Art. 29- Si el tribunal estima de absoluta necesidad, la recepción de

nuevas pruebas, o la ampliación de las recibidas, podrá ordenar que el

debate se reanude con ese fin y la discusión quedará limitada al examen

de aquéllas.

Art. 30- El tribunal sesionará siempre en pleno y se pronunciará por mayoría absoluta de sus miembros.

Art. 31- El tribunal deliberará en sesión secreta y apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

La sentencia será dictada en un término no mayor de 48 horas y deberá

ser fundada. Si fuese condenatoria expresará en qué disposición legal

se encuadra la conducta del imputado y no tendrá otro efecto que

disponer su remoción e inhabilitarlo para ocupar en adelante otro cargo

judicial.

Si fuere absolutorio, el juez, sin otro trámite, se reintegrará a sus

funciones. Contra el fallo no cabe recurso alguno, salvo el de

aclaratoria que podrá interponerse dentro de 24 hs.

Art. 32- Terminada la causa, el tribunal regulará de oficio el

honorario de los letrados, peritos, intérpretes y demás auxiliares que

hayan intervenido, debiendo pronunciarse igualmente sobre toda otra

cuestión accesoria.

Si hubiese recaído condena, las costas serán a cargo del juez; si fuere absuelto las satisfará el Fisco.

Las regulaciones se ejecutarán ante la justicia nacional.

Art. 33- Todo traslado, vista, resolución o dictamen fiscal que no

tenga un plazo específico, deberá producirse en el de 5 días.

Art. 34- El juez que de acuerdo al presente decreto ley se encontrare

suspendido en el cargo o con licencia, percibirá el 70% de sus haberes.

Sobre el saldo se le trabará embargo a las resultas del juicio. Si

fuera reintegrado a sus funciones recibirá el total de la suma

embargada.

Art. 35- Son aplicables supletoriamente las disposiciones del Código de Procedimientos en lo Criminal para la Capital Federal.

Art. 36- Las resoluciones por las que se dispone la formación de

causa, la suspensión o licencia de los magistrados y la sentencia

final, serán comunicadas por el tribunal a la Corte Suprema.

Art. 37-Mientras no se dicte un decreto ley especial, los fiscales de

las cámaras nacionales quedan sometidos a las disposiciones del

presente.

Art. 38- El Poder Ejecutivo proveerá por depósito anual, a la orden de