LegalizeESTADO NACIONAL
ESTADO NACIONAL
Ley 26.854
Medidas Cautelares en las causas en las que es parte o interviene. Procesos excluidos.
Sancionada: Abril 24 de 2013
Promulgada: Abril 29 de 2013
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
TITULO I
De las medidas cautelares en las causas en las que es parte o interviene el Estado nacional
ARTICULO 1° — Ambito de Aplicación.
Las pretensiones cautelares postuladas contra toda actuación u omisión
del Estado nacional o sus entes descentralizados, o solicitadas por
éstos, se rigen por las disposiciones de la presente ley.
ARTICULO 2° — Medidas cautelares dictadas por Juez incompetente.
Al momento de resolver sobre la medida cautelar solicitada el juez
deberá expedirse sobre su competencia, si no lo hubiere hecho antes.
Los jueces deberán abstenerse de decretar medidas cautelares cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia.
La providencia cautelar dictada contra el Estado nacional y sus
entes descentralizados por un juez o tribunal incompetente, sólo tendrá
eficacia cuando se trate de sectores socialmente vulnerables
acreditados en el proceso, se encuentre comprometida la vida digna
conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un
derecho de naturaleza alimentaria. También tendrá eficacia cuando se
trate de un derecho de naturaleza ambiental.
En este caso, ordenada la medida, el juez deberá remitir inmediatamente
las actuaciones al juez que considere competente, quien, una vez
aceptada la competencia atribuida, deberá expedirse de oficio sobre el
alcance y vigencia de la medida cautelar concedida, en un plazo que no
podrá exceder los cinco (5) días.
ARTICULO 3° —Idoneidad del objeto de la pretensión cautelar.
Previa, simultáneamente o con posterioridad a la interposición de la
demanda se podrá solicitar la adopción de las medidas cautelares que de
acuerdo a las reglas establecidas en la presente resulten idóneas para
asegurar el objeto del proceso.
La pretensión cautelar indicará de manera clara y precisa el
perjuicio que se procura evitar; la actuación u omisión estatal que lo
produce; el derecho o interés jurídico que se pretende garantizar; el
tipo de medida que se pide; y el cumplimiento de los requisitos que
correspondan, en particular, a la medida requerida.
El juez o tribunal, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios
al interés público, podrá disponer una medida precautoria distinta de
la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la naturaleza del
derecho que se intentare proteger y el perjuicio que se procura evitar.
Las medidas cautelares no podrán coincidir con el objeto de la demanda principal.
ARTICULO 4° —Informe previo.
Solicitada la medida cautelar, el juez, previo a resolver, deberá
requerir a la autoridad pública demandada que, dentro del plazo de
cinco (5) días, produzca un informe que dé cuenta del interés público
comprometido por la solicitud.
Con la presentación del informe, la parte demandada podrá expedirse
acerca de las condiciones de admisibilidad y procedencia de la medida
solicitada y acompañará las constancias documentales que considere
pertinentes.
Sólo cuando circunstancias graves y objetivamente impostergables lo
justificaran, el juez o tribunal podrá dictar una medida interina, cuya
eficacia se extenderá hasta el momento de la presentación del informe o
del vencimiento del plazo fijado para su producción.
Según la índole de la pretensión el juez o tribunal podrá ordenar una vista previa al Ministerio Público.
El plazo establecido en el inciso anterior no será aplicable cuando
existiere un plazo menor especialmente estipulado. Cuando la protección
cautelar se solicitase en juicios sumarísimos y en los juicios de
amparo, el término para producir el informe será de tres (3) días.
Las medidas cautelares que tengan por finalidad la tutela de los
supuestos enumerados en el artículo 2°, inciso 2, podrán tramitar y
decidirse sin informe previo de la demandada.
ARTICULO 5° —Vigencia temporal de las medidas cautelares frente al Estado.
Al otorgar una medida cautelar el juez deberá fijar, bajo pena de
nulidad, un límite razonable para su vigencia, que no podrá ser mayor a
los seis (6) meses. En los procesos de conocimiento que tramiten por el
procedimiento sumarísimo y en los juicios de amparo, el plazo razonable
de vigencia no podrá exceder de los tres (3) meses.
No procederá el deber previsto en el párrafo anterior, cuando la medida
tenga por finalidad la tutela de los supuestos enumerados en el
artículo 2°, inciso 2.
Al vencimiento del término fijado, a petición de parte, y previa
valoración adecuada del interés público comprometido en el proceso, el
tribunal podrá, fundadamente, prorrogar la medida por un plazo
determinado no mayor de seis (6) meses, siempre que ello resultare
procesalmente indispensable.
Será de especial consideración para el otorgamiento de la prórroga la
actitud dilatoria o de impulso procesal demostrada por la parte
favorecida por la medida.
Si se tratara de una medida cautelar dictada encontrándose pendiente el
agotamiento de la vía administrativa previa, el límite de vigencia de
la medida cautelar se extenderá hasta la notificación del acto
administrativo que agotase la vía, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 8° segundo párrafo.
ARTICULO 6° — Carácter provisional.
Las medidas cautelares subsistirán mientras dure su plazo de vigencia.
En cualquier momento en que las circunstancias que determinaron su
dictado cesaren o se modificaren, se podrá requerir su levantamiento.
ARTICULO 7° — Modificación.
Quien hubiere solicitado y obtenido una medida cautelar podrá pedir
su ampliación, mejora o sustitución, justificando que ésta no cumple
adecuadamente la finalidad para la que está destinada.
Aquél contra quien se hubiere decretado la medida cautelar podrá
requerir su sustitución por otra que le resulte menos gravosa, siempre
que ésta garantice suficientemente el derecho de quien la hubiere
solicitado y obtenido.
La resolución se dictará previo traslado a la otra parte por el
plazo de cinco (5) días en el proceso ordinario y de tres (3) días en
el proceso sumarísimo y en los juicios de amparo.
ARTICULO 8° — Caducidad de las medidas cautelares.
Se producirá la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares
que se hubieren ordenado y hecho efectivas antes de la interposición de
la demanda, si encontrándose agotada la vía administrativa no se
interpusiere la demanda dentro de los diez (10) días siguientes al de
su traba.
Cuando la medida cautelar se hubiera dispuesto judicialmente durante el
trámite del agotamiento de la vía administrativa, dicha medida caducará
automáticamente a los diez (10) días de la notificación al solicitante
del acto que agotase la vía administrativa.
Las costas y los daños y perjuicios causados en el supuesto previsto
en el primer párrafo del inciso 1 del presente, serán a cargo de quien
hubiese solicitado y obtenido la medida caduca, y ésta no podrá
proponerse nuevamente por la misma causa y como previa a la promoción
de la demanda; una vez iniciada la demanda, podrá requerirse nuevamente
si concurrieren los requisitos para su procedencia.
ARTICULO 9° — Afectación de los recursos y bienes del Estado.
Los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte,
obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma
perturbe los bienes o recursos propios del Estado, ni imponer a los
funcionarios cargas personales pecuniarias.
ARTICULO 10. — Contracautela.
Las medidas cautelares dictadas contra el Estado nacional o sus
entidades descentralizadas tendrán eficacia práctica una vez que el
solicitante otorgue caución real o personal por las costas y daños y
perjuicios que la medida pudiere ocasionar.
La caución juratoria sólo será admisible cuando el objeto de la
pretensión concierna a la tutela de los supuestos enumerados en el
artículo 2°, inciso 2.
ARTICULO 11. — Exención de la contracautela.
No se exigirá caución si quien obtuvo la medida:
Fuere el Estado nacional o una entidad descentralizada del Estado nacional.
Actuare con beneficio de litigar sin gastos.
ARTICULO 12. — Mejora de la contracautela.
En cualquier estado del proceso, la parte contra quien se hubiere hecho
efectiva una medida cautelar podrá pedir que se mejore la caución
probando sumariamente que la fijada es insuficiente. El juez resolverá
previo traslado a la otra parte.
ARTICULO 13. — Suspensión de los efectos de un acto estatal.
La suspensión de los efectos de una ley, un reglamento, un acto
general o particular podrá ser ordenada a pedido de parte cuando
concurran simultáneamente los siguientes requisitos:
Se acreditare sumariamente que el cumplimiento o la ejecución
del acto o de la norma, ocasionará perjuicios graves de imposible
reparación ulterior;
La verosimilitud del derecho invocado;
La verosimilitud de la ilegitimidad, por existir indicios serios y graves al respecto;
La no afectación del interés público;
Que la suspensión judicial de los efectos o de la norma no produzca efectos jurídicos o materiales irreversibles.
El pedido de suspensión judicial de un reglamento o de un acto
general o particular, mientras está pendiente el agotamiento de la vía
administrativa, sólo será admisible si el particular demuestra que ha
solicitado la suspensión de los efectos del acto ante la Administración
y que la decisión de ésta fue adversa a su petición, o que han
transcurrido cinco (5) días desde la presentación de la solicitud sin
que ésta hubiera sido respondida.
En este supuesto la procedencia de la medida se valorará según los mismos requisitos establecidos en el inciso anterior.
La providencia que suspenda los efectos de un acto estatal será
recurrible por vía de reposición; también será admisible la apelación,
subsidiaria o directa.
El recurso de apelación interpuesto contra la providencia cautelar que
suspenda, total o parcialmente, los efectos de una disposición legal o
un reglamento del mismo rango jerárquico, tendrá efecto suspensivo,
salvo que se encontrare comprometida la tutela de los supuestos
enumerados en el artículo 2°, inciso 2.
La entidad pública demandada podrá solicitar el levantamiento de la
suspensión del acto estatal en cualquier estado del trámite, invocando
fundadamente que ella provoca un grave daño al interés público. El
tribunal, previo traslado a la contraparte por cinco (5) días,
resolverá el levantamiento o mantenimiento de la medida. En la
resolución se declarará a cargo de la entidad pública solicitante la
responsabilidad por los perjuicios que irrogue la ejecución, en el
supuesto en que se hiciere lugar a la demanda o recurso.
ARTICULO 14. — Medida positiva.
Las medidas cautelares cuyo objeto implique imponer la realización
de una determinada conducta a la entidad pública demandada, sólo podrán
ser dictadas siempre que se acredite la concurrencia conjunta de los
siguientes requisitos:
Inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico, a cargo de la demandada;
Fuerte posibilidad de que el derecho del solicitante a una prestación o actuación positiva de la autoridad pública, exista;
Se acreditare sumariamente que el incumplimiento del deber normativo
a cargo de la demandada, ocasionará perjuicios graves de imposible
reparación ulterior;
No afectación de un interés público;
Que la medida solicitada no tenga efectos jurídicos o materiales irreversibles.
Estos requisitos regirán para cualquier otra medida de naturaleza innovativa no prevista en esta ley.
ARTICULO 15. — Medida de no innovar.
La medida de no innovar procederá cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos:
Se acreditare sumariamente que la ejecución de la conducta material
que motiva la medida, ocasionará perjuicios graves de imposible
reparación ulterior;
La verosimilitud del derecho invocado;
La verosimilitud de la ilegitimidad de una conducta material emanada de un órgano o ente estatal;
La no afectación de un interés público;
Que la medida solicitada no tenga efectos jurídicos o materiales irreversibles.
Las medidas de carácter conservatorio no previstas en esta ley,
quedarán sujetas a los requisitos de procedencia previstos en este
artículo.
ARTICULO 16. — Medidas cautelares solicitadas por el Estado.
El Estado nacional y sus entes descentralizados podrán solicitar la
protección cautelar en cualquier clase de proceso, siempre que
concurran las siguientes circunstancias:
Riesgo cierto e inminente de sufrir perjuicios sobre el interés
público, el patrimonio estatal u otros derechos de su titularidad;
Verosimilitud del derecho invocado y, en su caso, de la ilegitimidad alegada;
Idoneidad y necesidad en relación con el objeto de la pretensión principal.
ARTICULO 17. — Tutela urgente del interés público comprometido por la interrupción de los servicios públicos.
Cuando de manera actual o inminente se produzcan actos, hechos u
omisiones que amenacen, interrumpan o entorpezcan la continuidad y
regularidad de los servicios públicos o la ejecución de actividades de
interés público o perturben la integridad o destino de los bienes
afectados a esos cometidos, el Estado nacional o sus entidades
descentralizadas que tengan a cargo la supervisión, fiscalización o
concesión de tales servicios o actividades, estarán legitimados para
requerir previa, simultánea o posteriormente a la postulación de la
pretensión procesal principal, todo tipo de medidas cautelares
tendientes a asegurar el objeto del proceso en orden a garantizar la
prestación de tales servicios, la ejecución de dichas actividades o la
integridad o destino de los bienes de que se trate.
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