LegalizeLEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Ley 27442
Disposiciones.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de
Ley:
Ley de Defensa de la Competencia
Capítulo I
De los acuerdos y prácticas prohibidas
Artículo 1°- Están prohibidos los acuerdos entre competidores, las
concentraciones económicas, los actos o conductas, de cualquier forma
manifestados, relacionados con la producción e intercambio de bienes o
servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear
o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan
abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda
resultar perjuicio para el interés económico general. Se les aplicarán
las sanciones establecidas en la presente ley a quienes realicen dichos
actos o incurran en dichas conductas, sin perjuicio de otras
responsabilidades que pudieren corresponder como consecuencia de los
mismos.
Queda comprendida en este artículo, en tanto se den los supuestos del
párrafo anterior, la obtención de ventajas competitivas significativas
mediante la infracción de otras normas.
Art. 2°- Constituyen prácticas absolutamente restrictivas de la
competencia y se presume que producen perjuicio al interés económico
general, los acuerdos entre dos o más competidores, consistentes en
contratos, convenios o arreglos cuyo objeto o efecto fuere:
Concertar en forma directa o indirecta el precio de venta o compra
de bienes o servicios al que se ofrecen o demanden en el mercado;
Establecer obligaciones de (i) producir, procesar, distribuir,
comprar o comercializar sólo una cantidad restringida o limitada de
bienes, y/o (ii) prestar un número, volumen o frecuencia restringido o
limitado de servicios;
Repartir, dividir, distribuir, asignar o imponer en forma horizontal
zonas, porciones o segmentos de mercados, clientes o fuentes de
aprovisionamiento;
Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en licitaciones, concursos o subastas.
Estos acuerdos serán nulos de pleno derecho y, en consecuencia, no producirán efecto jurídico alguno.
Art. 3°- Constituyen prácticas restrictivas de la competencia, las
siguientes conductas, entre otras, en la medida que configuren las
hipótesis del artículo 1° de la presente ley:
Fijar en forma directa o indirecta el precio de venta, o compra de
bienes o servicios al que se ofrecen o demanden en el mercado, así como
intercambiar información con el mismo objeto o efecto;
Fijar, imponer o practicar, directa o indirectamente, de cualquier
forma, condiciones para (i) producir, procesar, distribuir, comprar o
comercializar sólo una cantidad restringida o limitada de bienes, y/o
(ii) prestar un número, volumen o frecuencia restringido o limitado de
servicios;
Concertar la limitación o control del desarrollo técnico o las
inversiones destinadas a la producción o comercialización de bienes y
servicios;
Impedir, dificultar u obstaculizar a terceras personas la entrada o permanencia en un mercado o excluirlas de éste;
Afectar mercados de bienes o servicios, mediante acuerdos para
limitar o controlar la investigación y el desarrollo tecnológico, la
producción de bienes o prestación de servicios, o para dificultar
inversiones destinadas a la producción de bienes o servicios o su
distribución;
Subordinar la venta de un bien a la adquisición de otro o a la
utilización de un servicio, o subordinar la prestación de un servicio a
la utilización de otro o a la adquisición de un bien;
Sujetar la compra o venta a la condición de no usar, adquirir,
vender o abastecer bienes o servicios producidos, procesados,
distribuidos o comercializados por un tercero;
Imponer condiciones discriminatorias para la adquisición o
enajenación de bienes o servicios sin razones fundadas en los usos y
costumbres comerciales;
Negarse injustificadamente a satisfacer pedidos concretos, para la
compra o venta de bienes o servicios, efectuados en las condiciones
vigentes en el mercado de que se trate;
Suspender la provisión de un servicio monopólico dominante en el
mercado a un prestatario de servicios públicos o de interés público;
Enajenar bienes o prestar servicios a precios inferiores a su costo,
sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales con la
finalidad de desplazar la competencia en el mercado o de producir daños
en la imagen o en el patrimonio o en el valor de las marcas de sus
proveedores de bienes o servicios;
La participación simultánea de una persona humana en cargos
ejecutivos relevantes o de director en dos o más empresas competidoras
entre sí.
Art. 4°- Quedan sometidas a las disposiciones de esta ley todas las
personas humanas o jurídicas de carácter público o privado, con o sin
fines de lucro que realicen actividades económicas en todo o en parte
del territorio nacional, y las que realicen actividades económicas
fuera del país, en la medida en que sus actos, actividades o acuerdos
puedan producir efectos en el mercado nacional.
A los efectos de esta ley, para determinar la verdadera naturaleza de
los actos o conductas y acuerdos, se atenderá a las situaciones y
relaciones económicas que efectivamente se realicen, persigan o
establezcan.
Capítulo II
De la posición dominante
Art. 5°- A los efectos de esta ley se entiende que una o más personas
goza de posición dominante cuando para un determinado tipo de producto
o servicio es la única oferente o demandante dentro del mercado
nacional o en una o varias partes del mundo o, cuando sin ser única, no
está expuesta a una competencia sustancial o, cuando por el grado de
integración vertical u horizontal está en condiciones de determinar la
viabilidad económica de un competidor participante en el mercado, en
perjuicio de éstos.
Art. 6°- A fin de establecer la existencia de posición dominante en un
mercado, deberán considerarse las siguientes circunstancias:
El grado en que el bien o servicio de que se trate es sustituible
por otros, ya sea de origen nacional como extranjero; las condiciones
de tal sustitución y el tiempo requerido para la misma;
El grado en que las restricciones normativas limiten el acceso de
productos u oferentes o demandantes al mercado de que se trate;
El grado en que el presunto responsable pueda influir
unilateralmente en la formación de precios o restringir el
abastecimiento o demanda en el mercado y el grado en que sus
competidores puedan contrarrestar dicho poder.
Capítulo III
De las concentraciones
Art. 7°- A los efectos de esta ley se entiende por concentración
económica la toma de control de una o varias empresas, a través de la
realización de los siguientes actos:
La fusión entre empresas;
La transferencia de fondos de comercio;
La adquisición de la propiedad o cualquier derecho sobre acciones o
participaciones de capital o títulos de deuda que den cualquier tipo de
derecho a ser convertidos en acciones o participaciones de capital o a
tener cualquier tipo de influencia en las decisiones de la persona que
los emita cuando tal adquisición otorgue al adquirente el control de, o
la influencia sustancial sobre sí misma;
Cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o
jurídica a una persona o grupo económico los activos de una empresa o
le otorgue influencia determinante en la adopción de decisiones de
administración ordinaria o extraordinaria de una empresa;
Cualquiera de los actos del inciso c) del presente, que implique la
adquisición de influencia sustancial en la estrategia competitiva de
una empresa.
Art. 8°- Se prohíben las concentraciones económicas cuyo objeto o
efecto sea o pueda ser restringir o distorsionar la competencia, de
modo que pueda resultar un perjuicio para el interés económico general.
Art. 9°- Los actos indicados en el artículo 7° de la presente ley,
cuando la suma del volumen de negocio total del conjunto de empresas
afectadas supere en el país la suma equivalente a cien millones
(100.000.000) de unidades móviles, deberán ser notificados para su
examen previamente a la fecha del perfeccionamiento del acto o de la
materialización de la toma de control, el que acaeciere primero, ante
la Autoridad Nacional de la Competencia. Los actos solo producirán
efectos entre las partes o en relación a terceros una vez cumplidas las
previsiones de los artículos 14 y 15 de la presente ley, según
corresponda.
A los efectos de la determinación del volumen de negocio prevista en el
párrafo precedente, el Tribunal de Defensa de la Competencia informará
anualmente el monto en moneda de curso legal que se aplicará durante el
correspondiente año. A tal fin, el Tribunal de Defensa de la
Competencia considerará el valor de la unidad móvil vigente al último
día hábil del año anterior.
Los actos de concentración económica que se concluyan en incumplimiento
a lo dispuesto en este artículo, así como el perfeccionamiento de la
toma de control sin la previa aprobación del Tribunal de Defensa de la
Competencia, serán sancionados por dicho tribunal como una infracción,
en los términos del artículo 55, inciso d) de la presente ley, sin
perjuicio de la obligación de revertir los mismos y remover todos sus
efectos en el caso en que se determine que se encuentra alcanzado por
la prohibición del artículo 8° de la presente ley.
A los efectos de la presente ley se entiende por volumen de negocios
total los importes resultantes de la venta de productos, de la
prestación de servicios realizados, y los subsidios directos percibidos
por las empresas afectadas durante el último ejercicio que correspondan
a sus actividades ordinarias, previa deducción de los descuentos sobre
ventas, así como del impuesto sobre el valor agregado y de otros
impuestos directamente relacionados con el volumen de negocios.
Las empresas afectadas a efectos del cálculo del volumen de negocios serán las siguientes:
La empresa objeto de cambio de control;
Las empresas en las que dicha empresa en cuestión disponga, directa o indirectamente:
De más de la mitad del capital o del capital circulante.
Del poder de ejercer más de la mitad de los derechos de voto.
Del poder de designar más de la mitad de los miembros del consejo de
vigilancia o de administración o de los órganos que representen
legalmente a la empresa, o
Del derecho a dirigir las actividades de la empresa.
Las empresas que toman el control de la empresa en cuestión, objeto de cambio de control y prevista en el inciso a);
Aquellas empresas en las que la empresa que toma el control de la
empresa en cuestión, objeto del inciso c) anterior, disponga de los
derechos o facultades enumerados en el inciso b);
Aquellas empresas en las que una empresa de las contempladas en el
inciso d) anterior disponga de los derechos o facultades enumerados en
el inciso b);
Las empresas en las que varias empresas de las contempladas en los
incisos d) y e) dispongan conjuntamente de los derechos o facultades
enumerados en el inciso b).
Art. 10.- El Tribunal de Defensa de la Competencia dispondrá el
procedimiento por el cual podrá emitir una opinión consultiva, a
solicitud de parte, que determinará si un acto encuadra en la
obligación de notificar dispuesta bajo este capítulo de la ley. Dicha
petición será voluntaria y la decisión que tome el Tribunal de Defensa
de la Competencia será inapelable.
El Tribunal de Defensa de la Competencia dispondrá el procedimiento por
el cual determinará de oficio o ante denuncia si un acto que no fue
notificado encuadra en la obligación de notificar dispuesta bajo este
capítulo de la ley.
El Tribunal de Defensa de la Competencia establecerá un procedimiento
sumario para las concentraciones económicas que a su criterio pudieren
tener menor probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del
artículo 8° de la presente ley.
Art. 11.- Se encuentran exentas de la notificación obligatoria prevista
en el artículo 9° de la presente ley, las siguientes operaciones:
Las adquisiciones de empresas de las cuales el comprador ya poseía
más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, siempre que ello no
implique un cambio en la naturaleza del control;
Las adquisiciones de bonos, debentures, acciones sin derecho a voto o títulos de deuda de empresas;
Las adquisiciones de una única empresa por parte de una única
empresa extranjera que no posea previamente activos (excluyendo
aquellos con fines residenciales) o acciones de otras empresas en la
Argentina y cuyas exportaciones hacia la Argentina no hubieran sido
significativas, habituales y frecuentes durante los últimos treinta y
seis meses;
Adquisiciones de empresas que no hayan registrado actividad en el
país en el último año, salvo que las actividades principales de la
empresa objeto y de la empresa adquirente fueran coincidentes;
Las operaciones de concentración económica previstas en el artículo
7° que requieren notificación de acuerdo a lo previsto en el artículo
9°, cuando el monto de la operación y el valor de los activos situados
en la República Argentina que se absorban, adquieran, transfieran o se
controlen no superen, cada uno de ellos, respectivamente, la suma
equivalente a veinte millones (20.000.000) de unidades móviles, salvo
que en el plazo de doce (12) meses anteriores se hubieran efectuado
operaciones que en conjunto superen dicho importe, o el de la suma
equivalente a sesenta millones (60.000.000) de unidades móviles en los
últimos treinta y seis (36) meses, siempre que en ambos casos se trate
del mismo mercado. A los efectos de la determinación de los montos
indicados precedentemente, el Tribunal de Defensa de la Competencia
informará anualmente dichos montos en moneda de curso legal que se
aplicará durante el correspondiente año. A tal fin, el Tribunal de
Defensa de la Competencia considerará el valor de la unidad móvil
vigente al último día hábil del año anterior.
Art. 12.- El Tribunal de Defensa de la Competencia fijará con carácter
general la información y antecedentes que las personas deberán proveer
a la Autoridad Nacional de la Competencia para notificar un acto de
concentración y los plazos en que dicha información y antecedentes
deben ser provistos.
Art. 13.- La reglamentación establecerá la forma y contenido adicional
de la notificación de los proyectos de concentración económica y
operaciones de control de empresas de modo que se garantice el carácter
confidencial de las mismas.
Dicha reglamentación deberá prever un procedimiento para que cada acto
de concentración económica notificado a la Autoridad Nacional de la
Competencia tome estado público y cualquier interesado pueda formular
las manifestaciones y oposiciones que considere procedentes. De mediar
oposiciones, las mismas deberán ser notificadas a las partes
notificantes. La Autoridad Nacional de la Competencia no estará
obligada a expedirse sobre tales presentaciones.
Art. 14.- En todos los casos sometidos a la notificación prevista en
este capítulo y dentro de los cuarenta y cinco (45) días de presentada
la información y antecedentes de modo completo y correcto, la
autoridad, por resolución fundada, deberá decidir:
Autorizar la operación;
Subordinar el acto al cumplimiento de las condiciones que la misma autoridad establezca;
Denegar la autorización.
En los casos en que el Tribunal de Defensa de la Competencia considere
que la operación notificada tiene la potencialidad de restringir o
distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para
el interés económico general, previo a tomar una decisión comunicará a
las partes sus objeciones mediante un informe fundado y las convocará a
una audiencia especial para considerar posibles medidas que mitiguen el
efecto negativo sobre la competencia. Dicho informe deberá ser
simultáneamente puesto a disposición del público.
En los casos indicados en el párrafo precedente, el plazo de resolución
del Tribunal de Defensa de la Competencia podrá extenderse por hasta
ciento veinte (120) días adicionales para la emisión de la resolución,
mediante dictamen fundado. Dicho plazo podrá suspenderse hasta tanto
las partes respondan a las objeciones presentadas por el Tribunal de
Defensa de la Competencia.
El Tribunal de Defensa de la Competencia podrá tener por no notificado
el acto de concentración en cuestión, de considerar que no cuenta con
la información y antecedentes –generales o adicionales- presentados de
modo completo y correcto. No obstante, ante la falta de dicha
información en los plazos procesales que correspondan, el Tribunal de
Defensa de la Competencia podrá resolver con la información que pueda
por sí misma obtener en ejercicio de las facultades que le reserva esta
ley.
La dilación excesiva e injustificada en el requerimiento de información
será considerada una falta grave por parte de los funcionarios
responsables.
Art. 15.- Transcurrido el plazo previsto en el artículo 14 de la
presente ley sin mediar resolución al respecto, la operación se tendrá
por autorizada tácitamente. La autorización tácita producirá en todos
los casos los mismos efectos legales que la autorización expresa. La
reglamentación de la presente ley establecerá un mecanismo a través del
cual se certifique el cumplimiento del plazo que diera lugar a la
referida aprobación tácita.
Art. 16.- Las concentraciones que hayan sido notificadas y autorizadas
no podrán ser impugnadas posteriormente en sede administrativa en base
a información y documentación verificada por el Tribunal de Defensa de
la Competencia, salvo cuando dicha resolución se hubiera obtenido en
base a información falsa o incompleta proporcionada por el solicitante,
en cuyo caso se las tendrá por no notificadas, sin perjuicio de las
demás sanciones que pudieren corresponder.
Art. 17.- Cuando la concentración económica involucre servicios que
estuvieren sometidos a regulación económica del Estado Nacional a
través de un ente regulador, la Autoridad Nacional de la Competencia
requerirá al ente regulador respectivo una opinión fundada sobre la
propuesta de concentración económica en la que indique: (i) el eventual
impacto sobre la competencia en el mercado respectivo o (ii) sobre el
cumplimiento del marco regulatorio respectivo. La opinión se requerirá
dentro de los tres (3) días de efectuada la notificación de la
concentración, aun cuando fuere incompleta, pero se conocieran los
elementos esenciales de la operación. El requerimiento no suspenderá el
plazo del artículo 14 de la presente ley. El ente regulador respectivo
deberá pronunciarse en el término máximo de quince (15) días,
transcurrido dicho plazo se entenderá que el mismo no objeta operación.
Dicho pronunciamiento no será vinculante para la Autoridad Nacional de la Competencia.
Capítulo IV
Autoridad de aplicación
Art. 18.- Créase la Autoridad Nacional de la Competencia como organismo
descentralizado y autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional
con el fin de aplicar y controlar el cumplimiento de esta ley.
La Autoridad Nacional de la Competencia tendrá plena capacidad jurídica
para actuar en los ámbitos del derecho público y privado y su
patrimonio estará constituido por los bienes que se le transfieran y
los que adquiera en el futuro por cualquier título.
Tendrá su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pero podrá actuar,
constituirse y sesionar en cualquier lugar del territorio nacional
mediante delegados que la misma designe. Los delegados instructores
podrán ser funcionarios nacionales, provinciales o municipales.
Dentro de la Autoridad Nacional de la Competencia, funcionarán el
Tribunal de Defensa de la Competencia, la Secretaría de Instrucción de
Conductas Anticompetitivas y la Secretaría de Concentraciones
Económicas.
A los efectos de la presente ley, son miembros de la Autoridad Nacional
de la Competencia (i) el presidente y los vocales del Tribunal de
Defensa de la Competencia, (ii) el Secretario Instructor de Conductas
Anticompetitivas, quien será el titular de la Secretaría de Instrucción
de Conductas y (iii) el Secretario de Concentraciones Económicas, quien
será el titular de la Secretaría de Concentraciones Económicas.
El Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia ejercerá la
presidencia, la representación legal y la función administrativa de la
Autoridad Nacional de la Competencia, pudiendo efectuar contrataciones
de personal para la realización de trabajos específicos o
extraordinarios que no puedan ser realizados por su planta permanente,
fijando las condiciones de trabajo y su retribución. Las disposiciones
de la ley de contrato de trabajo regirán la relación con el personal de
la planta permanente.
Art. 19.- Los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia deberán reunir los siguientes requisitos:
Contar con suficientes antecedentes e idoneidad en materia de
defensa de la competencia y gozar de reconocida solvencia moral, todos
ellos con más de cinco (5) años en el ejercicio de la profesión;
Tener dedicación exclusiva durante su mandato, con excepción de la
actividad docente y serán alcanzados por las incompatibilidades y
obligaciones fijadas por la ley 25.188 de Ética Pública;
No podrán desempeñarse o ser asociados de estudios profesionales que
intervengan en el ámbito de la defensa de la competencia mientras dure
su mandato;
Excusarse por las causas previstas en los incisos 1), 2), 3), 4),
5), 7), 8), 9) y 10) del artículo 17 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación y en los casos en los que tengan o hayan tenido
en los últimos tres (3) años una participación económica o relación de
dependencia laboral en alguna de las personas jurídicas sobre las que
deba resolver.
Art. 20.- Previo concurso público de antecedentes y oposición, el Poder
Ejecutivo nacional designará a los miembros de la Autoridad Nacional de
la Competencia, los cuales deberán reunir los criterios de idoneidad
técnica en la materia y demás requisitos exigidos bajo el artículo 19
de la presente ley.
El Poder Ejecutivo nacional podrá realizar designaciones en comisión
durante el tiempo que insuma la sustanciación y resolución de las
eventuales oposiciones que pudieren recibir los candidatos que hubieren
participado del concurso público de antecedentes.
El concurso público será ante un jurado integrado por el Procurador del
Tesoro de la Nación, el Ministro de Producción de la Nación, un
representante de la Academia Nacional del Derecho y un representante de
la Asociación Argentina de Economía política. En caso de empate, el
Ministro de Producción de la Nación tendrá doble voto.
El jurado preseleccionará en forma de ternas para cada uno de los
puestos de los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia a
ser cubiertos y los remitirá al Poder Ejecutivo nacional.
Los candidatos deberán presentar una declaración jurada con los bienes
propios, los del cónyuge y/o de los convivientes, los que integren el
patrimonio de la sociedad conyugal y demás previsiones del artículo 6°
de la ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y su
reglamentación; además deberán adjuntar otra declaración en la que
incluirán la nómina de las asociaciones civiles y sociedades
comerciales que integren, o hayan integrado en los últimos cinco (5)
años, la nómina de clientes o contratistas de los últimos cinco (5)
años en el marco de lo permitido por las normas de ética profesional
vigentes, los estudios de abogado, contables o de asesoramiento a los
que pertenecieron según corresponda, y en general cualquier tipo de
compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por
actividades propias, de su cónyuge, de sus ascendientes y descendientes
en primer grado, con la finalidad de permitir la evaluación objetiva de
la existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses.
La Oficina Anticorrupción deberá realizar un informe previo a la
designación de los candidatos acerca de los conflictos de intereses
actuales o potenciales que puedan surgir en virtud de la declaración
mencionada en el párrafo anterior.
Art. 21.- Producida la preselección, el Poder Ejecutivo nacional dará a
conocer el nombre, apellido y los antecedentes curriculares de cada una
de las personas seleccionadas en el Boletín Oficial y en dos (2)
diarios de circulación nacional, durante tres (3) días y comunicará su
decisión al Honorable Senado de la Nación.
Art. 22.- Los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los
colegios y asociaciones profesionales y de defensa de consumidores y
usuarios, las entidades académicas y de derechos humanos, podrán en el
plazo de quince (15) días a contar desde la publicación del resultado
del concurso oficial, presentar ante el Ministerio de Producción de la
Nación y ante la presidencia del Honorable Senado de la Nación, por
escrito y de modo fundado y documentado, las observaciones que
consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso
de preselección.
Art. 23.- La designación de los miembros de la Autoridad Nacional de la
Competencia requerirá acuerdo del Honorable Senado de la Nación. El
Poder Ejecutivo nacional podrá realizar nombramientos en comisión
durante el tiempo que insuma el otorgamiento del acuerdo.
Art. 24.- Cada miembro de la Autoridad Nacional de la Competencia
durará en el ejercicio de sus funciones cinco (5) años. Conforme la
reglamentación, la renovación de los miembros se hará escalonada y
parcialmente y podrán ser reelegidos por única vez por los
procedimientos establecidos en el artículo 23 de la presente ley.
Cualquiera de los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia
podrá ser removido de su cargo por el Poder Ejecutivo nacional cuando
mediaren las causales previstas bajo la presente ley, debiendo contar
para ello con el previo dictamen no vinculante de una comisión ad hoc
integrada por los presidentes de las comisiones de Defensa del
Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Honorable Cámara de
Diputados y de Industria y Comercio del Honorable Senado de la Nación,
y por los presidentes de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
y del Honorable Senado de la Nación. En caso de empate dentro de esta
comisión ad hoc, desempatará el voto del presidente de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación.
Art. 25.- Cualquiera de los miembros de la Autoridad Nacional de la
Competencia cesará de pleno derecho en sus funciones de mediar alguna
de las siguientes circunstancias:
Renuncia;
Vencimiento del mandato;
Fallecimiento;
Ser removidos en los términos del artículo 26.
Producida la vacancia, el Poder Ejecutivo nacional deberá dar inicio al
procedimiento del artículo 20 de la presente ley en un plazo no mayor a
treinta (30) días. Con salvedad del caso contemplado en el inciso b)
del presente artículo, el reemplazo durará en su cargo hasta completar
el mandato del reemplazado.
Art. 26.- Son causas de remoción de cualquiera de los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia:
Mal desempeño en sus funciones;
Negligencia reiterada que dilate la substanciación de los procesos;
Incapacidad sobreviniente;
Condena por delito doloso;
Violaciones de las normas sobre incompatibilidad;
No excusarse en los presupuestos previstos en el artículo 19 inciso d) de la presente ley.
Art. 27.- Será suspendido preventivamente y en forma inmediata en el
ejercicio de sus funciones aquel miembro de la Autoridad Nacional de la
Competencia sobre el que recaiga auto de procesamiento firme por delito
doloso. Dicha suspensión se mantendrá hasta tanto se resuelva su
situación procesal.
Art. 28.- El Tribunal de Defensa de la Competencia estará integrado por
cinco (5) miembros, de los cuales dos (2) por lo menos serán abogados y
otros dos (2) con título de grado o superior en ciencias económicas.
Son funciones y facultades del Tribunal de Defensa de la Competencia:
Imponer las sanciones establecidas en la presente ley, así como
también otorgar el beneficio de exención y/o reducción de dichas
sanciones, de conformidad con el capítulo VIII de la presente ley;
Resolver conforme lo dispuesto en el artículo 14 de la presente ley;
Resolver sobre las imputaciones que pudieren corresponder como
conclusión del sumario, y las acciones señaladas en el artículo 41 de
la presente ley;
Admitir o denegar la prueba ofrecida por las partes en el momento procesal oportuno;
Declarar concluido el período de prueba en los términos del artículo 43 de la presente ley y disponer los autos para alegar;
Realizar los estudios e investigaciones de mercado que considere
pertinentes. Para ello podrá requerir a los particulares y autoridades
nacionales, provinciales o municipales, y a las asociaciones de defensa
de los consumidores y de los usuarios, la documentación y colaboración
que juzgue necesarias;
Promover el estudio y la investigación en materia de competencia;
Cuando lo considere pertinente, emitir opinión en materia de libre
competencia respecto de leyes, reglamentos, circulares y actos
administrativos, sin que tales opiniones tengan efecto vinculante;
Emitir recomendaciones pro-competitivas de carácter general o
sectorial respecto a las modalidades de la competencia en los mercados;
Actuar con las dependencias competentes en la negociación de
tratados, acuerdos o convenios internacionales en materia de regulación
de políticas de competencia y libre concurrencia;
Elaborar su reglamento interno;
Promover e instar acciones ante la Justicia, para lo cual designará representante legal a tal efecto;
Suspender los plazos procesales de la presente ley por resolución fundada;
Suscribir convenios con organismos provinciales, municipales o con
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la habilitación de oficinas
receptoras de denuncias en dichas jurisdicciones;
Propiciar soluciones consensuadas entre las partes;
Suscribir convenios con asociaciones de usuarios y consumidores para
la promoción de la participación de las asociaciones de la comunidad en
la defensa de la competencia y la transparencia de los mercados;
Formular anualmente el proyecto de presupuesto para la Autoridad
Nacional de la Competencia y elevarlo al Poder Ejecutivo nacional;
Desarrollar cualquier otro acto que fuera necesario para la
prosecución e instrucción de las actuaciones, incluyendo la
convocatoria de audiencias públicas conforme a los artículos 47, 48, 49
y 50 de la presente ley y dar intervención a terceros como parte
coadyuvante en los procedimientos;
Crear, administrar y actualizar el Registro Nacional de Defensa de
la Competencia, en el que deberán inscribirse las operaciones de
concentración económica previstas en el capítulo III y las resoluciones
definitivas dictadas. El Registro será público;
Las demás que les confiera esta y otras leyes.
Art. 29.- El Tribunal de Defensa de la Competencia, de conformidad con
lo que establezca la reglamentación, podrá por decisión fundada expedir
permisos para la realización de contratos, convenios o arreglos que
contemplen conductas incluidas en el artículo 2° de la presente , que a
la sana discreción del Tribunal no constituyan perjuicio para el
interés económico general.
Art. 30.- La Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas es
el área de la Autoridad Nacional de la Competencia con competencia y
autonomía técnica y de gestión para recibir y tramitar los expedientes
en los que cursa la etapa de investigación de las infracciones a la
presente ley.
Será su titular y representante el Secretario Instructor de Conductas
Anticompetitivas y contará con la estructura orgánica, personal y
recursos necesarios para el cumplimiento de su objeto.
Son funciones y facultades de la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas:
Recibir las denuncias y conferir el traslado previsto en el artículo
38 de la presente ley y resolver sobre la eventual procedencia de la
instrucción del sumario previsto en el artículo 39 de la presente ley.
En el caso de la iniciación de denuncias de oficio por parte del
Tribunal, proveer al mismo toda la asistencia que solicite a tal fin;
Citar y celebrar audiencias y/o careos con los presuntos
responsables, denunciantes, damnificados, testigos y peritos,
recibirles declaración y ordenar careos, para lo cual podrá solicitar
el auxilio de la fuerza pública;
Realizar las pericias necesarias sobre libros, documentos y demás
elementos conducentes en la investigación, controlar existencias,
comprobar orígenes y costos de materias primas u otros bienes;
Proponer al Tribunal de Defensa de la Competencia las imputaciones
que pudieren corresponder como conclusión del sumario, y las acciones
señaladas en el artículo 41 de la presente ley;
Acceder a los lugares objeto de inspección con el consentimiento de
los ocupantes o mediante orden judicial, la que será solicitada ante el
juez competente, quien deberá resolver en el plazo de un (1) día;
Solicitar al juez competente las medidas cautelares que estime
pertinentes, las que deberán ser resueltas en el plazo de un (1) día;
Producir la prueba necesaria para llevar adelante las actuaciones;
Proponer al Tribunal de Defensa de la Competencia las sanciones previstas en el capítulo VII de la ley;
Opinar sobre planteos y/o recursos que interpongan las partes o
terceros contra actos dictados por el Tribunal en relación a conductas
anticompetitivas;
Desarrollar cualquier otro acto que fuera necesario para la
prosecución e instrucción de denuncias o investigaciones de mercado y
aquellas tareas que le encomiende el Tribunal.
Art. 31.- La Secretaría de Concentraciones Económicas es el área de la
Autoridad Nacional de la Competencia con competencia y autonomía
técnica y de gestión para recibir y tramitar los expedientes en los que
cursan las notificaciones de concentraciones económicas, diligencias
preliminares y opiniones consultivas establecidas bajo el capítulo III
de la presente ley.
Será su titular y representante el Secretario de Concentraciones
Económicas y contará con la estructura orgánica, personal y recursos
necesarios para el cumplimiento de su objeto.
Son funciones y facultades de la Secretaría de Concentraciones Económicas:
Recibir, tramitar e instruir las solicitudes de opiniones
consultivas previstas en el segundo párrafo del artículo 10 de la
presente ley y opinar sobre la eventual procedencia de las
notificaciones de operaciones de concentraciones económicas, conforme
las disposiciones del artículo 9° de la presente ley;
Recibir, tramitar e instruir las notificaciones de concentraciones
económicas previstas en el artículo 9° de la presente ley y autorizar,
de corresponder, aquellas notificaciones que hayan calificado para el
procedimiento sumario previsto en el cuarto párrafo del artículo 10 de
la presente ley.
Iniciar de oficio o recibir, tramitar e instruir, conforme lo
dispuesto bajo el tercer párrafo del artículo 10 de la presente ley,
las denuncias por la existencia de una operación de concentración
económica que no hubiera sido notificada y deba serlo conforme la
normativa aplicable, y opinar sobre la eventual procedencia de la
notificación prevista en el artículo 9° de la presente ley;
Opinar sobre la eventual aprobación, subordinación o rechazo de la
operación notificada, conforme al artículo 14 de la presente ley;
Opinar sobre planteos y/o recursos que interpongan las partes o
terceros contra actos dictados por el Tribunal en relación a
concentraciones económicas;
Desarrollar cualquier otro acto que fuera necesario para la
prosecución e instrucción de las actuaciones, sea en el marco del
proceso de notificación de operaciones de concentración económica del
artículo 9° de la presente ley, de las opiniones consultivas del
artículo 10 o de las investigaciones de diligencias preliminares del
artículo 10 de la presente ley.
Art. 32.- El Secretario Instructor de Conductas Anticompetitivas y el Secretario de Concentraciones Económicas podrán:
Recibir, agregar, proveer, contestar y despachar oficios, escritos,
o cualquier otra documentación presentada por las partes o por terceros;
Efectuar pedidos de información y documentación a las partes o a
terceros, observar o solicitar información adicional, suspendiendo los
plazos cuando corresponda;
Dictar y notificar todo tipo de providencias simples;
Conceder o denegar vistas de los expedientes en trámite, y resolver
de oficio o a pedido de parte la confidencialidad de documentación;
Ordenar y realizar las pericias necesarias sobre libros, documentos
y demás elementos conducentes de la investigación, controlar
existencias, comprobar orígenes y costos de materias primas u otros
bienes;
Propiciar soluciones consensuadas entre las partes;
Requerir al Tribunal la reserva de las actuaciones, según
corresponda al Secretario Instructor de Conductas Anticompetitivas o al
Secretario de Concentraciones Económicas por la naturaleza propia del
procedimiento en cuestión.
Capítulo V
Del presupuesto
Art. 33.- El Tribunal de Defensa de la Competencia formulará anualmente
el proyecto de presupuesto para la Autoridad Nacional de la Competencia
para su posterior elevación al Poder Ejecutivo nacional. El Poder
Ejecutivo nacional incorporará dicho presupuesto en el proyecto de ley
del Presupuesto de la Administración Pública Nacional. La Autoridad
Nacional de la Competencia administrará su presupuesto de manera
autónoma, de acuerdo a la autarquía que le asigna la presente ley.
Los interesados que, bajo el capítulo III de la presente ley, inicien
actuaciones ante la Autoridad Nacional de la Competencia, deberán
abonar un arancel que no podrá ser inferior a las cinco mil (5.000) ni
superar las veinte mil (20.000) Unidades Móviles establecidas en el
artículo 85 de la presente ley.
El arancel será establecido por el Poder Ejecutivo a propuesta de la
Autoridad Nacional de la Competencia. Su producido será destinado a
sufragar los gastos ordinarios de la Autoridad Nacional de la
Competencia.
Capítulo VI
Del procedimiento
Art. 34.- El procedimiento se iniciará de oficio o por denuncia
realizada por cualquier persona humana o jurídica, pública o privada.
Los procedimientos de la presente ley serán públicos para las partes y
sus defensores, que lo podrán examinar desde su inicio. El expediente
será siempre secreto para los extraños.
La autoridad dispondrá los mecanismos para que todos los trámites,
presentaciones y etapas del procedimiento se realicen por medios
electrónicos.
El Tribunal, de oficio o a pedido del Secretario Instructor de
Conductas Anticompetitivas, podrá ordenar la reserva de las actuaciones
mediante resolución fundada, siempre que la publicidad ponga en peligro
el descubrimiento de la verdad. Dicha reserva podrá decretarse hasta el
traslado previsto en el artículo 38 de la presente ley. Con
posterioridad a ello, excepcionalmente el Tribunal podrá ordenar la
reserva de las actuaciones, la cual no podrá durar más de treinta (30)
días, a menos que la gravedad del hecho o la dificultad de la
investigación exijan que aquélla sea prolongada hasta por igual periodo.
Art. 35.- Una vez presentada la denuncia se citará a ratificar o
rectificar la misma al denunciante, y adecuarla conforme las
disposiciones de la presente ley, bajo apercibimiento, en caso de
incomparecencia, de proceder al archivo de las actuaciones.
Luego de recibida la denuncia, o iniciadas las actuaciones de oficio,
la autoridad de aplicación podrá realizar las medidas procesales
previas que estime corresponder para decidir la procedencia del
traslado previsto en el artículo 38 de la presente ley, siendo las
actuaciones de carácter reservado.
Los apoderados deberán presentar poder especial, o general administrativo, en original o copia certificada.
Art. 36.- Todos los plazos de esta ley se contarán por días hábiles administrativos.
Art. 37.- La denuncia deberá contener:
El nombre y domicilio del presentante;
El objeto de la denuncia, diciéndola con exactitud;
Los hechos considerados, explicados claramente;
El derecho en que se funde expuesto sucintamente;
El ofrecimiento de los medios de prueba considerados conducentes para el análisis de la denuncia.
Art. 38.- Si el Secretario Instructor de Conductas Anticompetitivas
estimare, según su sana discreción, que la denuncia es pertinente,
correrá traslado por quince (15) días al presunto responsable para que
dé las explicaciones que estime conducentes. En caso de que el
procedimiento se iniciare de oficio se correrá traslado de la relación
de los hechos y la fundamentación que lo motivaron.
Se correrá traslado por el mismo plazo de la prueba ofrecida.
Art. 39.- Contestada la vista, o vencido su plazo, el Secretario
Instructor de Conductas Anticompetitivas resolverá sobre la procedencia
de la instrucción del sumario.
En esta etapa procesal, el Secretario Instructor de Conductas
Anticompetitivas podrá llevar adelante las medidas procesales que
considere pertinentes, teniendo en cuenta lo siguiente:
En todos los pedidos de informes, oficios y demás, se otorgará un plazo de diez (10) días para su contestación;
En el caso de las audiencias testimoniales, los testigos podrán
asistir a las mismas con letrado patrocinante. Asimismo, las partes
denunciantes y denunciadas podrán asistir con sus apoderados, los
cuales deberán estar debidamente presentados en el expediente;
Las auditorías o pericias serán llevadas a cabo por personal idóneo designado por el Tribunal.
Art. 40.- Si el Tribunal de Defensa de la Competencia, previa opinión
del Secretario Instructor de Conductas Anticompetitivas, considera
satisfactorias las explicaciones, o si concluida la instrucción no
hubiere mérito suficiente para la prosecución del procedimiento, se
dispondrá su archivo.
Art. 41.- Concluida la instrucción del sumario o vencido el plazo de
ciento ochenta (180) días para ello, el Tribunal de Defensa de la
Competencia, previa opinión del Secretario Instructor de Conductas
Anticompetitivas, resolverá sobre la notificación a los presuntos
responsables para que en un plazo de veinte (20) días efectúen su
descargo y ofrezcan la prueba que consideren pertinente.
Art. 42.- El Tribunal de Defensa de la Competencia resolverá sobre la
procedencia de la prueba, considerando y otorgando aquella que fuere
pertinente, conforme al objeto analizado, y rechazando aquella que
resultare sobreabundante o improcedente. Se fijará un plazo para la
realización de la prueba otorgada. Las decisiones del Tribunal de
Defensa de la Competencia en materia de prueba son irrecurribles. Sin
embargo, podrá plantearse recurso de reconsideración de las medidas de
prueba dispuestas con relación a su pertinencia, admisibilidad,
idoneidad y conducencia.
El recurso de reposición procederá contra las resoluciones dictadas sin
sustanciación, con el fin de que quien la hubiere dictado proceda a
revocarla por contrario imperio. Este recurso se interpondrá, dentro
del tercer día, por escrito que lo fundamente, debiendo ser resuelto
por auto, previa vista al interesado. La resolución que recaiga hará
ejecutoria, a menos que el recurso hubiera sido deducido junto con el
de apelación en subsidio, y éste sea procedente. Este recurso tendrá
efecto suspensivo sólo cuando la resolución recurrida fuere apelable
con ese efecto.
Art. 43.- Concluido el período de prueba de noventa (90) días
prorrogable por igual período, las partes y el Secretario Instructor de
Conductas Anticompetitivas podrán alegar en el plazo de seis (6) días
sobre el mérito de la misma. El Tribunal de Defensa de la Competencia
dictará resolución en un plazo máximo de sesenta (60) días.
Art. 44.- En cualquier estado del procedimiento, el Tribunal de Defensa
de la Competencia podrá imponer el cumplimiento de condiciones que
establezca u ordenar el cese o la abstención de las conductas previstas
en los capítulos I y II, a los fines de evitar que se produzca un daño,
o disminuir su magnitud, su continuación o agravamiento. Cuando se
pudiere causar una grave lesión al régimen de competencia podrá ordenar
las medidas que según las circunstancias fueren más aptas para prevenir
dicha lesión, y en su caso la remoción de sus efectos. Contra esta
resolución podrá interponerse recurso de apelación con efecto
devolutivo, en la forma y términos previstos en los artículos 66 y 67
de la presente ley. En igual sentido podrá disponer de oficio o a
pedido de parte la suspensión, modificación o revocación de las medidas
dispuestas en virtud de circunstancias sobrevinientes o que no pudieron
ser conocidas al momento de su adopción.
Art. 45.- Hasta el dictado de la resolución del artículo 43 el presunto
responsable podrá comprometerse al cese inmediato o gradual de los
hechos investigados o a la modificación de aspectos relacionados con
ello.
El compromiso estará sujeto a la aprobación del Tribunal de Defensa de
la Competencia a los efectos de producir la suspensión del
procedimiento.
Transcurridos tres (3) años del cumplimiento del compromiso del
presente artículo, sin reincidencia, se archivarán las actuaciones.
Art. 46.- El Tribunal de Defensa de la Competencia podrá de oficio o a
instancia de parte dentro de los tres (3) días de la notificación y sin
substanciación, aclarar conceptos oscuros o suplir cualquier omisión
que contengan sus resoluciones.
Art. 47.- El Tribunal de Defensa de la Competencia decidirá la
convocatoria a audiencia pública cuando lo considere oportuno para la
marcha de las investigaciones.
Art. 48.- La decisión del Tribunal de Defensa de la Competencia
respecto de la realización de la audiencia deberá contener, según
corresponda:
Identificación de la investigación en curso;
Carácter de la audiencia;
Objetivo;
Fecha, hora y lugar de realización;
Requisitos para la asistencia y participación.
Art. 49.- Las audiencias deberán ser convocadas con una antelación
mínima de veinte (20) días y notificadas a las partes acreditadas en el
expediente en un plazo no inferior a quince (15) días.
Art. 50.- La convocatoria a audiencia pública deberá ser publicada en
el Boletín Oficial y en dos (2) diarios de circulación nacional con una
antelación mínima de diez (10) días. Dicha publicación deberá contener
al menos, la información prevista en el artículo 48 de la presente ley.
Art. 51.- El Tribunal de Defensa de la Competencia podrá dar
intervención como parte coadyuvante en los procedimientos que se
substancien ante el mismo, a los afectados de los hechos investigados,
a las asociaciones de consumidores y asociaciones empresarias
reconocidas legalmente, a las autoridades públicas, provincias y a toda
otra persona que pueda tener un interés legítimo en los hechos
investigados.
Art. 52.- El Tribunal de Defensa de la Competencia podrá requerir
dictámenes no vinculantes sobre los hechos investigados a personas
humanas o jurídicas de carácter público o privado de reconocida
versación.
Art. 53.- Las resoluciones que establecen sanciones del Tribunal de
Defensa de la Competencia, una vez notificadas a los interesados y
firmes, se publicarán en el Boletín Oficial y cuando aquél lo estime
conveniente en los diarios de mayor circulación del país a costa del
sancionado.
Art. 54.- Quien incurriera en una falsa denuncia será pasible de las
sanciones previstas en el artículo 55 inciso b) de la presente ley. A
los efectos de esta ley se entiende por falsa denuncia a aquella
realizada con datos o documentos falsos conocidos como tales por el
denunciante, con el propósito de causar daño a la competencia, sin
perjuicio de las demás acciones civiles y penales que correspondieren.
Capítulo VII
De las sanciones
Art. 55.- Las personas humanas o jurídicas que no cumplan con las
disposiciones de esta ley, serán pasibles de las siguientes sanciones:
El cese de los actos o conductas previstas en los capítulos I y II y, en su caso, la remoción de sus efectos;
Aquellos que realicen los actos prohibidos en los capítulos I y II y
en el artículo 8° del capítulo III, serán sancionados con una multa de
(i) hasta el treinta por ciento (30%) del volumen de negocios asociado
a los productos o servicios involucrados en el acto ilícito cometido,
durante el último ejercicio económico, multiplicado por el número de
años de duración de dicho acto, monto que no podrá exceder el treinta
por ciento (30%) del volumen de negocios consolidado a nivel nacional
registrado por el grupo económico al que pertenezcan los infractores,
durante el último ejercicio económico o (ii) hasta el doble del
beneficio económico reportado por el acto ilícito cometido. En caso de
poder calcularse la multa según los dos criterios establecidos en los
puntos (i) y (ii), se aplicará la multa de mayor valor. En caso de no
poder determinarse la multa según los criterios establecidos en los
puntos (i) y (ii), la multa podrá ser de hasta una suma equivalente a
doscientos millones (200.000.000) de unidades móviles. A los fines del
punto (i) la fracción mayor a seis (6) meses de duración de la conducta
se considerará como un (1) año completo a los efectos del multiplicador
de la multa. Los montos de las multas se duplicarán, para aquellos
infractores que durante los últimos diez (10) años hubieran sido
condenados previamente por infracciones anticompetitivas;
Sin perjuicio de otras sanciones que pudieren corresponder, cuando
se verifiquen actos que constituyan abuso de posición dominante o
cuando se constate que se ha adquirido o consolidado una posición
monopólica u oligopólica en violación de las disposiciones de esta ley,
la Autoridad podrá imponer el cumplimiento de condiciones que apunten a
neutralizar los aspectos distorsivos sobre la competencia o solicitar
al juez competente que las empresas infractoras sean disueltas,
liquidadas, desconcentradas o divididas;
Los que no cumplan con lo dispuesto en los artículos 9°, 44, 45 y 55
inciso a) serán pasibles de una multa por una suma diaria de hasta un
cero coma uno por ciento (0,1%) del volumen de negocios consolidado a
nivel nacional registrado por el grupo económico al que pertenezcan los
infractores, durante el último ejercicio económico. En caso de no poder
aplicarse el criterio precedente, la multa podrá ser de hasta una suma
equivalente a setecientos cincuenta mil (750.000) unidades móviles
diarios. Los días serán computados desde el vencimiento de la
obligación de notificar los proyectos de concentración económica, desde
que se perfecciona la toma de control sin la previa aprobación de la
Autoridad Nacional de la Competencia o desde el momento en que se
incumple el compromiso o la orden de cese o abstención, según
corresponda;
El Tribunal de Defensa de la Competencia podrá incluir la suspensión
del Registro Nacional de Proveedores del Estado a los responsables por
hasta cinco (5) años. En los casos previstos en el artículo 2°, inciso
de la presente ley, la exclusión podrá ser de hasta ocho (8) años.
Ello sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren corresponder.
Art. 56.- El Tribunal de Defensa de la Competencia graduará las multas
en base a: la gravedad de la infracción; el daño causado a todas las
personas afectadas por la actividad prohibida; el beneficio obtenido
por todas las personas involucradas en la actividad prohibida; el
efecto disuasivo; el valor de los activos involucrados al momento en
que se cometió la violación; la intencionalidad, la duración, la
participación del infractor en el mercado; el tamaño del mercado
afectado; la duración de la práctica o concentración y los antecedentes
del responsable, así como su capacidad económica. La colaboración con
el Tribunal de Defensa de la Competencia y/o con el Secretario
Instructor de Conductas Anticompetitivas en el conocimiento o en la
investigación de la conducta podrá ser considerada un atenuante en la
graduación de la sanción.
Art. 57.- Las personas jurídicas son imputables por las conductas
realizadas por las personas humanas que hubiesen actuado en nombre, con
la ayuda o en beneficio de la persona jurídica, y aun cuando el acto
que hubiese servido de fundamento a la representación sea ineficaz.
Art. 58.- Cuando las infracciones previstas en esta ley fueren
cometidas por una persona jurídica, la multa también se aplicará
solidariamente a los directores, gerentes, administradores, síndicos o
miembros del Consejo de Vigilancia, mandatarios o representantes
legales de dicha persona jurídica que por su acción o por la omisión
culpable de sus deberes de control, supervisión o vigilancia hubiesen
contribuido, alentado o permitido la comisión de la infracción.
En tal caso, se podrá imponer sanción complementaria de inhabilitación
para ejercer el comercio de uno (1) a diez (10) años a la persona
jurídica y a las personas enumeradas en el párrafo anterior.
La solidaridad de la responsabilidad podrá alcanzar a las personas
controlantes cuando por su acción o por la omisión de sus deberes de
control, supervisión o vigilancia hubiesen contribuido, alentado o
permitido la comisión de la infracción.
Art. 59.- Los que obstruyan o dificulten cualquier investigación o no
cumplan los requerimientos del Tribunal de Defensa de la Competencia
y/o del Secretario Instructor de Conductas Anticompetitivas y/o del
Secretario de Concentraciones Económicas, en los plazos y formas
requeridos, trátese de terceros ajenos a la investigación o de aquellos
a quienes se atribuye los hechos investigados, podrán ser sancionados
con multas equivalentes a quinientas (500) unidades móviles diarias.
El incumplimiento de requerimientos realizados por cualquiera de los
miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia y la obstrucción o
generación de dificultades a la investigación incluye, entre otros:
No suministrar la información requerida o suministrar información incompleta, incorrecta, engañosa o falsa;
No someterse a una inspección ordenada en uso de las facultades atribuidas por la presente ley;
No comparecer sin causa debida y previamente justificada a las
audiencias y/o demás citaciones a las que fuera convocado mediante
notificación fehaciente;
No presentar los libros o documentos solicitados o hacerlo de forma
incompleta, incorrecta o engañosa, en el curso de la inspección.
Capítulo VIII
Del programa de clemencia
Art. 60.- Cualquier persona humana o jurídica que haya incurrido o esté
incurriendo en una conducta de las enumeradas en el artículo 2° de la
presente ley, podrá revelarla y reconocerla ante el Tribunal de Defensa
de la Competencia acogiéndose al beneficio de exención o reducción de
las multas del inciso b) del artículo 55 de la presente ley, según
pudiere corresponder.
A los fines de poder acogerse al beneficio, el mismo deberá solicitarse
ante el Tribunal de Defensa de la Competencia con anterioridad a la
recepción de la notificación prevista en el artículo 41 de la presente
ley.
El Tribunal de Defensa de la Competencia establecerá un sistema para
determinar el orden de prioridad de las solicitudes para acogerse al
beneficio establecido en el presente artículo.
Para que el beneficio resulte aplicable, quien lo solicite deberá
cumplir todos y cada uno de los requisitos establecidos a continuación,
conforme corresponda:
Exención:
En el supuesto que el Tribunal de Defensa de la Competencia no
cuente con información o no haya iniciado previamente una
investigación, sea el primero entre los involucrados en la conducta en
suministrarla y aportar elementos de prueba, que a juicio del Tribunal
de Defensa de la Competencia permitan determinar la existencia de la
práctica. Si el Tribunal de Defensa de la Competencia ha iniciado
previamente una investigación, pero hasta la fecha de la presentación
de la solicitud no cuenta con evidencia suficiente, sea el primero
entre los involucrados en la conducta, en suministrar información y
aportar elementos de prueba, que a juicio del Tribunal de Defensa de la
Competencia permitan determinar la existencia de la práctica.
Cese de forma inmediata con su accionar, realizando a tal fin las
acciones necesarias para dar término a su participación en la práctica
violatoria. El Tribunal de Defensa de la Competencia podrá solicitar al
solicitante del beneficio establecido en el presente artículo que
continúe con el accionar o conducta violatoria en aquellos casos en que
lo estimare conveniente a efectos de preservar la investigación.
Desde el momento de la presentación de su solicitud y hasta la
conclusión del procedimiento, coopere plena, continua y diligentemente
con el Tribunal de Defensa de la Competencia.
No destruya, falsifique u oculte pruebas de la conducta anticompetitiva, ni lo hubiese hecho.
No divulgue o hubiera divulgado o hecho pública su intención de
acogerse al presente beneficio, a excepción que haya sido a otras
autoridades de competencia.
Reducción:
El que no dé cumplimiento con lo establecido en el punto a).1 podrá,
no obstante, obtener una reducción de entre el cincuenta por ciento
(50%) y el veinte por ciento (20%) del máximo de la sanción que de otro
modo le hubiese sido impuesta según el artículo 55, inciso b), cuando
aporte a la investigación elementos de convicción adicionales a los que
ya cuente el Tribunal de Defensa de la Competencia y satisfaga los
restantes requisitos establecidos en el presente artículo.
Con el fin de determinar el monto de la reducción el Tribunal de
Defensa de la Competencia tomará en consideración el orden cronológico
de presentación de la solicitud.
Beneficio complementario:
La persona humana o jurídica que no dé cumplimiento con los requisitos
previstos en el apartado a) para la conducta anticompetitiva bajo
investigación, pero que durante la substanciación de la misma revele y
reconozca una segunda y disímil conducta anticompetitiva concertada y
asimismo reúna respecto de esta última conducta los requisitos
previstos en el apartado a) anteriormente referido se le otorgará
adicionalmente a la exención de las sanciones establecidas en la
presente ley respecto de esta segunda conducta, una reducción de un
tercio (1/3) de la sanción o multa que de otro modo le hubiese sido
impuesta por su participación en la primera conducta.
Confidencialidad y límites de exhibición de pruebas:
El Tribunal de Defensa de la Competencia mantendrá con carácter
confidencial la identidad del que pretenda acogerse a los beneficios de
este artículo. Los jueces competentes en los procesos judiciales que
pudieren iniciarse conforme lo dispuesto bajo la presente ley, en
ningún caso podrán ordenar la exhibición de las declaraciones,
reconocimientos, información y/o otros medios de prueba que hubieren
sido aportados al Tribunal de Defensa de la Competencia por las
personas humanas o jurídicas que se hubieren acogido formalmente a los
beneficios de este artículo. La reglamentación de esta ley, establecerá
el procedimiento conforme al cual deberá analizarse y resolverse la
aplicación del beneficio previsto en este artículo.
En el caso que el Tribunal de Defensa de la Competencia rechazara la
solicitud de acogimiento al beneficio del presente artículo, dicha
solicitud no podrá ser considerada como el reconocimiento o confesión
del solicitante de ilicitud de la conducta informada o de las
cuestiones de hecho relatadas.
La información y prueba obtenida en el marco de una solicitud rechazada
no podrá ser utilizada por la Autoridad Nacional de la Competencia. No
podrán divulgarse las solicitudes rechazadas.
Art. 61.- El acogimiento al beneficio de exención o reducción de las
sanciones o multas, conforme corresponda, no podrá llevarse a cabo,
conjuntamente por dos (2) o más participantes de la conducta
anticompetitiva concertada. No obstante lo expuesto, podrán acogerse
conjuntamente la persona jurídica, sus directores, gerentes,
administradores, síndicos o miembros del Consejo de Vigilancia,
mandatarios o representantes legales que por su acción o por la omisión
culpable de sus deberes de control, supervisión o vigilancia hubiesen
contribuido, alentado o permitido la comisión de la infracción, siempre
y cuando cumplan cada uno de ellos acumulativamente los requisitos
plasmados en el artículo 60 de la presente ley. El cumplimiento de los
mismos será evaluado a los fines de la obtención del beneficio en forma
particular.
Aquellas personas que se acojan al beneficio del programa de clemencia
dispuesto bajo la presente ley, previa resolución del Tribunal de
Defensa de la Competencia que determine que cumplen con los términos
establecidos en las disposiciones de este capítulo, quedarán exentas de
las sanciones previstas en los artículos 300 y 309 del Código Penal de
la Nación y de las sanciones de prisión que de cualquier modo pudieren
corresponderles por haber incurrido en conductas anticompetitivas.
Capítulo IX
De la reparación de daños y perjuicios
Art. 62.- Las personas humanas o jurídicas damnificadas por los actos
prohibidos por esta ley, podrán ejercer la acción de reparación de
daños y perjuicios conforme las normas del derecho común, ante el juez
competente en esa materia.
Art. 63.- La resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia sobre
la violación a esta ley, una vez que quede firme, hará de cosa juzgada
sobre esta materia. La acción de reparación de daños y perjuicios que
tuviere lugar con motivo de la resolución firme dictada por el Tribunal
de Defensa de la Competencia, tramitará de acuerdo al proceso
sumarísimo establecido en el capítulo II del título III, del libro
segundo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El juez
competente, al resolver sobre la reparación de daños y perjuicios,
fundará su fallo en las conductas, hechos y calificación jurídica de
los mismos, establecidos en la resolución del Tribunal de Defensa de la
Competencia, dictada con motivo de la aplicación de la presente ley.
Art. 64.- Las personas que incumplan las normas de la presente ley, a
instancia del damnificado, serán pasibles de una multa civil a favor
del damnificado que será determinada por el juez competente y que se
graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del
caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan.
Art. 65.- Cuando más de una persona sea responsable del incumplimiento
responderán todos solidariamente ante el damnificado, sin perjuicio de
las acciones de regreso que les correspondan. Según corresponda, podrán
eximir o reducir su responsabilidad de reparar los daños y perjuicios a
los que se refiere el presente capítulo, aquellas personas humanas o
jurídicas que se acojan al beneficio del programa de clemencia
dispuesto bajo el capítulo VIII de la presente ley, previa resolución
del Tribunal de Defensa de la Competencia que determine que cumple con
los términos establecidos en las disposiciones de dicho capítulo VIII.
Como única excepción a esta regla, el beneficiario del programa de
clemencia dispuesto bajo el capítulo VIII será responsable
solidariamente ante (i) sus compradores o proveedores directos e
indirectos; y (ii) otras partes perjudicadas, únicamente cuando fuera
imposible obtener la plena reparación del daño producido de las demás
empresas que hubieren estado implicadas en la misma infracción a las
normas de la presente ley.
Capítulo X
De las apelaciones
Art. 66.- Son susceptibles de recurso de apelación aquellas
resoluciones dictadas por el Tribunal de Defensa de la Competencia que
ordenen:
La aplicación de las sanciones;
El cese o la abstención de una conducta conforme el artículo 55 de la presente ley;
La oposición o condicionamiento respecto de los actos previstos en el capítulo III;
La desestimación de la denuncia por parte de la autoridad de aplicación;
El rechazo de una solicitud de acogimiento al Régimen de Clemencia establecido en el capítulo VIII de la presente ley;
Las resoluciones emitidas conforme el artículo 44 de la presente ley.
Art. 67.- El recurso de apelación deberá interponerse y fundarse ante
el Tribunal de Defensa de la Competencia dentro de los quince (15) días
hábiles de notificada la resolución. El Tribunal de Defensa de la
Competencia deberá elevar el recurso con su contestación ante el juez
competente, en un plazo de diez (10) días de interpuesto, acompañado
del expediente en el que se hubiera dictado el acto administrativo
recurrido.
Tramitará ante la Sala Especializada en Defensa de la Competencia de la
Cámara Nacional de Apelaciones Civil y Comercial Federal, que bajo el
capítulo XI de la presente ley se crea, o ante la Cámara Federal que
corresponda en el interior del país.
Las apelaciones previstas en el artículo 66, inciso a) de la presente
ley se otorgarán con efecto suspensivo, previa acreditación de un
seguro de caución sobre la sanción correspondiente, y las de los
incisos b), c), d) y e) del mismo artículo 66, se concederán con mero
efecto devolutivo. La apelación de las multas diarias previstas en los
artículos 44, 55 inciso d) y de las medidas precautorias del artículo
44 se concederán con efecto devolutivo.
En los casos que el Secretario Instructor de Conductas Anticompetitivas
considere que pudiera estar en riesgo la efectiva aplicación de la
sanción debido a posible insolvencia del sancionado, podrá requerir su
pago en los términos del artículo 16 de la ley 26.854 de medidas
cautelares.
Capítulo XI
Sala Especializada en Defensa de la Competencia
Art. 68.- Créase la Sala Especializada en Defensa de la Competencia,
con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que actuará como
una (1) sala especializada dentro del marco de la Cámara Nacional de
Apelaciones Civil y Comercial Federal.
Art. 69.- La Sala se integrará con un (1) presidente, dos (2) vocales y
una (1) secretaría. El presidente y los vocales contarán con un (1)
secretario cada uno.
Art. 70.- La Sala Especializada en Defensa de la Competencia actuará:
Como tribunal competente en el recurso de apelación previsto en el artículo 66 de la presente ley;
Como instancia judicial revisora de las sanciones y resoluciones
administrativas aplicadas por el Tribunal de Defensa de la Competencia
en el marco de esta ley, y sus respectivas modificatorias, o las que en
el futuro las sustituyan.
Art. 71.- Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados
que se detallan en el Anexo I que forma parte de la presente ley.
Capítulo XII
De la prescripción
Art. 72.- Las acciones que nacen de las infracciones previstas en esta
ley prescriben a los cinco (5) años desde que se cometió la infracción.
En los casos de conductas continuas, el plazo comenzará a correr desde
el momento en que cesó la comisión de la conducta anticompetitiva en
análisis.
Para el caso de la acción de resarcimiento de daños y perjuicios
contemplada en el artículo 62 de la presente ley, el plazo de
prescripción, según corresponda, será de:
Tres (3) años a contarse desde que (i) se cometió o cesó la
infracción o (ii) el damnificado tome conocimiento o pudiere ser
razonable que tenga conocimiento del acto o conducta que constituya una
infracción a la presente ley, que le hubiere ocasionado un daño; o
Dos (2) años desde que hubiera quedado firme la decisión sancionatoria de la Autoridad Nacional de la Competencia.
Art. 73.- Los plazos de prescripción de la acción se interrumpen:
Con la denuncia;
Por la comisión de otro hecho sancionado por la presente ley;
Con la presentación de la solicitud al beneficio de exención o reducción de la multa prevista en el artículo 60;
Con el traslado del artículo 38; y
Con la imputación dispuesta en el artículo 41.
La pena prescribe a los cinco (5) años de quedar firme la sanción aplicada.
Para el caso de la acción de resarcimiento de daños y perjuicios
contemplados en el artículo 62 de la presente ley, los plazos de
prescripción se suspenderán cuando la Autoridad Nacional de la
Competencia inicie la investigación o el procedimiento relacionado con
una infracción que pudiere estar relacionada con la acción de daños. La
suspensión de los plazos terminará cuando quede firme la resolución del
Tribunal de Defensa de la Competencia o cuando de otra forma se diere
por concluido el procedimiento.
Capítulo XIII
Régimen de fomento de la competencia
Art. 74.- El Tribunal de Defensa de la Competencia y la Secretaría de
Comercio, concurrentemente, proyectarán programas de financiamiento a
proyectos, programas de capacitación, de mejora de sistemas
burocráticos del Estado y de obra pública para la mejora de la
infraestructura que resulte en una mejora de las condiciones de
competencia.
Art. 75.- La Secretaría de Comercio elaborará juntamente con el
Ministerio Público, convenios de colaboración en la capacitación de los
agentes que deberán intervenir en los procesos judiciales en defensa de
la competencia.
Art. 76.- La Secretaría de Comercio elaborará con el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC) un convenio de colaboración para la
elaboración de indicadores del comportamiento de los consumidores y de
incidencia de la competencia en los mercados de la República Argentina.
Art. 77.- La Secretaría de Comercio podrá elaborar anteproyectos
normativos para la modernización y mejora de las condiciones de la
competencia. Podrá emitir informes y sugerencias de oficio o a pedido
de las provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipios u
órganos del Poder Ejecutivo nacional.
Ante resoluciones administrativas que puedan afectar el régimen de
competencia de sus respectivos mercados, los entes estatales de
regulación de servicios públicos deberán poner en conocimiento a la
Secretaría de Comercio previo al dictado de la resolución. En las
resoluciones definitivas de los organismos deberán ser atendidas las
consideraciones emitidas por la Secretaria.
Si el acto administrativo afectara seriamente el régimen de
competencia, la Secretaria de Comercio podrá convocar a audiencia
pública.
Art. 78.- La Secretaría de Comercio realizará anualmente un informe de
la situación de la competencia en el país. El informe contendrá
estadística en materia de la libre competencia en los mercados.
El informe deberá ser remitido al Congreso de la Nación y publicado en
la página web de la Secretaría con acceso al público en noviembre de
cada año.
Capítulo XIV
Disposiciones Finales
Art. 79.- Serán de aplicación supletoria para los casos no previstos en
esta ley, el Código Penal de la Nación y el Código Procesal Penal de la
Nación, en cuanto sean compatibles con las disposiciones de la
presente. No serán aplicables a las cuestiones regidas por esta ley las
disposiciones de la ley 19.549.
Art. 80.- Deróguense las leyes 22.262, 25.156 y los artículos 65 al 69
del título IV de la ley 26.993. Elimínense las referencias a la ley
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