TRATADOS

**TRATADOS

LEY N° 3495

Ley aprobando la convención para la extradición de malhechores entre los Países Bajos y la República Argentina.**

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de

LEY:

Art. 1° Apruébase la convención para la extradición de malhechores,

firmada por los Plenipotenciarios de la República Argentina y de S.M.

la Reina de los Países Bajos, en la ciudad de Buenos Aires, el día 7

de Setiembre del año 1893.

Art. 2° Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á dos de Setiembre de mil ochocientos noventa y siete.

JULIO A. ROCA.

MARCO AVELLANEDA.

B. Ocampo,

Secretario del Senado.

Alejandro Sorondo,

Secretario de la C. de D.

(Registrada bajo el número 3495)

Departamento de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, Setiembre de 1897.

Téngase por ley de la Nación; comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, y dése al Registro Nacional.

URIBURU.

AMANCIO ALCORTA.

Convención celebrada con los Países Bajos, para la extradición de malhechores, ratificación y acta de canje.

JOSE E. URIBURU,

Presidente constitucional de la República Argentina,

A todos los que el presente vieren, salud:

POR CUANTO:

Entre la República Argentina y el Reino de los Países Bajos, se negoció

y firmó, en la ciudad de Buenos Aires, el día siete de Setiembre del

año mil ochocientos noventa y tres, por medio de plenipotenciarios

competentemente autorizados al efecto, una Convención para la

extradición de malhechores, cuyo tenor es el siguiente:

Habiendo juzgado conveniente el Gobierno de la República

Argentina y el Gobierno de Su Majestad la Reina de los Países

Bajos, concluir, de conformidad á sus leyes respectivas, una Convención

para la extradición de malhechores, han nombrado al efecto sus

respectivos Plenipotenciarios, á saber:

El Presidente de la República Argentina: al señor Valentín Virasoro, Ministro de Relaciones Exteriores;

Su Majestad la Reina de los Países Bajos, y en su nombre Su Majestad la

Reina Regente del Reino: al señor Leonardo van Riet, Cónsul General de

los Países Bajos en Buenos Aires;

Quienes, después de comunicarse sus plenos poderes, hallados en buena y debida forma, han convenido e nlos artículos siguientes:

Art. 1° Las altas partes contratantes se compromenten á entregarse

recíprocamente, de conformidad á las reglas establecidas en la presente

Convención, los individuos procesados ó condenados con motivo de alguno

de los hechos enumerados en el artículo 2°, y que se hallen refugiados

en el territorio del otro Estado.

Art. 2° Los hechos que pueden dar lugar á la extradición son los siguientes:

1° Homicidio, á no se que hubiese cometido en legítima defensa ó por imprudencia.

2° Asesinato;

3° Parricidio;

4° Homicidio ó asesinato cometido en un niño;

5° Envenenamiento;

6° Aborto voluntarias;

7° Heridas voluntarias, que hayan causado la muerte sin intención

de darla, ó la mutilación grave y permanente de algún miembre ú órgano

del cuerpo;

8° Violación y demás atentados al pudor cometidos con violencia;

9° Atentado, con ó sin violencia, contra el pudor, cometido en niños de uno ú otro sexo, menores de 14 años;

con el designio de emitir esas monedas ó ese papel moneda como no

falsificados y no alterados; emisión ó circulación de monedas ó

de papel monedas falsificados ó alterados; falsificación ó alteración

de timbres y cuños del Estado, en cuanto las leyes de los dos países

permitan la extradición con tal motivo:

cambio, los papeles de crédito con curso legal, ú otros títulos de

comercio y uso á designio de estos documentos falsificados, en cuanto

las leyes de los dos paises permitan la extradición con tal motivo;

por funcionarios ó malversación de caudales públicos, conclusión

cometidos por funiconarios ó depositarios públicos;

para bienes, ó un peligro de muerte para otro, incendio hecho con el

designio de procurarse á sí mismo ó á tercero un provecho ilegal con

perjuicio del asegurador ó del portador legal de un contrato á la

gruesa;

que haya resultado el poner en peligro la vida de los pasajeros;

de hacer varar, de destruir, de imposibilitar para el servicio, ó de

deteriorar un buque cuando de ello pueda resultar peligro para otro;

títulos de propiedad pública ó privada, cometida por las personas á

cuya guarda estuviesen confiados; ó sustracción fraudulenta de dichos

objetos por los que fuesen socios ó empleados en el establecimiento en

que el hecho se hubiese cometido;

Quedan comprendidas en las precedentes calificaciones la tentativa y la

complicidad, cuando éstas sean punibles en virtud de la legislación

penal de los paises contratantes.

La extradición se acordará por los delitos arriba enumerados, cuando

los hechos incriminados fuesen punibles con pena corporal no menor de

un año de prisión, como maximum.

Art. 3° La extradición no tendrá lugar:

1° Cuando el individuo reclamado fuese súbdito, de nacimiento ó por naturalización, de la nación requerida:

2° Por los delitos políticos ó por hechos conexos con delitos políticos;

3° Cuando los delitos hubiesen sido cometidos en el territorio de la nación á quien se pida la extradición;

4° Cuando el pedido de extradición sea motivado por el mismo hecho por

el cual el individuo reclamado hubiese sido juzgado y condenado ó

absuelto en el pais requerido;

5° Cuando la pena ó la acción para perseguir el delito hubiese sido

prescripta, con arreglo á las leyes del Estado requerido, ó del Estado

requirente, antes del arresto del individuo reclamado, ó, si el arresto

no se hubiese efectuado, antes que aquél hubiese sido citado

judicialmente.

Art. 4° La extradición no tendrá lugar mientras el individuo reclamado

sea perseguido y juzgado por el mismo hecho en el pais la que se pida

la extradición.

Art. 5° Si el individuo reclamado se encontrase procesado ó cumpliendo

una condena por otro delito distinto del que haya motivado el pedido de

extradición, no será entregado sino después de terminado el juicio

definitivo en el país á quien se pida la extradicción, y, en caso de

condenación, después de haber obtenido gracia.

Sin embargo, si, según las leyes del país que solicita la extradición,

pudiera resultar de esta demora la prescripción del proceso, su

extradición será acordada siempre que no se opusieran á ella

consideraciones especiales y con la obligación de entregar de nuevo la

persona, una vez terminado el proceso en ese país.

Art. 6° El individuo cuya extradición haya sido concedida, no podrá ser

procesado ni castigado por delitos políticos anteriores á la

extradición, ni por hechos que tengan conexión con esos delitos.

No podrá ser juzgado ni castigado en el país al que se le haya

concedido la extradición, por cualquier hecho punible no previsto en la

presente Convención, ni entregado á un tercer Estado sin el asenso del

pais que lo haya entregado.

Estas restricciones no tendrán lugar si el individuo que es objeto de

la extradición permaneciese, después de haber cumplido su condena tres

meses en el pais donde ha sido juzgado, ó tres meses después del día en

que condonada la pena, hubiese sido puesto en libertad; ni tampoco si

hubiese regresado posteriormente al territorio del Estado reclamante.

Los individuos condenados por hechos á los que, según la legislación

del Estado requeriente es aplicable la pena de muerte, no serán sino á

condición de que dicha pena no les sea aplicada.

Art. 7° En los casos en que con arreglo á las disposiciones de esta

Convención. la extradición no deba acordarse, el individuo reclamado

será juzgado, si á ello lugar hubiese por los tribunales del pais,

requerido, y de conformidad á las leyes de dicho país. La sentencia

definitiva deberá comunicarse al Gobierno reclamento.

Art. 8° Cuando el hecho que motiva el pedido de extradicción hubiese

sido cometido en territorio de un tercer Estado, que no haya

solicitado, la extradicción del criminal, ésta no se concederá sino en

aquellos casos en que la legislación del país requerido autorice la

persecución de las mismas infracciones, cometidas fuera de su

territorio.

Art. 9° Cuando el individuo cuyo extradición se pide, conforme á la

presente Convención, por una de las partes contratantes, fuese

igualmente reclamado por otro ú otros gobiernos, por hechos cometidos

en sus territorios respectivos, se acordará la extradición á aquel en

cuyo territorio se hubiese cometido el hecho de mayor gravedad, según

las leyes del pais requerido, y en caso de ser ésta igual, al que

hubiese presentado el primero la demanda de extradición.

Art. 10° Si el individuo reclamado no fuese súbdito del país requirente

y lo reclamase también el gobierno de su propio país por causa del

mismo delito, el gobierno á quién se hubiese hecho la demanda de

extradición tendrá la facultad de entregarlo á quien considerase más

conveniente.

Art. 11 El pedido de extradición deberá siempre hacerse por vía

diplomática, y, en no habiendo agente diplomático, por el intermedio

del funcionario consular de más categoría del pais que la solicite.

Al pedido de extradición deben acompañar.

1° El original ó copia auténtica ya sea de una orden de acusación, ó de

sentencia de envio ante la justicia de represión con orden de

cualquiera otro acto que tenga la misma fuerza, ó bien del fallo

condenatorio expedido por la autoridad competente, en la forma

prescripta en el país que reclama la extradición.

Estos documentos deberán indicar sufientemente el hecho de que se

trate, á fin de habilitar al país requerido, para juzgar si aquél

constituye, según su legislación, un caso previsto por la presente

Convención.

2° La copia de las disposiciones penales aplicables al hecho de que se trate.

3° Todos los datos y antecedentes necesarios para constatar la identidad del individuo reclamado.

4° Una traducción francesa de todos esos actos y disposiciones penales.

Art. 12. El extranjero cuya extradición pueda pedirse por cualquiera de

los hechos comprendidos en el artículo 2, podrá ser detenido

provisoriamente en la forma prescripta por la legislación del pais

requerido, mediante aviso que se transmitirá, por correo ó telégrafo,

por intermedio del Ministerio de Negocios Extranjeros del Estado

requirente y del representante diplomático ó consular de ese Estado en

el otro país, y emanado de la autoridad competente del país que pida la

extradición,á saber:

De parte de la República Argentina, de los jueces de instrucción y de los de sentencia en lo criminal:

De parte de los Países Bajos, de cualquier ofical de justicia, ó del juez instructor.

Este aviso debe anunciar la existencia y la remesa de una órden de

acusación, ó bien de entrega á la justicia represiva con mandato de

prisión, ó bien de una mandato de prisión, ó bien de un mandato de

prisión ó de una sentencia condenatoria.

El individuo así detenido será puesto en libertad si en el plazo de los

meses, á contar desde la fecha de su detención (salvo que ésta deba

mantenerse por otro motivo), no se enviase el pedido de extradición por

la vía diplomática ó consultar en la forma determinada en el artículo

11.

Art. 13. Qiueda expresamente estipulado que el tránsito, á través

del territorio de una de las partes contratantes, de un individuo

entregado por tercero potencia á la otra parte y que no sea súbdito del

país de tránsito, se acordará mediante la mera exhibición, por la vía

diplomático ó consular, de la órden de acusación, ó de la entrega á la

justicia represiva con mandato de prisión, ó bien de mandato de

prisión, ó de la sentencia condenatoria, siempre que no se trate

de delitos políticos ó hechos conexos con esos delitos, sino de

aquellos enumerados en el artículo 2° de esta Convención.

Los gastos de tránsito serán por cuenta del Estado requirente.

Art. 14. Los objetos provenientes de un delito, que hubiesen sido

tomados en posesión del individuo reclamado, ó que éste hubiese

ocultado y que fuesen descubiertos más tarde; los últiles ó

instrumentos de que se hubiese servido para cometer la infracción, así

como todas las otras pruebas materiales, serán entregadas al mismo

tiempo que el individuo reclamado, si el Gobierno requirente así lo

solicitase y si la autoridad competente del Estado requerido lo hubiese

ordenado.

Resérvanse, sin embargo, los derechos á dichos objetos , los que deben

serles devueltos sin gasto alguno cuando el proceso haya terminado.

Art. 15. Si en la prosecución de una causa criminal no política, uno de

los dos Gobiernos juzga necesaria la comparecencia de testigos que se

hallan en el otro Estado, será enviado al efecto un exhorto, acompañado

de una traducción al francés, por la vía diplomática ó consular, al

Gobierno del país donde deba tener lugar la audición, y se le dará

curso en el país requerido, obsevándose las leyes que sean aplicables

al caso en el país donde deban comparecer los testigos.

Art. 16. Si en una causa criminal, no política, fuese necesaria o

conveniente la comparecencia personal de un testigo, el Gobierno del

país donde se encuentre aquél le invitará á acudir á la citación que se

le haga, y en caso de asenso, el Gobieno requirente le acordará gastos

de viaje y de permanencia á contar desde el día en que hubiese salido

de su domicilio, con arreglo á las tarifas vigentes en el país en que

su comparecencia deba tener lugar, á no ser que el Gobierno requirente

juzgase deber acordar al testgio una indemnización mayor.

Ninguna persona, cualquiera que sea su nacionalidad , quién, citado que

fuese para declarar como testigo en uno de los dos paises, compareciese

voluntariamente ante los tribunales del otro, podrá ser allí

perseguida ni detenido por criminales ó delitos, ni por condenas

civiles, criminales ó correccionales anteriores á su salida del país

requerido, ni bajo pretexto de complicidad en los hechos que motivan el

proceso en que tenga, ni por condenas civiles, criminales, ó

correcionales anteriores á su salida del país requerido, a su salida

del pais requerido, ni bajo pretexto de complicidad en los hechos que

motiven el proceso en que tenga que figurar como testigo.

Art. 17. Los respectivos Gobiernos renuncian, de una y otra parte, á

toda reclamación por la restitución de los gastos de manutención, de

transporte y demás que pudieran resultar, dentro de de los límites de

sus respetivos territorios, de la extradición de los procesados ó

condenados, así como de aquellos que resulten de la ejecución de

exhortos y de la remesa de las pruebas materiales y de documentos.

El individuo que haya de ser entregado será conducido al puerto que

designe el agente diplomático ó consular del Gobierno requirente, á

cuyo costo será embarcado.

Art. 18. La presente Convención no entrará en vigor sino veinte días

después de la promulgación, la que tendrá lugar á la posible brevedad,

en la forma prescripta por las legislaciones de los dos paises.

Continuará en vigor hasta sies meses después del día en que fuera denunciada por uno de los dos Gobiernos.

La presente convención será ratificada y las ratificaciones serán cangeadas en Buenos Aires tan pronto como se pueda.

En fé de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios firmaron y sellaron la presente Convención.

Hecha por duplicado, eu Buenos Aries, el 7 de Septiembre de 1983.

POR TANTO:

Vista y examinada la Convención preinserta y después de haber sido

aprobada por el Honorable Congreso, la acepto, confirmo y ratifico.

comprometiendo y obligandome á nombre de la Nación á observarla y

hacerla observar fiel é inviolablemente.

En fe de lo cual, firmo con mi mano el presente instrumento de

ratificación, sellado con el gran sello de las armas de la República y