LegalizeINSTITUTO NACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR, CAMPESINA E INDIGENA
INSTITUTO NACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR, CAMPESINA E INDÍGENA
Decreto 729/2022
DECNU-2022-729-APN-PTE - Creación.
Ciudad de Buenos Aires, 03/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-105743299-APN-DGDA#MEC, la Ley de
Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92 y sus
modificaciones), las Leyes Nros. 26.737 y 27.118 y su modificatoria, el
Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que el Prólogo de Recomendaciones de Política para la Agricultura
Familiar en América Latina y el Caribe publicadas en 2014 por la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (F.A.O.) de la ORGANIZACIÓN PARA LAS NACIONES UNIDAS
(O.N.U.) sostiene que la agricultura familiar es un sector clave para
lograr la erradicación del hambre y el cambio hacia sistemas agrícolas
sostenibles en todo el mundo.
Que, en ese sentido, allí se destacó que los pequeños agricultores y
las pequeñas agricultoras son aliados y aliadas de la seguridad
alimentaria y actores protagónicos y actoras protagónicas en el
esfuerzo de los países por lograr un futuro sin hambre, señalando
asimismo que en la región de América Latina y el Caribe el 80 % de las
explotaciones pertenecen a la agricultura familiar, convirtiéndose en
la principal fuente de empleo agrícola y rural.
Que, asimismo, el citado documento remarcó que los referidos
agricultores y las referidas agricultoras no solo producen la mayor
parte de los alimentos para el consumo interno de los países de la
región, sino que habitualmente desarrollan actividades agrícolas
diversificadas, que les otorgan un papel fundamental a la hora de
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y la conservación de la
biodiversidad, razón por la cual el año 2014 fue declarado por la 66ª
sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas como el “Año
Internacional de la Agricultura Familiar (A.I.A.F.)”.
Que, a tal efecto, se estableció como meta posicionar a dicho sector en
el centro de las políticas agrícolas, ambientales y sociales en las
agendas nacionales, identificando desafíos y oportunidades para
promover un cambio hacia un desarrollo más equitativo y equilibrado.
Que los resultados alentadores obtenidos durante el Año Internacional
de la Agricultura Familiar (A.I.A.F.) se consideraron la mejor garantía
para prever un período de gran utilidad para los agricultores y las
agricultoras familiares alrededor del mundo, razón por la que poco
tiempo después se proclamó la solicitud de un Decenio para la
Agricultura Familiar.
Que, por ello, en 2019 la F.A.O. conformó el Decenio de las Naciones
Unidas de la Agricultura Familiar (2019-2028) con el objetivo de
aportar una nueva perspectiva sobre lo que significa ser un agricultor
o una agricultora familiar en un mundo que cambia rápidamente y
destacar el importante papel que desempeñan los campesinos y las
campesinas familiares en la erradicación del hambre y en la
construcción de nuestro futuro alimentario.
Que, en dicho ámbito, la F.A.O. considera que la agricultura familiar
ofrece una oportunidad única para garantizar la seguridad alimentaria,
mejorar los medios de vida, gestionar mejor los recursos naturales,
proteger el medio ambiente y lograr un desarrollo sostenible, en
especial en las zonas rurales, transformándose los agricultores y las
agricultoras familiares en los y las agentes de cambio necesarios y
necesarias para alcanzar el Hambre Cero, así como un planeta más
equilibrado y resiliente.
Que en virtud de la Ley N° 27.188 la REPÚBLICA ARGENTINA reconoció
dichos objetivos declarando de interés público la agricultura familiar,
campesina e indígena por su contribución a la seguridad y soberanía
alimentaria del pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de
producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de
transformación productiva.
Que mediante el artículo 2º de la citada ley se creó el Régimen de
Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, destinado al
agricultor y a la agricultura familiar y empresas familiares
agropecuarias que desarrollen actividad agropecuaria en el medio rural,
con la finalidad prioritaria de incrementar la productividad, seguridad
y soberanía alimentaria y de valorizar y proteger al sujeto esencial de
un sistema productivo ligado a la radicación de la familia en el ámbito
rural, sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y
económica.
Que dicha política de Estado fue reconocida por el Informe de la
Relatora Especial sobre el Derecho a la Alimentación de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en el marco de la visita que realizó a
la REPÚBLICA ARGENTINA en el mes de septiembre de 2018, y que fuera
tratado en la Reunión del Consejo de Derechos Humanos en su
cuadragésimo período de sesiones del año siguiente, en el cual analizó
el impacto de la crisis en el derecho a la alimentación y reiteró la
importancia de proteger y promover la agricultura familiar como medio
para lograr un equilibrio entre el sistema de agricultura industrial
prevalente y el sistema de producción agroecológico, alentando al
Gobierno Nacional a dar prioridad al diseño e implementación de
políticas y reformas efectivas con la participación de todos los
segmentos relevantes de la sociedad, con el objetivo de garantizar el
derecho a una alimentación adecuada.
Que, entre sus conclusiones, recomendó la necesidad de desarrollar y
adoptar un marco legislativo nacional en relación con el derecho a la
alimentación basada en los derechos humanos, con referentes y planes
para una efectiva implementación en cada región.
Que con el propósito de responder a dichas necesidades se incorporó en
el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional, aprobado
por el Decreto N° 50/19, la SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR,
CAMPESINA E INDÍGENA de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
entonces dependiente del ex-MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA, actualmente del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que teniendo en cuenta que la problemática para el sector se ha ido
profundizando y complejizando, resulta indispensable adecuar la
normativa vigente, de forma de dotar al sector de la agricultura
familiar, campesina e indígena y de la pesca artesanal de herramientas
actualizadas y eficientes para enfrentar las particularidades que la
definen y condicionan.
Que a efectos de fortalecer la acción del Estado Nacional en la
materia, con la participación directa de las organizaciones que agrupan
al sector de la agricultura familiar, campesina e indígena y de la
pesca artesanal, resulta conveniente concentrar en un único organismo
especializado todas las competencias vinculadas con dicho sector.
Que se pretende lograr mayor agilidad y eficacia con las medidas a
adoptar, y a la vez ratificar la importancia que se otorga a dichas
actividades al momento de definir las políticas públicas vinculadas con
el referido sector, en sintonía con las recomendaciones efectuadas por
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales del 17
de diciembre de 2018.
Que, por todo lo expuesto, se propicia crear el INSTITUTO NACIONAL DE
LA AGRICULTURA FAMILIAR, CAMPESINA E INDÍGENA como organismo
descentralizado actuante en la órbita de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, con autarquía económica y financiera, el que será
continuador de la SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CAMPESINA E
INDÍGENA de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del
MINISTERIO DE ECONOMÌA.
Que el actual contexto social y económico exige establecer, sin demora,
los instrumentos y mecanismos de gestión que impulsen las condiciones
para el desarrollo rural integral y sustentable, con el fin de generar
empleo y garantizar el bienestar de la población y su participación e
incorporación en el desarrollo nacional fomentando la actividad
agropecuaria, y con el propósito de lograr la soberanía alimentaria en
un marco de igualdad de condiciones, constituyendo un imperativo del
Estado Nacional.
Que por lo expuesto, y atento la urgencia en la adopción de la presente
medida, se hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por
la CONSTITUCIÓN NACIONAL para la sanción de las leyes.
Que la Ley Nº 26.122 y sus modificaciones regulan el trámite y los
alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN
respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER
EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99,
inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene
competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los
Decretos de Necesidad y Urgencia, así como para elevar el dictamen al
plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de
DIEZ (10) días hábiles.
Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se
pronuncien mediante sendas resoluciones, y que el rechazo o aprobación
de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el
artículo 82 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que los servicios jurídicos correspondientes han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 99, incisos 1 y 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y de
acuerdo con los artículos 2°, 19 y 20 de la Ley N° 26.122.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Créase el INSTITUTO NACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR,
CAMPESINA E INDÍGENA como organismo descentralizado actuante en el
ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, con autarquía económica
y financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuar en el
ámbito del derecho público y privado.
ARTÍCULO 2°.- Institúyese al INSTITUTO NACIONAL DE LA AGRICULTURA
FAMILIAR, CAMPESINA E INDÍGENA como Autoridad de Aplicación de la Ley
N° 27.118, encontrándose facultado para dictar las normas
complementarias, aclaratorias e interpretativas que resultaren
necesarias para su implementación.
ARTÍCULO 3°.- Establécese que en un plazo de SESENTA (60) días,
computados a partir de la entrada vigencia del presente decreto, el o
la titular del INSTITUTO NACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR, CAMPESINA
E INDÍGENA deberá elevar al Jefe de Gabinete de Ministros para su
consideración y aprobación el proyecto de estructura organizativa de
primer y segundo nivel operativo de dicho organismo.
ARTÍCULO 4°.- Serán objetivos del INSTITUTO NACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR, CAMPESINA E INDÍGENA los siguientes:
Entender en el diseño, propuesta, coordinación, elaboración y
ejecución de políticas, planes y programas que atiendan las necesidades
y fomenten el desarrollo y fortalecimiento de los diversos sectores
agroproductivos vinculados a la agricultura familiar, campesina e
indígena y de la pesca artesanal, impulsando su formalización,
modernización, tecnificación, complementación y diversificación de la
economía relacionada con el sector productivo, tanto en la producción
primaria como en la transformación asociada.
Entender en la promoción de las formas de producción agroecológicas,
así como fomentar y acompañar la transición hacia estos sistemas de
producción primaria y transformación asociada, a través de la ejecución
de políticas de formación y fortalecimiento específicos.
Fomentar programas de construcción, ampliación y mejoramiento del
hábitat rural, acceso al agua y sus condiciones productivas,
propiciando el arraigo y la vuelta al campo, con el objetivo de
promover la pesca artesanal y la permanencia en la tierra de las
familias de los agricultores y las agricultoras familiares, campesinos
y campesinas e indígenas, en condiciones dignas, con seguridad jurídica
y garantizado el acceso a sus derechos, a través de la articulación de
acciones con las áreas de la Administración Pública Nacional con
competencia en la materia.
Entender en la ejecución de las políticas y programas que se
orienten a la puesta en valor de los saberes de los agricultores y las
agricultoras familiares, en especial, políticas de arraigo rural y de
reconocimiento del valor social de la agricultura familiar en el
desarrollo nacional, la seguridad y la soberanía alimentaria.
Entender en la coordinación de las instancias de relaciones
institucionales con el Consejo de la Agricultura Familiar, Campesina e
Indígena y las organizaciones de la Agricultura Familiar, y ejercer la
representación en la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar
en el MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR) y en otras instancias nacionales
e internacionales específicas.
Generar instancias de participación de los productores y las
productoras de la agricultura familiar, campesina e indígena, como así
también reconocer y fomentar sus formas asociativas, convocando y
coordinando espacios interinstitucionales con participación de los
ámbitos público y privado relacionados con la actividad de su
competencia.
Entender en la coordinación con organismos de cooperación técnica y
financiamiento nacional y/o internacional de la planificación y
elaboración de programas y proyectos de desarrollo técnico, económico,
comercial y de agregado de valor destinados a la producción de los
pequeños y medianos productores y las pequeñas y medianas productoras
familiares, campesinos y campesinas e indígenas, como así también
intervenir y colaborar en su ejecución.
Intervenir en el seguimiento de las negociaciones multilaterales,
regionales y bilaterales y la cooperación internacional, en
coordinación con las áreas competentes de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS y de los Ministerios u organismos relacionados con la
temática propia del Instituto.
Elaborar, ejecutar y supervisar la ejecución de programas destinados
a atender la problemática del agricultor y de la agricultora familiar,
campesino y campesina e indígena y de la pesca artesanal, el desarrollo
regional y territorial rural, con énfasis en el arraigo de los y las
jóvenes, la inclusión social y en la promoción de la igualdad de género.
Intervenir en materias vinculadas al Consejo Federal Agropecuario, en los ámbitos de su competencia.
Entender en la coordinación con las áreas de la Administración
Pública Nacional centralizada competentes en materia de agricultura,
ganadería y pesca, en lo que hace a sus propias atribuciones
institucionales.
ARTÍCULO 5°.- Serán funciones del INSTITUTO NACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR, CAMPESINA E INDÍGENA:
Proponer las políticas, normas y procedimientos respecto de la
utilización y disposición de los bienes que pudiesen pasar a integrar
conforme la normativa vigente al Banco de Tierras para la Agricultura
Familiar, creado por el artículo 16 de la Ley N° 27.118.
Participar en la celebración, ya sea a título oneroso o gratuito, de
los siguientes actos con relación a inmuebles estatales que integren el
Banco de Tierras para la Agricultura Familiar conforme la normativa
vigente y de acuerdo con las directivas que imparta la AGENCIA DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO (AABE), organismo descentralizado
actuante en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS:
a. Adquisición o enajenación.
b. Constitución, transferencia, modificación o extinción de derechos
reales o personales no contemplados en los demás incisos del presente
artículo.
c. Locación.
d. Asignación en comodato o transferencia de uso.
Contratar obras y servicios que hagan al cumplimiento de sus misiones y funciones, de conformidad con la normativa vigente.
Intervenir en la celebración de todo tipo de contratos y, en
particular, contratos de concesión de uso, en los bienes que
eventualmente integren el Banco de Tierras para Agricultura Familiar y
en cualquier otro contrato civil o comercial, típico o atípico,
nominado o innominado, que fuera conducente para el cumplimiento de su
objeto con personas humanas y/o jurídicas.
Adquirir bienes que resulten necesarios para el cumplimiento de sus
misiones y funciones, de conformidad con la normativa vigente.
Administrar el REGISTRO NACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR (RENAF)
creado por la Resolución N° 255/07 de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
PRODUCCIÓN y su modificatoria, creación que fuera ratificada por el
artículo 6° de la Ley N° 27.118 y monitorear su actualización
permanente.
Promover las relaciones institucionales del Organismo y, en su caso,
suscribir convenios con organizaciones públicas o privadas, nacionales
o extranjeras, para el logro de sus objetivos en coordinación con los
organismos con competencia en la materia.
⋯
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