LegalizeEJECUCION DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD
EJECUCION DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD
Ley 26.813
Ley 24.660. Modificaciones.
Sancionada: Noviembre 28 de 2012
Promulgada: Enero 10 de 2013
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
ARTICULO 1° — Se incorpora como artículo 56 ter de la ley 24.660, el siguiente texto:
Artículo 56 ter: En los casos de las personas condenadas por los
delitos previstos en los artículos 119, segundo y tercer párrafo, 120,
124 y 125 del Código Penal, se establecerá una intervención
especializada y adecuada a las necesidades del interno, con el fin de
facilitar su reinserción al medio social, que será llevada a cabo por
el equipo especializado previsto en el inciso l) del artículo 185 de
esta ley.
En todos los casos, al momento de recuperar la libertad por el
cumplimiento de pena, se otorgará a la persona condenada, un resumen de
su historia clínica y una orden judicial a los efectos de obtener una
derivación a un centro sanitario, en caso de que sea necesario.
ARTICULO 2° — Modifíquese el artículo 17 de la ley 24.660, que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 17: Para la concesión de las salidas transitorias o la incorporación al régimen de la semilibertad se requiere:
I. Estar comprendido en alguno de los siguientes tiempos mínimos de ejecución:
Pena temporal sin la accesoria del artículo 52 del Código Penal: la mitad de la condena;
Penas perpetuas sin la accesoria del artículo 52 del Código Penal: quince (15) años;
Accesoria del artículo 52 del Código Penal, cumplida la pena: tres (3) años.
II. No tener causa abierta donde interese su detención u otra condena pendiente.
III. Poseer conducta ejemplar o el grado máximo susceptible de ser alcanzado según el tiempo de internación.
IV. Merecer, del organismo técnico-criminológico, del consejo
correccional del establecimiento y, si correspondiere, del equipo
especializado previsto en el inciso l) del artículo 185 de esta ley,
concepto favorable respecto de su evolución y sobre el efecto
beneficioso que las salidas o el régimen de semilibertad puedan tener
para el futuro personal, familiar y social del condenado.
V. En los casos de las personas condenadas por los delitos previstos en
los artículos 119, segundo y tercer párrafo, 120, y 125 del Código
Penal, antes de adoptar una decisión, se requerirá un informe del
equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución y se notificará a la
víctima o su representante legal que será escuchada si desea hacer
alguna manifestación.
El interno podrá proponer peritos especialistas a su cargo, que estarán facultados a presentar su propio informe.
ARTICULO 3° — Modifíquese el artículo 19 de la ley 24.660, que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 19: Corresponderá al juez de ejecución o juez competente
disponer las salidas transitorias y el régimen de semilibertad,
precisando las normas que el condenado debe observar y efectuar
modificaciones; cuando procediere en caso de incumplimiento de las
normas, el juez suspenderá o revocará el beneficio cuando la infracción
fuere grave o reiterada.
En los casos de las personas condenadas por los delitos previstos en
los artículos 119, segundo y tercer párrafo, 120 y 125 del Código Penal
continuará la intervención prevista en el artículo 56 ter de esta ley.
Al implementar la concesión de las salidas transitorias y del régimen
de semilibertad se exigirá el acompañamiento de un empleado o la
colocación de un dispositivo electrónico de control, los cuales sólo
podrán ser dispensados por decisión judicial, previo informe de los
órganos de control y del equipo interdisciplinario del juzgado de
ejecución.
ARTICULO 4° —Modifíquese el artículo 27 de la ley 24.660, que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 27: La verificación y actualización del tratamiento a que se
refiere el artículo 13, inciso d), corresponderá al organismo técnico
criminológico y se efectuará, como mínimo, cada seis (6) meses.
En los casos de las personas condenadas por los delitos previstos en
los artículos 119, segundo y tercer párrafo, 120, 124 y 125 del Código
Penal, los profesionales del equipo especializado del establecimiento
deberán elaborar un informe circunstanciado dando cuenta de la
evolución del interno y toda otra circunstancia que pueda resultar
relevante.
ARTICULO 5° — Modifíquese el artículo 28 de la ley 24.660, que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 28: El juez de ejecución o juez competente podrá conceder la
libertad condicional al condenado que reúna los requisitos fijados por
el Código Penal, previo los informes fundados del organismo
técnico-criminológico, del consejo correccional del establecimiento y,
si correspondiere, del equipo especializado previsto en el inciso l)
del artículo 185 de esta ley. Dicho informe deberá contener los
antecedentes de conducta, el concepto y los dictámenes criminológicos
desde el comienzo de la ejecución de la pena.
En los casos de las personas condenadas por los delitos previstos en
los artículos 119, segundo y tercer párrafo, 120 y 125 del Código
Penal, antes de adoptar una decisión, el juez deberá tomar conocimiento
directo del condenado y escucharlo si desea hacer alguna manifestación.
También se requerirá un informe del equipo interdisciplinario del
juzgado de ejecución y se notificará a la víctima o su representante
legal, que será escuchada si desea hacer alguna manifestación.
El interno podrá proponer peritos especialistas a su cargo, que estarán facultados para presentar su propio informe.
Al implementar la concesión de la libertad condicional, se exigirá un
dispositivo electrónico de control, el cual sólo podrá ser dispensado
por decisión judicial, previo informe de los órganos de control y del
equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución.
ARTICULO 6° — Modifíquese el artículo 33 de la ley 24.660, que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 33: La detención domiciliaria debe ser dispuesta por el juez de ejecución o competente.
En los supuestos a), b) y c) del artículo 32, la decisión deberá fundarse en informes médico, psicológico y social.
El juez, cuando lo estime conveniente, podrá disponer la supervisión de
la medida a cargo de un patronato de liberados o de un servicio social
calificado, de no existir aquél. En ningún caso, la persona estará a
cargo de organismos policiales o de seguridad.
En los casos de las personas condenadas por los delitos previstos en
los artículos 119, segundo y tercer párrafo, 120, 124 y 125 del Código
Penal se requerirá un informe del equipo especializado previsto en el
inciso l) del artículo 185 de esta ley y del equipo interdisciplinario
del juzgado de ejecución, que deberán evaluar el efecto de la concesión
de la prisión domiciliaria para el futuro personal y familiar del
interno.
El interno podrá proponer peritos especialistas a su cargo, que estarán facultados para presentar su propio informe.
Al implementar la concesión de la prisión domiciliaria se exigirá un
dispositivo electrónico de control, el cual sólo podrá ser dispensado
por decisión judicial, previo informe de los órganos de control y del
equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución.
ARTICULO 7° — Modifíquese el artículo 45 de la ley 24.660, que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 45: El juez de ejecución o juez competente determinará, en
cada caso, mediante resolución fundada, el plan de ejecución de la
prisión discontinua o semidetención, los horarios de presentación
obligatoria del condenado, las normas de conducta que se compromete a
observar en la vida libre y la obligación de acatar las normas de
convivencia de la institución, disponiendo la supervisión que considere
conveniente.
En los casos de las personas condenadas por los delitos previstos en
los artículos 119, segundo y tercer párrafo, 120 y 125 del Código
Penal, al implementar la concesión de la prisión discontinua o
semidetención, se exigirá el acompañamiento de un empleado o la
colocación de un dispositivo electrónico de control, los cuales sólo
podrán ser dispensados por decisión judicial, previo informe de los
órganos de control y del equipo interdisciplinario del juzgado de
ejecución.
El interno podrá proponer peritos especialistas a su cargo, que estarán facultados para presentar su propio informe.
ARTICULO 8° — Modifíquese el artículo 54 de la ley 24.660, que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 54: La libertad asistida permitirá al condenado sin la
accesoria del artículo 52 del Código Penal, el egreso anticipado y su
reintegro al medio libre seis (6) meses antes del agotamiento de la
pena temporal.
El juez de ejecución o juez competente, a pedido del condenado y previo
los informes del organismo técnico-criminológico, del consejo
correccional del establecimiento y, si correspondiere, del equipo
especializado previsto en el inciso l) del artículo 185 de esta ley,
podrá disponer la incorporación del condenado al régimen de libertad
asistida.
El juez de ejecución o juez competente podrá denegar la incorporación
del condenado a este régimen sólo excepcionalmente y cuando considere,
por resolución fundada, que el egreso puede constituir un grave riesgo
para el condenado o para la sociedad.
En los casos de las personas condenadas por los delitos previstos en
los artículos 119, segundo y tercer párrafo, 120 y 125 del Código
Penal, antes de adoptar una decisión, el juez deberá tomar conocimiento
directo del condenado y escucharlo si desea hacer alguna manifestación.
También se requerirá un informe del equipo interdisciplinario del
juzgado de ejecución y se notificará a la víctima o su representante
legal, que será escuchada si desea hacer alguna manifestación.
El interno podrá proponer peritos especialistas a su cargo, que estarán facultados para presentar su propio informe.
Al implementar la concesión de la libertad asistida, se exigirá un
dispositivo electrónico de control, el cual sólo podrá ser dispensado
por decisión judicial, previo informe de los órganos de control y del
equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución.
ARTICULO 9° — Modifíquese el artículo 166 de la ley 24.660, que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 166: El interno será autorizado, en caso de enfermedad o
accidente grave o fallecimiento de familiares o allegados con derecho a
visita o correspondencia, para cumplir con sus deberes morales, excepto
cuando se tuviesen serios y fundamentados motivos para resolver lo
contrario.
En los casos de las personas procesadas o condenadas por los delitos
previstos en los artículos 119, segundo y tercer párrafo, 120, 124 y
125 del Código Penal, se exigirá en todos los casos el acompañamiento
de dos (2) empleados del Servicio de Custodia, Traslados y Objetivos
Fijos del Servicio Penitenciario Federal.
ARTICULO 10. — Modifíquese el artículo 185 de la ley 24.660, que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 185: Los establecimientos destinados a la ejecución de las
penas privativas de libertad, atendiendo a su destino específico,
deberán contar, como mínimo, con los medios siguientes:
Personal idóneo, en particular el que se encuentra en contacto
cotidiano con los internos, que deberá ejercer una actividad
predominantemente educativa;
Un organismo técnico-criminológico del que forme parte un equipo
multidisciplinario constituido por un psiquiatra, un psicólogo y un
asistente social y en lo posible, entre otros, por un educador y un
abogado, todos ellos con especialización en criminología y en
disciplinas afines;
Servicio médico y odontológico acorde con la ubicación, tipo del establecimiento y necesidades;
Programas de trabajo que aseguren la plena ocupación de los internos aptos;
Biblioteca y escuela a cargo de personal docente con título
habilitante, con las secciones indispensables para la enseñanza de los
internos que estén obligados a concurrir a ella;
Capellán nombrado por el Estado o adscripto honorariamente al establecimiento;
Consejo correccional, cuyos integrantes representen los aspectos esenciales del tratamiento;
Instalaciones para programas recreativos y deportivos;
Locales y medios adecuados para alojar a los internos que presenten
episodios psiquiátricos agudos o cuadros psicopáticos con graves
alteraciones de la conducta;
Secciones separadas e independientes para el alojamiento y tratamiento de internos drogadependientes;
Instalaciones apropiadas para las diversas clases de visitas autorizadas;
Un equipo compuesto por profesionales especializados en la
asistencia de internos condenados por los delitos previstos en los
artículos 119, segundo y tercer párrafo, 120, 124 y 125.
ARTICULO 11. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, EL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.
— REGISTRADO BAJO EL Nº 26.813 —
AMADO BOUDOU — JULIAN A. DOMINGUEZ. — Gervasio Bozzano. — Juan H. Estrada.
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