LegalizeLEY DE MINISTERIOS
LEY DE MINISTERIOS
Decreto 95/2018
Modificación.
Buenos Aires, 01/02/2018
VISTO el Expediente N° EX -2018-00296405-APN-SECCI#JGM, la Ley de
Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992)
y sus modificatorias, las Leyes N° 21.799 y modificatorias, Nº 22.431,
Nº 24.901, N° 22.520, Nº 25.922, N° 26.102; N° 18.226, N° 20.705, N°
25.295 y Nº 26.692, el Decreto Ley Nº 18.384, los Decretos Nº 2741 del
26 de diciembre de 1991, Nº 588 de fecha 20 de mayo de 1998, Nº 838 de
fecha 20 de julio de 1998, Nº 836 del 19 de mayo de 2008, Nº 1329 del
28 de septiembre de 2009, Nº 743 de fecha 2 de junio de 2016, Nº 138 de
fecha 2 de marzo de 2017, Nº 698 del 5 de septiembre de 2017 y Nº 868
del 26 de octubre de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que de la experiencia acumulada resulta necesario efectuar un
reordenamiento estratégico que permita concretar las metas políticas
diagramadas, así como racionalizar y tornar más eficiente la gestión
pública.
Que resulta menester la transferencia de diversas temáticas relativas
al hábitat de la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y
VIVIENDA al ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que, asimismo, resulta conveniente la modificación de las competencias
del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, del MINISTERIO DE EDUCACIÓN y del
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, a fin de adecuarlas a nuevos
parámetros de gestión.
Que por Decreto Ley N° 18.384 se creó el SERVICIO NACIONAL DE
REHABILITACIÓN, con carácter de organismo descentralizado y autárquico,
con la finalidad de propender a la rehabilitación física, psíquica y
económico social de las personas que, a consecuencia de factores
congénitos o adquiridos, adolezcan de cualquier disminución de su
capacidad psíquica o física.
Que la Ley N° 22.431 y sus modificatorias estableció un Sistema de
Protección Integral de las Personas Discapacitadas, disponiendo en su
artículo 3º que el MINISTERIO DE SALUD certificará en cada caso la
existencia de la discapacidad, su naturaleza y su grado, así como las
posibilidades de rehabilitación del afectado.
Que por la Ley N° 24.901 se instituyó el sistema de prestaciones
básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad,
contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y
protección, con el objeto de brindar una cobertura integral a sus
necesidades y requerimientos, e invitando a las provincias a la sanción
en sus jurisdicciones de regímenes normativos que establezcan
principios análogos a los de dicha ley.
Que por Decreto N° 698 del 5 de septiembre de 2017 se creó la AGENCIA
NACIONAL DE DISCAPACIDAD, como organismo descentralizado en la órbita
de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, que tiene a su
cargo el diseño, coordinación y ejecución general de las políticas
públicas en materia de discapacidad, la elaboración y ejecución de
acciones tendientes a promover el pleno ejercicio de los derechos de
las personas en situación de discapacidad y la conducción del proceso
de otorgamiento de las pensiones por invalidez y las emergentes de las
Leyes N° 25.869 y N° 26.928 en todo el territorio nacional.
Que, por otra parte, la norma antes referida, estableció que la AGENCIA
NACIONAL DE DISCAPACIDAD será el organismo continuador, a todos los
fines, de las ex COMISIÓN NACIONAL DE PENSIONES ASISTENCIALES y ex
COMISIÓN NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.
Que mediante el Decreto Nº 868/2017 se creó, en la órbita de la AGENCIA
NACIONAL DE DISCAPACIDAD, el Programa Nacional “PLAN NACIONAL DE
DISCAPACIDAD”, cuyo objetivo es la construcción y propuesta de
políticas públicas tendientes a la plena inclusión social de las
personas con discapacidad, contemplando los principios y obligaciones
comprometidos por medio de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, aprobada por la Ley N° 26.378.
Que resulta necesario continuar el proceso de centralización, en un
único organismo especializado, de todas las cuestiones vinculadas a las
personas con discapacidad, propiciando la supresión del SERVICIO
NACIONAL DE REHABILITACIÓN, como organismo descentralizado en la órbita
del MINISTERIO DE SALUD, y transfiriendo sus funciones, unidades, y
personal a la órbita de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD.
Que la integración plena y la efectiva participación de las personas
con discapacidad en la sociedad, en igualdad de condiciones, constituye
un imperativo del Estado que impide ajustarse a los tiempos previstos
para la sanción por vía ordinaria de una Ley.
Que mediante la Ley Nº 25.922 y su modificatoria Ley Nº 26.692 se
estableció un marco normativo propicio a fin de promocionar la
Industria del Software en la REPÚBLICA ARGENTINA.
Que siendo esta una industria floreciente y en constante desarrollo, y
basado en criterios de racionalidad y eficiencia y en la optimización
de la administración de los recursos, corresponde modificar los
artículos 21 y 22 de la mencionada Ley Nº 25.922, estableciendo como
Autoridad de Aplicación a la SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, dependiente del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.
Que a través del Decreto Nº 598/90 se procedió a la transformación de
Lotería Nacional en LOTERÍA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO, que, en su
carácter de continuadora jurídica de Lotería Nacional, ejerce funciones
de dirección, regulación, administración, explotación, control y
fiscalización de los juegos de azar en todo el territorio nacional en
el marco de la competencia definida por la Ley N° 18.226.
Que en el marco del procedimiento establecido en el Decreto Nº 743/16,
con fecha 1º de Julio de 2017, la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
asumió de manera plena la competencia en materia de juegos de azar,
destreza y apuestas mutuas en el ámbito de su territorio.
Que como consecuencia del Decreto mencionado en el Considerando
precedente, LOTERÍA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO y el entonces
INSTITUTO DE JUEGO Y APUESTAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
suscribieron el ACUERDO DE ASUNCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE
JUEGOS DE AZAR, DESTREZA Y APUESTAS MUTUAS, el cual fuera aprobado por
la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 30 de noviembre de
2016, correspondiente al Acta de Asamblea N° 66.
Que en cumplimiento de dicho Acuerdo, LOTERIA DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO (como autoridad de aplicación y continuadora
del INSTITUTO DE JUEGO Y APUESTAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES) asumió la Concesión del Hipódromo Argentino de Palermo; el
contrato con el Operador de las Salas Casino emplazadas en los buques
ubicados en el Puerto de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES; los juegos
de azar “LA QUINIELA” en todas sus modalidades; “LOTO”; “LOTERIA
RESOLUCION INSTANTANEA-CASH” y “LA SOLIDARIA”, así como la red de
Agencias Oficiales y Permisionarios ubicados en la misma Ciudad; el
personal afectado a los juegos y los bienes indispensables para su
explotación.
Que, a la fecha, en materia de juegos de azar, LOTERIA NACIONAL
SOCIEDAD DEL ESTADO mantiene únicamente bajo su jurisdicción el billete
preimpreso denominado “LA GRANDE DE LA NACIONAL”, que fuera creado y
organizado en el marco de la Ley N° 18.226, las competencias que le
fueran asignadas por la Ley N° 25.295 respecto de la explotación del
juego de Concurso de Pronósticos Deportivos (PRODE) y las potestades de
fiscalización en materia de promociones que supongan la intervención
del azar a través de los medios de comunicación masiva, así como las
atribuciones vinculadas al contralor de las rifas y colectas.
Que el artículo 3° del Decreto Nº 138/17 dejó establecido que, una vez
efectivizada la asunción de competencias establecida en el ACUERDO DE
ASUNCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE JUEGOS DE AZAR, DESTREZA Y
APUESTAS MUTUAS, suscripto el 24 de noviembre de 2016, el MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL procedería a evaluar la viabilidad funcional y
operativa de LOTERÍA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO y a proponer las
medidas pertinentes para su mejor adecuación.
Que, de conformidad con lo establecido en la CONSTITUCIÓN NACIONAL, el
poder de policía en la materia es de carácter local, teniendo los
estados provinciales y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES plena
jurisdicción y competencia sobre los mismos.
Que la evaluación efectuada por el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL a
los fines de resolver la continuidad funcional de LOTERIA NACIONAL
SOCIEDAD DEL ESTADO tiene presente que la regulación y explotación de
los juegos de azar no tiene carácter federal y que, teniendo en cuenta
que LOTERIA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO carece de un ámbito
territorial y jurisdiccional propio donde llevar adelante su cometido,
pierde todo sentido su continuidad bajo la forma societaria en la
medida en que han dejado de existir las razones inherentes a su objeto,
en atención a que las actividades residuales que hoy se encuentran a
cargo de LOTERIA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO no permiten generar los
fondos necesarios para solventar las erogaciones que demanda su
estructura y funcionamiento.
Que los estados contables de la Sociedad revelan que se encuentra
comprometido el principio de empresa en marcha lo cual resulta
susceptible de corroboración a través del examen de su situación
patrimonial y financiera y la verificación de los informes de los
órganos de contralor tanto interno como externo.
Que, como consecuencia de lo precedentemente expuesto, no existen
razones jurídicas ni resulta oportuno mantener en vigencia los juegos
que actualmente explota LOTERÍA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO.
Que, por las razones expuestas, en lo que hace a la Ley N° 25.295, y la
escasa relevancia que tiene en el mercado de juego lúdico, tampoco
parece procedente mantenerla en vigencia, desde que la materia de
juegos de azar no resulta una función del ESTADO NACIONAL.
Que conforme lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley Nº 20.705. y lo
dispuesto en el Título VIII – Artículo 29 de su Estatuto Societario,
LOTERÍA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO no puede ser declarada en quiebra,
y su liquidación solamente puede ser resuelta por el PODER EJECUTIVO
NACIONAL previa autorización Legislativa.
Que, en ese contexto, resulta oportuno asimismo dotar al liquidador que
en definitiva se designe de herramientas legales para llevar adelante
reorganizaciones vinculadas a la fuerza laboral que hoy revista en
LOTERIA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO.
Que la continuidad de la operatoria lúdica en las condiciones actuales
de desenvolvimiento implicaría trasladar una situación de quebranto al
erario público y particularmente afectar el destino específico de
proveer recursos para el financiamiento de programas de asistencia
social hacia los sectores más carenciados, lo cual requiere adoptar
decisiones en forma impostergable y con la mayor inmediatez.
Que por medio de la Ley N° 26.102 y los Decretos Nº 836/08 y Nº 1329/09
se creó la Dirección de Control Policial de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria y se reguló su funcionamiento, en el ámbito de la
SECRETARÍA DE SEGURIDAD INTERIOR, después transferida al MINISTERIO DE
SEGURIDAD.
Que deviene necesario reorganizar dicha área del Estado de acuerdo con principios de austeridad, autonomía y control.
Que en las demás Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales la
instrucción de los sumarios disciplinarios se realiza dentro de cada
una de las respectivas fuerzas, sin perjuicio de la intervención y
control por parte del MINISTERIO DE SEGURIDAD, por lo que deviene
menester armonizar el principio de control con la necesidad de
desburocratizar las actuales estructuras ministeriales.
Que resulta menester modificar el artículo 9° de la Carta Orgánica del
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, aprobada por la Ley N° 21.799 y normas
modificatorias, a los fines de reducir el número de miembros del
Directorio de la Entidad, estableciendo que el gobierno de la
Institución estará a cargo de un Directorio formado por UN (1)
Presidente, UN (1) Vicepresidente y OCHO (8) Directores, manteniéndose
los requisitos para las respectivas designaciones.
Que la medida se enmarca en el proceso de mejora de la
institucionalidad, integridad y reconversión del funcionamiento del
Estado que se lleva adelante desde el PODER EJECUTIVO NACIONAL y que
tiene por objeto lograr una ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL más moderna
y eficiente. En ese marco, la reducción del número de integrantes del
Directorio del Banco de la Nación Argentina no sólo propende a la
reducción de la cantidad de cargos jerárquicos en la Administración
Pública Nacional sino que permite, a la vez, agilizar y dotar de mayor
eficiencia al funcionamiento del Directorio de la Entidad, criterios
ambos que contribuyen al ahorro en el gasto público.
Que, asimismo, la nueva integración que se establece a través de esta
medida permite continuar cumpliendo adecuadamente con el mandato
previsto en la Carta Orgánica de la entidad en cuanto a la necesidad de
que la composición del Directorio represente equilibradamente los
distintos sectores, actividades y regiones que configuran el quehacer
económico nacional.
Que por otra parte, resulta oportuno en esta instancia proceder a la
corrección de los errores de índole material contenidos en el Decreto
N° 27 del 10 de enero de 2018.
Que la urgencia en la adopción de la presente medida hace imposible
seguir los trámites ordinarios previstos por la CONSTITUCIÓN NACIONAL
para la sanción de las leyes.
Que la Ley Nº 26.122, regula el trámite y los alcances de la
intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los
Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO
NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que la citada Ley determina que la Comisión Bicameral Permanente tiene
competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los
decretos de necesidad y urgencia, así como elevar el dictamen al
plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de
DIEZ (10) días hábiles.
Que el artículo 22 de la Ley Nº 26.122 dispone que las Cámaras se
pronuncien mediante sendas resoluciones y que el rechazo o aprobación
de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el
artículo 82 de la Carta Magna.
Que la presente medida se dicta de acuerdo a las facultades emergentes
del artículo 99, incisos 1 y 3, de la CONSTITUCION NACIONAL y de
acuerdo a los artículos 2º, 19 y 20 de la Ley Nº 26.122.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyense, del artículo 17 del Título V de la Ley de
Ministerios (Texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus
modificatorias, correspondiente a las competencias del MINISTERIO DEL
INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, las competencias 44 y 45 por las
siguientes:
“44. Entender, en coordinación con el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL,
en la ejecución de obras públicas relativas a procesos de integración
socio-urbana.
“45. Intervenir, en el ámbito de su competencia, en el desarrollo de
ciudades y áreas peri urbanas compactas, integradas, inclusivas,
sustentables y resilientes, mediante el diseño y ejecución de obras,
programas y políticas nacionales de infraestructura y servicios
urbanos.”
ARTÍCULO 2º.- Sustitúyese el artículo 20 ter del Título V de la Ley de
Ministerios (Texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus
modificatorias, correspondiente a las competencias del MINISTERIO DE
AGROINDUSTRIA, por el siguiente:
“ARTÍCULO 20 ter.- Compete al MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA asistir al
Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a
sus competencias, en todo lo inherente a la agricultura, la ganadería y
la pesca, y en particular:
Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su
competencia elaborados conforme las directivas que imparta el PODER
EJECUTIVO NACIONAL.
Intervenir en la elaboración de las estructuras arancelarias con la
intervención de las áreas que correspondan, en el ámbito de su
competencia.
Intervenir en la elaboración y ejecución de la política de
reembolsos y reintegros a la exportación y aranceles, en el ámbito de
su competencia.
Intervenir en la definición de la política comercial en el campo exterior en el ámbito de su competencia.
Promover estrategias que mejoren las condiciones de acceso a los
mercados y agreguen valor a la producción de alimentos y productos
agroindustriales.
Entender en la elaboración de los regímenes de promoción y
protección de actividades económicas y de los instrumentos que los
concreten, así como en la elaboración, ejecución y fiscalización de los
mismos en su área.
Establecer líneas de acción, instrumentos de promoción y mecanismos
institucionales para el desarrollo de la bioeconomía, incluyendo los
aspectos bioenergéticos y biotecnológicos, en el ámbito de su
competencia.
Entender en la ejecución de planes, programas y políticas de
producción, comercialización interna y externa, tecnología y calidad en
materia de alimentos y bebidas.
Entender en el otorgamiento de las certificaciones oficiales de
calidad, de los cupos o cuotas de los productos destinados a la
exportación y/o mercado interno vinculados con su competencia.
⋯
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Boletín Oficial de la República Argentina correspondiente. No asumimos responsabilidad por eventuales inexactitudes derivadas de la transcripción del original a este formato.