LegalizeTIERRAS FISCALES
LEY N° 13.995
**Arrendamiento y enajenación de la
tierra fiscal a favor de los trabajadores del campo. Normas de
protección para el campesinado argentino y la reactivación de la tierra
fiscal.**
Sancionada: Septiembre 29/1950
Promulgada: Octubre 5/1950
POR CUANTO:
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de LEY:
TITULO I
Da la tierra rural
CAPITULO I
ARTICULO 1°.- El Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de
Agricultura y Ganadería de la Nación, promoverá el cumplimiento de la
función social de la tierra fiscal, mediante su arrendamiento y
enajenación en forma progresiva y orgánica, a favor de los auténticos
trabajadores del campo.
Declárase norma fundamental para la interpretación y aplicación de esta
ley el concepto de que la tierra no debe constituir un bien de renta,
sino un instrumento de trabajo. El objetivo principal de la ley es la
protección del campesinado argentino y la reactivación de la tierra
fiscal.
ARTICULO 2°.- Se entenderá por tierra rural aquella que, ubicada fuera
de las plantas urbanas, tenga por objeto principal la explotación
agropecuaria.
ARTICULO 3°.- Se procederá a explorar, estudiar, mensurar, subdividir y
registrar la tierra fiscal; a venderla, arrendarla, darla en ocupación
o reservarla, y a determinar y fiscalizar su destino. Se promoverá la
creación de cooperativas de producción y consumo, y sistemas de
créditos y seguros adecuados a la economía agropecuaria.
ARTICULO 4°.- La tierra rural será subdividida teniéndose en cuenta que
cada predio debe constituir una unidad económica de explotación, la
cual es inembargable e inejecutable, y no podrá ser alterada sin
intervención del Estado.
Se entenderá por unidad económica de explotación todo predio que por su
superficie, calidad de tierra, ubicación, mejoras y demás condiciones
de explotación, racionalmente trabajada por una familia agraria que
aporte la mayor parte del trabajo necesario, permita subvenir a sus
necesidades y a una evolución favorable de la empresa.
ARTICULO 5°.- No podrán ser concesionarios de tierra rural fiscal fiscal ningún título:
Las sociedades anónimas;
Las sociedades de cualquier otra clase cuando tengan una finalidad de lucro;
Los concesionarios en venta o arrendamiento de otra tierra fiscal que constituya una unidad económica de explotación;
Los que por transgredir esta ley o leyes de tierras fiscales
anteriores a sus reglamentaciones sean considerados pobladores
indeseables a juicio del Poder Ejecutivo.
Exceptúanse de lo establecido en el inciso b) a las sociedades de
familia y del inciso c) a las instituciones religiosas, las de
asistencia social y las de enseñanza cuya finalidad principal no sea de
lucro.
CAPITULO II
De las concesiones en venta
ARTICULO 6°.- Los precios de venta de las tierras serán fijados
atendiendo las características, naturaleza, ubicación y aptitud
productiva del suelo, así como a las comunicaciones y distancias a los
centros poblados. Únicamente como excepción, podrán fijarse precios de
fomento o estímulo.
Su valor será satisfecho en las condiciones que determine el Poder Ejecutivo.
ARTICULO 7°.- Son obligaciones de los concesionarios, desde la fecha en que se les dé la posesión, las siguientes:
Realizar una explotación personal y por cuenta propia, residiendo en el predio;
Introducir todas las mejoras, cultivos y ganados
indispensables para la explotación racional del establecimiento;
Cumplir las obligaciones que se fijen con carácter especial en cada caso;
No transferir la concesión sin autorización expresa y previa.
ARTIOULO 8°.- Transcurridos los plazos que fije la reglamentación, y
comprobado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
artículo anterior, el Poder Ejecutivo deberá otorgar el correspondiente
título de propiedad.
ARTICULO 9°.- Comprobado —antes de haberse otorgado el título de
dominio— el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
establecidas por esta ley, su reglamentación o por el contrato, el
Poder Ejecutivo declarará su caducidad.
ARTICULO 10.- Otorgado el título de dominio, el propietario deberá:
Abonar, si lo hubiere, el saldo del precio de conformidad con las condiciones de venta pactadas;
Mantener el establecimiento en grado racional de
productividad, realizando una explotación personal y por cuenta propia;
Continuar con el cumplimiento de las obligaciones del artículo 7°, inciso c) en la medida que se establezca.
Las obligaciones establecidas en este articulo se transmiten a los sucesivos adquirentes sin término de prescripción.
ARTICULO 11.- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el
artículo anterior será causa suficiente para disponer la resolución del
derecho de dominio.
En tal caso, el Poder Ejecutivo declarará retrotraída la tierra al
patrimonio del Estado y tasará nuevamente el predio teniendo en cuenta,
para la fijación de su precio, las mejoras existentes y el mayor valor
adquirido por el trabajo incorporado.
Concedido nuevamente el predio, el ex propietario podrá continuar la
explotación hasta que el nuevo concesionario le abone el precio fijado
por el Poder Ejecutivo, deducido por éste los créditos a favor del
Estado.
ARTICULO 12.- El propietario no podrá transferir ni arrendar ni
subdividir el predio, ni hacer partícipes en su explotación a quienes
no sean miembros de su familia, sin autorización previa. Solamente se
autorizará la enajenación a terceros, cuando éstos sean capaces de
adquirir de conformidad con los requisitos exigidos por esta ley.
La autorización se considerará tácitamente otorgada si no se la
denegase expresamente dentro del plazo de 180 días a contar de la fecha
de presentación de la respectiva solicitud, excepto para arrendar o
subdividir el predio, en cuyo caso hará taita siempre autorización
expresa.
ARTICULO 13.- Las transmisiones de dominio contrarias a las
disposiciones de esta ley, estarán afectadas de nulidad absoluta. En
las escrituras traslativas de dominio deberá dejarse constancia de la
autorización expresa o tácita para transferir.
El escribano que autorice una escritura en la que se omita esa
constancia, incurrirá en falta, cuya sanción y aplicación será conforme
a la Ley 12.990.
ARTICULO 14.- El propietario podrá designar para el caso de
fallecimiento la persona (cónyuge o heredero) a quien deberá
adjudicarse el predio a fin de que continúe su explotación, siempre que
ella reúna las condiciones legales para ser titular de la misma.
En su defecto, el cónyuge y/o herederos del propietario lo elegirán de
entre ellos, por mayoría de votos. De no obtenerse esta última, la
elección será efectuada por el Poder Ejecutivo.
ARTICULO 15.- Los herederos que no resulten adjudicatarios del predio
tendrán un derecho creditorio por el importe de la cuota hereditaria
correspondiente, contra el adjudicatario.
Facúltase a las entidades oficiales, de crédito y de seguros, para
organizar un régimen que permita al adjudicatario financiar el
cumplimiento de las obligaciones emergentes de la partición. En tal
supuesto, no regirá la inejecutabilidad establecida en el articulo 4°,
pero la nueva adjudicación que se realice, en su consecuencia, deberá
ajustarse a las disposiciones de la presente ley, gozando en tal caso
los ex coherederos de preferencia para su adjudicación. De la misma
preferencia , gozarán cuando el adjudicatario fuese alcanzado por lo
dispuesto en el artículo 11.
ARTICULO 16.- Cuando no haya heredero habilitado para ser titular de la
explotación agraria, o de haberlos no estén dispuestos a continuarla, o
no se presenten dentro del término de un año, el Poder Ejecutivo
declarará retrotraído el predio al dominio fiscal.
El cónyuge y/o herederos del ex titular sólo tendrán en tal supuesto un
derecho creditorio, cuyo monto se fijará de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 11.
ARTICULO 17.- El Poder Ejecutivo podrá adjudicar parcelas de tierra
rural es venta conforme al régimen del título II de la presente ley
para la radicación de establecimientos industriales y comerciales
sujetos a las condiciones que fije la reglamentación y a las generales
de esta ley, en cuanto le sean aplicables por razón de su destino.
CAPITULO III
De las concesiones en arrendamiento
ARTICULO 18.- El Poder Ejecutivo determinará las tierras que deben
quedar sujetas al régimen de arrendamiento, con o sin opción a compra,
en las condiciones y precios que fije la reglamentación.
ARTICULO 19.- Los arrendatarios de tierras fiscales deben realizar
ineludiblemente una explotación personal y por cuenta propia, con
residencia en la forma que se reglamente y asimismo cumplir con todas
las demás condiciones que se establezcan con carácter especial en cada
caso.
ARTICULO 20.- Transcurridos cinco años y comprobado el cumplimiento de
las obligaciones y demás requisitos establecidos, el arrendatario
tendrá opción para adquirir en compra la tierra al precio que se fije y
con sujeción al régimen previsto en los artículos 10, 11, 12, 13, 14,
15 y 16 de la presente ley.
Si la opción fuese procedente, y se hiciere uso de la misma dentro de
los seis meses del vencimiento del plazo de cinco años contados desde
la fecha de celebración del contrato, las sumas pagadas en concepto de
arrendamiento durante ese lapso, hasta que se le otorgue el título,
serán computadas, a cuenta del precio.
Si por cualquier causa la opción se efectuara transcurrido ese término,
el arrendatario comprador perderá el beneficio a que se refiere el
apartado anterior.
ARTICULO 21.- Sin previa y expresa autorización los arrendatarios no
podrán ceder el arrendamiento ni dar participación a terceros en la
explotación, quedando prohibido el subarriendo.
ARTICULO 22.- El Poder Ejecutivo podrá aplicar multas hasta la suma de
diez mil pesos moneda nacional y la caducidad de la concesión, según la
gravedad del incumplimiento de las obligaciones establecidas en los
artículos 19 y 21.
ARTICULO 23.- Fallecido el arrendatario sólo podrán continuar en el
arriendo previa autorización, los herederos habilitados para ello
conforme a los términos de esta ley. En tal caso se celebrará con ellos
un nuevo arrendamiento.
Para celebrar tal contrato, los herederos o los tereeros a quienes se
les conceda la tierra, en defecto de aquéllos, deberán acreditar el
pago de las mejoras a sus coherederos o a los herederos del ex
concesionario, respectivamente.
ARTICULO 24.- Los titulares de arrendamientos conformes a la Ley 4.167
por fracciones de tierra susceptibles de ser vendidas atento a los
términos de la presente, tendrán derecho a una adjudicación en las
siguientes condiciones:
Que el predio constituya una unidad económica de explotación o sea susceptible de convertirse en ella;
Que los solicitantes no se encuentren comprendidos en las restricciones del artículo 5°;
Que de sus antecedentes administrativos no surjan motivos, que
puedan determinar la caducidad de su contrato y siempre que éste tenga
como mínimo, cinco años de vigencia; en caso de no totalizarlos, la
adjudicación recién se hará a su término.
Cumplidas las condiciones que esta ley exige, deberá otorgárseles el
título de propiedad por la unidad de explotación que resulte.
Los arrendatarios de tierras no susceptibles de ser vendidas, tendrán
preferencia para renovar sus contratos en los términos de esta ley,
siempre que hubieren cumplido con sus obligaciones legales y
contractuales.
CAPITULO IV
De las Islas fiscales
ARTICULO 25.- Las islas fiscales estarán sometidas al régimen de la
presante ley en todo lo que sea compatible con la seguridad del Estado
y las exigencias de la navegación.
TITULO II
CAPITULO UNICO
De la tierra urbana
ARTICULO 26.- Entiéndese por solar, la fracción de tierra ubicada en la
planta urbana de los pueblos que tenga por destino el asiento de la
familia, o el de actividades industriales, comerciales o culturales.
ARTICULO 27.- El Poder Ejecutivo dispondrá el trazado de nuevos pueblos
en la tierra fiscal y la urbanización de los núcleos de población
existentes.
ARTICULO 28.- El Poder Ejecutivo queda facultado para vender los
solares urbanos. Los precios serán fijados de conformidad con los
valores reales y sólo por excepción se podrá condonar el precio o
establecerlos de fomento.
ARTICULO 29.- Los solares serán concedidos en venta de acuerdo a las siguientes limitaciones:
A personas físicas, un solar en cada pueblo;
A cooperativas, empresas, sociedades o entidades con finalidad de
lucro o de bien común, tantos solares en cada pueblo como sean
necesarios para el cumplimiento de sus fines a juicio del Poder
Ejecutivo.
En este caso la entidad solicitante se obligará a ejecutar las obras y
a introducir las mejoras requeridas por la índole de sus actividades.
El Poder Ejecutivo fijará por anticipado el precio, formas de pago y
demás obligaciones, las que deberán cumplirse dentro de los dos años
posteriores a la fecha del otorgamiento de la posesión. Ellas
consistirán por lo menos en cercar totalmente el solar y construir una
casa-habitación con sus dependencias.
ARTICULO 30.- Transcurrido el plazo de dos años sin haberse dado
cumplimiento a las obligaciones de esta ley, o de cualquier otra
obligación que se establezca contractualmente, el Poder Ejecutivo podrá
declarar la caducidad de la concesión.
ARTICULO 31.- El contrato de concesión de solares es intransferible,
salvo la previa autorización del Poder Ejecutivo. Se considerará
otorgada tácitamente la autorización para transferir si el Poder
Ejecutivo no la denegara expresamente, dentro del plazo de noventa días
a contar de la fecha de presentación de la respetiva solicitud.
ARTICULO 32.- Comprobado el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el artículo 29 —según apartado—, el Poder Ejecutivo
otorgará el correspondiente título de propiedad, quedando en
consecuencia el solar incorporado al régimen del derecho común.
ARTICULO 33.- El Poder Ejecutivo transferirá a la autoridad comunal de
los pueblos, la propiedad de los solares ubicados dentro de las plantas
urbanas. Esta transferencia se efectuará en todos los casos en que
dichas comunas alcancen un mínimo de población que determine el Poder
Ejecutivo y tengan constituido un régimen de gobierno propio.
ARTICULO 34. — Aquellos municipios a los cuales les haya sido
transferida la propiedad de la tierra fiscal urbana, tendrán derecho a
percibir las sumas que en concepto de precio se devengaren, y
procederán a conceder en venta o reservar los solares, ajustándose a
las prescripciones de esta ley; quedando obligados a respetar los
contratos vigentes y las reservas instituidas.
TITULO III
CAPITULO UNICO
Disposiciones Generales
ARTICULO 35.- Quedan comprendidas, en los términos de esta ley, todas
las tierras de propiedad fiscal, aún sometidas al régimen de las Leyes
817, 1.265, 2.875, 4.167 y 5.559.
Los derechos emergentes de ventas realizadas por imperio de esas leyss,
inclusive las efectuadas en remate público conforme a las Leyes 4.167 y
5.559 cuando no se hubiese cumplido con las obligaciones de población
y/o pago, quedarán resueltas sin derecho a reembolso o indemnización.
El Poder Ejecutivo realizara el estudio de todas las situaciones
susceptibles de encuadrarse en el precepto anterior y determinará las
condiciones de aplicación de la medida pudiendo autorizar cuando
razones de equidad lo impongan, la restitución del precio pagado.
Las tierras que resulten desafectadas, en virtud de la resolución de
los derechos, quedarán incorporadas al régimen de la presente ley.
ARTICULO 36.- Las tierras fiscales no podrán adquirirse por medio de la prescripción.
ARTICULO 37.- El Poder Ejecutivo podrá aplicar multas que no excedan
del quíntuplo del arrendamiento a lo que ocupan tierras fiscales sin
autorización y decretar su desalojo que será directamente ejecutado por
la fuerza pública.
ARTICULO 38.- La caducidad de la concesión implicará la pérdida de las sumas abonadas al fisco por el concesionario.
La caducidad podrá ser dispuesta, según el caso, con o sin pérdida de
las mejoras introducidas en el predio. Deberá disponerse con pérdida de
las mejoras cuando reconociera como causa, acciones u omisiones dolosas
a juicio del Poder Ejecutivo.
En los demás casos decretada sin pérdida de las mejoras, el nuevo
concesionario no podrá tomar posesión del predio si antes no ha
satisfecho o pactado con el ex concesionario el importe resultante de
la tasación que el Poder Ejecutivo estime coma valor de aquéllas.
ARTICULO 39.- El Poder Ejecutivo podrá autorizar y aun imponer el
levantamiento de mejoras a costa de los ocupantes de tierras fiscales
que las hubiesen incorporado a las mismas sin autorización.
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