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**LEY
N° 23.652**
**Apruébase la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la
Tortura, suscripta en el decimoquinto Período Ordinario de Sesiones de
la Asamblea General de la O.E.A.**
Sancionada: Setiembre 29 1988.
Promulgada: Octubre 20 1988.
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA REUNIDOS EN CONGRESO, ETC., SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º. - Apruébase la convención interamericana para prevenir y
sancionar la tortura suscrita en Cartagena de Indias, Colombia, el 9 de
diciembre de 1985 en el Decimoquinto Período Ordinario de Sesiones de
la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, abierta a
la firma de los Estados Miembros y sujeta a ratificación, cuyo texto
original, en idioma español, forma parte de la presente ley.
Art. 2º - Comuníquese al Poder
Ejecutivo Nacional. - Juan Carlos Pugliese - Victor H.
Martinez.- Carlos A. Bravo. - Antonio J. Macris.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL
CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE
SETIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO.
**Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura ***
Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención,
Conscientes de lo dispuesto en la Convención Americana sobre derechos
humanos, en el sentido de que nadie debe ser sometido a tortura ni a
penas o tratos crueles, inhumanos o degradante;
Reafirmando que todo acto de tortura u otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes constituyen una ofensa a la dignidad humana y
una negación de los principios consagrados en el Carta de la
Organización de los Estados Americanos y en la Carta de las Naciones
Unidas y son violatorios de los derechos humanos y libertades
fundamentales proclamados en la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de Derechos Humanos;
Señalando que, para hacer efectivas las normas pertinentes contenidas
en los instrumentos universales y regionales aludidos, es necesario
elaborar una convención interamericana que prevenga y sancione la
tortura;
Reiterando su propósito de consolidar en este continente las
condiciones que permitan el reconocimiento y respeto de la dignidad
inherente a la persona humana y aseguren el ejercicio pleno de sus
libertades y derechos fundamentales;
Han convenido en lo siguiente:
Artículo 1°
Los Estados Partes se obligan a prevenir y a sancionar la tortura en los términos de la presente Convención.
Artículo 2°
Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura
todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una
persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de
investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo
personal, como medida preventiva, como pena, o con cualquier otro fin.
Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de
métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir
su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia
psíquica.
No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o
sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de
medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la
realización de los actos de aplicación de los métodos a que se refiere
el presente artículo.
Artículo 3°
Serán responsables del delito de tortura:
Los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter
ordenen, instiguen, induzcan su comisión, lo cometan directamente o
que, pudiendo impedirlo, no lo hagan.
Las personas que a instigación de los funcionarios o empleados
públicos a que se refiere el inc. a) ordenen, instiguen o induzcan a su
comisión, lo cometan directamente o sean cómplices.
Artículo 4°
El hecho de haber actuado bajo órdenes superiores no eximirá de la responsabilidad penal correspondiente.
Artículo 5°
No se invocará ni admitirá como justificación del delito de tortura la
existencia de circunstancias tales como estado de guerra, amenaza de
guerra, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto
interior, suspensión de garantías constitucionales, la inestabilidad
política interna u otras emergencias o calamidades públicas.
Ni la peligrosidad del detenido o penado, ni la inseguridad del
establecimiento carcelario o penitenciario pueden justificar la tortura.
Artículo 6°
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º, los Estados Partes
tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el
ámbito de su jurisdicción.
Los Estados Partes se asegurarán de que todos los actos de tortura y
los intentos de cometer tales actos constituyan delitos conforme a su
derecho penal, estableciendo para castigarlos sanciones severas que
tomen en cuenta su gravedad.
Igualmente, los Estados Partes tomarán medidas efectivas para prevenir
y sancionar, además, otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes en el ámbito de su jurisdicción.
Artículo 7°
Los Estados Partes tomarán medidas para que, en el adiestramiento de
agentes de la policía y de otros funcionarios públicos responsables de
la custodia de las personas privadas de su libertad, provisional o
definitivamente, en los interrogatorios, detenciones o arrestos, se
ponga especial énfasis en la prohibición del empleo de la tortura.
Igualmente, los Estados Partes tomarán medidas similares para evitar otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 8°
Los Estados Partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido
sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el
caso sea examinado imparcialmente.
Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha
cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los
Estados Partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán
de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a
iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal.
Una vez agotado el ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado
y los recursos que éste prevé, el caso podrá ser sometido a instancias
internacionales cuya competencia haya sido aceptada por ese Estado.
Artículo 9°
Los Estados Partes se comprometen a incorporar en sus legislaciones
nacionales normas que garanticen una compensación adecuada para las
víctimas del delito de tortura.
Nada de lo dispuesto en este artículo afectará el derecho que puedan
tener la víctima u otras personas de recibir compensación en virtud de
legislación nacional existente.
Artículo 10
Ninguna declaración que se compruebe haber sido obtenida mediante
tortura podrá ser admitida como medio de prueba en un proceso, salvo en
el que se siga contra la persona o personas acusadas de haberla
obtenido mediante actos de tortura y únicamente como prueba de que por
ese medio el acusado obtuvo tal declaración.
Artículo 11
Los Estados Partes tomarán las providencias necesarias para conceder la
extradición de toda persona acusada de haber cometido el delito de
tortura o condenada por la comisión de ese delito, de conformidad con
sus respectivas legislaciones nacionales sobre extradición y sus
obligaciones internacionales en esta materia.
Artículo 12
Todo Estado Parte tomará las medidas necesarias para establecer su
jurisdicción sobre el delito descrito en la presente convención en los
siguientes casos:
Cuando la tortura haya sido cometida en el ámbito de su jurisdicción;
Cuando el presunto delincuente tenga su nacionalidad; o
Cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado.
Todo Estado Parte tomará además las medidas necesarias para establecer
su jurisdicción sobre el delito descrito en la presente convención
cuando el presunto delincuente se encuentre en el ámbito de su
jurisdicción y no proceda a extraditarlo de conformidad con el artículo 11.
La presente Convención no excluye la jurisdicción penal ejercida de conformidad con el derecho interno.
Artículo 13
El delito a que se hace referencia en el artículo 2º se considerará
incluido entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado
de extradición celebrado entre Estados Partes. Los Estados Partes se
comprometen a incluir el delito de tortura como caso de extradición en
todo tratado de extradición que celebren entre sí en el futuro.
Todo Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un
tratado podrá, si recibe de otro Estado Parte con el que no tiene
tratado una solicitud de extradición, considerar la presente Convención
como la base jurídica necesaria para la extradición referente al delito
de tortura. La extradición estará sujeta a las demás condiciones
exigibles por el derecho del Estado requerido.
Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia
de un tratado reconocerán dichos delitos como casos de extradición
entre ellos, a reserva de las condiciones exigidas por el derecho del
Estado requerido.
No se concederá la extradición ni se procederá a la devolución de la
persona requerida cuando haya presunción fundada de que corre peligro
su vida, de que será sometido a tortura, tratos crueles, inhumanos o
degradantes o de que será juzgada por tribunales de excepción o ad hoc
en el Estado requirente.
Artículo 14
Cuando un Estado Parte no conceda la extradición, someterá el caso a
sus autoridades competentes como si el delito se hubiera cometido en el
ámbito de su jurisdicción, para efectos de investigación y, cuando
corresponda, de proceso penal, de conformidad con su legislación
nacional. La decisión que adopten dichas autoridades será comunicada al
Estado que haya solicitado la extradición.
Artículo 15
Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado
como limitación del derecho de asilo, cuando proceda, ni como
modificación a las obligaciones de los Estados Partes en materia de
extradición.
Artículo 16
La presente Convención deja a salvo lo dispuesto por la convención
americana de derechos humanos, por otras convenciones sobre la materia
y por el estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
respecto del delito de tortura.
Artículo 17
Los Estados Partes se comprometen a informar a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos acerca de las medidas legislativas,
judiciales, administrativas y de otro orden que hayan adoptado en
aplicación de la presente Convención.
De conformidad con sus atribuciones, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos procurará analizar en su Informe Anual, la situación
que prevalezca en los Estados Miembros de la Organización de los
Estados Americanos en lo que respecta a la prevención y supresión de la
tortura.
Artículo 18
La presente Convención está abierta a la firma de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 19
La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de
ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización
de los Estados Americanos.
Artículo 20
La presente Convención queda abierta a la adhesión de cualquier otro
Estado Americano. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 21
Los Estados Partes podrán formular reservas a la presente Convención al
momento de aprobarla, firmarla, ratificarla o adherir a ella, siempre
que no sean incompatibles con el objeto y propósito de la Convención y
versen sobre una o más disposiciones específicas.
Artículo 22
La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la
fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de
ratificación. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera
a ella después de haber sido depositado el segundo instrumento de
ratificación, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir
de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de
ratificación o adhesión.
Artículo 23
La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los
Estados Partes podrá denunciarla, el instrumento de denuncia será
depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de
depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus
efectos para el Estado denunciante y permanecerá en vigor para los
demás Estados Partes.
Artículo 24
El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en
español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será
depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos, la que enviará copia certificada de su texto para su
registro y publicación a la Secretaría General de la Naciones Unidas,
de conformidad con el artículo 102 de su Carta constitutiva. La Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos, notificará a los
Estados Miembros de dicha Organización y a los Estados que se hayan
adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de
ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiere.
Suscripta en Cartagena de Indias, Colombia, el 9 de diciembre de 1985
en el decimoquinto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea
General. Entrada en vigor. El trigésimo día a partir de la fecha en que
haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación.