APRUEBA POLÍTICA NACIONAL DE LA LECTURA, EL LIBRO Y LAS BIBLIOTECAS

Núm. 15 exento.- Valparaíso, 6 de febrero de 2026.

Visto:

Lo dispuesto en la ley Nº 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; en la le y Nº 19.227, que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, y modifica cuerpos legales que indica; en el decreto con fuerza de ley Nº 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado; en la ley Nº 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; y en la resolución Nº 36, de 2024, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; y demás normas que resulten aplicables.

Considerando:

1º. Que conforme al artículo 2 de la ley Nº 21.045, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (en adelante "el Ministerio") es la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en el diseño, formulación e implementación de políticas, planes y programas para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial armónico y equitativo del país en toda su diversidad, reconociendo y valorando las culturas de los pueblos indígenas, la diversidad geográfica y las realidades e identidades regionales y locales, conforme a los principios contemplados en dicha ley. 2º. Que el Ministerio, actuando como órgano rector, velará por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materia cultural y patrimonial, y propenderá a su incorporación en forma transversal en la actuación del Estado. Así está establecido en el segundo inciso del precitado artículo 2 del mismo cuerpo legal. 3º. Que, asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 del citado cuerpo normativo, el Consejo Nacional del Libro y la Lectura (en adelante "el Consejo") forma parte de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes (en adelante "la Subsecretaría de las Culturas"). 4º. Que, a su vez, conforme al artículo 1º de la ley Nº 19.227, el Estado de Chile reconoce en el libro y en la creación literaria instrumentos eficaces e indispensables para el incremento y la transmisión de la cultura, el desarrollo de la identidad nacional y la formación de la juventud. Añade la misma disposición que el Ministerio adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento de las orientaciones que se señalan en la presente ley, reconociendo el aporte de los escritores chilenos y promoviendo la participación de todos los agentes culturales y de los medios de comunicación social. 5º. Que, además, de acuerdo a lo establecido en el literal c) del artículo 6º de la ley Nº 19.227, el Consejo tiene por función -entre otras- asesorar al Ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en la formulación de la política nacional del libro y la lectura. 6º. Que al amparo de lo previsto en la normativa precitada y en ejercicio de sus atribuciones, el Ministerio creó el Comité Interministerial de la Política de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas (en adelante "el Comité"), como la instancia política encargada de hacer efectivo el compromiso de los ministerios y serv ici os responsables de la hoja de ruta de la señalada política, en sus etapas de construcción, implementación y seguimiento. 7º. Que, entre otros ministerios y organismos públicos, el Comité quedó integrado por las siguie ntes instituciones dependientes del o relacionadas con el Ministerio: La Subsecretaría del Patrimonio Cultural, la Subsecretaría de las Culturas, la Secretaría Ejecutiva del Libro y la Lectura, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, la Biblioteca Nacional, el Sistema Nacional de Bibliotecas, el Departamento de Derechos Intelectuales, la Subdirección Nacional de Pueblos Indígenas y la Subdirección de Patrimonio Digital. 8º. Que, para el diseño de la Política de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas (en adelante también "la Política") se llevó a cabo un proceso de construcción participativo a través de instancias abiertas a la ciudadanía, una consulta ciudadana y mesas de trabajo a nivel regional y nacional, con la finalidad de discutir y definir los lineamientos principales de la nueva política sectorial. En estas instancias participaron cerca de dos mil personas, naturales y jurídicas, representantes de la sociedad civil y de las instituciones públicas vinculadas al libro, a la lectura y a las bibliotecas, triplicando el número del mismo ejercicio previo a la política anterior. Posteriormente, el trabajo fue abordado por comisiones técnicas de conformación público-privada. 9º. Que este proceso participativo permitió consolidar un documento final que, ratificado institucionalmente como instrumento del Estado por el Comité con fecha 13 de septiembre de 2022, aborda los desafíos de continuidad y proyección de la política sectorial precedente, sin limitarla a un periodo de tiempo determinado para su ejecución, ampliando así sus posibilidades estratégicas y de adaptación a nuevos y complejos escenarios. 10º. Que la Política se estructura sobre la base de cinco ámbitos de acción: (a) lectura; (b) creación; (c) industria e internacionalización; (d) patrimonio bibliográfico, y (e) marco jurídico institucional. Y para cada ámbito de acción la Política contempla un objetivo, objetivos específicos, medidas y sus respectivas instituciones responsables. 11º. Que, en orden a formalizar la Política como instrumento institucional del Estado de Chile, se ha estimado necesario aprobarla mediante la dictación del presente acto administrativo. Por tanto,

Decreto:

Artículo primero

Artículo primero: Apruébase la Política de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, cuyo tenor es el siguiente:

I. ANTECEDENTES

Iniciamos el proceso de actualización de la política pública de la lectura, el libro y las bibliotecas en noviembre de 2021, tras la publicación de la Memoria de Gestión de la Política 2015-2020, donde se recogen los resultados de su implementación (porcentaje de avance en el cumplimiento de las medidas) y una evaluación cualitativa, desarrollada por el Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile. Entre noviembre y enero de 2022, se llevó a cabo un proceso de coconstrucción participativa a través de sesenta instancias virtuales y abiertas a la ciudadanía, iniciándose con un plenario con el objetivo de dialogar en torno a tres temáticas: el rol de las bibliotecas en el nuevo quinquenio, los principios rectores que debería abordar la nueva hoja de ruta, y su relación con el proceso constitucional y los derechos culturales. Paralelamente, se realizó una consulta ciudadana, que indagó en los principios rectores, en los ámbitos y en el título que debiera tener la nueva Política; y se implementaron mesas de trabajo a nivel regional 1 y nacional 2 , con la finalidad de definir y discutir los lineamientos principales de una nueva política sectorial. Participaron alrededor de 2.000 personas, naturales y jurídicas, representantes de la sociedad civil y de las instituciones públicas vinculadas al libro, a la lectura y a las bibliotecas, triplicando el número del mismo ejercicio en el quinquenio anterior. Estas instancias participativas fueron coordinadas por el Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile, en conjunto con la Secretaría Ejecutiva del Libro y la Lectura. A partir de sus resultados, en marzo de 2022 dicho centro de estudios presentó un primer borrador de política sectorial. El documento fue revisado por las contrapartes técnicas de las instituciones ministeriales, que trabajan coordinadamente en un Comité Interministerial de seguimiento de la Política desde 2015. Se analizaron variables de factibilidad y viabilidad de las medidas propuestas. Asimismo, el Consejo Nacional del Libro y la Lectura fue parte central de este proceso. Posteriormente, se conformaron nueve comisiones técnicas público-privadas que trabajaron sobre ese documento en julio y luego en septiembre de 2022, en un proceso de validación. El proceso participativo permitió consolidar un documento final que fue ratificado institucionalmente por el Comité Interministerial de la Política el 13 de septiembre de 2022. Este Comité lo integran autoridades ministeriales y jefes de servicios públicos responsables de la Política, y es la instancia donde se hacen efectivos los compromisos colaborativos de implementación de la política sectorial. Cabe destacar que este nuevo ciclo de política pública considera integralmente a las bibliotecas, incluyéndolas desde el título de la nueva hoja de ruta, como organizaciones clave en los procesos de desarrollo social y cultural en los territorios, siendo activas promotoras de la participación ciudadana y la construcción de una democracia cultural viva. Finalmente, esta nueva versión de política, como instrumento de Estado, aborda los desafíos de continuidad y proyección, sin limitarla a un periodo de tiempo determinado para su ejecución, ampliando así sus posibilidades estratégicas y de adaptación a nuevos y complejos escenarios, considerando momentos de seguimiento y evaluación entre 2023 y 2028, teniendo un primer corte de cumplimiento de objetivos y medidas en 2029.

De acuerdo con la Ley 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, los principios generales que rigen su accionar son los siguientes:

. Diversidad cultural: reconocer y promover el respeto a la diversidad cultural, la interculturalidad, la dignidad y el respeto mutuo entre las diversas identidades que cohabitan en el territorio nacional como valores culturales fundamentales. . Democracia y participación cultural: reconocer que las personas y comunidades son creadores de contenidos, prácticas y obras con representación simbólica, con derecho a participar activamente en el desarrollo cultural del país, teniendo acceso social y territorialmente equitativo a los bienes, manifestaciones y servicios culturales. . Reconocimiento cultural de los pueblos indígenas: reconocer, respetar y promover las culturas de los pueblos indígenas, sus prácticas ancestrales, sus creencias, su historia y su cosmovisión, teniendo especial consideración con el desarrollo de la cultura, las artes y el patrimonio cultural indígena. . Respeto a la libertad de creación y valoración social de las personas creadoras y cultoras: reconocer y promover el respeto a la libertad de creación y expresión de creadores y cultores, y a la valoración del rol social de estos en el desarrollo cultural del país. . Reconocimiento de las culturas territoriales: reconocer las particularidades e identidades culturales territoriales que se expresan, entre otras, a nivel comunal, provincial y regional, como también, en sectores urbanos y rurales, promoviendo y contribuyendo la activa participación de cada comuna, provincia y región en el desarrollo cultural del país y de su respectivo territorio, fortaleciendo la desconcentración territorial en el diseño y ejecución de políticas, planes y programas en los ámbitos cultural y patrimonial. . Reconocimiento del patrimonio cultural como bien público: reconocer que el patrimonio cultural, en toda su diversidad y pluralidad, es un bien público que constituye un espacio de reflexión, reconocimiento, construcción y reconstrucción de las identidades y de la identidad nacional. . Respeto a los derechos de las personas creadoras y cultoras: promover el respeto de los derechos de los creadores en materia de propiedad intelectual, así como también los derechos laborales consagrados en el ordenamiento jurídico chileno, de quienes trabajan en los ámbitos de las artes, las culturas y el patrimonio. . Respeto a la memoria histórica: reconocer la memoria histórica como pilar fundamental de la cultura y del patrimonio intangible del país, que se recrea y proyecta a sí misma en un permanente respeto a los derechos humanos, la diversidad, la tolerancia, la democracia y el Estado de Derecho.

A ellos se suman los siguientes principios específicos:

. Derecho a la lectura: reconoce el derecho humano fundamental a leer, como un recurso habilitante para el desarrollo de una participación activa y democrática en la vida social, cultural y política del país, que se enriquece con la diversidad cultural e identitaria de las distintas comunidades, de los pueblos originarios y afrodescendientes que lo habitan. Siendo la lectura y su fomento, los libros –en sus diversos formatos y soportes– y las bibliotecas, espacios que promueven y resguardan esos valores y principios, potenciando el conocimiento, la reflexión y el diálogo . . Bibliodiversidad: reconoce la diversidad cultural y biológica en el desarrollo intelectual, estableciendo como principios básicos la preservación, la activación y el desarrollo más amplio y diverso del ecosistema de la lectura. Incorporando voces y agentes de distintos territorios, tradiciones –lingüísticas, estéticas, orales–, géneros y comunidades, cuyo trabajo se expresa a través de diversos soportes y formatos. . Ecoedic ión: recoge la necesidad de incorporar criterios de sostenibilidad a lo largo de todo el ciclo de vida de una publicación, fomentando la producción de publicaciones que aporten a mitigar el impacto ambiental, propicie mejoras sociales y, como consecuencia, ofrezcan ventajas técnico-económicas, generando compromisos con la industria editorial de respeto y protección del medio ambiente en tiempos de cambio climático. . Perspectiva de género: reconoce que la mujer, las diversidades y disidencias sexogenéricas deben ser respetadas y protegidas en toda su complejidad, como un principio fundamental de los derechos humanos y como un compromiso ético transversal por parte del Estado. La perspectiva de género es una categoría de análisis para identificar el impacto del género en las oportunidades, en los roles y en las interacciones sociales de las personas, y su finalidad es visibilizar las diversas formas de violencia y exclusión, incluidas las de los mandatos y estereotipos que se han construido socialmente en función de las identidades y de los roles sexogenéricos. . Inclusión: reconoce el derecho a la accesibilidad universal de las personas y de sus entornos, a la información y a las comunicaciones. Reconoce, asimismo, la existencia de barreras que dificultan su ejercicio en la participación activa. La inclusión implica reconocer las diferencias, los desafíos históricos de las comunidades y de las personas, atendiendo a las barreras en el ambiente para la participación, con el fin de hacer de la accesibilidad universal cuestión principal en la entrega de información y comunicación.

La Política Nacional de la Lectura y el Libro 2015-2020 fue evaluada cualitativamente por el Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile entre 2020 y 2021. Esta evaluación incluyó: un balance de los compromisos, de las acciones desarrolladas y de las percepciones de los agentes del ecosistema, que fueron parte de su diseño, implementación y seguimiento, manteniendo así su enfoque participativo. El levantamiento de información incluyó ocho grupos focales -cada uno con al menos diez representantes de las instituciones públicas y de la sociedad civil-, y treinta y siete entrevistas en profundidad con actores clave del ecosistema de la lectura en Chile. La evaluación de la Política 2015-2020 culminó con la publicación de una Memoria de Gestión, que dio cuenta del cumplimiento de las 87 medidas comprometidas, de las cuales 72 fueron abordadas (83%) y de ellas, 58 medidas (67% del total) fueron implementadas, es decir, se tradujeron en acciones concretas, que fueron ejecutadas y proyectan continuidad. Las 14 medidas restantes (16% del total) tuvieron avance, pero las acciones desarrolladas para su cumplimiento no fueron suficientes para definirlas como implementadas. Por otra parte, 16 medidas (18% del total) no fueron abordadas o no presentaron avances en su consecución, lo que puede deberse a su formulación y/o a razones de viabilidad presupuestaria, administrativa o coyuntural, entre otras. Al cierre de su implementación, los cinco ámbitos de la Política presentaron diferentes estados de avance. En Lectura se implementaron 16 de 25 medidas (64%), específicamente, su principal avance fue la elaboración e implementación de planes regionales de la lectura y la constitución de Comités Ejecutivos Regionales, responsables del desarrollo de acciones público-privadas para el fomento lector, en las dieciséis regiones del país. En el ámbito de Creación se implementaron 10 de 15 medidas (67%), por medio de programas como el concurso de proyectos del Fondo del Libro (y sus seis líneas de intervención) y el reconocimiento a obras nacionales y autores extranjeros, por medio de Premios Literarios e Iberoamericanos, respectivamente. En Industria e Internacionalización se dieron por implementadas 22 de 29 medidas (76%), principalmente por medio del convenio de colaboración entre la Secretaría Ejecutiva del Libro y ProChile, y a través de la coordinación directa con Dirac, para la ejecución de una estrategia de internacionalización del libro y autores chilenos. En el ámbito de Patrimonio Bibliográfico se implementaron 7 de 9 medidas (78%), para las cuales se desarrollaron acciones en conjunto con la Comisión de Patrimonio Bibliográfico (instancia público-privada de seguimiento de la Política), y por medio del desarrollo de una política de visión global al exterior por parte de Dirac, en colaboración con la Biblioteca Nacional. Por último, en cuanto al Marco Jurídico Institucional, 2 de 9 medidas fueron implementadas (22%). Los compromisos en este ámbito estaban principalmente relacionados con la modificación de la Ley del Libro, por lo que uno de sus principales avances fue la presentación de una propuesta para su actualización. Sin embargo, al mantenerse esta en revisión por parte del Congreso hasta la fecha de evaluación de la Política, no se dieron por implementadas dichas medidas. La nueva Política se publica en un contexto propicio para el fortalecimiento del marco jurídico del ecosistema de la lectura, donde la Ley fue modificada, especialmente en relación con la incorporación del libro digital.

La Política Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, es fruto de un proceso que se nutre de ciclos anteriores y se inscribe en los principios de una política de Estado. Da cuenta de un trabajo colaborativo público-privado sostenido en el tiempo, a partir de las diversas instancias de gobernanza y de retro alimentación permanentes con los diversos sectores que conforman el ecosistema de la lectura. Los resultados de la evaluación de la Política anterior sirvieron de base para diseñar la nueva hoja de ruta en función de tres categorías: