APRUEBA POLÍTICA NACIONAL DE JUVENTUDES RURALES

Núm. 18.- Santiago, 28 de julio de 2025.

Vistos:

Lo dispuesto en los artículos 24 inciso primero y 32 Nº 6 de la Constitución Política de la República de Chile; en el DFL Nº 1, de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en el DFL Nº 294, del año 1960, del Ministerio de Hacienda, que establece funciones y estructura del Ministerio de Agricultura; en la ley Nº 20.530, que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia; en el decreto supremo Nº 19, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que aprueba la Política Nacional de Desarrollo Rural; y la resolución Nº 36, de la Contraloría General de la República del año 2024, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.

Considerando:

1) Que, según la Política Nacional de Desarrollo Rural (en adelante "PNDR") aprobada por decreto supremo Nº 19, del 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, los territorios rurales y mixtos representan el 83% de la superficie nacional y albergan al 25% de la población chilena. En este contexto, la PNDR tiene como objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida y aumentar las oportunidades de la población que habita en territorios rurales. En particular, el Lineamiento 5.2 del Ámbito de Bienestar Social indica que se debe fomentar el fortalecimiento, desarrollo y articulación de programas e instrumentos que permitan satisfacer necesidades de grupos que requieran atención prioritaria, entre estos, las personas jóvenes, con el propósito de disminuir las brechas que dificultan su desarrollo. 2) Que, el Estado ha diseñado instrumentos que incorporan elementos que impulsan el rol de las juventudes en los territorios rurales, como, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Soberanía para la Seguridad Alimentaria impulsada el 2023 por el Ministerio de Agricultura (Minagri); la Estrategia Indap 2023-2030; y el Plan de Fortalecimiento de la Educación Rural Gabriela Mistral del Ministerio de Educación. Particularmente, el primero de estos establece que el accionar del Estado se enfocará en "7. Favorecer el recambio generacional, mediante políticas y marcos normativos que promuevan la vinculación y participación continua de las y los jóvenes en los territorios rurales y costeros vinculados a los sistemas alimentarios.". 3) Que, en la actualidad, cuando se habla de juventudes rurales, se debe reconocer a un grupo altamente heterogéneo, con profundas diferencias al ser comparados con las generaciones previas, producto de importantes transformaciones en la vida del país y de sus territorios durante las últimas décadas. 4) Que, solo para los fines de esta política, se entiende por juventudes rurales a aquellas personas entre los 15 a 40 años presentes en las comunas rurales y mixtas definidas por la PNDR. Lo anterior, no modifica en sentido alguno la competencia de los ministerios y servicios participantes de esta política, en particular del Instituto Nacional de la Juventud, por cuanto su población objetivo se sigue considerando hasta los 29 años. 5) Que, a pesar de los avances logrados en las últimas décadas en materia de reducción de pobreza rural, aumento en la infraestructura de interés público y el mayor vínculo urbano-rural, los territorios rurales aún presentan un limitado dinamismo social y económico, lo cual ha desencadenado efectos que complican la sostenibilidad de sus procesos de desarrollo. En esto destacan tres fenómenos principales: el despoblamiento y migración hacia las ciudades; el envejecimiento de la población rural; y la tendencia a la concentración geográfica en términos de población y economía. 6) Que, los efectos antes expresados son multicausales y contextuales a cada territorio. No obstante, una parte de ellos se identifican como aspectos transversales, susceptibles de ser agrupados en dos categorías. La primera, referida al déficit persistente de condiciones habilitantes para el desarrollo rural, como es el acceso a la vivienda, agua potable, suministro eléctrico, internet fija, pavimentación de carreteras y seguridad pública. La segunda, se relaciona con la sostenida desigualdad de oportunidades, expresada en aspectos tales como el empleo, ingresos, mayor pobreza, años de escolaridad, entre otras. 7) Que, ante este escenario, resulta fundamental contar con una política que contribuya a reducir estas causas a través de la integración e inclusión de las juventudes rurales en el desarrollo de sus territorios. Para ello, esta política debe estar alineada con la PNDR, la cual integra un enfoque territorial que reconoce las particularidades y especificidades, cuyo aporte es clave para la transformación social y económica de los territorios rurales. 8) Que, corresponde al Ministerio de Agricultura elaborar, coordinar, proponer y dictar las políticas y planes correspondientes al sector silvoagropecuario conforme a la políticas y planes nacionales. 9) Que, por su parte, corresponde al Ministerio de Desarrollo Social y Familia colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes, y programas en materia de equidad y/o desarrollo social, especialmente aquellas destinadas a erradicar la pobreza y brindar protección social a las personas, familias o grupos vulnerables en distintos momentos del ciclo vital, promoviendo la movilidad e integración social y la participación con igualdad de oportunidades en la vida nacional. 10) Que, en este contexto, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Midesof) elaboraron juntos la Política Nacional de Juventudes Rurales (desde ahora PNJR o la "Política") de manera de dar una respuesta integral desde el Estado a las necesidades y brechas históricas que presentan estos sujetos. Para este fin, se conformó un equipo técnico liderado por el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), junto con la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) y el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), con la misión de entregar una propuesta de política. 11) Que, el Indap, según dispone la ley Nº 18.910, tiene por objeto promover el desarrollo económico, social y tecnológico de los pequeños productores agrícolas y de los campesinos, con el fin de contribuir a elevar su capacidad empresarial, organizacional y comercial, su integración al proceso de desarrollo rural y optimizar al mismo tiempo el uso de los recursos productivos. 12) Que, Odepa por su parte, según dispone la ley Nº 19.147, tiene entre sus funciones elaborar las políticas y planes correspondientes al sector silvoagropecuario, y, además, ser la secretaría ejecutiva encargada de coordinar la implementación de la PNDR. El Injuv, en tanto, según la ley Nº 19.042, está encargado del diseño, la planificación y la coordinación de las políticas relativas a los asuntos juveniles. 13) Que, la construcción de la Política fue un proceso participativo, que incluyó diversos espacios de consulta y diálogo, los cuales se llevaron a cabo entre los meses de mayo a julio del 2024. Se realizó una consulta digital a través de la página web de Indap con respuesta de cerca de 3.000 jóvenes rurales de todo el país, además del "Segundo Encuentro Nacional de Juventudes Rurales de Indap", donde más de 150 jóvenes entregaron un manifiesto con sus principales problemáticas y desafíos. Asimismo, se llevaron a cabo diálogos ciudadanos en tres macrozonas del país, permitiendo recoger aportes para la formulación de la propuesta. 14) Que, del proceso participativo se desprenden diversas áreas temáticas, como las que a continuación se presentan, a saber, a) Infraestructura y Conectividad: Mejorar el transporte, la conectividad digital y los servicios básicos es fundamental para permitir el desarrollo integral de las comunidades rurales, permitiendo diversificar el empleo, facilitar el acceso a la educación y fomentar el bienestar general; b) Autonomía Económica: El fomento del emprendimiento rural, junto con acceso a financiamiento y apoyo técnico, es esencial fortalecer la autonomía económica de los jóvenes; c) Educación y Salud: Es prioritario fortalecer la infraestructura educativa y los servicios de salud en zonas rurales, así como diversificar las oportunidades formativas. Esto permitirá que los jóvenes rurales se desenvuelvan en libertad y contribuyan al desarrollo sostenible de sus comunidades; d) Inclusión y Diversidad: Las políticas deben reflejar un enfoque interseccional, considerando las necesidades específicas de género y pueblos originarios. Esto mejorará la representatividad y efectividad de las acciones; e) Liderazgo Juvenil: Promover diversas formas de asociatividad y cooperativismo fortalecerá el liderazgo juvenil, mejorará las oportunidades económicas y facilitará la recomposición del tejido social en los territorios; y, f) Sostenibilidad, Gestión de Recursos y Cambio Climático: Abordar los efectos del cambio climático y conservar los recursos naturales son claves para garantizar un desarrollo a largo plazo. 15) Que, finalmente, la Política fue revisada y ajustada con actores clave, como representantes de las mesas de jóvenes, organizaciones campesinas, mesas de género de Indap e Injuv, instituciones y servicios del Minagri y Midesof, como también la Comisión Rural del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. 16) Que, el texto definitivo de esta Política ha sido presentado por Minagri a los diversos ministerios a través de Ordinario N° 00401 del 26 de marzo del 2025, habiéndose trabajado y concordado previamente con el Midesof, Indap, Odepa y el Injuv, quienes dan su aprobación definitiva por medio del presente instrumento.

Decreto:

Artículo único

Apruébase la Política Nacional de Juventudes Rurales, cuyo texto es el siguiente:

POLÍTICA NACIONAL DE JUVENTUDES RURALES

PARTE 1. INTRODUCCIÓN PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO

En octubre de 2023, el Presidente de la República encargó a Indap elaborar la Política Nacional de Juventudes Rurales. Esta tarea encomendada consistió en diseñar una estrategia que contribuyera a reducir los rezagos y limitaciones que enfrentan las juventudes rurales a lo largo del país en un horizonte de mediano y largo plazo, procurando generar oportunidades que les permita e incentive a permanecer, retornar y desarrollarse en los territorios rurales donde habitan o crecieron, lo que significa que "lo rural" y las actividades que ahí se desarrollan puedan alcanzar su potencial como motor del bienestar y crecimiento del país. Con el objetivo de formularla, durante 2024 se constituyó un Equipo Técnico de Coordinación, integrado por el Indap, la Odepa y el Injuv. A continuación, a través de un proceso participativo, se convocó a jóvenes a nivel nacional y regional, representantes del mundo del sector silvoagropecuario, instituciones públicas vinculadas a la temática y especialistas en juventudes y ruralidad, así como también organismos internacionales. En este proceso de construcción de política pública se destacan tres logros fundamentales: (i) Compilar un diagnóstico robusto e integral de las juventudes rurales a partir de variadas fuentes de información oficial; (ii) Integrar dentro de la PNJR cuatro enfoques transversales: juventudes, curso de vida, territorial y género; y (iii) Ser pioneros en elaborar una política oficial de Juventudes Rurales a nivel internacional(1).

NECESIDAD DE UNA POLÍTICA NACIONAL DE JUVENTUDES RURALES

La presente Política busca fortalecer y guiar las acciones del Estado para promover una participación más activa y protagónica de las juventudes rurales de Chile en el desarrollo sostenible de sus territorios. A las personas jóvenes se les concibe como agentes dinamizadores, capaces de aprovechar la experiencia acumulada por otros actores e instituciones presentes, para impulsar mejoras sustanciales en sus condiciones de vida y en la de sus comunidades, contribuyendo así a una mayor equidad y cohesión territorial. Por tanto, se busca orientar el accionar público para mejorar las condiciones de vida de las y los jóvenes rurales, y, así, ofrecerles oportunidades de desarrollo integral a aquellos que residen o desean establecerse en los territorios rurales, atendiendo sus necesidades y aspiraciones específicas y, con ello, contribuir al desarrollo de nuestro país. Un aspecto clave de la presente propuesta de la Política es que, aunque está dirigida específicamente a la población joven rural, sus orientaciones trascienden este grupo y son de interés para la sociedad chilena en su conjunto, dada la importancia estratégica de estos territorios para el desarrollo del país. Según la PNDR (en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2017, en adelante "Censo 2017"), los territorios rurales y mixtos representan el 83% de la superficie nacional y albergan el 25% de la población chilena.

____ (1) Si bien existen programas y estrategias enfocados en juventudes rurales en la región de América Latina y el Caribe (México, Brasil, Colombia y Perú), Europa (Escocia) y Asia (Indonesia), así como también marcos de cooperación regional (CELAC, SICA Y FAO), no se halló ningún instrumento que tuviera el carácter de política pública de Estado.

En este contexto, la PNDR busca abordar las brechas existentes y destacar las oportunidades actuales y futuras que impulsan el desarrollo nacional, como la diversidad de actividades productivas, la riqueza natural y patrimonio cultural. Estos elementos junto a otros factores contribuyen a mejorar la calidad de vida y el bienestar social de los habitantes rurales. En la actualidad, cuando se habla de juventudes rurales se debe reconocer a un grupo altamente heterogéneo, con amplias diferencias en relación con las generaciones que las precedieron, producto de importantes transformaciones en la vida del país y de sus territorios durante las últimas décadas. Entre estas destacan: las caídas sustantivas de la pobreza rural y otros indicadores negativos relacionados con salud y mortalidad; la mayor vinculación urbano-rural a nivel de movilidad, conectividad física y digital, como resultado de mejoramientos sustantivos de la infraestructura vial, de transportes y telecomunicaciones; cambios en el empleo, con una mayor presencia, en términos relativos, de sectores económicos no primarios, especialmente servicios, lo que suele denominarse como "empleo rural no agrícola"; y un mayor acceso y oferta educativa a nivel secundario y superior para el desarrollo de proyectos de vida (Faiguenbaum et al., 2017). De tal modo, la actual generación de juventudes rurales tiene más años de educación formal que sus padres o madres, están en su mayoría familiarizados con las tecnologías de la era digital, y son principalmente asalariados, más alejados de la figura tradicional vinculada al trabajo manual de la tierra. La importancia relativa del empleo rural no agrícola también ha demostrado un avance: actividades como el procesamiento agroindustrial, comercialización, transporte, los servicios técnicos de suministro, servicios de educación, salud y otros, están reemplazando de manera paulatina el trabajo en la tierra. A pesar de estos avances descritos para las nuevas generaciones rurales, sus territorios presentan un limitado dinamismo social y económico, lo que ha desencadenado efectos que complican la sostenibilidad de su desarrollo. En esto se destacan tres consecuencias principales: el despoblamiento y migración hacia las ciudades; el envejecimiento de la población rural; y la tendencia a la concentración geográfica en términos de población y económico. En primer lugar, el proceso de despoblamiento y una migración sostenida hacia las ciudades, que compromete la viabilidad no solo de estos territorios, sino también de la soberanía alimentaria del país en su conjunto. Este impacto trasciende lo alimentario, abarcando otras dimensiones. En lo económico, la migración de las personas jóvenes implica una pérdida de fuerza laboral clave, reduciendo la productividad y la diversificación económica en los territorios. En el plano cultural, el éxodo juvenil pone en riesgo la continuidad de tradiciones y saberes ancestrales que son pilares de la identidad rural chilena. En lo socioproductivo, la falta de acceso a recursos como tierra, agua y financiamiento limita la participación de las juventudes en actividades innovadoras y sostenibles que puedan revitalizar el campo. Por otro lado, desde una perspectiva ecológica, la crisis climática exige que las nuevas generaciones lideren estrategias de manejo sostenible de los recursos naturales, promuevan la agroecología y la regeneración socioambiental, elementos esenciales para un desarrollo resiliente al cambio climático. En segundo lugar, el proceso de envejecimiento de la población rural. Según un estudio del Observatorio de Envejecimiento de la Universidad Católica, en base a proyecciones poblacionales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), destaca que el índice de envejecimiento prácticamente se duplicaría al 2035 para este grupo, cifra significativamente mayor a la realidad de la población urbana. Dichas condiciones tendrán efectos preocupantes sobre los territorios rurales, debido tanto a la escasez de espacios de productividad, como también de la necesidad de sistemas de cuidados de la población mayor (Pontificia Universidad Católica de Chile, 2023). En tercer lugar, contrarrestar la tendencia a la concentración demográfica y económica del país es fundamental para que una población joven permanezca y/o se nutra de nuevos contingentes a nivel territorial, alcanzando una mejor distribución geográfica entre regiones. Según proyecciones del INE, al año 2024, el 52% de la población estaba concentrada en las regiones Metropolitana y de Valparaíso. Lo mismo ocurre con la actividad económica: el año 2020 estas mismas regiones explicaban el 53,94% del Producto Interno Bruto del país (Odepa, 2023). Ante este escenario, resulta fundamental contar con una política pública que contribuya a reducir el efecto de estas causas a través de la integración e inclusión de las juventudes rurales en el desarrollo de sus territorios. Para esto, la PNJR debe reconocer y potenciar el rol de las juventudes, asegurando su acceso a recursos y oportunidades con foco en el desarrollo integral de sus proyectos de vida, individuales y/o colectivos. Esta Política debe estar alineada con la PNDR integrando un enfoque territorial que promueva la equidad, el bienestar y el desarrollo sostenible, reconociendo las particularidades y especificidades territoriales, cuya contribución es clave para la transformación social y económica. Esta Política busca dar una respuesta integral desde el Estado a las necesidades y brechas históricas de las juventudes rurales, promoviendo las oportunidades y condiciones de vida adecuadas que les permitan ser agentes dinamizadores de sus territorios y contribuir al desarrollo de un Chile socialmente justo, cohesionado e inclusivo. Asimismo, se orienta a preservar el patrimonio biocultural, impulsar un desarrollo territorialmente equitativo, económica y ambientalmente sustentable, y valorar la diversidad cultural del país. De este modo, se fortalece la cohesión territorial y se enfrentan los desafíos climáticos, sociales y económicos actuales y futuros, promoviendo el bienestar, la estabilidad y el desarrollo integral del país.

PARTE II. SITUACIÓN DE LAS JUVENTUDES RURALES EN CHILE

ELEMENTOS DE DEFINICIÓN