REGIMEN PROCESAL DE LA ACCION CIVIL DE EXTINCION DE DOMINIO

RÉGIMEN PROCESAL DE LA ACCIÓN CIVIL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

Decreto 62/2019

DNU-2019-62-APN-PTE - Aprobación.

Ciudad de Buenos Aires, 21/01/2019

VISTO el Expediente N° EX-2019-02582495-APN-DGDYD#MJ, las Leyes Nros.

13.640, 17.454 (t.o. 1981), 24.522, 24.759, 25.632, 26.023, 26.097,

26.994 y 27.148, y sus respectivas modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que la corrupción y los delitos contra la Administración Pública, el

narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo y demás delitos

graves afectan el normal funcionamiento de las instituciones

democráticas y republicanas, causando enormes pérdidas para el Estado,

en todas sus dimensiones, que, en definitiva, resultan en mayores

costos para los ciudadanos.

Que la REPÚBLICA ARGENTINA, mediante la Ley N° 25.632, aprobó la

CONVENCIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

TRANSNACIONAL, donde los Estados Parte acuerdan mecanismos de

cooperación y herramientas para el recupero de los bienes y otros

beneficios derivados del producto del delito.

Que la CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORISMO aprobada por la

Ley N° 26.023, establece que cada Estado Parte adoptará las medidas

necesarias para identificar, congelar, embargar y, en su caso, proceder

al decomiso de los fondos u otros bienes que constituyan el producto de

la comisión o tengan como propósito financiar o hayan facilitado o

financiado la comisión de cualquiera de los delitos vinculados al

terrorismo.

Que la REPÚBLICA ARGENTINA, mediante la Ley N° 26.097, aprobó la

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, instrumento en

el que los Estados Parte manifiestan su preocupación por los problemas

y amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de

las sociedades, socavando los valores de la democracia.

Que la CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN, aprobada por la

Ley N° 24.759, establece que de acuerdo con las legislaciones

nacionales aplicables y los tratados pertinentes u otros acuerdos que

puedan estar en vigencia entre ellos, los Estados Partes se prestarán

mutuamente la más amplia asistencia posible en la identificación, el

rastreo, la inmovilización, la confiscación y el decomiso de bienes

obtenidos o derivados de la comisión de los delitos tipificados de

conformidad con la citada Convención, de los bienes utilizados en dicha

comisión o del producto de dichos bienes.

Que el fenómeno de la corrupción implica un perjuicio estructural y

sistemático al patrimonio y los recursos del Estado, provocando una

afectación a la igualdad de las cargas públicas y generando un enorme

costo para la operación eficaz del Estado, a la vez que daña el tejido

social y desincentiva el cumplimiento de la ley.

Que en el ejercicio de sus funciones, el Estado debe contar con

herramientas consistentes, prácticas y eficaces de política criminal,

tanto de carácter penal como de carácter no penal, para luchar de

manera integral contra el flagelo del crimen organizado.

Que el enfrentamiento a los grupos criminales complejos implica una

serie de desafíos que están dados por la magnitud de los recursos que

manejan, su grado de organización y sofisticación, lo que hace

necesario abordar este flagelo desde diversas perspectivas.

Que el régimen que por el presente se aprueba se enmarca en el Programa

Justicia 2020, propiciado por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS

HUMANOS, cuya meta es lograr una justicia cercana a la comunidad,

moderna, transparente e independiente. Dentro de los ejes de debate

planteados, se incorpora como uno de los objetivos la elaboración de un

nuevo sistema procesal civil más eficiente, que procure promover la

inmediación y la concentración como garantías de la transparencia de

los procesos, que se adapte a los nuevos paradigmas sociales y

culturales, que privilegie la economía procesal, la oralidad efectiva y

la celeridad.

Que la necesidad de modernizar los procesos es una exigencia que demanda la sociedad y el inicio de un cambio de paradigma.

Que es necesario dotar al sistema de Justicia de nuevas herramientas

que otorguen al sistema civil agilidad, celeridad y eficacia para dar

respuestas a la sociedad.

Que este régimen persigue proveer al MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, cuyo

fin constitucional es promover la actuación de la Justicia en defensa

de los intereses generales de la sociedad, de instrumentos jurídicos

idóneos para lograr de manera eficaz, la intervención del Estado con el

objeto de obtener la extinción del dominio a su favor del dinero,

cosas, bienes, derechos u otros activos, ganancia, provecho directo o

indirecto que se hubiera obtenido de manera injustificada, provocando

un enriquecimiento sin causa lícita.

Que se propone dotar al MINISTERIO PÚBLICO FISCAL de herramientas

concretas para llevar adelante juicios contradictorios, donde quienes

sean acusados de la comisión de los delitos enumerados en la presente

norma, sean sometidos a una investigación con el objeto de determinar

si su patrimonio o parte de él está constituido por causa ilícita, y

tengan su derecho de defensa preservado conforme lo establece la

CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que el derecho de propiedad establecido en el artículo 17 de la

CONSTITUCIÓN NACIONAL admite un adecuado régimen de restricciones y

límites que atañen a su esencia, máxime cuando este derecho es ejercido

en forma irregular.

Que se regula por el presente una acción civil de carácter patrimonial

a través de la cual, a raíz de la sospecha fundada sobre la comisión de

un delito grave, el Estado cuestiona la titularidad de un bien cuando

no se corresponde razonablemente con los ingresos de su tenedor,

poseedor o titular, o representa un incremento patrimonial

injustificado.

Que la finalidad de esta herramienta es extinguir por vía de una acción

civil el derecho sobre los bienes que hayan sido mal habidos por efecto

de actos de corrupción o crimen organizado, a fin de recuperarlos en

beneficio del conjunto de la sociedad.

Que la procedencia de este instrumento deberá ser analizada de

conformidad con los principios funcionales de objetividad, eficiencia y

transparencia, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 9° de la

Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal N° 27.148 y su modificatoria

deben guiar la actuación del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL a fin de dar

respuestas rápidas y eficaces a la comunidad.

Que se exige para la procedencia de la demanda de extinción de dominio

que previamente el juez competente en lo penal haya dictado alguna

medida cautelar sobre los bienes, por su presunta vinculación con el

delito.

Que el demandado tendrá garantizado su derecho a demostrar el origen

lícito de los fondos con los que adquirió el bien, o que el ingreso del

bien a su patrimonio es anterior a la presunta comisión del delito.

Que la competencia para entender en las acciones previstas en el

régimen que por el presente se establece ha de corresponder a la

Justicia Federal en lo civil y comercial.

Que las acciones referidas se deberán llevar adelante de conformidad

con las reglas del artículo 498 del CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL

DE LA NACIÓN, en el que se regula el proceso sumarísimo, con excepción

del plazo de contestación de la demanda que en aras de garantizar el

más amplio ejercicio del derecho de defensa se extiende a QUINCE (15)

días.

Que se admite asimismo una excepción previa cuando resulta evidente que

el bien se incorporó al patrimonio del demandado con anterioridad a la

fecha de presunta comisión del hecho investigado.

Que, finalmente, se autoriza a las partes a alegar sobre la prueba

producida durante el proceso, efectivizando el principio contradictorio

que refleja la igualdad de las partes ante la ley.

Que el presente régimen utiliza los medios procesales existentes, que

se encuentran consolidados en la judicatura, de manera de promover en

lo inmediato una administración de justicia eficaz.

Que procede introducir una modificación en el CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL

DE LA NACIÓN, con el objeto de reconocer a la sentencia firme que se

dicte con motivo de esta acción, como un modo de extinción del dominio.

Que, asimismo, corresponde practicar otras modificaciones legales para

adecuar sus términos al objeto del régimen que se establece por el

presente.

Que la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN el 23 de junio de

2016 dio media sanción a un proyecto de Ley de Extinción de Dominio, en

base al consenso arribado entre bloques de diversos orígenes

partidarios. Una vez girado al HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN, fue

tratado en el recinto el 22 de agosto de 2018, a poco más de tres meses

de caducidad del proyecto, introduciendo modificaciones estructurales a

la media sanción de Diputados.

Que estas modificaciones fueron remitidas a la Cámara de origen, a los

fines de cumplimentar con el procedimiento constitucional de formación

y sanción de las Leyes, sin obtener tratamiento hasta la finalización

del período ordinario de sesiones del año parlamentario en curso.

Que el proyecto lleva así más de DOS (2) años de trámite legislativo

sin resolución, por lo que urge otorgar a la Justicia herramientas

eficaces para desfinanciar a las organizaciones criminales y resguardar

el patrimonio estatal.

Que, en vista de las razones aquí expuestas, y en atención al período

de receso legislativo, se verifican las circunstancias de carácter

excepcional a las que hace referencia el inciso 3 del artículo 99 de la

CONSTITUCIÓN NACIONAL, que hacen imposible seguir los trámites

ordinarios previstos para la sanción de las leyes.

Que la Ley N° 26.122, regula el trámite y los alcances de la

intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los

Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO

NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3 de la

CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que la citada Ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene

competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los

decretos de necesidad y urgencia, así como elevar el dictamen al

plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de

DIEZ (10) días hábiles.

Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se

pronuncien mediante sendas resoluciones y que el rechazo o aprobación

de los decretos deberá ser expreso, conforme lo establecido en el

artículo 82 de la Carta Magna.

Que han tomado intervención los servicios permanentes de asesoramiento jurídico competentes.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades

emergentes del artículo 99, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y de

acuerdo a los artículos 2°, 19 y 20 de la Ley N° 26.122.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el RÉGIMEN PROCESAL DE LA ACCIÓN CIVIL DE

EXTINCIÓN DE DOMINIO que como Anexo I, IF-2019-03869756-APN-MJ, forma

parte integrante del presente.

ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el artículo 1907 del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL

DE LA NACIÓN, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 1907. Extinción. Sin perjuicio de los medios de extinción de

todos los derechos patrimoniales y de los especiales de los derechos

reales, éstos se extinguen, por la destrucción total de la cosa si la

ley no autoriza su reconstrucción, por su abandono, por la

consolidación en los derechos reales sobre cosa ajena y por sentencia

judicial que así lo disponga en un proceso de extinción de dominio.”

ARTÍCULO 3°.- Incorpórase como inciso 4 del artículo 21 de la Ley N° 24.522 y sus modificatorias, el siguiente:

“4. Los procesos de extinción de dominio.”

ARTÍCULO 4°.- Incorpórase como último párrafo del artículo 5° de la Ley N° 27.148 y su modificatoria, el siguiente:

“La legitimación activa del Ministerio Público Fiscal de la Nación en

el régimen de extinción de dominio a favor del Estado Nacional queda

incluida entre sus funciones.”

ARTÍCULO 5°.- Incorpórase como inciso h), del primer párrafo del artículo 22, de la Ley N° 27.148, el siguiente:

“h) Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional.”

ARTÍCULO 6°.- El presente decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación.

ARTÍCULO 7°.- Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL

REGISTRO OFICIAL y archívese. MACRI - Marcos Peña - Rogelio Frigerio -

Guillermo Javier Dietrich - Nicolas Dujovne - Patricia Bullrich -

Germán Carlos Garavano - Oscar Raúl Aguad - Jorge Marcelo Faurie -

Dante Sica - Carolina Stanley - Alejandro Finocchiaro

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 22/01/2019 N° 3599/19 v. 22/01/2019

(*Nota

Infoleg:**

Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la

edición web de Boletín Oficial)*

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ANEXO I

RÉGIMEN PROCESAL DE LA ACCIÓN CIVIL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

ARTÍCULO 1°.- Naturaleza. La

acción civil de extinción de dominio procede respecto de cualquier

derecho, principal o accesorio, sobre los bienes descriptos en el

presente régimen. La extinción de dominio se declara a través de un

procedimiento autónomo e independiente de cualquier otro proceso

judicial, no pudiendo acumularse a ninguna pretensión.

ARTÍCULO 2°.- Competencia. Será

competente para entender en las acciones previstas en el presente

régimen, la Justicia Federal con competencia en lo civil y comercial.

En la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, será competente la Justicia

Nacional en lo Civil y Comercial Federal.

Será competente el juez del domicilio del demandado o aquel donde se

encuentren ubicados sus bienes, a elección de la parte actora. En caso

de que existan bienes ubicados en distintas jurisdicciones la parte

actora podrá accionar en todas o cualquiera de ellas.

ARTÍCULO 3°.- Procuraduría de extinción de dominio a favor del Estado Nacional.

La Procuración General de la Nación contará con una Procuraduría de

Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional, con facultades para

realizar investigaciones de oficio así como colaborar con la

identificación y localización de bienes que pudieran provenir de alguno

de los delitos enumerados en el artículo 6° del presente, en los casos

que así lo dispongan los fiscales intervinientes en esas

investigaciones.

La Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional,

junto con los fiscales competentes conforme a lo establecido en el

artículo 2°, deberán presentar las demandas e impulsar las acciones de

extinción de dominio previstas en el presente régimen.

El Procurador General de la Nación, de acuerdo con lo establecido en el

artículo 22, segundo párrafo, de la Ley N° 27.148 y su modificatoria,

determinará el funcionamiento de la Procuraduría de Extinción de

Dominio a favor del Estado Nacional y establecerá los criterios que

orienten el inicio y selectividad de las acciones de extinción de

dominio en función de la significación económica de los bienes, el

grado de afectación al interés público y los objetivos que orientan el

accionar del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.

La Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional

estará facultada para requerir información a todas las áreas del Estado

Nacional así como a entidades públicas y privadas , las que no podrán

negarla bajo ninguna circunstancia.

A requerimiento del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, el juez competente

deberá levantar el secreto fiscal, bancario, bursátil o el establecido

en los artículos 22 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias y 87

-primer párrafo- de la Ley N° 27.260.

Para el cumplimiento de sus funciones, la Procuraduría podrá conformar

equipos de investigación conjunta con organismos locales,

internacionales y/o de otros países, así como requerir y/o prestar

colaboración internacional en los términos de la normativa, los

convenios y pactos vigentes.

ARTÍCULO 4°.- Partes. En la

oportunidad prevista en el artículo 8° del presente régimen, el

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL podrá demandar a cualquier persona, humana o

jurídica, que ostente la tenencia, posesión, titularidad o cualquier

otro derecho sobre un bien objeto de la acción de extinción de dominio,

se encuentre o no imputada en la investigación penal.

Deberá impulsar la citación como tercero de intervención obligada en

los términos de los artículos 90 y 94 del CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y

COMERCIAL DE LA NACIÓN, a la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN y a

toda otra persona que ostente un derecho sobre los bienes objeto de la

demanda que pudiera ser afectado por la acción de extinción de dominio.

ARTÍCULO 5°.- Bienes incluidos.

Estarán sujetos al presente régimen aquellos bienes incorporados al

patrimonio del demandado con posterioridad a la fecha de presunta

comisión del delito investigado que, por no corresponder razonablemente

a los ingresos de su tenedor, poseedor o titular, o representar un

incremento patrimonial injustificado, permitan considerar que provienen

directa o indirectamente de uno de los delitos enunciados en el

artículo siguiente.

Quedarán abarcados:

a. Todo bien susceptible de valoración económica, mueble o inmueble,

tangible o intangible , registrable o no, los documentos o instrumentos

jurídicos que acrediten la propiedad u otros derechos sobre los bienes

mencionados, o cualquier otro activo susceptible de apreciación

pecuniaria;

b. La transformación o conversión parcial o total, física o jurídica, de los bienes previstos en el inciso anterior;

c. Los ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados

de los bienes previstos en cualquiera de los incisos anteriores.

ARTÍCULO 6°.- Procedencia. La acción de extinción de dominio procede respecto de los bienes que presuntamente provienen de los siguientes delitos: