LegalizeLEY DE SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACION PRODUCTIVA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA PUBLICA
LEY DE SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA PÚBLICA
Ley 27562
Ampliación de la moratoria para paliar los efectos de la pandemia generada por el COVID-19. Ley N° 27.541. Modificación.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de
Ley:
AMPLIACIÓN DE LA MORATORIA PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA GENERADA POR EL COVID-19
Artículo 1º- Sustitúyese la denominación del capítulo 1 del título IV
de la ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el
Marco de la Emergencia Pública, por la siguiente:
Regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduanera
Artículo 2º- Sustitúyese el artículo 8º de la ley 27.541, de
Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la
Emergencia Pública, por el siguiente:
Artículo 8º: Los contribuyentes y las contribuyentes y responsables de
los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación,
percepción y fiscalización estén a cargo de la Administración Federal
de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Economía, podrán acogerse, por las obligaciones vencidas al 31 de julio
de 2020 inclusive o infracciones relacionadas con dichas obligaciones,
al régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de
la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás
sanciones que se establecen en el presente capítulo.
Se excluyen de lo dispuesto en el párrafo anterior las deudas
originadas en cuotas con destino al régimen de riesgos del trabajo, los
aportes y contribuciones con destino a las obras sociales y a los
siguientes sujetos:
Personas humanas o jurídicas que, no revistiendo la condición de: i)
MiPymes, ii) entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias
inscriptas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones
y entidades con reconocimiento municipal y que, con domicilio propio y
de sus directivos fijado en territorio nacional, no persigan fines de
lucro en forma directa o indirecta y desarrollen programas de promoción
y protección de derechos o actividades de ayuda social directa, y iii)
personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños
contribuyentes en los términos que determine la Administración Federal
de Ingresos Públicos, posean activos financieros situados en el
exterior, excepto que se verifique la repatriación de al menos el
treinta por ciento (30%) del producido de su realización, directa o
indirecta, dentro de los sesenta (60) días desde la adhesión al
presente régimen, en los términos y condiciones que determine la
reglamentación.
Para el caso de personas jurídicas, la condición de repatriación será
de aplicación para sus socios y accionistas, directos e indirectos, que
posean un porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%) del
capital social de las mismas. Quedan incluidos en estas disposiciones
quienes revistan la calidad de uniones transitorias, agrupamientos de
colaboración, consorcios de cooperación, asociaciones sin existencia
legal como personas jurídicas, agrupamientos no societarios o cualquier
otro ente individual o colectivo, incluidos fideicomisos.
A los fines previstos en el primer párrafo del presente inciso, se
entenderá por activos financieros situados en el exterior, la tenencia
de moneda extranjera depositada en entidades bancarias y/o financieras
y/o similares del exterior, participaciones societarias y/o
equivalentes (títulos valores privados, acciones, cuotas y demás
participaciones) en todo tipo de entidades, sociedades o empresas, con
o sin personería jurídica, constituidas, domiciliadas, radicadas o
ubicadas en el exterior incluidas las empresas unipersonales; derechos
inherentes al carácter de beneficiario, fideicomisario (o similar) de
fideicomisos (trusts o similares) de cualquier tipo constituidos en el
exterior, o en fundaciones de interés privado del exterior o en
cualquier otro tipo de patrimonio de afectación similar situado,
radicado, domiciliado y/o constituido en el exterior; toda clase de
instrumentos financieros o títulos valores, tales como bonos,
obligaciones negociables, valores representativos y certificados de
depósito de acciones, cuotapartes de fondos comunes de inversión y
otros similares, cualquiera sea su denominación; créditos y todo tipo
de derecho del exterior, susceptible de valor económico y toda otra
especie que se prevea en la reglamentación.
Invítase a las obras sociales y a las aseguradoras de riesgos de
trabajo a establecer programas de regularización de deudas en
condiciones similares a las previstas en el presente capítulo.
Para la adhesión al presente régimen no podrán establecerse condiciones
adicionales a las explícitamente estipuladas en la presente ley.
Se podrá incluir en este régimen la refinanciación de planes de pago vigentes y las deudas emergentes de planes caducos.
Se consideran comprendidas en el presente régimen las obligaciones
correspondientes al Fondo para Educación y Promoción Cooperativa
establecido en la ley 23.427 y sus modificatorias, así como los cargos
suplementarios por tributos a la exportación o importación, las
liquidaciones de los citados tributos comprendidas en el procedimiento
para las infracciones conforme lo previsto por la ley 22.415 (Código
Aduanero) y sus modificatorias y los importes que en concepto de
estímulos a la exportación debieran restituirse al fisco nacional.
También, resultan alcanzadas las obligaciones e infracciones vinculadas
con regímenes promocionales que concedan beneficios tributarios, como
asimismo podrán regularizarse por este régimen las deudas impositivas
resultantes de su decaimiento, con más sus accesorios correspondientes.
El acogimiento previsto en el presente artículo podrá formularse entre
la fecha de entrada en vigencia de la normativa complementaria que
dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos y el 31 de octubre
de 2020, inclusive.
Artículo 3º- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 9º de la ley
27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de
la Emergencia Pública, por el siguiente:
Quedan incluidas en lo dispuesto en el artículo anterior las
obligaciones allí previstas que se encuentren en curso de discusión
administrativa o sean objeto de un procedimiento administrativo o
judicial a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la presente
ley modificatoria. En esos casos, el acogimiento al presente régimen
tendrá como efecto el allanamiento incondicional por las obligaciones
regularizadas o, en su caso, el desistimiento de acciones, reclamos o
recursos en trámite, asumiendo el responsable el pago de las costas y
gastos causídicos. Asimismo, el acogimiento al régimen importará el
desistimiento de todo derecho, acción o reclamo, incluso el de
repetición, respecto de las obligaciones regularizadas.
Artículo 4º- Sustitúyense los dos (2) primeros párrafos del artículo 10
de la ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el
Marco de la Emergencia Pública, por los siguientes:
El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las
acciones penales tributarias y penales aduaneras en curso y la
interrupción de la prescripción penal respecto de los autores o las
autoras, los coautores o las coautoras y los partícipes o las
partícipes del presunto delito vinculado a las obligaciones
respectivas, aun cuando no se hubiere efectuado la denuncia penal hasta
ese momento o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre
la causa, siempre y cuando esta no tuviere sentencia firme.
La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el
presente régimen, por compensación, de contado o mediante plan de
facilidades de pago producirá la extinción de la acción penal
tributaria o penal aduanera, en la medida que no exista sentencia firme
a la fecha de cancelación. Igual efecto producirá respecto de aquellas
obligaciones de idéntica naturaleza a las mencionadas, que hayan sido
canceladas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley
modificatoria, incluidas, en este supuesto, las inherentes al Régimen
Nacional de Obras Sociales. En el caso de las infracciones aduaneras,
la cancelación total producirá la extinción de la acción penal aduanera
en los términos de los artículos 930 y 932 de la ley 22.415 (Código
Aduanero) y sus modificatorias, en la medida en que no exista sentencia
firme a la fecha de acogimiento.
Artículo 5º- Sustitúyese el punto 1 del inciso c) del artículo 11 de la
ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco
de la Emergencia Pública, por el siguiente:
Período fiscal 2018, 2019 y obligaciones vencidas al 31 de julio de 2020: el diez por ciento (10%) del capital adeudado.
Artículo 6º- Sustitúyese el último párrafo del artículo 11 de la ley
27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de
la Emergencia Pública, por el siguiente:
Lo dispuesto en los párrafos anteriores será de aplicación respecto de
los conceptos mencionados que no hayan sido pagados o cumplidos con
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley
modificatoria y correspondan a obligaciones impositivas, aduaneras y de
los recursos de la seguridad social vencidas o por infracciones
cometidas al 31 de julio de 2020.
Artículo 7º- Sustitúyese en los párrafos primero y tercero del artículo
12 de la ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en
el Marco de la Emergencia Pública, la expresión “30 de noviembre de
2019” por “31 de julio de 2020”, y reemplázanse los párrafos cuarto y
quinto del artículo 12 de la ley 27.541, de Solidaridad Social y
Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, por los
siguientes:
Las multas y demás sanciones correspondientes a obligaciones
sustanciales devengadas al 31 de julio de 2020 quedarán condonadas de
pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes a la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley modificatoria y la obligación
principal hubiera sido cancelada a dicha fecha.
También serán condonados los intereses resarcitorios y/o punitorios
correspondientes al capital cancelado con anterioridad a la mencionada
entrada en vigencia.
Artículo 8º- Sustitúyese el artículo 13 de la ley 27.541, de
Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la
Emergencia Pública, por el siguiente:
Artículo 13: El beneficio que establece el artículo 11 procederá si los
sujetos cumplen, respecto del capital, multas firmes e intereses no
condonados, sin otro requisito, algunas de las siguientes condiciones:
Compensación de la mencionada deuda, cualquiera sea su origen, con
saldos de libre disponibilidad, devoluciones, reintegros o reembolsos a
los que tengan derecho por parte de la Administración Federal de
Ingresos Públicos, en materia impositiva, aduanera o de recursos de la
seguridad social a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley
modificatoria;
Cancelación mediante pago al contado, hasta la fecha en que se
efectúe el acogimiento al presente régimen, siendo de aplicación en
estos casos una reducción del quince por ciento (15%) de la deuda
consolidada;
Cancelación total mediante alguno de los planes de facilidades de
pago que al respecto disponga la Administración Federal de Ingresos
Públicos, los que se ajustarán exclusivamente a las siguientes
condiciones:
Tendrán un plazo máximo de:
1.1. Sesenta (60) cuotas para aportes personales con destino al Sistema
Único de la Seguridad Social y para retenciones o percepciones
impositivas y de los recursos de la seguridad social para los
contribuyentes o las contribuyentes que revistan la condición de: i)
MiPymes, ii) entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias
inscritas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones
y entidades con reconocimiento municipal y que, con domicilio propio y
de sus directivos fijado en territorio nacional, no persigan fines de
lucro en forma directa o indirecta y desarrollen programas de promoción
y protección de derechos o actividades de ayuda social directa, y iii)
personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños
contribuyentes en los términos que determine la Administración Federal
de Ingresos Públicos; y cuarenta y ocho (48) cuotas para los demás y
las demás contribuyentes.
1.2. Ciento veinte (120) cuotas para las restantes obligaciones
correspondientes a los contribuyentes o las contribuyentes que revistan
la condición de: i) MiPymes, ii) entidades sin fines de lucro y
organizaciones comunitarias inscritas como fundaciones, asociaciones
civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal
y que, con domicilio propio y de sus directivos fijado en territorio
nacional, no persigan fines de lucro en forma directa o indirecta y
desarrollen programas de promoción y protección de derechos o
actividades de ayuda social directa, y iii) personas humanas y
sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes en
los términos que defina la Administración Federal de Ingresos Públicos;
y noventa y seis (96) cuotas para los demás y las demás contribuyentes.
1.3. Ciento veinte (120) cuotas para las obligaciones comprendidas en
la presente ley para las entidades sin fines de lucro, entes públicos
no estatales y, en general, para las entidades comprendidas en el
artículo 26 incisos b), e), f), g) y l) de la ley 20.628 de Impuesto a
las Ganancias y modificatorias, texto ordenado en 2019.
La primera cuota vencerá, excepto que se trate de refinanciaciones,
no antes del 16 de noviembre de 2020, según el tipo de contribuyente,
deuda y plan de pago adherido.
El acogimiento de los contribuyentes o las contribuyentes que
revistan la condición de: i) MiPymes, ii) entidades sin fines de lucro,
organizaciones comunitarias inscritas como fundaciones, asociaciones
civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal
y que, con domicilio propio y de sus directivos fijado en territorio
nacional, no persigan fines de lucro en forma directa o indirecta y
desarrollen programas de promoción y protección de derechos o
actividades de ayuda social directa, iii) personas humanas y sucesiones
indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes en los términos
que defina la Administración Federal de Ingresos Públicos, y iv)
concursados o concursadas o fallidos o fallidas, podrá contener un pago
a cuenta de la deuda consolidada. Para el resto de los contribuyentes o
las contribuyentes el pago a cuenta será requisito indispensable para
el acceso al plan, conforme se determine en la normativa complementaria
que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos.
La tasa de interés será fija, del dos por ciento (2%) mensual,
durante las seis (6) primeras cuotas resultando luego de aplicación la
tasa BADLAR en moneda nacional de bancos privados. El contribuyente o
la contribuyente podrá optar por cancelar anticipadamente el plan de
pagos en la forma y bajo las condiciones que al efecto disponga la
Administración Federal de Ingresos Públicos.
La calificación de riesgo que posea el contribuyente o la
contribuyente ante la Administración Federal de Ingresos Públicos no
será tenida en cuenta para la caracterización del plan de facilidades
de pago.
Los planes de facilidades de pago caducarán:
6.1. Por la falta de pago de hasta seis (6) cuotas en los casos de los
contribuyentes o las contribuyentes que revistan la condición de: i)
MiPymes, ii) entidades sin fines de lucro, organizaciones comunitarias
inscritas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones
y entidades con reconocimiento municipal y que, con domicilio propio y
de sus directivos fijado en territorio nacional, no persigan fines de
lucro en forma directa o indirecta y desarrollen programas de promoción
y protección de derechos o actividades de ayuda social directa, iii)
personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños
contribuyentes en los términos que defina la Administración Federal de
Ingresos Públicos, y iv) concursados o concursadas o fallidos o
fallidas.
6.2. Por la falta de pago de hasta tres (3) cuotas en los casos de los o las restantes contribuyentes.
6.3. Por invalidez del saldo de libre disponibilidad utilizado para compensar la deuda.
6.4. Por la falta de aprobación judicial del avenimiento en los plazos que determine la normativa complementaria a dictar.
6.5. Por la falta de obtención del certificado mipyme. No obstante,
estos contribuyentes o estas contribuyentes gozarán de un plazo
adicional de quince (15) días para reformular el plan en las
condiciones establecidas para el resto de los contribuyentes o las
contribuyentes, supuesto en el que la primera cuota vencerá el 16 de
diciembre de 2020.
6.6. En el caso de los sujetos alcanzados por el presente régimen de
regularización de deudas, excepto que se trate de: i) las MiPymes, ii)
las entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias
inscritas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones
y entidades con reconocimiento municipal y que, con domicilio propio y
de sus directivos fijado en territorio nacional, no persigan fines de
lucro en forma directa o indirecta y desarrollen programas de promoción
y protección de derechos o actividades de ayuda social directa, y iii)
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