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LEY N° 23.832
Apruébase el Convenio sobre Restitución de Automotores con el Gobierno de la República del Paraguay.
Sancionada: Setiembre 13 de 1990.
Promulgada: Setiembre 26 de 1990.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de
Ley:
ARTICULO 1º
- Apruébase el CONVENIO SOBRE RESTITUCION DE AUTOMORES ENTRE EL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL
PARAGUAY, suscripto en Ituzaingó (Provincia de Corrientes) el 26 de
abril de 1989, que consta de OCHO (8) artículos, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
ARTICULO 2º- Comuníquese al
Poder Ejecutivo Nacional - ALBERTO R. PIERRI.- EDUARDO A. DUHALDE -
Ester H. Pereyra Arandía de Perez Pardo - Hugo R. Flombaum.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL
CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES A LOS TRECE DIAS DEL MES SEPTIEMBRE
DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA.
CONVENIO SOBRE RESTITUCION DE AUTOMOTORES ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
ARTICULO I
En virtud del presente convenio queda
establecido que el vehículo automotor terrestre originario o procedente
de una de las Partes que haya ingresado en el territorio de la otra
Parte no acompañado de la respectiva documentación comprobatoria de
propiedad y origen será secuestrado y de inmediato entregado a la
custodia de la autoridad aduanera local.
Para los efectos del párrafo anterior, el secuestro del vehículo
originario o procedente de una de las Partes se efectuará: a) Como
consecuencia de orden judicial requerida por el propietario del mismo,
subrogatorio o su representante; b) De la acción de control de tráfico
realizada por las autoridades policiales o aduaneras de la otra Parte.
ARTICULO II
Toda persona física o jurídica que
desee reclamar la restitución de vehículo de su propiedad formulará su
pedido a la autoridad judicial del territorio en el que el mismo se
encuentre, pudiendo hacerlo directamente, por su representante,
subrogatorio, procurador habilitado o a través de las autoridades
competentes de la Parte de la cual sea nacional o en la que tenga su
domicilio. La reclamación deberá formularse dentro del plazo de TREINTA
(30) meses de efectuada la denuncia policial correspondiente. Vencido
dicho plazo, prescribe su derecho de hacerlo de conformidad con el
procedimiento establecido en este convenio.
El pedido de restitución será formalizado con la documentación abajo
descripta, legalizada por el Consulado del país de la autoridad
judicial requerida o por el Consulado del país reclamante, situado en
el país de la autoridad judicial requerida según el caso:
Título de propiedad del automotor;
Parte policial del robo o sustracción del vehículo en el país de origen;
En caso de compañías de seguro, certificado de pago o cesión de
derechos del propietario; deberá además depositar a la orden del
Juzgado, a título de garantía procesal, QUINIENTOS (500) dólares
estadounidenses o su valor equivalente en moneda local, en la fecha del
depósito. A estos fines serán aceptados depósito en efectivo, fianza
bancaria, póliza de seguro o garantías reales sobre inmuebles.
El reclamante solicitará personalmente o por procurador, a la
autoridad judicial del territorio en que el vehículo se encuentre, su
búsqueda y secuestro, en base a la documentación presentada e
individualizará, cuando pueda, a la persona que lo tiene,
proporcionando nombre y dirección.
Recibido el pedido, el juez ordenará el inmediato secuestro del
vehículo a su entrega a la custodia de la autoridad aduanera local. El
depósito del vehículo será hecho mediante inventario y, en ningún caso,
podrá el mismo ser entregado a cualquiera de las partes litigantes, ni
a un tercero, en carácter de depositario judicial.
Una vez secuestrado el vehículo, el juez notificará a la persona
demandada, para que, en el plazo improrrogable de tres (3) días
hábiles, presente los documentos de origen que certifiquen su derecho
sobre el mismo. No serán admitidos otros tipos de pruebas que no sean
los documentos de importación del vehículo y los documentos de
exportación del mismo, expedidos por la aduana del país de origen, en
forma debida y legal.
Sin que afecte el curso del proceso, el juez solicitará a la
autoridad aduanera, para que responda en el plazo de veinte días
informaciones sobre el ingreso del vehículo.
Vencido el plazo del que trata el parágrafo cinco, el proceso será
tramitado en forma sumaria y del juez resolverá, por sentencia, la
entrega del vehículo a quien tenga derecho.
Al presente procedimiento de recuperación de vehículos se dará la
más estricta celeridad de acuerdo con la legislación vigente de la
parte en que se tramita el mismo. La autoridad judicial imprimirá a las
diligencias la rapidez necesaria. no se admitirá otro tipo de defensa
además de las establecidas en el presente convenio, ni prácticas
dilatorias, debiendo el juez, en todos los casos subsanar los defectos
de procedimiento de la mejor manera posible, en beneficio de las Partes.
Una vez firme la sentencia que haga lugar al pedido, el juez
ordenará la devolución del vehículo al propietario, al subrogatario o a
su representante, directamente o por intermedio de las autoridades
consulares, aduaneras o policiales de la Parte de que él sea nacional.
ARTICULO III
El vehículo automotor terrestre
originario o procedente de una de las partes, secuestrado, encontrado
por las autoridades de la otra Parte o denunciado como contrabando por
cualquier persona, sin documentación comprobatoria de propiedad y
origen, será, de inmediato, entregado a la custodia de la autoridad
aduanera del territorio en el cual fue localizado, mediante la
redacción de un acta de entrega e inventario.
Recibido el vehículo, la autoridad aduanera solicitará por escrito a
la autoridad consular de la otra parte, en un plazo de TRES (3) días,
informaciones sobre registro policial de hurto o robo del vehículo en
territorio de procedencia para obtener respuesta en un plazo de VEINTE
(20) días. La autoridad que reciba la consulta se obliga, además, a
notificar al presunto propietario del vehículo sobre su secuestro en el
territorio de la otra Parte, instruyéndolo sobre cómo proceder para su
recuperación. La inobservancia de estos requisitos anulará todas las
decisiones posteriores.
Sin perjuicio de la consulta mencionada en el parágrafo anterior, la
autoridad aduanera procederá a la publicación por CINCO (5) veces en
DIEZ (10) días, en órgano oficial y en un diario de gran circulación
del país, de edictos para que los interesados ejerzan sus derechos en
el plazo de DIEZ (10) días contados de la fecha de la última
publicación. En esos avisos serán consignados todas las características
identificatorias del vehículo, como marca, modelo, color, números de
motor y chasis, etc.
Recibida la respuesta formal confirmando el origen delictuoso del
vehículo, se suspenderán los trámites por un plazo de VEINTE (20) días,
durante el cual el propietario o subrogatario, su representante, el
procurador habilitado o la autoridad consular de la Parte de que sea
nacional, presentará la documentación pertinente. Recibida la
documentación, la autoridad aduanera procederá, en el plazo de CINCO
(5) días hábiles, a la entrega del vehículo al propietario, al
subrogatario o su representante, directamente o por intermedio de las
autoridades consulares, aduaneras o policiales de la Parte de que él
sea nacional. y expedirá al interesado el correspondiente certificado.
En el caso de no haber respuesta formal en el plazo de VEINTE(20)
días y no habiendo los interesados ejercido oportunamente sus derechos
en cuanto al vehículo en custodia, la autoridad aduanera adoptará las
medidas correspondientes establecidas en el respectivo Código Aduanero.
Si cualquier acto o decisión de autoridad administrativa fuere
sometido a la autoridad judicial competente, el proceso se regirá por
las normas previstas en el presente convenio.
ARTICULO IV
La resolución de primera instancia
será apelable dentro del plazo improrrogable de TRES (3) días hábiles,
debiendo elevarse los autos a la instancia superior, sin más trámite,
para que en ésta se decida en definitiva dentro del plazo de CINCO (5)
días hábiles.
ARTICULO V
Siempre que existiera indicio de
adulteración de los números o de substitución de los componentes
identificatorios de un vehículo, el juez deberá solicitar el concurso
de un perito, sin perjuicio de la facultad de las Partes de proponer,
igualmente, sus peritos respectivos. Deberán ser propuestos peritos
matriculados, quienes podrán ser habilitados por la empresa fabricante
del vehículo objeto de la pericia. En todos los casos, los peritos
expedirán sus respectivos informes dentro del plazo de TRES (3) días
hábiles. Tales informes deberán basarse en los datos de identificación
aportados por la empresa fabricante del vehículo, que serán presentados
al juez legalizados por el Consulado del país de origen del vehículo.
ARTICULO VI
Queda entendido que todos los plazos previstos en este convenio son considerados como plazos procesales de carácter judicial.
Para los plazos no previstos en este convenio regirán, en todos los
casos, los más breves de la legislación de la Parte en que se tramita
el proceso.
ARTICULO VII
Toda medida judicial o administrativa
sobre robo o hurto de vehículos originarios o procedentes del
territorio de una de las Partes y localizados en el de la otra, en
proceso a ser promovida a partir de la fecha de vigencia del presente
acuerdo se regirá por estas disposiciones.
ARTICULO VIII
El presente acuerdo entrará en vigor
una vez que ambas Partes se hayan comunicado mutuamente el cumplimiento
de sus respectivos requisitos constitucionales necesarios para la
aprobación del mismo. Cada Parte podrá denunciarlo por vía diplomática.
La denuncia surtirá efecto el último día del mes siguiente al de la
notificación de la otra Parte.
HECHO en Ituzaingó, provincia de Corrientes, República Argentina, a los
veintiséis días del mes de abril de mil novecientos ochenta y nueve, en
dos ejemplares originales, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por el Gobierno de la Por el Gobierno de la
República
Argentina
República del Paraguay
Dante Mario Caputo Luis Maria Argaña