LegalizePLAN INTEGRAL PARA EL ABORDAJE DE LOS CONSUMOS PROBLEMATICOS
PLAN INTEGRAL PARAEL ABORDAJE DE LOS CONSUMOS PROBLEMATICOS
Ley 26.934
Creación.
Sancionada: Abril 30 de 2014
Promulgada de Hecho: Mayo 28 de 2014
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de
Ley:
PLAN INTEGRAL PARA EL ABORDAJE DE LOS CONSUMOS PROBLEMATICOS
Capítulo I
Disposiciones generales
ARTICULO 1° — Creación.
Créase el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos
(Plan IACOP), cuya autoridad de aplicación será la que determine el
Poder Ejecutivo nacional.
ARTICULO 2° — Consumos problemáticos.
A los efectos de la presente ley, se entiende por consumos
problemáticos aquellos consumos que —mediando o sin mediar sustancia
alguna— afectan negativamente, en forma crónica, la salud física o
psíquica del sujeto, y/o las relaciones sociales. Los consumos
problemáticos pueden manifestarse como adicciones o abusos al alcohol,
tabaco, drogas psicotrópicas —legales o ilegales— o producidos por
ciertas conductas compulsivas de los sujetos hacia el juego, las nuevas
tecnologías, la alimentación, las compras o cualquier otro consumo que
sea diagnosticado compulsivo por un profesional de la salud.
ARTICULO 3° — Objetivos. Los objetivos del Plan IACOP son:
Prevenir los consumos problemáticos desde un abordaje intersectorial mediante la actuación directa del Estado;
Asegurar la asistencia sanitaria integral gratuita a los sujetos afectados por algún consumo problemático;
Integrar y amparar socialmente a los sujetos de algún consumo problemático.
ARTICULO 4° — Autoridad de aplicación. Función.
La autoridad de aplicación del Plan IACOP será la encargada de
coordinar las distintas herramientas del plan. Para eso, articulará las
acciones de prevención, asistencia e integración entre los distintos
ministerios y secretarías nacionales y con las jurisdicciones
provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda,
para dar cumplimiento a lo dispuesto en los capítulos II, III y IV de
esta ley.
Capítulo II
De la prevención
ARTICULO 5° — Centros Comunitarios de Prevención de Consumos Problemáticos.
Créanse los Centros Comunitarios de Prevención de Consumos
Problemáticos, que serán distribuidos en el territorio nacional por
disposición de la autoridad de aplicación, tomando como puntos
prioritarios los de mayor vulnerabilidad social.
Su objetivo será promover en la población cubierta instancias de
desarrollo personal y comunitario, enfatizando las acciones en aquellos
sectores con mayores niveles de vulnerabilidad.
A tal efecto, la autoridad de aplicación podrá elaborar acuerdos con
otros ministerios del gobierno nacional, como así también con las
provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
incorporar los centros que se crean en este artículo a los espacios
comunitarios ya existentes en los distintos territorios.
También podrán hacerse acuerdos a tal efecto con las universidades
pertenecientes al Sistema Universitario Nacional, con el Servicio
Penitenciario Federal y con los servicios penitenciarios de las
distintas jurisdicciones.
ARTICULO 6° — Integración y funcionamiento.
Los Centros Comunitarios de Prevención de Consumos Problemáticos
dispondrán de personal suficiente para llevar a cabo sus funciones y
deberán estar abiertos a la comunidad en un horario amplio, procurando
tener abierto el espacio en horarios nocturnos.
ARTICULO 7° —Funciones específicas. Son funciones de los Centros de Prevención de Consumos Problemáticos:
Recibir en el centro a toda persona que se acerque y brindarle
información acerca de las herramientas de asistencia sanitaria, los
centros de salud disponibles, los planes de inclusión laboral y
educativa que forman parte del Plan IACOP y facilitar el acceso de
los/as ciudadanos/as afectados/as a los mismos;
Recorrer el territorio en el cual el centro se encuentra inmerso a
fin de acercar a la comunidad la información mencionada en el inciso a);
Promover la integración de personas vulnerables a los consumos
problemáticos en eventos sociales, culturales o deportivos con el fin
de prevenir consumos problemáticos, como así también organizar esos
eventos en el caso en que no los hubiera;
Interactuar con las escuelas y clubes de la zona para llevar al
ámbito educativo y social charlas informativas sobre las herramientas
preventivas y de inclusión del Plan IACOP;
Vincularse y armar estrategias con instituciones públicas y ONG’s de
las comunidades para fomentar actividades e instancias de participación
y desarrollo;
Cualquier otra actividad que tenga como objetivo la prevención de los consumos problemáticos en los territorios.
Capítulo III
De la asistencia
ARTICULO 8° — Prestaciones obligatorias.
Todos los establecimientos de salud públicos, las obras sociales
enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder
Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal
del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga conforme
lo establecido en la ley 26.682, las entidades que brinden atención al
personal de las universidades y todos aquellos agentes que brinden
servicios médicos asistenciales a sus afiliados, independientemente de
la figura jurídica que tuvieren, deberán brindar gratuitamente las
prestaciones para la cobertura integral del tratamiento de las personas
que padecen algún consumo problemático, las que quedan incorporadas al
Programa Médico Obligatorio (PMO).
ARTICULO 9° — Derechos y garantías de los pacientes.
Los consumos problemáticos deben ser abordados como parte integrante de
las políticas de salud mental, por lo que los sujetos que los padecen
tienen, en relación con los servicios de salud, todos los derechos y
garantías establecidos en la ley 26.657 de salud mental.
ARTICULO 10. — Pautas de asistencia. La asistencia integral de los consumos problemáticos deberá ser brindada bajo estricto cumplimiento de las siguientes pautas:
Respetar la autonomía individual y la singularidad de los sujetos
que demandan asistencia para el tratamiento de abusos y adicciones,
observando los derechos humanos fundamentales que los asisten y los
principios y garantías constitucionales evitando la estigmatización;
Priorizar los tratamientos ambulatorios, incorporando a la familia y
al medio donde se desarrolla la persona, y considerar la internación
como un recurso terapéutico de carácter restrictivo y extremo que sólo
deberá llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos
que el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar,
comunitario o social, conforme a lo establecido en la ley 26.657;
Promover la atención de sujetos que padecen problemáticas asociadas
a los consumos en hospitales generales polivalentes. A tal efecto los
hospitales de la red pública deben contar con los recursos necesarios,
según lo dispuesto en el artículo 28 de la ley 26.657;
Incorporar el modelo de reducción de daños. Se entiende por
reducción de daños a aquellas acciones que promuevan la reducción de
riesgos para la salud individual y colectiva y que tengan por objeto
mejorar la calidad de vida de los sujetos que padecen consumos
problemáticos, disminuir la incidencia de enfermedades transmisibles y
prevenir todo otro daño asociado, incluyendo muertes por sobredosis y
accidentes;
Incorporar una mirada transdisciplinaria e interjurisdiccional,
vinculándose los efectores sanitarios con las instancias de prevención,
desarrollo e integración educativa y laboral.
ARTICULO 11. — Consejo Federal de Salud.
La autoridad de aplicación coordinará con el Ministerio de Salud de la
Nación y a través del Consejo Federal de Salud con las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cumplimiento de las pautas de este
capítulo.
ARTICULO 12. — Deberes y control.
Las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán garantizar
la asistencia sanitaria a los consumos problemáticos con los parámetros
que dispone el artículo 10 de esta ley. La autoridad de aplicación será
la encargada de controlar el efectivo cumplimiento de la ley por parte
de las provincias.
La autoridad de aplicación llevará adelante un plan de capacitación
para los sistemas de salud de las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a los fines de lograr el mejor cumplimiento del presente
capítulo.
Ninguna disposición de la presente ley puede servir para quitar
derechos y garantías estipuladas en la ley 26.657, que es de
cumplimiento obligatorio para las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
ARTICULO 13. — Efectores.
La autoridad de aplicación abrirá un Registro Permanente de Efectores
en el que se inscribirán los efectores habilitados tanto
gubernamentales como no gubernamentales dedicados al diagnóstico,
deshabituación, desintoxicación y rehabilitación de los consumos
problemáticos, que hayan sido debidamente habilitados para funcionar
por las provincias y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los
tratamientos integrales a los que refiere este capítulo sólo podrán ser
realizados por los efectores inscriptos en el registro. Las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán adoptar las normas de
habilitación y fiscalización de efectores que la autoridad de
aplicación establezca.
ARTICULO 14. — Plazas.
Los hospitales generales del sistema de salud pública de las provincias
deberán garantizar la disponibilidad de camas para los casos extremos
que requieran la internación del sujeto que padezca algún consumo
problemático.
Capítulo IV
De la integración
ARTICULO 15. — Integración.
Cuando los sujetos que hayan tenido consumos problemáticos se
encuentren en una situación de vulnerabilidad social que atente contra
el pleno desarrollo de sus capacidades y de la realización de sus
actividades, y tales circunstancias pongan en riesgo el éxito del
tratamiento, el Estado los incorporará en dispositivos especiales de
integración.
ARTICULO 16. — Alternativas.
La fase de integración posee dos componentes, el educativo y el
laboral, los que se implementarán de acuerdo a la edad y la formación
del sujeto. El componente educativo tiene como objeto la inclusión al
sistema. El componente laboral tiene como objeto la concreta inserción
laboral, procurando hacer uso de las capacidades y las experiencias
previas.
ARTICULO 17. — Inclusión educativa. Destinatarios.
Serán beneficiarios del componente educativo todos los sujetos aludidos
en el artículo 15, que no hubieran completado su escolaridad primaria o
secundaria, y hubiesen sido atendidos por consumos problemáticos en
hospitales generales, comunidades terapéuticas o cualquier otra
instancia asistencial, o bien que hayan sido derivados de las
instancias preventivas.
ARTICULO 18. — Inclusión educativa. Beca de estudio.
Los beneficiarios del componente educativo tendrán derecho a la
percepción de una beca cuyo monto definirá la autoridad de aplicación,
que servirá como incentivo y como medio para afrontar los costos de los
estudios. Los beneficiarios deberán mantener la escolaridad y el no
cumplimiento de este requisito hará perder el beneficio otorgado. Antes
de la pérdida del beneficio, los tutores, miembros del espacio puente o
responsables de los centros de prevención deberán procurar por el
retorno del sujeto a la escuela.
Una vez finalizada la escolaridad obligatoria el beneficiario dejará de
percibir la beca de estudio. Sin embargo, si el sujeto siguiera estando
en la situación de vulnerabilidad social a la que alude el artículo 15
de esta ley y corriese riesgo el éxito de su tratamiento, podrá
requerir ser incorporado al plan de integración laboral del artículo 20.
ARTICULO 19. —Medidas. Las medidas que deberán tomarse para que las personas completen la escolaridad obligatoria son:
El diseño de espacios puente, que acompañen a los niños, jóvenes y
adultos en la reinserción al sistema educativo y en el apoyo en la
escuela;
El aseguro de condiciones básicas y de recursos para la tarea escolar: útiles, material didáctico y libros;
La designación de facilitadores pedagógicos que actúen como tutores y orienten el proceso;
El fortalecimiento de las capacidades docentes mediante capacitación
específicamente dirigida a comprender la problemática de los consumos
problemáticos;
El establecimiento de nexo con el grupo social al que pertenecen las
personas afectadas, a fin de prevenir prematuramente problemas que
puedan aparecer en el proceso;
El reporte a las instancias asistenciales o de prevención en caso que se visualicen consumos problemáticos graves.
ARTICULO 20. — Inclusión laboral. Destinatarios.
Serán beneficiarios del componente laboral todos los sujetos mayores de
dieciocho (18) años a los que alude el artículo 15, atendidos por
consumos problemáticos en hospitales generales, comunidades
terapéuticas o cualquier otra instancia asistencial, o que hayan sido
derivados de las instancias preventivas.
Podrán ser incluidos en el componente laboral los/as adolescentes de
dieciséis (16) y diecisiete (17) años de edad por razones debidamente
fundadas cuando dicha inclusión forme parte del proyecto de
recuperación y de inserción socioeducativa del/la joven.
ARTICULO 21. — Convenios intersectoriales.
La autoridad de aplicación está facultada para articular acciones y
firmar convenios con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, con organismos estatales de las provincias, y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con organizaciones no gubernamentales
con el fin de articular el ingreso de los jóvenes a los que se refiere
el artículo 20, en los programas existentes en otras jurisdicciones.
ARTICULO 22. — Informaciones y orientación ocupacional.La
autoridad de aplicación debe organizar talleres, charlas y otras
actividades, con el objeto de transmitir a los beneficiarios de este
componente una cultura de trabajo formal, brindarles conocimientos
sobre los derechos y deberes que les asisten como trabajadores e
identificar y fortalecer sus potencialidades para la inserción laboral.
La participación de los beneficiarios en todas estas actividades es
gratuita.
ARTICULO 23. — Inscripción de programas y efectores.
Los efectores inscriptos en el Registro Permanente de Efectores
informarán sobre los sujetos en tratamiento que cumplen con las
condiciones del artículo 20 con el fin de que sean incluidos en el
componente laboral. A ellos se les sumarán los que sean derivados desde
las oficinas de prevención a las que alude el capítulo II de esta ley.
Capítulo V
Disposiciones finales
ARTICULO 24. — Presupuesto.
El Poder Ejecutivo nacional debe incorporar en el proyecto de ley de
presupuesto las asignaciones presupuestarias correspondientes que
permitan el cumplimiento del Plan IACOP.
ARTICULO 25. — Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días de su promulgación.
ARTICULO 26. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS TREINTA DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.
— REGISTRADA BAJO EL Nº 26.934 —
JULIAN A. DOMINGUEZ. — GERARDO ZAMORA. — Juan H. Estrada. — Lucas Chedrese.
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