LegalizeFIRMA DIGITAL
FIRMA DIGITAL
Ley 25.506
Consideraciones generales. Certificados digitales.
Certificador licenciado. Titular de un certificado digital.
Organización institucional. Autoridad de aplicación. Sistema de
auditoría. Comisión Asesora para la Infraestructura de Firma Digital.
Responsabilidad. Sanciones. Disposiciones Complementarias.
Sancionada: Noviembre 14 de 2001.
Promulgada de Hecho: Diciembre 11 de 2001.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación
Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
LEY DE FIRMA DIGITAL
CAPITULO I
Consideraciones generales
ARTICULO 1º— Objeto. Se reconoce el
empleo de la firma electrónica y de la firma digital y su eficacia
jurídica en las condiciones que establece la presente ley.
ARTICULO 2º— Firma Digital. Se
entiende por firma digital al resultado de aplicar a un documento
digital un procedimiento matemático que requiere información de
exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su
absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación
por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita
identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento
digital posterior a su firma.
Los procedimientos de firma y verificación a ser
utilizados para tales fines serán los determinados por la Autoridad de
Aplicación en consonancia con estándares tecnológicos internacionales
vigentes.
ARTICULO 3º— Del requerimiento de
firma. Cuando la ley requiera una firma manuscrita, esa exigencia
también queda satisfecha por una firma digital. Este principio es
aplicable a los casos en que la ley establece la obligación de firmar o
prescribe consecuencias para su ausencia.
ARTICULO 4º— (Artículo derogado por art. 1° de laLey N° 27.446B.O. 18/06/2018)
ARTICULO 5º— Firma electrónica. Se
entiende por firma electrónica al conjunto de datos electrónicos
integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos
electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de
identificación, que carezca de alguno de los requisitos legales para
ser considerada firma digital. En caso de ser desconocida la firma
electrónica corresponde a quien la invoca acreditar su validez.
ARTICULO 6º— Documento digital. Se
entiende por documento digital a la representación digital de actos o
hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación,
almacenamiento o archivo. Un documento digital también satisface el
requerimiento de escritura.
ARTICULO 7º— Presunción de autoría.
Se presume, salvo prueba en contrario, que toda firma digital pertenece
al titular del certificado digital que permite la verificación de dicha
firma.
ARTICULO 8º— Presunción de
integridad. Si el resultado de un procedimiento de verificación de una
firma digital aplicado a un documento digital es verdadero, se presume,
salvo prueba en contrario, que este documento digital no ha sido
modificado desde el momento de su firma.
ARTICULO 9º— Validez. Una firma digital es
válida si cumple con los siguientes requisitos:
Haber sido creada durante el período de vigencia
del certificado digital válido del firmante;
Ser debidamente verificada por la referencia a
los datos de verificación de firma digital indicados en dicho
certificado según el procedimiento de verificación correspondiente;
Que dicho certificado haya sido emitido o
reconocido, según el artículo 16 de la presente, por un certificador
licenciado.
ARTICULO 10.— Remitente. Presunción. Cuando un documento electrónico sea
firmado por un certificado de aplicación, se presumirá, salvo prueba en
contrario, que el documento firmado proviene de la persona titular del
certificado.
(Artículo sustituido por art. 2° de laLey N° 27.446B.O. 18/06/2018)
ARTICULO 11.— Original. Los
documentos electrónicos firmados digitalmente y los reproducidos en
formato digital firmados digitalmente a partir de originales de primera
generación en cualquier otro soporte, también serán considerados
originales y poseen, como consecuencia de ello, valor probatorio como
tales, según los procedimientos que determine la reglamentación.
ARTICULO 12.— Conservación. La
exigencia legal de conservar documentos, registros o datos, también
queda satisfecha con la conservación de los correspondientes documentos
digitales firmados digitalmente, según los procedimientos que determine
la reglamentación, siempre que sean accesibles para su posterior
consulta y permitan determinar fehacientemente el origen, destino,
fecha y hora de su generación, envío y/o recepción.
CAPITULO II
De los certificados digitales
ARTICULO 13.— Certificado digital. Se
entiende por certificado digital al documento digital firmado
digitalmente por un certificador, que vincula los datos de verificación
de firma a su titular.
ARTICULO 14.— Requisitos de validez de los
certificados digitales. Los certificados digitales para ser válidos
deben:
Ser emitidos por un certificador licenciado por
el ente licenciante;
Responder a formatos estándares reconocidos
internacionalmente, fijados por la autoridad de aplicación, y contener,
como mínimo, los datos que permitan:
Identificar indubitablemente a su titular y al
certificador licenciado que lo emitió, indicando su período de vigencia
y los datos que permitan su identificación única;
Ser susceptible de verificación respecto de su
estado de revocación;
Diferenciar claramente la información verificada
de la no verificada incluidas en el certificado;
Contemplar la información necesaria para la
verificación de la firma;
Identificar la política de certificación bajo la
cual fue emitido.
ARTICULO 15.— Período de vigencia del
certificado digital. A los efectos de esta ley, el certificado digital
es válido únicamente dentro del período de vigencia, que comienza en la
fecha de inicio y finaliza en su fecha de vencimiento, debiendo ambas
ser indicadas en el certificado digital, o su revocación si fuere
revocado.
La fecha de vencimiento del certificado digital
referido en el párrafo anterior en ningún caso puede ser posterior a la
del vencimiento del certificado digital del certificador licenciado que
lo emitió.
La Autoridad de Aplicación podrá establecer mayores
exigencias respecto de la determinación exacta del momento de emisión,
revocación y vencimiento de los certificados digitales.
ARTICULO 16.— Reconocimiento de
certificados extranjeros. Los certificados digitales emitidos por
certificadores extranjeros podrán ser reconocidos en los mismos
términos y condiciones exigidos en la ley y sus normas reglamentarias
cuando:
Reúnan las condiciones que establece la presente
ley y la reglamentación correspondiente para los certificados emitidos
por certificadores nacionales y se encuentre vigente un acuerdo de
reciprocidad firmado por la República Argentina y el país de origen del
certificador extranjero, o
Tales certificados sean reconocidos por un
certificador licenciado en el país, que garantice su validez y vigencia
conforme a la presente ley. A fin de tener efectos, este reconocimiento
deberá ser validado por la autoridad de aplicación.
CAPITULO III
Del certificador licenciado
ARTICULO 17.— Del certificador
licenciado. Se entiende por certificador licenciado a toda persona de
existencia ideal, registro público de contratos u organismo público que
expide certificados, presta otros servicios en relación con la firma
digital y cuenta con una licencia para ello, otorgada por el ente
licenciante.
La actividad de los certificadores licenciados no
pertenecientes al sector público se prestará en régimen de competencia.
El arancel de los servicios prestados por los certificadores
licenciados será establecido libremente por éstos.
ARTICULO 18.— (Artículo derogado por art. 1° de laLey N° 27.446B.O. 18/06/2018)
ARTICULO 19.— Funciones. El certificador
licenciado tiene las siguientes funciones:
Recibir una solicitud de emisión de certificado
digital, firmada digitalmente con los correspondientes datos de
verificación de firma digital del solicitante;
Emitir certificados digitales de acuerdo a lo
establecido en sus políticas de certificación, y a las condiciones que
la autoridad de aplicación indique en la reglamentación de la presente
ley;
Identificar inequívocamente los certificados
digitales emitidos;
Mantener copia de todos los certificados
digitales emitidos, consignando su fecha de emisión y de vencimiento si
correspondiere, y de sus correspondientes solicitudes de emisión;
Revocar los certificados digitales por él
emitidos en los siguientes casos, entre otros que serán determinados
por la reglamentación:
1) A solicitud del titular del certificado digital.
2) Si determinara que un certificado digital fue
emitido en base a una información falsa, que en el momento de la
emisión hubiera sido objeto de verificación.
3) Si determinara que los procedimientos de emisión
y/o verificación han dejado de ser seguros.
4) Por condiciones especiales definidas en su
política de certificación.
5) Por resolución judicial o de la autoridad de
aplicación.
Informar públicamente el estado de los
certificados digitales por él emitidos. Los certificados digitales
revocados deben ser incluidos en una lista de certificados revocados
indicando fecha y hora de la revocación. La validez y autoría de dicha
lista de certificados revocados deben ser garantizadas.
ARTICULO 20.— Licencia. Para obtener
una licencia el certificador debe cumplir con los requisitos
establecidos por la ley y tramitar la solicitud respectiva ante el ente
licenciante, el que otorgará la licencia previo dictamen legal y
técnico que acredite la aptitud para cumplir con sus funciones y
obligaciones. Estas licencias son intransferibles.
ARTICULO 21.— Obligaciones. Son
obligaciones del certificador licenciado:
Informar a quien solicita un certificado con
carácter previo a su emisión y utilizando un medio de comunicación las
condiciones precisas de utilización del certificado digital, sus
características y efectos, la existencia de un sistema de
licenciamiento y los procedimientos, forma que garantiza su posible
responsabilidad patrimonial y los efectos de la revocación de su propio
certificado digital y de la licencia que le otorga el ente licenciante.
Esa información deberá estar libremente accesible en lenguaje
fácilmente comprensible. La parte pertinente de dicha información
estará también disponible para terceros;
Abstenerse de generar, exigir, o por cualquier
otro medio tomar conocimiento o acceder bajo ninguna circunstancia, a
los datos de creación de firma digital de los titulares de certificados
digitales por él emitidos;
Mantener el control exclusivo de sus propios
datos de creación de firma digital e impedir su divulgación;
Operar utilizando un sistema técnicamente
confiable de acuerdo con lo que determine la autoridad de aplicación;
Notificar al solicitante las medidas que está
obligado a adoptar para crear firmas digitales seguras y para su
verificación confiable, y las obligaciones que asume por el solo hecho
de ser titular de un certificado digital;
Recabar únicamente aquellos datos personales del
titular del certificado digital que sean necesarios para su emisión,
quedando el solicitante en libertad de proveer información adicional;
Mantener la confidencialidad de toda información
que no figure en el certificado digital;
Poner a disposición del solicitante de un
certificado digital toda la información relativa a su tramitación;
Mantener la documentación respaldatoria de los
certificados digitales emitidos, por diez (10) años a partir de su
fecha de vencimiento o revocación;
Incorporar en su política de certificación los
efectos de la revocación de su propio certificado digital y/o de la
licencia que le otorgara la autoridad de aplicación;
Publicar en Internet o en la red de acceso
público de transmisión o difusión de datos que la sustituya en el
futuro, en forma permanente e ininterrumpida, la lista de certificados
digitales revocados, las políticas de certificación, la información
relevante de los informes de la última auditoría de que hubiera sido
objeto, su manual de procedimientos y toda información que determine la
autoridad de aplicación;
Publicar en el Boletín Oficial aquellos datos que
la autoridad de aplicación determine;
Registrar las presentaciones que le sean
formuladas, así como el trámite conferido a cada una de ellas;
Informar en las políticas de certificación si los
certificados digitales por él emitidos requieren la verificación de la
identidad del titular;
Verificar, de acuerdo con lo dispuesto en su
manual de procedimientos, toda otra información que deba ser objeto de
verificación, la que debe figurar en las políticas de certificación y
en los certificados digitales;
Solicitar inmediatamente al ente licenciante la
revocación de su certificado, o informarle la revocación del mismo,
cuando existieren indicios de que los datos de creación de firma
digital que utiliza hubiesen sido comprometidos o cuando el uso de los
procedimientos de aplicación de los datos de verificación de firma
digital en él contenidos hayan dejado de ser seguros;
Informar inmediatamente al ente licenciante sobre
cualquier cambio en los datos relativos a su licencia;
Permitir el ingreso de los funcionarios
autorizados de la autoridad de aplicación, del ente licenciante o de
los auditores a su local operativo, poner a su disposición toda la
información necesaria y proveer la asistencia del caso;
Emplear personal idóneo que tenga los
conocimientos específicos, la experiencia necesaria para proveer los
servicios ofrecidos y en particular, competencia en materia de gestión,
conocimientos técnicos en el ámbito de la firma digital y experiencia
adecuada en los procedimientos de seguridad pertinentes;
Someter a aprobación del ente licenciante el
manual de procedimientos, el plan de seguridad y el de cese de
actividades, así como el detalle de los componentes técnicos a
utilizar;
Constituir domicilio legal en la República
Argentina;
Disponer de recursos humanos y tecnológicos
suficientes para operar de acuerdo a las exigencias establecidas en la
presente ley y su reglamentación;
Cumplir con toda otra obligación emergente de su
calidad de titular de la licencia adjudicada por el ente licenciante.
ARTICULO 22.— Cese del certificador. El
certificador licenciado cesa en tal calidad:
Por decisión unilateral comunicada al ente
licenciante;
Por cancelación de su personería jurídica;
Por cancelación de su licencia dispuesta por el
ente licenciante.
La autoridad de aplicación determinará los
procedimientos de revocación aplicables en estos casos.
ARTICULO 23.— Desconocimiento de la validez
de un certificado digital. Un certificado digital no es válido si es
utilizado:
Para alguna finalidad diferente a los fines para
los cuales fue extendido;
Para operaciones que superen el valor máximo
autorizado cuando corresponda;
Una vez revocado.
CAPITULO IV
Del titular de un certificado digital
ARTICULO 24.— Derechos del titular de un
certificado digital. El titular de un certificado digital tiene los
siguientes derechos:
A ser informado por el certificador licenciado,
con carácter previo a la emisión del certificado digital, y utilizando
un medio de comunicación sobre las condiciones precisas de utilización
del certificado digital, sus características y efectos, la existencia
de este sistema de licenciamiento y los procedimientos asociados. Esa
información deberá darse por escrito en un lenguaje fácilmente
comprensible. La parte pertinente de dicha información estará también
disponible para terceros;
A que el certificador licenciado emplee los
elementos técnicos disponibles para brindar seguridad y
confidencialidad a la información proporcionada por él, y a ser
informado sobre ello;
A ser informado, previamente a la emisión del
certificado, del precio de los servicios de certificación, incluyendo
cargos adicionales y formas de pago;
A que el certificador licenciado le informe sobre
su domicilio en la República Argentina, y sobre los medios a los que
puede acudir para solicitar aclaraciones, dar cuenta del mal
funcionamiento del sistema, o presentar sus reclamos;
A que el certificador licenciado proporcione los
servicios pactados, y a no recibir publicidad comercial de ningún tipo
por intermedio del certificador licenciado.
ARTICULO 25.— Obligaciones del titular del
certificado digital. Son obligaciones del titular de un certificado
digital:
Mantener el control exclusivo de sus datos de
creación de firma digital, no compartirlos, e impedir su divulgación;
Utilizar un dispositivo de creación de firma
digital técnicamente confiable;
Solicitar la revocación de su certificado al
certificador licenciado ante cualquier circunstancia que pueda haber
comprometido la privacidad de sus datos de creación de firma;
Informar sin demora al certificador licenciado el
cambio de alguno de los datos contenidos en el certificado digital que
hubiera sido objeto de verificación.
CAPITULO V
De la organización institucional
ARTICULO 26.— Infraestructura de
Firma Digital. Los certificados digitales regulados por esta ley deben
ser emitidos o reconocidos, según lo establecido por el artículo 16,
por un certificador licenciado.
ARTICULO 27.— Sistema de auditoría. La autoridad de aplicación diseñará
un sistema de auditoría para evaluar la confiabilidad y calidad de los
sistemas utilizados, la integridad, confidencialidad, confiabilidad y
disponibilidad de los datos, así como también el cumplimiento de las
especificaciones del manual de procedimientos y los planes de seguridad
y de contingencia aprobados por el ente licenciante.
(Artículo sustituido por art. 3° de laLey N° 27.446B.O. 18/06/2018)
ARTICULO 28.— (Artículo derogado por art. 1° de laLey N° 27.446B.O. 18/06/2018)CAPITULO VI
De la autoridad de aplicación
ARTICULO 29.— Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ley será el Ministerio de Modernización.
(Artículo sustituido por art. 4° de laLey N° 27.446B.O. 18/06/2018)
ARTICULO 30.— Funciones. La autoridad de
aplicación tiene las siguientes funciones:
Dictar las normas reglamentarias y de aplicación
de la presente;
Establecer los estándares tecnológicos y operativos de la infraestructura de firma digital; (Inciso sustituido por art. 5° de laLey N° 27.446B.O. 18/06/2018)
Determinar los efectos de la revocación de los
certificados de los certificadores licenciados o del ente licenciante;
Instrumentar acuerdos nacionales e
internacionales a fin de otorgar validez jurídica a las firmas
digitales creadas sobre la base de certificados emitidos por
certificadores de otros países;
Determinar las pautas de auditoría, incluyendo
los dictámenes tipo que deban emitirse como conclusión de las
revisiones;
Actualizar los valores monetarios previstos en el
régimen de sanciones de la presente ley;
Determinar los niveles de licenciamiento;
Otorgar o revocar las licencias a los
certificadores licenciados y supervisar su actividad, según las
exigencias instituidas por la reglamentación;
Fiscalizar el cumplimiento de las normas legales
y reglamentarias en lo referente a la actividad de los certificadores
licenciados;
Homologar los dispositivos de creación y
verificación de firmas digitales, con ajuste a las normas y
procedimientos establecidos por la reglamentación;
Aplicar las sanciones previstas en la presente
ley.
ARTICULO 31.— Obligaciones. En su
calidad de titular de certificado digital, la autoridad de aplicación
tiene las mismas obligaciones que los titulares de certificados y que
los certificadores licenciados. En especial y en particular debe:
Abstenerse de generar, exigir, o por cualquier
otro medio tomar conocimiento o acceder, bajo ninguna circunstancia, a
los datos utilizados para generar la firma digital de los
certificadores licenciados;
Mantener el control exclusivo de los datos
utilizados para generar su propia firma digital e impedir su
divulgación;
Revocar su propio certificado frente al
compromiso de la privacidad de los datos de creación de firma digital;
Publicar en Internet o en la red de acceso
público de transmisión o difusión de datos que la sustituya en el
futuro, en forma permanente e ininterrumpida, los domicilios, números
telefónicos y direcciones de Internet tanto de los certificadores
licenciados como los propios y su certificado digital;
Supervisar la ejecución del plan de cese de
actividades de los certificadores licenciados que discontinúan sus
funciones.
ARTICULO 32.— Arancelamiento. La
autoridad de aplicación podrá cobrar un arancel de licenciamiento para
cubrir su costo operativo y el de las auditorías realizadas por sí o
por terceros contratados a tal efecto.
CAPITULO VII
Del sistema de auditoría
ARTICULO 33.— Sujetos a auditar. El
ente licenciante y los certificadores licenciados, deben ser auditados
periódicamente, de acuerdo al sistema de auditoría que diseñe y apruebe
la autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación podrá implementar el
sistema de auditoría por sí o por terceros habilitados a tal efecto.
Las auditorías deben como mínimo evaluar la confiabilidad y calidad de
los sistemas utilizados, la integridad, confidencialidad y,
disponibilidad de los datos, así como también el cumplimiento de las
especificaciones del manual de procedimientos y los planes de seguridad
y, de contingencia aprobados por el ente licenciante.
ARTICULO 34.— Organismo auditante. La Sindicatura General de la Nación realizará las auditorías previstas en la presente ley.
(Artículo sustituido por art. 6° de laLey N° 27.446B.O. 18/06/2018)
CAPITULO VIII
De la Comisión Asesora para la Infraestructura de
Firma Digital
ARTICULO 35.— (Artículo derogado por art. 1° de laLey N° 27.446B.O. 18/06/2018) ARTICULO 36.— (Artículo derogado por art. 1° de laLey N° 27.446B.O. 18/06/2018)
CAPITULO IX
Responsabilidad
ARTICULO 37.— Convenio de partes. La
relación entre el certificador licenciado que emita un certificado
digital y el titular de ese certificado se rige por el contrato que
celebren entre ellos, sin perjuicio de las previsiones de la presente
ley, y demás legislación vigente.
ARTICULO 38.— Responsabilidad de los
certificadores licenciados ante terceros.
El certificador que emita un certificado digital o
lo reconozca en los términos del artículo 16 de la presente ley, es
responsable por los daños y perjuicios que provoque, por los
incumplimientos a las previsiones de ésta, por los errores u omisiones
que presenten los certificados digitales que expida, por no revocarlos,
en legal tiempo y forma cuando así correspondiere y por las
consecuencias imputables a la inobservancia de procedimientos de
certificación exigibles. Corresponderá al prestador del servicio
demostrar que actuó con la debida diligencia.
ARTICULO 39.— Limitaciones de
responsabilidad. Los certificadores licenciados no son responsables en
los siguientes casos:
Por los casos que se excluyan taxativamente en
las condiciones de emisión y utilización de sus certificados y que no
estén expresamente previstos en la ley;
Por los daños y perjuicios que resulten del uso
no autorizado de un certificado digital, si en las correspondientes
condiciones de emisión y utilización de sus certificados constan las
restricciones de su utilización;
Por eventuales inexactitudes en el certificado
que resulten de la información facilitada por el titular que, según lo
dispuesto en las normas y en los manuales de procedimientos
respectivos, deba ser objeto de verificación, siempre que el
certificador pueda demostrar que ha tomado todas las medidas razonables.
CAPITULO X
Sanciones
ARTICULO 40.— Procedimiento. La
instrucción sumarial y la aplicación de sanciones por violación a
disposiciones de la presente ley serán realizadas por el ente
licenciante. Es aplicable la Ley de Procedimientos Administrativos
19.549 y sus normas reglamentarias.
ARTICULO 41.— Sanciones. El
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley para
los certificadores licenciados dará lugar a la aplicación de las
siguientes sanciones:
Apercibimiento;
Multa de pesos diez mil ($ 10.000) a pesos
quinientos mil ($ 500.000);
Caducidad de la licencia.
Su gradación según reincidencia y/u oportunidad
serán establecidas por la reglamentación.
El pago de la sanción que aplique el ente
licenciante no relevará al certificador licenciado de eventuales
reclamos por daños y perjuicios causados a terceros y/o bienes de
propiedad de éstos, como consecuencia de la ejecución del contrato que
celebren y/o por el incumplimiento de las obligaciones asumidas
conforme al mismo y/o la prestación del servicio.
(Nota Infoleg: por art. 4° de la[Resolución
N° 213/2017](http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=274575)*del Ministerio de
Modernización B.O. 11/5/2017 se actualizan los valores monetarios de
las multas
establecidas en el régimen de sanciones previsto en la presente Ley,
fijando el monto de las multas entre CIENTO CINCUENTA Y SIETE Módulos
de Contrataciones (157 MC) y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO
Módulos de Contrataciones ( 7.865 MC). Vigencia: a partir del
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la República
Argentina.)*
ARTICULO 42.— Apercibimiento. Podrá
aplicarse sanción de apercibimiento en los siguientes casos:
Emisión de certificados sin contar con la
totalidad de los datos requeridos, cuando su omisión no invalidare el
certificado;
No facilitar los datos requeridos por el ente
licenciante en ejercicio de sus funciones;
Cualquier otra infracción a la presente ley que
no tenga una sanción mayor.
ARTICULO 43.— Multa. Podrá aplicarse
sanción de multa en los siguientes casos:
Incumplimiento de las obligaciones previstas en
el artículo 21;
Si la emisión de certificados se realizare sin
cumplimentar las políticas de certificación comprometida y causare
perjuicios a los usuarios, signatarios o terceros, o se afectare
gravemente la seguridad de los servicios de certificación;
Omisión de llevar el registro de los certificados
expedidos;
Omisión de revocar en forma o tiempo oportuno un
certificado cuando así correspondiere;
Cualquier impedimento u obstrucción a la
realización de inspecciones o auditorías por parte de la autoridad de
aplicación y del ente licenciante;
Incumplimiento de las normas dictadas por la
autoridad de aplicación;
Reincidencia en la comisión de infracciones que
dieran lugar a la sanción de apercibimiento.
ARTICULO 44.— Caducidad. Podrá aplicarse la
sanción de caducidad de la licencia en caso de:
No tomar los debidos recaudos de seguridad en los
servicios de certificación;
Expedición de certificados falsos;
Transferencia no autorizada o fraude en la
titularidad de la licencia;
Reincidencia en la comisión de infracciones que
dieran lugar a la sanción de multa;
Quiebra del titular.
La sanción de caducidad inhabilita a la titular
sancionada y a los integrantes de órganos directivos por el término de
10 años para ser titular de licencias.
ARTICULO 45.— Recurribilidad. Las
sanciones aplicadas podrán ser recurridas ante los Tribunales Federales
con competencia en lo Contencioso Administrativo correspondientes al
domicilio de la entidad, una vez agotada la vía administrativa
pertinente.
La interposición de los recursos previstos en este
capítulo tendrá efecto devolutivo.
ARTICULO 46.— Jurisdicción. En los
conflictos entre particulares y certificadores licenciados es
competente la Justicia en lo Civil y Comercial Federal. En los
conflictos en que sea parte un organismo público certificador
licenciado, es competente la Justicia en lo Contencioso-administrativo
Federal.
CAPITULO XI
Disposiciones Complementarias
ARTICULO 47.— Utilización por el
Estado Nacional. El Estado nacional utilizará las tecnologías y
previsiones de la presente ley en su ámbito interno y en relación con
los administrados de acuerdo con las condiciones que se fijen
reglamentariamente en cada uno de sus poderes.
ARTICULO 48.— Implementación. El
Estado nacional, dentro de las jurisdicciones y entidades comprendidas
en el artículo 8º de la Ley 24.156, promoverá el uso masivo de la firma
digital de tal forma que posibilite el trámite de los expedientes por
vías simultáneas, búsquedas automáticas de la información y seguimiento
y control por parte del interesado, propendiendo a la progresiva
despapelización.
En un plazo máximo de 5 (cinco) años contados a
partir de la entrada en vigencia de la presente ley, se aplicará la
tecnología de firma digital a la totalidad de las leyes, decretos,
decisiones administrativas, resoluciones y sentencias emanados de las
jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8º de la Ley
24.156.
ARTICULO 49.— Reglamentación. El
Poder Ejecutivo deberá reglamentar esta ley en un plazo no mayor a los
180 (ciento ochenta) días de su publicación en el Boletín Oficial de la
Nación.
ARTICULO 50.— Invitación. Invítase a
las jurisdicciones provinciales a dictar los instrumentos legales
pertinentes para adherir a la presente ley.
ARTICULO 51.— Equiparación a los efectos
del derecho penal. Incorpórase el siguiente texto como artículo 78
(bis) del Código Penal:
Los términos firma y suscripción comprenden la firma
digital, la creación de una firma digital o firmar digitalmente. Los
términos documento, instrumento privado y certificado comprenden el
documento digital firmado digitalmente.
ARTICULO 52.— Autorización al Poder
Ejecutivo. Autorízase al Poder Ejecutivo para que por la vía del
artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional actualice los
contenidos del Anexo de la presente ley a fin de evitar su
obsolescencia.
ARTICULO 53.— Comuníquese al Poder
Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO,
EN BUENOS AIRES, A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL UNO.
— REGISTRADA BAJO EL Nº 25.506 —
RAFAEL PASCUAL. — EDUARDO MENEM. — Guillermo
Aramburu. — Juan C. Oyarzún.
ANEXO
Información: conocimiento adquirido acerca de algo o
alguien.
Procedimiento de verificación: proceso utilizado
para determinar la validez de una firma digital. Dicho proceso debe
considerar al menos:
que dicha firma digital ha sido creada durante el
período de validez del certificado digital del firmante;
que dicha firma digital ha sido creada utilizando
los datos de creación de firma digital correspondientes a los datos de
verificación de firma digital indicados en el certificado del firmante;
la verificación de la autenticidad y la validez
de los certificados involucrados.
Datos de creación de firma digital: datos únicos,
tales como códigos o claves criptográficas privadas, que el firmante
utiliza para crear su firma digital.
Datos de verificación de firma digital: datos
únicos, tales como códigos o claves criptográficas públicas, que se
utilizan para verificar la firma digital, la integridad del documento
digital y la identidad del firmante.
Dispositivo de creación de firma digital:
dispositivo de hardware o software técnicamente confiable que permite
firmar digitalmente.
Dispositivo de verificación de firma digital:
dispositivo de hardware o software técnicamente confiable que permite
verificar la integridad del documento digital y la identidad del
firmante.
Políticas de certificación: reglas en las que se
establecen los criterios de emisión y utilización de los certificados
digitales.
Técnicamente confiable: cualidad del conjunto de
equipos de computación, software, protocolos de comunicación y de
seguridad y procedimientos administrativos relacionados que cumplan los
siguientes requisitos:
Resguardar contra la posibilidad de intrusión y/o
uso no autorizado;
Asegurar la disponibilidad, confiabilidad,
confidencialidad y correcto funcionamiento;
Ser apto para el desempeño de sus funciones
específicas;
Cumplir las normas de seguridad apropiadas,
acordes a estándares internacionales en la materia;
Cumplir con los estándares técnicos y de
auditoría que establezca la Autoridad de Aplicación.
Clave criptográfica privada: En un criptosistema
asimétrico es aquella que se utiliza para firmar digitalmente.
Clave criptográfica pública: En un criptosistema
asimétrico es aquella que se utiliza para verificar una firma digital.
Integridad: Condición que permite verificar que una
información no ha sido alterada por medios desconocidos o no
autorizados.
Criptosistema asimétrico: Algoritmo que utiliza un
par de claves, una clave privada para firmar digitalmente y su
correspondiente clave pública para verificar dicha firma digital.
Antecedentes Normativos:
-Artículo34sustituidopor art. 127 delDecreto N° 27/2018*B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente
al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;*
- Artículo 30Incisob)sustituidopor art. 126 delDecreto N° 27/2018*B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente
al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;*
-Artículo29sustituidopor art. 125 delDecreto N° 27/2018*B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente
al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;*
-Artículo27sustituidopor art. 124 delDecreto N° 27/2018*B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente
al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;*
-Artículo10sustituidopor art. 123 delDecreto N° 27/2018*B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente
al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;*
-Artículo36derogadopor art. 122 delDecreto N° 27/2018*B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente
al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;*
-Artículo35derogadopor art. 122 delDecreto N° 27/2018*B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente
al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;*
-Artículo28derogadopor art. 122 del[Decreto
N° 27/2018](http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=305736)*B.O. 11/1/2018.
Vigencia: a partir del día siguiente
al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA)*
-Artículo18 derogadopor art. 122 del[Decreto
N° 27/2018](http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=305736)*B.O. 11/1/2018.
Vigencia: a partir del día siguiente
al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;*
-Artículo4°derogadopor art. 122 del[Decreto
N° 27/2018](http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=305736)*B.O. 11/1/2018.
Vigencia: a partir del día siguiente
al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;*
- Artículo 28, (Nota Infoleg*: Por art. 8°
del[Decreto
N° 624/2003](http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=87826)B.O. 22/8/2003 se establece que la Comisión creada por el
artículo 28 actuará en la órbita de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION
PUBLICA
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS)*
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