BASES PARA LA RECONSTRUCCION DE LA ECONOMIA ARGENTINA

BASES PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ECONOMÍA ARGENTINA

Decreto 70/2023

DNU-2023-70-APN-PTE - Disposiciones.

Ciudad de Buenos Aires, 20/12/2023

VISTO y CONSIDERANDO:

Que la REPÚBLICA ARGENTINA se encuentra atravesando una situación de

inédita gravedad, generadora de profundos desequilibrios que impactan

negativamente en toda la población, en especial en lo social y

económico.

Que la severidad de la crisis pone en riesgo la subsistencia misma de

la organización social, jurídica y política constituida, afectando su

normal desarrollo en procura del bien común.

Que ningún gobierno federal ha recibido una herencia institucional,

económica y social peor que la que recibió la actual administración por

lo que es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la

situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones

económicas y sociales que la Nación padece, especialmente, como

consecuencia de un conjunto de decisiones intervencionistas.

Que con el fin de corregir la crisis terminal que enfrenta la economía

argentina y conjurar el grave riesgo de un deterioro aún mayor y mucho

más grave de la situación social y económica, se debe reconstruir la

economía a través de la inmediata eliminación de barreras y

restricciones estatales que impiden su normal desarrollo, promoviendo

al mismo tiempo una mayor inserción en el comercio mundial.

Que en el año 2003 el país tenía superávits gemelos, es decir, superávit fiscal y externo.

Que la realidad actual es muy diferente: los déficits gemelos son equivalentes a DIECISIETE (17) puntos del PBI.

Que para comenzar a solucionar la enorme cantidad de problemas

derivados de la herencia que la administración saliente deja a todos

los argentinos, es necesario un ajuste fiscal en el sector público

nacional de 5 puntos del PBI, y -al mismo tiempo- se requiere resolver

la situación de los pasivos remunerados del BANCO CENTRAL DE LA

REPÚBLICA ARGENTINA, los que son responsables de los 10 puntos de su

déficit.

Que, de esta manera, se pondría fin tanto al déficit fiscal como a la

emisión de dinero necesaria para financiarlo y, con ello, a la única

causa de la inflación empíricamente cierta y válida en términos

teóricos.

Que, sin embargo, dado que la política monetaria actúa con un rezago

que oscila entre 18 a 24 meses, aun cuando hoy se deje de emitir

dinero, los argentinos seguiremos pagando los costos del desastre

monetario del gobierno saliente.

Que la administración anterior emitió moneda por un equivalente a 20

puntos del PBI, lo que genera un efecto devastador inevitable que se

prolongará en el tiempo, generando un incremento notorio de la ya

altísima inflación heredada.

Que el comúnmente conocido como “cepo cambiario”, otra herencia nefasta

de la administración anterior, no solo constituye una pesadilla social

y productiva, porque implica altas tasas de interés, bajo nivel de

actividad, escaso nivel de empleo formal y salarios reales miserables

que impulsan el aumento de pobres e indigentes, sino que produjo un

sobrante de dinero en la economía que hoy es el doble de lo que se

registraba en los momentos previos a la implementación del plan

impulsado por el ministro Celestino Rodrigo, conocido como el

“Rodrigazo”.

Que para poder dimensionar la magnitud de lo que esto implica, cabe

recordar que ese plan multiplicó por 6 veces la tasa de inflación, por

lo que un evento similar significaría multiplicar la tasa de inflación

por 12 veces.

Que teniendo en cuenta que la inflación mensual anualizada implicaría

una inflación del 300% anual, la REPÚBLICA ARGENTINA podría pasar a

tener una tasa anual del orden del 3.600 %.

Que, a su vez, dada la situación de los pasivos remunerados del BANCO

CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, que es peor que la que había en los

momentos previos a la hiperinflación de 1989, en muy poco tiempo se

podría cuadruplicar la cantidad de dinero y con eso llevar a la

inflación a niveles del 15.000% anual.

Que debido al accionar irresponsable del gobierno saliente, la

REPÚBLICA ARGENTINA se enfrenta a una emergencia nunca vista en la

historia del país con la posibilidad cierta de una aceleración de la

inflación a 15.000% anual.

Que este número aterrador implica una inflación del 52% mensual; hoy

mismo la inflación de acuerdo con estimaciones privadas, oscilará entre

el 20 y el 40 por ciento mensual para los meses entre diciembre y

febrero.

Que, en función de lo expuesto, las políticas implementadas por el

gobierno saliente han tenido como resultado un severo riesgo de

hiperinflación, la que -de registrarse- generaría un enorme perjuicio

económico - social a toda la población del país.

Que, en ese marco, el gobierno actual tiene como máxima prioridad

actuar de manera urgente y hacer todos los esfuerzos necesarios para

evitar semejante catástrofe que llevaría a la pobreza por encima del

90% y la indigencia por encima del 50%.

Que, en consecuencia, no hay solución alternativa a un urgente ajuste

fiscal que ordene las cuentas públicas y, como contrapartida, un

programa general de desregulación de la economía que saque al país del

pozo en el que lo sumió la administración anterior.

Que, por otra parte, la situación de emergencia heredada no termina

ahí, ya que los desequilibrios en las tarifas son equiparables a la

desastrosa situación registrada a finales del año 2015.

Que la deuda por importaciones supera los 30.000 millones de dólares y

las utilidades retenidas a las empresas extranjeras alcanzan los 10.000

millones de dólares, las deudas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA

ARGENTINA y de YPF suman 25.000 millones de dólares y la deuda del

Tesoro pendiente suma unos 35.000 millones de dólares adicionales.

Que el monto neto de la deuda contraída irresponsablemente por la

administración anterior asciende a aproximadamente 112.000 millones de

dólares, que se suman a los aproximadamente 420.000 millones de dólares

de deuda ya existentes.

Que a estos problemas se suman los compromisos de deuda del corriente

año, en el que los vencimientos en pesos son equivalentes a 90.000

millones de dólares y 25.000 millones de dólares en monedas extranjeras

con organismos multilaterales de crédito.

Que el acceso a los mercados financieros está cerrado como consecuencia

de la política irresponsable de la administración anterior y el acuerdo

alcanzado oportunamente con el Fondo Monetario Internacional fue

incumplido por esa misma administración, limitando severamente la

capacidad de acción del gobierno federal y exigiendo la adopción de

medidas urgentes para revertir la delicadísima situación heredada.

Que todo esto transcurre en medio de una situación de enorme gravedad

social como consecuencia de una economía que no crece desde el año 2011.

Que el empleo formal en el sector privado se mantiene estancado en 6

millones de puestos de trabajo desde esa fecha, lo que ha provocado la

anómala e inaceptable situación de que el empleo informal supere al

formal en un 33%.

Que, por ello, los salarios reales se encuentran en un nivel

inusualmente bajo, ubicándose a finales del mandato de la

administración anterior en torno a los 300 dólares mensuales, eso es 6

veces inferior al nivel existente durante el período de convertibilidad.

Que la consecuencia de la catastrófica política económica y social

aplicada por la administración anterior es una caída abrupta del

salario de los trabajadores de todo el país, lo que resulta en un 45%

de pobreza y un 10% de indigencia.

Que en los últimos 12 años el PBI per cápita ha caído un 15% en un

contexto donde el país acumuló una inflación de aproximadamente 5.000%,

demostración cabal de que nuestro país ya se encuentra inmerso en una

estanflación desde hace más de una década.

Que es fácil advertir que la actual administración ha recibido un país

en donde casi la mitad de su población es pobre y con un tejido social

completamente deteriorado, donde más de 20 millones de argentinos no

tienen acceso a una vida digna por estar presos de un sistema que solo

genera más pobreza.

Que más de 6 millones de menores de edad pasan hambre, no tienen acceso

a condiciones dignas de vida y, como es evidente, ni siquiera pueden

asistir regularmente a la escuela.

Que la infraestructura de nuestro país también se encuentra en

situación calamitosa; solo el 16% de nuestras rutas se encuentran

asfaltadas y solo el 11% está en buen estado.

Que por todo lo dicho es indudable que la situación de la Argentina es

extremadamente crítica y de una emergencia sin precedentes en nuestra

historia.

Que si bien nuestro país ha atravesado graves crisis, y muchos

gobiernos se han expresado en el pasado en forma similar acerca de la

gravedad de la situación que enfrentó la Argentina, la realidad indica

que ninguna de las anteriores, pese a su seriedad, tuvo la magnitud y

alcance de la crisis actual.

Que frente a ese gravísimo cuadro de situación no hay más alternativa

posible que el ajuste de las cuentas y de las finanzas públicas, que

implique un drástico cambio de rumbo económico.

Que la confianza -núcleo central de las decisiones económicas- solo se

podrá revertir con un programa integral de reformas económicas que

quiebre en forma decidida las causas profundas de la decadencia de

nuestro país.

Que esas causas se encuentran en una estructura económica que se basa

en la cooptación de rentas de la población a través de un esquema

corporativo, que se apoya en muchos casos en regulaciones arbitrarias

que no tienen como fin el bien común y que entorpecen el normal

desenvolvimiento de la economía e impiden el libre desarrollo de las

capacidades económicas de nuestro país.

Que esa intrincada red de regulaciones, lejos de proteger a los

sectores más débiles de la población, los hace dependientes de sectores

notablemente improductivos y parasitarios.

Que la situación exige la adopción de medidas urgentes, que no admiten

dilación alguna, con el objetivo de romper ese círculo vicioso de

empobrecimiento generalizado y crisis recurrentes.

Que el grave cuadro descripto obliga a tomar en forma inmediata

decisiones drásticas, que ayuden a poner en marcha el país a través de

la liberación de fuerzas productivas, hoy maniatadas por regulaciones

cuyo fracaso es patente.

Que la situación descripta atenta contra el bien común y afecta los derechos constitucionales de millones de argentinos.

Que para revertir la situación de estancamiento y empobrecimiento en

que nuestro país se encuentra sumido hace varias décadas, resulta

imperiosa la eliminación de numerosas regulaciones que ahogan a las

fuerzas productivas de la república.

Que, por ese motivo, el gobierno nacional ha decidido implementar un plan de desregulación de amplísimo alcance.

Que, en ese orden, es imprescindible facilitar la operatoria económica

eliminando los obstáculos que han introducido diversas leyes en el

libre funcionamiento de los mercados mediante una indebida injerencia

del Estado, correspondiendo así derogar las Leyes N° 20.680 de

Abastecimiento, N° 18.875 de Compre Nacional -parcialmente, N° 21.608

de Promoción Industrial, N° 27.437 de Compre Argentino -parcialmente- y

N° 27.545 de Góndolas.

Que es necesario derogar la Ley N° 18.425 de Promoción Comercial que

impone limitaciones al funcionamiento de los comercios y obliga a

participar de registros de actividad que carecen de razón de ser.

Que en aras de impulsar inversiones y radicaciones comerciales y

generar empleo es necesario derogar la Ley N° 19.227 -que limita la

ubicación de mercados mayoristas- y la Ley N° 20.657, otorgando más

libertad para las decisiones privadas en el comercio.

Que se torna imperioso acrecentar actividades productivas que permitan

expandir la producción y reducir los precios de los productos,

fomentando asimismo el desarrollo de las economías regionales, de

manera de hacer realidad el plan federal que nuestros padres fundadores

tuvieron en mente al sancionar la Constitución Nacional.

Que, a tales fines, resulta necesaria una modernización del Instituto

Nacional de la Yerba Mate, previsto en la Ley N° 25.564, que lo

equipare con el Instituto Nacional de la Vitivinicultura, focalizando

sus actividades en las verificaciones de calidad, al tiempo de impedir

su intromisión en un mercado competitivo, replicando así el exitoso

modelo de la industria del vino que ha logrado una mayor inserción

internacional.

Que, en esa línea, corresponde derogar la Ley N° 27.114 que impone limitaciones al fraccionamiento de la yerba mate.

Que frente a la crisis del sistema de salud es imperativo lograr

reducciones contundentes en los costos de las prestaciones, lo que en

definitiva redundará en un beneficio directo para la población en

general.

Que con el objetivo de aumentar la competitividad del mercado debe

reformularse la ley de medicamentos y recetas, migrando a la receta

electrónica, a los fines de lograr una mayor agilidad de la industria y

minimizar costos.

Que, por ello, resulta necesario modificar las Leyes N° 25.649 y N° 27.553.

Que también se deben introducir modificaciones en la Ley N° 17.565 de

Ejercicio de la Actividad Farmacéutica y en la Ley N° 17.132 de

Ejercicio de la Medicina, a los fines de incrementar la competencia en

el sector y reducir los precios para el usuario.

Que con el objeto de disminuir el costo de los medicamentos, facilitar

su uso y acceso, así como para lograr un mejor desarrollo de la

actividad farmacéutica, en el mundo se ha facilitado la utilización de

remedios genéricos.

Que debe rescatarse el espíritu originario de la Ley N° 25.649,

facilitando la venta de medicamentos genéricos de menor costo, los que

convivirán con los productos medicinales de marcas reconocidas en el

mercado.

Que, asimismo, para aumentar la competitividad del sistema, se deben

liberar las restricciones de precios al sistema de medicina prepaga.

Que en orden a disminuir los costos del sistema de salud es necesario

modificar la Ley N° 26.906 de Trazabilidad y Verificación de Aptitud

Técnica de Productos Médicos Activos de Salud a los fines de reducir la

burocracia asociada a la implementación de equipamiento médico.

Que, por otra parte, el comercio exterior de nuestro país requiere de una fuerte reforma para su fortalecimiento y fomento.

Que para agilizar el comercio, eje central para superar la situación de

inédita gravedad por la que atraviesa la REPÚBLICA ARGENTINA es

necesaria una profunda reforma del Código Aduanero.

Que, en ese sentido, es preciso eliminar el registro de exportadores e

importadores, toda vez que nuestro país es uno de los pocos en el mundo

que requiere participar de un registro para exportar o importar, lo que

crea barreras artificiales que solamente encarecen los productos, con

grave perjuicio para sus habitantes.

Que con el objeto de facilitar las operaciones y asegurar su

transparencia es necesario digitalizar los trámites, rediseñar los

procesos de retiro de mercadería y autorizar la declaración anticipada.

Que a los fines de fomentar las inversiones es necesario eliminar

también la posibilidad de imponer prohibiciones de importación y

exportación económicas, dando certeza jurídica a quienes inviertan en

el país.

Que, asimismo, debe derogarse la Ley N° 14.499, que en algunos casos operaba como un freno al otorgamiento de créditos.

Que es necesario realizar una fuerte desregulación y simplificación en

el mercado de tarjetas de crédito, adecuándolo a los cambios recientes

en modalidades de relacionamiento y tecnologías de digitalización.

Que en el contexto de la emergencia es fundamental acotar los riesgos

de la actividad económica dotando al sector asegurador de mayor

flexibilidad.

Que, por otro lado, el sector agropecuario debe ser un factor esencial

para salir de la emergencia que se ha descripto y para ello es

necesaria una fuerte liberación de la actividad.

Que para ello es imprescindible efectuar modificaciones en la Ley N° 9.643 que regula los certificados de depósito y warrants.

Que, a su vez, es menester derogar la Ley N° 26.737 que limita el

derecho de propiedad sobre la tierra rural y las inversiones en el

sector.

Que varias industrias deben soportar el peso de una excesiva

regulación, como ocurre con la industria vitivinícola, por lo que

resulta adecuado derogar la Ley N° 18.600 de contratos de elaboración

de vinos, la Ley N° 18.905 de política vitivinícola nacional y la Ley

N° 22.667 de reconversión vitivinícola.

Que por idénticos motivos deben derogarse la Ley N° 18.770 de régimen

de entregas de azúcar para consumo en el mercado interno y la Ley N°

26.736 que regula el mercado de pasta celulosa y papel para diarios;

ello así a fin de lograr un mejor acceso de las empresas del sector a

ese insumo, fomentando la más amplia libertad de expresión.

Que en línea con esa eliminación de restricciones que limitan el ágil

funcionamiento del sector agropecuario, es necesario derogar la Ley N°

12.916 que crea la Corporación Nacional de Olivicultura, la Ley N°

18.859 de envases nuevos y de único uso para productos destinados a la

alimentación del ganado y la Ley N° 19.990 de regulación de la

actividad algodonera.

Que la minería es otra área con gran potencial en el país y que se encuentra notablemente subdesarrollada.

Que, en línea con ello, deben eliminarse costos en el sector minero con

la derogación de la Ley N° 24.523 del Sistema Nacional de Comercio

Minero y la Ley N° 24.695 del Banco Nacional de Información Minera.

Que el sector energético es central para la reversión de la situación de crisis que atraviesa el país.

Que deviene adecuado derogar la Ley N° 25.822 de Plan Federal de

Transporte Eléctrico y los Decretos Nros. 1491 del 16 de agosto de

2002, 634 del 21 de agosto de 2003 y 311 del 21 de marzo de 2006.

Que la situación de emergencia también requiere la supresión de costos fiscales de baja productividad.

Que, en tal sentido, resulta imperioso una simplificación en la Ley N°

27.424 de energía distribuida, eliminando la ayuda estatal y la

estructura de control.

Que por otra parte, y toda vez que la causa fundamental de la situación

de emergencia ya descripta es sustancialmente fiscal, su solución

conllevará la superación de la crisis que aqueja al país.

Que para ello es necesario modificar el status jurídico de las empresas