LegalizeADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL
SINDICATURA GENERAL DE EMPRESAS PUBLICAS
Su creación
LEY N° 21.801
Buenos Aires, 18 de mayo de 1978
EN uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5 del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE
LEY:
ARTICULO 1° — La Sindicatura General
de Empresas Públicas funcionará en jurisdicción del Poder Ejecutivo
nacional a través de la Secretaría de Planeamiento de la Presidencia de
la Nación.
(Artículo sustituido por art. 1° de laLey N° 22.639B.O. 14/09/1982)
ARTICULO 2° — La Sindicatura General de Empresas
Públicas tendrá carácter de entidad administrativa descentralizada con
personalidad jurídica. Su patrimonio estará integrado por los bienes
que se le transfieran, las retribuciones que perciba por los servicios
que preste, los aportes del Tesoro Nacional, subsidios y cualquier otro
recurso que se le destine. Podrá realizar todo tipo de actos, contratos
y operaciones que se relacionen directa o indirectamente con su objeto.
(Artículo sustituido por art. 1° de laLey N° 22.639B.O. 14/09/1982)
ARTICULO 3° —La Sindicatura General de Empresas Públicas tendrá por objeto:
Ejercer el control externo de las empresas comprendidas en el art. 5º de la presente ley.
Asesorar sobre la procedencia o conveniencia de actos de las
empresas sujetas a su contralor, cuando los mismos deban ser aprobados
por el Poder Ejecutivo nacional. Para ello tendrán acceso oportuno a la
información que sea necesaria.
Proyectar y someter a consideración del Poder Ejecutivo nacional,
las normas reglamentarias a que deban ajustarse las empresas
fiscalizadas, en los aspectos contables y en todo cuanto se refiera a
los regímenes de control interno. Proponer a los Ministerios o
Secretarías de la Presidencia de la Nación la modificación de las
normas que regulen la actividad de las empresas que operen en sus
respectivas jurisdicciones, cuando como consecuencia del control
ejercitado, se demuestre la inconveniencia de que ellas se mantengan en
vigor.
Centralizar, evaluar y compatibilizar la información referente a las
empresas a que alude esta ley, en función de los requerimientos que
pueden formular los distintos organismos del Estado, prestándoles el
asesoramiento que éstos le soliciten y en cuanto se relacione con
materia de competencia de la Sindicatura General de Empresas Públicas.
(Artículo sustituido por art. 1° de laLey N° 22.639B.O. 14/09/1982)
ARTICULO 4° — El control a que alude el inc. a) del artículo precedente se ejercerá mediante:
Control de legalidad: Evaluar los actos realizados por las empresas
desde un punto de vista jurídico, observándolos cuando los mismos
violen disposiciones legales, reglamentarias, estatutarias o decisiones
de las asambleas.
Control de auditoría: Efectuar los análisis de control interno que
resulten necesarios, verificando las normas y procedimientos contables,
con el objeto de emitir opinión sobre los estados contables evaluando
la situación económico-financiera de las empresas.
En todos los casos en que las empresas bajo control de auditoría de la
Sindicatura General de Empresas Públicas presenten estados contables o
cualquier otro tipo de información que requieran dictamen o
certificación profesional de los mismos, dichos informes deberán ser
suscriptos por el síndico general delegado contador público, quien
podrá delegar esta responsabilidad en otro funcionario con el mismo
título habilitante, cuya jerarquía no sea inferior a la de director
general o equivalente.
Control de Gestión: El ejercicio de este control no deberá incidir
en la normal actividad ni restar agilidad operativa y eficiencia a las
empresas así controladas. Se basará sobre la información que
suministrará cada empresa, en las condiciones y con la periodicidad que
se establezca en la Reglamentación de la presente ley, con el objeto de
posibilitarle que esté en condiciones de:
Evaluar el cumplimiento de los objetivos previstos en los planes de acción y presupuesto y analizar los desvíos registrados.
Conocer y evaluar en forma sistemática la situación comercial, operativa, económica y financiera de las empresas.
Dictaminar sobre la eficiencia de la gestión empresaria frente a los objetivos fijados.
Formular las observaciones a que se refieren los arts. 12 y 13 de esta ley.
El control previsto en este artículo será de carácter obligatorio para
las empresas comprendidas en el Artículo 5º y podrá ser ejercido a
requerimiento de aquellas empresas cuyo capital mayoritario o total
integren el Estado Nacional con las Provincias y Municipios.
(Artículo sustituido por art. 1° de laLey N° 22.639B.O. 14/09/1982)
ARTICULO 5° — Las empresas sujetas al
régimen de control previsto en la presente ley son aquéllas de
propiedad total o mayoritaria del Estado Nacional, cualquiera fuese su
naturaleza jurídica u objeto, salvo las que operen es jurisdicción de
los Comandos en Jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. El
Poder Ejecutivo nacional podrá disponer que la Sindicatura General de
Empresas Públicas asuma la fiscalización de las haciendas paraestatales
definidas en el artículo 138 de la Ley de Contabilidad, cuando se trate
de haciendas productivas, de cuya dirección y administración sea
responsable el Estado Nacional.
(Artículo sustituido por art. 1° de laLey N° 22.639B.O. 14/09/1982)
ARTICULO 6° — La dirección y
administración de la Sindicatura General de Empresas Públicas estará a
cargo de un directorio de seis (6) miembros, integrado por el
Secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, el Subsecretario de
Coordinación del Planeamiento de la Secretaría de Planeamiento de la
Presidencia de la Nación y el Subsecretario Técnico y de Coordinación
Administrativa del Ministerio de Obras y Servicios Públicos o por
quienes -en el futuro- desempeñen funciones equivalentes.
Además de los nombrados el Poder Ejecutivo Nacional designará otros
tres (3) directores, asignando a uno de ellos, la calidad de
Presidente, que tendrá como facultad adicional la de doble voto en caso
de empate. Podrán participar en las reuniones de Directorio, cuando se
traten temas vinculados con las empresas cuyo objeto corresponda a su
jurisdicción, el Ministro del ramo o el Secretario o Subsecretario que
éste designe.
(Artículo sustituido por art. 1° de laLey N° 22.639B.O. 14/09/1982)
ARTICULO 7° —El Directorio ejercerá
las funciones que le asigne la reglamentación y las resoluciones que en
su consecuencia se dicten y tendrá competencia para interpretar las
normas de la presente ley y su reglamentación.
El Directorio designará tres funcionarios denominados Síndicos
Generales Delegados, uno de los cuales deberá ser contador público,
otro abogado y el tercero, un profesional que posea título
correspondiente a una carrera universitaria afín a la actividad
empresaria y cuyo plan de estudio no fuere menor de cinco (5) años.
Dichos funcionarios asistirán en su cometido al directorio y cumplirán
las funciones que les asigne esta ley y su reglamentación, y toda otra
que le encomiende el Directorio.
Los Síndicos Generales Delegados durarán seis (6) años en el cargo y
conservarán sus empleos durante el período señalado mientras dure su
buena conducta y capacidad. Deberán tener más de treinta y cinco (35)
años de edad y un mínimo de diez (10) años en el ejercicio de la
profesión.
(Artículo sustituido por art. 1° de laLey N° 22.639B.O. 14/09/1982)
ARTICULO 8° —El contralor inmediato de
las empresas estará a cargo de comisiones fiscalizadoras, integradas
por funcionarios de la Sindicatura General de Empresas Públicas. Dichos
funcionarios revestirán la calidad de Síndicos y serán designados de
acuerdo al siguiente procedimiento:
En las entidades con la estructura jurídica de las empresas del
Estado, los síndicos que constituyen las comisiones fiscalizadoras
serán investidos en sus funciones por la Sindicatura General de
Empresas Públicas.
En las empresas que revistan la estructura jurídica de sociedades
anónimas con participación estatal mayoritaria o sociedades del Estado,
la Sindicatura General de Empresas Públicas propondrá a los organismos
que ejerzan los derechos societarios del Estado la designación de los
síndicos que integrarán las comisiones fiscalizadoras de acuerdo con lo
que establezcan los respectivos estatutos.
Los Síndicos así designados, cualquiera fuere la estructura jurídica de
la empresa fiscalizada en la cual ejerzan sus funciones, deberán ser
abogados o contadores públicos, según fueren afectados a las áreas de
Control de Legalidad o de Autoría de la Sindicatura General de Empresas
Públicas, respectivamente. Cuando resulten afectados al área de Control
de Gestión deberán ser profesionales que posean título correspondiente
a una carrera universitaria afín a la actividad empresaria y cuyo plan
de estudio no fuere menor de cinco (5) años.
(Artículo sustituido por art. 1° de laLey N° 22.639B.O. 14/09/1982)
ARTICULO 9° –Los Síndicos integrantes de las comisiones fiscalizadoras tendrán las siguientes atribuciones y deberes:
Las previstas en la Ley 19.550, cualquiera fuere la estructura
jurídica de las empresas fiscalizadas, en cuanto fuere compatible con
las disposiciones de la presente ley.
La de poner en conocimiento de la Sindicatura General de Empresas
Públicas los actos de las empresas cuando se estime que violan
disposiciones legales, reglamentarias, convencionales, contables,
estatutarias o decisiones de las asambleas.
(Artículo sustituido por art. 1° de laLey N° 22.639B.O. 14/09/1982)
ARTICULO 10. – Los Síndicos
integrantes de las comisiones Fiscalizadoras deberán actuar de acuerdo
a los criterios que adopte la Sindicatura General de Empresas Públicas,
la que podrá impartir instrucciones de carácter general o específico
para cada caso.
ARTICULO 11. – A los efectos del
contralor que le compete, la Sindicatura General de Empresas Públicas
podrá además, destacar en cada empresa, representantes o auditores con
funciones, periódicas o continuas, según las necesidades o
características de cada entidad. Dichos representantes fiscalizarán los
actos y actividades de las empresas conforma a las atribuciones y
deberes establecidos para los Síndicos por la Ley número 19.550 y a las
normas de procedimiento que determine l Sindicatura General de Empresas
Públicas.
Asimismo, la Sindicatura de General de Empresas
Públicas podrá convenir con las empresas comprendidas en la presente
Ley otro sistema s de control, cuando, a su juicio, lo exija o haga
conveniente la naturaleza y organización de las mismas.
ARTICULO 12. – Todo acto u omisión que
contravenga las disposiciones legales, reglamentarias, estatutarias,
convencionales o decisiones de las asambleas a que deben ajustarse las
empresas sujetas al régimen de esta ley o que contraríe objetivamente
los principios de una buena gestión empresaria, así como también los
procedimientos seguidos por las mismas en oposición a las técnicas
contables, será pasible de observación.
Tal observación será transmitida a las empresas por la Sindicatura General de Empresas Públicas.
(Artículo sustituido por art. 1° de laLey N° 22.639B.O. 14/09/1982)
ARTICULO 13. –La observación de los
actos o procedimientos en relación con los controles de legalidad,
auditoría y gestión se ajustarán al siguiente trámite:
Será anticipada por los Síndicos Generales Delegados al Directorio o
administrador de la empresa, con conocimiento simultáneo del Directorio
de la Sindicatura General de Empresas Públicas. La Empresa deberá
informar al Directorio de la Sindicatura General de Empresas Públicas
dentro de los quince (15) días modificando el acto que la motivó o
exponiendo las razones que aconsejan su mantenimiento.
Si las explicaciones ofrecidas justificaran razonablemente el acto
motivo de la observación, el Directorio de la Sindicatura General de
Empresas Públicas, a su juicio y atento a la naturaleza del acto,
previo conocimiento del síndico del Ente a que se refiere el art. 15 de
esta ley podrá dar por terminado el trámite de la observación,
ordenando el archivo de las actuaciones o reservándolas, a los fines de
su posterior evaluación como antecedente.
En los casos en que dicho Cuerpo no considere procedente el
levantamiento de la observación o hubiese vencido el plazo indicado
pondrá el hecho en conocimiento del Ministerio o Secretaría de
Presidencia, en cuya jurisdicción opere la correspondiente empresa del
Estado. Si el acto observado proviniese de una empresa con forma
jurídica de sociedad anónima el hecho será puesto en conocimiento de
los organismos que en ella ejerciten los derechos societarios.
Tanto los Ministerios, como las Secretarías de la Presidencia de la
Nación en el supuesto de empresas del Estado, que actúen en su
jurisdicción, como los órganos que ejerciten los derechos societarios
del Estado, en el caso de empresas con forma jurídica de sociedad
anónima, comunicarán a la Sindicatura General de Empresas Públicas en
un plazo de treinta (30) días, computados desde el día que reciban la
información prevista en el precedente inciso c) el temperamento
adoptado con motivo de la observación.
La Sindicatura General de Empresas Públicas elevará al Poder
Ejecutivo Nacional, por conducto de la Secretaría de Planeamiento de la
Presidencia de la Nación, las actuaciones originadas por la observación
no levantada, acompañando la comunicación a que refiere el precedente
inciso d).
Sin perjuicio de lo expresado precedentemente, si se advirtiere que
el acto de la empresa controlada puede afectar gravemente el patrimonio
estatal, la Sindicatura General de Empresas Públicas mediante informe
fundado y con los antecedentes del caso podrá solicitar la inmediata
suspensión de la ejecución del mismo al Poder Ejecutivo Nacional, por
intermedio de la Secretaría de Planeamiento de la Presidencia de la
Nación. El Poder Ejecutivo nacional podrá disponer la inmediata
suspensión de tal acto cualquiera fuere la naturaleza de la empresa que
lo haya emitido.
Si la naturaleza del acto observado lo justifica, el Directorio de
la Sindicatura General de Empresas Públicas, previa una información
preliminar y también con todos los antecedentes del caso, podrá
disponer la iniciación del correspondiente sumario que tramitará por
intermedio de la Procuración del Tesoro de la Nación. El sumario deberá
tramitarse en el plazo máximo de noventa (90) días.
Si como consecuencia de las funciones de contralor asignadas a la
Sindicatura General de Empresas Públicas, se advirtieran hechos que
pudieran ser motivo de juicios de responsabilidad en las empresas
controladas, el Directorio dará, a esos fines, intervención al Tribunal
de Cuentas de la Nación, para que proceda de acuerdo con lo prescripto
en el Capítulo XIII de la Ley de Contabilidad.
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Boletín Oficial de la República Argentina correspondiente. No asumimos responsabilidad por eventuales inexactitudes derivadas de la transcripción del original a este formato.