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PODER EJECUTIVO
Decreto 942/2024
DNU-2024-942-APN-PTE - Modificación de la Ley Nº 26.165.
Ciudad de Buenos Aires, 21/10/2024
VISTO el Expediente Nº EX-2024-102289625-APN-DNNYRPJYMP#MSG, la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Resolución 538 (VI)
del 2 de febrero de 1952 de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado Nº 26.165 y
su modificatoria, la Ley de Migraciones N° 25.871 y la Ley N° 26.734, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 20 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece que los
extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos
civiles del ciudadano, pudiendo ejercer su industria, comercio y
profesión, poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos, navegar ríos
y costas, ejercer libremente su culto, testar y casarse conforme a las
leyes.
Que la Ley de Migraciones N° 25.871 establece en su artículo 1° que “La
admisión, el ingreso, la permanencia y el egreso de personas se rigen
por las disposiciones de la presente ley y su reglamentación”.
Que, en particular, dicha norma regula las causas impedientes del
ingreso y permanencia de extranjeros al Territorio Nacional; así como
los trámites pertinentes para disponer la expulsión cuando no se
cumplan las condiciones allí previstas.
Que, oportunamente, por la Ley N° 15.869 la REPÚBLICA ARGENTINA adhirió
a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, suscripta en
Ginebra, CONFEDERACIÓN SUIZA, el 28 de julio de 1951 y a la Resolución
538 (VI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 2 de
febrero de 1952.
Que en el artículo 1, inciso F, de la citada Convención se establece
que sus disposiciones no serán aplicables a personas respecto de las
cuales existan motivos fundados para considerar que han cometido
delitos contra la paz, delitos de guerra, delitos contra la humanidad,
o graves delitos comunes fuera del país de refugio, antes de ser
admitidas como refugiadas, o que se han hecho culpables de actos
contrarios a las finalidades y principios de las Naciones Unidas.
Que el artículo 33 de la Convención prohíbe a los Estados Contratantes
expulsar o devolver a un refugiado a territorios donde su vida o
libertad peligren por motivos de raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, salvo que
el refugiado constituya un peligro para la seguridad del país o que,
habiendo sido condenado definitivamente por un delito particularmente
grave, represente una amenaza para la comunidad.
Que la norma de derecho interno que rige la materia objeto del presente
decreto es la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado
N° 26.165, sancionada el 8 de noviembre de 2006.
Que la Ley N° 26.165 establece en su artículo 8° que graves razones de
seguridad nacional o de orden público pueden justificar la expulsión de
personas reconocidas como refugiadas, y establece la obligación de
garantizar que la expulsión de un refugiado se realice hacia un tercer
país que asegure su protección contra la expulsión, devolución o
extradición.
Que en el artículo 9° de la Ley N° 26.165 se dispone que no se
reconocerá la condición de refugiado a quienes hayan cometido delitos
contra la paz, delitos de guerra, delitos contra la humanidad, o graves
delitos comunes, o actos contrarios a las finalidades y a los
principios de las Naciones Unidas.
Que mediante el artículo 18 de la mencionada ley se creó la COMISIÓN
NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE), en jurisdicción de la
VICEJEFATURA DE GABINETE DEL INTERIOR de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS.
Que en la actualidad, un número significativo de migrantes realiza
solicitudes de refugio ante la CONARE por motivos que no guardan
ninguna relación con la definición de refugiado contenida en la ley,
extremo que, por la lentitud del procedimiento administrativo y del
proceso judicial, obstruye y dilata los trámites de aquellas personas
que efectivamente requieren de la tutela y reconocimiento del Estado
argentino en el aludido estatuto, permitiendo la permanencia de
solicitantes que no debieran residir en la REPUBLICA ARGENTINA por
carecer de motivos legales que así lo posibiliten.
Que la duración promedio de un expediente administrativo en la
actualidad es de aproximadamente CUATRO (4) años, mientras que, si se
judicializa la decisión, el proceso contencioso demora más de SIETE (7)
años.
Que las previsiones contenidas en la Ley General de Reconocimiento y
Protección al Refugiado N° 26.165 permiten que una gran cantidad de
personas migrantes las utilicen con el único objetivo de que no puedan
operativizarse, cuando median en su contra causales impedientes de
ingreso y permanencia en el territorio nacional, los trámites de
expulsión previstos en la Ley de Migraciones N° 25.871.
Que, en tal contexto, es necesario implementar un procedimiento
administrativo y un proceso judicial expeditos para la tramitación de
las solicitudes de asilo, con el fin de garantizar la seguridad
jurídica y la tutela judicial efectiva de todos los solicitantes de
este instrumento de protección.
Que no debe soslayarse que el número de solicitudes de asilo en el
territorio argentino de personas provenientes de países del Medio
Oriente ha mostrado un incremento significativo en los últimos años. Si
bien el número de solicitudes de dichas personas tuvo un máximo del
TRESCIENTOS POR CIENTO (300 %) en el año 2017 y del CIENTO CINCUENTA
POR CIENTO (150 %) en el año 2018, se mantiene en un rango de aumento
del SESENTA POR CIENTO (60 %) al NOVENTA Y TRES POR CIENTO (93 %) hasta
la actualidad.
Que, en términos globales, a partir del año 2016, se observó un aumento
del DOSCIENTOS VEINTICINCO POR CIENTO (225 %) en los inicios de
trámites de refugio, como consecuencia de conflictos bélicos o de
crisis humanitarias emergentes en otros países.
Que el aludido incremento en el año 2017 y en el año 2018 creció al
DOSCIENTOS DIEZ COMA SETENTA Y UNO POR CIENTO (210,71 %), sin perjuicio
de la caída del QUINCE COMA CERO SEIS POR CIENTO (15,06 %) en el año
2020 debido a la pandemia declarada por COVID-19. Del año 2022 al año
2023 la suba fue del DOSCIENTOS POR CIENTO (200 %), mientras que
respecto de 2024 el porcentaje asciende al CIEN POR CIENTO (100 %) al
30 de junio de 2024.
Que diversos factores externos impactan en las solicitudes de asilo,
debiendo tenerse presente que en el año 2023 aumentó la cantidad de
dichas solicitudes respecto de las presentadas en el año 2022 en un
DOSCIENTOS DIECISÉIS POR CIENTO (216 %) que refleja un panorama global
cada vez más complejo y una creciente presión sobre el sistema
migratorio y de asilo argentino.
Que la volatilidad en las cifras de solicitudes de asilo es
consecuencia de circunstancias globales imprevistas y repentinas,
cambios en políticas migratorias de otros Estados, conflictos bélicos o
crisis humanitarias. Es por ello que se torna urgente la implementación
de un sistema legal de reconocimiento y protección al refugiado que
responda con efectividad a las circunstancias sobrevinientes,
garantizando así la protección de los solicitantes y de los refugiados
y la seguridad nacional.
Que, asimismo, la excesiva duración de los plazos en los procedimientos
administrativos y en los procesos judiciales que tramitan conforme la
normativa vigente obstruye el cumplimiento de las obligaciones
internacionales en materia de extradición.
Que, por otro lado, la REPÚBLICA ARGENTINA, como miembro pleno del
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Grupo de Acción
Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) desde el año 2000, tiene la
responsabilidad de implementar medidas legales, regulatorias y
operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del
terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de
destrucción masiva.
Que la REPÚBLICA ARGENTINA ha fortalecido su sistema legal mediante la
sanción de la Ley Nº 26.734 -modificatoria del Código Penal-, que
permite el congelamiento administrativo de activos vinculados a
actividades terroristas, y por el dictado del Decreto N° 918 del 12 de
junio de 2012 y sus modificatorios, por el que se creara el Registro
Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su
Financiamiento (RePET).
Que, en ese marco, se han incluido en el RePET organizaciones
terroristas como Hamas y Hezbollah, siguiendo el procedimiento
establecido en el artículo 25, inciso d) del Decreto N° 918/12 y sus
modificatorios.
Que en la REPÚBLICA ARGENTINA se han perpetrado DOS (2) atentados
terroristas, uno contra la Embajada del ESTADO DE ISRAEL en 1992 y otro
contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994,
circunstancias que requieren la adopción de medidas proactivas y firmes
ante las amenazas terroristas que buscan vulnerar la paz y la seguridad
del país.
Que el ESTADO NACIONAL debe fijar políticas públicas integrales que
respalden y en su conjunto brinden soluciones efectivas, expeditas y
duraderas a la situación que enfrenta el mundo respecto a las
actividades terroristas, con el fin de fortalecer el sistema legal
vinculado a las mismas.
Que el régimen jurídico de refugio en la REPÚBLICA ARGENTINA debe
constituir un instituto especializado, expedito, eficaz y efectivo al
servicio de aquellos solicitantes que requieren de protección
internacional, atento lo cual resulta imperativo contar con
herramientas jurídicas adecuadas para salvaguardar la seguridad
nacional y la de la comunidad internacional en plazos razonables.
Que la actualización y ajuste del régimen de refugio a las nuevas
realidades mundiales y a las amenazas globales, tales como el
terrorismo internacional y la proliferación de armas de destrucción
masiva, fortalecerá la capacidad del Estado Nacional para prevenir la
infiltración de personas que podrían utilizar el instituto del refugio
para realizar actividades ilícitas en detrimento de la sociedad
argentina.
Que la permanencia en el territorio nacional de personas que han
cometido graves delitos -incluyendo crímenes de guerra y delitos contra
la humanidad-, o que son miembros de organizaciones terroristas,
representa una amenaza directa a la seguridad pública y a la
estabilidad de la Nación.
Que grupos terroristas y criminales internacionales, como Hamas y
Hezbollah, han utilizado diferentes jurisdicciones y abusado del
régimen del refugio para extender sus redes, extremo que subraya la
necesidad imperiosa de fortalecer los mecanismos de control y exclusión
en el marco del instituto del refugio.
Que la falta de mecanismos ágiles y efectivos para evaluar y excluir
respecto de la condición de refugiado a solicitantes con antecedentes
penales que no cumplan con la definición de refugiado prevista en la
Convención precitada o que posean vínculos con el terrorismo
internacional impide la correcta protección de la comunidad argentina y
debilita la confianza en el sistema de justicia.
Que, por lo tanto, es imperativo ajustar el régimen de refugio para
evitar que sea utilizado como herramienta para eludir la justicia y
para que funcione eficazmente como un mecanismo de protección para
quienes realmente lo requieran, sin comprometer la seguridad nacional,
y dentro de plazos razonables en la duración de los procesos.
Que la excepcionalidad de la situación descrita imposibilita seguir los
trámites ordinarios previstos en la CONSTITUCIÓN NACIONAL para la
sanción de las leyes.
Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la
intervención del H. CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los decretos de
necesidad y urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, conforme
lo dispuesto en el artículo 99, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que la mencionada ley establece que la Comisión Bicameral Permanente
debe pronunciarse sobre la validez o invalidez de los decretos de
necesidad y urgencia y elevar su dictamen al plenario de cada Cámara
para su expreso tratamiento en un plazo de DIEZ (10) días hábiles.
Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se
pronuncien mediante sendas resoluciones y que la aprobación o rechazo
de los decretos deberán ser expresos conforme a lo establecido en el
artículo 82 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que el servicio de asesoramiento jurídico pertinente ha tomado la intervención que le compete.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el artículo 9° de la Ley Nº 26.165 por el siguiente:
“ARTÍCULO 9°.- No será reconocida la condición de refugiado a las
personas extranjeras que se encuentren en alguna de las siguientes
situaciones:
Relacionadas con Delitos Internacionales: cuando existan motivos
fundados para considerar que han cometido: a) un delito contra la paz;
un delito de guerra; o c) un delito contra la humanidad.
Estos delitos se definirán conforme a los instrumentos internacionales aplicables.
Relacionadas con Delitos Graves cometidos antes de la Solicitud de
Refugio: cuando, antes de ser admitidas como refugiadas en la REPÚBLICA
ARGENTINA, hayan sido imputadas y/o condenadas fuera del país por un
delito grave.
Se considerará delito grave, a los efectos de este artículo, a
cualquiera que se encuentre contenido en alguna de las siguientes
previsiones:
estén tipificados en el Código Penal de la Nación o en leyes penales
especiales con una escala penal que prevea un máximo superior a los
DIEZ (10) años de prisión o reclusión;
afecten a la vida, la libertad, la integridad física o sexual de las
personas, o se ajusten a los criterios establecidos en el artículo 8°
de la presente ley;
afecten el patrimonio, siempre que hayan sido perpetrados con fuerza
en las cosas, violencia o intimidación en las personas; o
sean realizados en el marco de la delincuencia organizada.
Relacionadas con Actos Contrarios a los Principios de las Naciones
Unidas: cuando hayan participado en actos contrarios a los fines y
principios de las Naciones Unidas, establecidos en el Preámbulo y en
los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas, tales como:
participación en actividades terroristas;
violaciones graves de derechos humanos; o
cualquier otra acción que comprometa la paz y la seguridad internacionales.
Relacionadas con la Incitación y Participación en Delitos: cuando
hayan incitado, facilitado o participado activamente en la comisión de
los delitos o actos mencionados en los incisos anteriores, en calidad
de autores, cómplices, instigadores y/o facilitadores”.
ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el artículo 11 de la Ley Nº 26.165 por el siguiente:
“ARTÍCULO 11.- La condición de refugiado cesará en los siguientes supuestos:
cuando la persona refugiada, mediante actos inequívocos, se haya
acogido voluntariamente a la protección del país de su nacionalidad;
cuando la persona refugiada, habiendo perdido su nacionalidad, la haya recobrado voluntariamente;
cuando la persona refugiada haya adquirido una nueva nacionalidad y
disfrute de la protección del país de su nueva nacionalidad;
cuando la persona refugiada se haya establecido voluntariamente en
el país de residencia habitual que había abandonado o fuera del cual
había permanecido por temor a ser perseguida;
cuando la persona refugiada haya abandonado el territorio argentino
y fijado su residencia en otro país, acogiéndose a su protección;
cuando la persona refugiada no pueda continuar negándose a la
protección del país de su nacionalidad, debido a que han desaparecido
las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como
refugiada, siempre que dicho cambio de circunstancias sea significativo
y no de carácter temporal; o
cuando la persona refugiada, careciendo de nacionalidad, pueda
regresar al país de su anterior residencia habitual debido a que han
desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida
como refugiada o apátrida.
No cesará la condición de refugiado para las personas incluidas en los
supuestos f) y g) del presente artículo si pueden invocar razones
imperiosas derivadas de la grave persecución que originalmente motivó
su salida del país de nacionalidad o residencia habitual, o si, a pesar
del cambio de circunstancias, mantienen un fundado temor de persecución
por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado
grupo social u opiniones políticas.
La cesación del estatuto de refugiado se extenderá a aquellas personas
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