CONVENIOS

Los demás términos o expresiones utilizados en el Convenio tienen el significado que les atribuye la legislación que se aplica.

El presente Convenio se aplicará igualmente a la legislación que en el futuro complemente o modifique las enumeradas en el párrafo 1º de este artículo.

Los trabajadores de una de las Partes Contratantes a quienes se apliquen las disposiciones de este Convenio, quedarán sujetos a las mismas obligaciones y tendrán iguales derechos que los trabajadores de la otra Parte, cuando residan en el territorio de esta última.

Asimismo, los nacionales de una de las Partes Contratantes que residan en el territorio de la otra Parte Contratante y perciban prestaciones por vejez, invalidez y sobrevivencia, de conformidad con la legislación de esta última Parte, tendrán los mismos derechos y obligaciones que los nacionales de la mencionada última Parte, en lo que se refiere a las prestaciones médico-asistenciales.

Las prestaciones acordadas en virtud de la legislación de una de las Partes Contratantes, comprendidos sus aumentos y mejoras, no podrán ser objeto de reducción, suspensión o extinción por el hecho que el pensionado o jubilado resida en el territorio de la otra Parte Contratante.

Las prestaciones mencionadas en el párrafo 1 a cargo de una de las Partes Contratantes se pagarán a los jubilados o pensionados de la otra Parte que residan en el territorio de un tercer Estado, en las mismas condiciones e igual cuantía que a los nacionales de la primera Parte que tuvieran su residencia en este tercer Estado.

Las personas que conforme con las disposiciones del Derecho Diplomático y Consular o en virtud de acuerdos especiales, estén exentas del régimen de Seguridad Social de la Parte que recibe, se regirán por las normas que les resulten aplicables.

El trabajador de una de las Partes Contratantes enviado por una empresa con sede en ella a desempeñarse en el territorio de la otra Parte, continuará regido por la legislación de la primera, siempre que la permanencia en el país receptor no fuere superior a veinticuatro meses. Si por circunstancias imprevisibles la duración del trabajo excediera dicho plazo, el trabajador podrá continuar regido por esa legislación siempre que la Autoridad Competente del país receptor prestare su conformidad.

El personal de vuelo de las empresas de transporte aéreo y el personal de tránsito de las empresas de transporte terrestre, continuará sujeto a la legislación de la Parte Contratante en cuyo territorio tenga su sede la empresa respectiva.

Los miembros de la tripulación de un buque que navegue bajo pabellón de una de las Partes Contratantes, estarán regidos por la legislación de dicha Parte. Toda otra persona que el buque ocupe en operaciones de carga, descarga, reparaciones y vigilancia en el puerto, estará sujeta a la legislación de la Parte en cuya jurisdicción se encuentre dicho buque.

El funcionario público que sea enviado por una de las Partes Contratantes al territorio de la otra Parte, continuará sometido a la legislación de la primera Parte, sin límite de tiempo.

Los períodos de seguro cumplidos según la legislación de una de las Partes Contratantes se totalizarán cuando fuese necesario para la adquisición, conservación o recuperación del derecho a las prestaciones, con los períodos cumplidos bajo la legislación de la otra Parte, siempre que no sean simultáneos. El cómputo de los períodos correspondientes se regirá por la legislación de la Parte que deba practicarlo.

Cuando los períodos de seguro cumplidos por una persona bajo la legislación de una Parte, fueren inferiores a un año y si conforme a la legislación de esa Parte no existe derecho a beneficios, considerando sólo esos períodos, la Institución Competente de esa Parte no estará obligada a otorgar beneficios a esa persona respecto a dichos períodos, en conformidad con este Convenio.

Cada Institución Competente determinará con arreglo a su propia legislación y teniendo en cuenta la totalización de períodos, cuando fuere, necesario, si el interesado cumple las condiciones requeridas para obtener las prestaciones.

En caso afirmativo, determinará el importe o haber de las prestaciones a que el interesado tendría derecho como si todos los períodos totalizados se hubieran cumplido bajo su propia legislación y, para los efectos del pago del beneficio, calculará el importe a su cargo sobre la base de la proporción existente entre los períodos de seguro cumplidos en la Parte que hace el cálculo y el total de aquéllos cumplidos en ambas Partes Contratantes.

Para la determinación de la disminución de la capacidad de trabajo a efectos del otorgamiento de las correspondientes pensiones de invalidez, la Institución Competente de cada una de las Partes Contratantes efectuará su evaluación de acuerdo con la legislación a la que está sometida. Los reconocimientos médicos necesarios serán efectuados por la Institución del lugar de residencia a petición de la Institución Competente.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Institución de la Parte Contratante en que reside el interesado, pondrá a disposición de la Institución de la otra Parte, a petición de ésta y gratuitamente, los informes y documentos médicos que obren en su poder.

Los afiliados a una Administradora de Fondos de Pensiones financiarán sus pensiones en la República de Chile con el saldo acumulado en su cuenta de capitalización individual. Cuando éste fuere insuficiente para financiar pensiones de un monto al menos igual al de la pensión mínima garantizada por el Estado, los afiliados tendrán derecho a la totalización de períodos computables de acuerdo al artículo 9 para acceder al beneficio de pensión mínima de vejez o invalidez. Igual derecho tendrán los beneficiarios de pensión de sobrevivencia.

Para los efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos que exige la legislación chilena para pensionarse anticipadamente en el Nuevo Sistema de Pensiones, se considerarán como pensionados de los regímenes previsionales indicados en el párrafo 4, los afiliados que hayan obtenido pensión conforme a la legislación argentina.

Los trabajadores que se encuentren afiliados al Nuevo Sistema de Pensiones en la República de Chile, podrán integrar voluntariamente en dicho Sistema cotizaciones previsionales en calidad de trabajadores independientes durante el tiempo que residan en la República Argentina, sin perjuicio de cumplir además, con la legislación de dicho país relativa a la obligación de cotizar. Los trabajadores que opten por hacer uso de este beneficio quedarán exentos de la obligación de integrar la cotización destinada al financiamiento de las prestaciones de salud.

Los afiliados a los regímenes de pensiones administrados por el Instituto de Normalización Previsional, también tendrán derecho al cómputo de períodos en los términos de los artículos 9 y 10 para acceder a los beneficios de pensión establecidos en la legislación que les sea aplicable.

En las situaciones contempladas en los párrafos 1 y 4 anteriores, la Institución Competente determinará el valor de la prestación conforme a lo dispuesto en el artículo 10, párrafo 2. No obstante, cuando la suma de períodos de seguro computables en ambas Partes Contratantes, exceda el período establecido en la legislación chilena para tener derecho a una pensión completa, los años en exceso se desestimarán para efectos de este Cálculo.

Si en la determinación de la base de cálculo de la pensión la Institución Competente, chilena debe computar períodos de seguro cubiertos en la República Argentina, se aplicará en sustitución del sueldo base de pensión el ingreso mínimo vigente en la República de Chile correspondiente al período que se deba sustituir, para los afiliados a los regímenes administrados por el Instituto de Normalización Previsional.

Los exámenes médicos previstos en el párrafo 5 del artículo 17, serán realizados por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN).

Los afiliados a una Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, financiarán en la República Argentina sus prestaciones con el saldo acumulado en su cuenta de capitalización individual.

A las prestaciones otorgadas por el Sistema de Capitalización Argentino se adicionarán las que se encuentren a cargo del Régimen Previsional Público, cuando reúnan los requisitos establecidos por la legislación vigente, aplicándose, en su caso, el artículo 9; y para el cálculo de tales prestaciones, el procedimiento indicado en el artículo 10 de este Convenio.

En caso de agotamiento de los fondos de la cuenta individual los afiliados tendrán derecho a las prestaciones del Régimen Previsional Público, en las condiciones señaladas anteriormente.