Por el cual se pone en vigencia el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías del Acuerdo de Cartagena

El Presidente de la República de Colombia,

en uso de sus facultades constitucionales y legales en particular de las que le confiere la Ley 88 de 1961, y

CONSIDERANDO:

Que por medio de la Ley 88 de 1961 se autorizó la adhesión de Colombia al Tratado de Montevideo;

Que el artículo 15 del Tratado de Montevideo dispone la organización de los tratamientos aplicables a los capitales procedentes de fuera de la zona, objetivo que ha sido considerado igualmente por resoluciones posteriores de la Conferencia de las Partes Contratantes del ALALC.

Que el Gobierno en uso de las facultades otorgadas por la Ley 88 de 1961 expidió el Decreto número 1245 del 8 de agosto de 1969, mediante el cual se aprobó el Acuerdo de Integración Subregional del Grupo Andino, denominado Acuerdo de Cartagena, suscrito en Bogotá el 26 de mayo de 1969 por plenipotenciarios de los Gobiernos Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú.

Que el artículo 27 del Acuerdo de Integración Subregional establece que: " Antes del 31 de diciembre de 1970 la Comisión a propuesta de la Junta, aprobará y someterá a la consideración de los países miembros un régimen común sobre tratamientos a los capitales extranjeros y entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y regalías. Los países miembros se comprometen a adoptar las providencias que fueren necesarias para poner en práctica este régimen dentro de los seis meses siguientes a su aprobación por la Comisión;

Que la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su Tercer Periodo de Sesiones Extraordinarias aprobó por medio de la Decisión número 24 del 31 de diciembre de 1970, un régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalías, para los países miembros del Grupo Andino.

Que la misma Comisión en su IV Periodo de Sesiones Ex­traordinarias aprobó por medio de la Decisión número 37 del 24 de junio de 1971, los ajustes relativos al régimen co­mún de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre mar­cas, patentes, licencias y regalías, establecido por la Decisión número 24,

DECRETA:

Artículo 1°. A partir del 1° de julio de 1971 entrará en vigencia el siguiente Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, aprobado por la Comisión del Acuerdo de Carta­gena por medio de la Decisión 24 y con los ajustes contenidos en la Decisión número 37:

RÉGIMEN COMÚN DE TRATAMIENTO A LOS CAPITA­LES EXTRANJEROS Y SOBRE MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y REGALIAS

CAPÍTULO I

Artículo 1º. Para los efectos del presente régimen se entiende por:

Inversión extranjera directa: Los aportes provenientes del exterior de propiedad de personas naturales o empresas extranjeras, al capital de una empresa, en monedas libremente convertibles, plantas industriales, maquinaria o equipos, con derecho a la reexportación de su valor y a la transferencia de utilidades al exterior.

Igualmente se consideran como inversión extranjera directa las inversiones en moneda nacional provenientes de recursos con derecho a ser remitidos al exterior.

Inversionista extranjero: El propietario de una inversión extranjera directa.

Inversionista nacional: El Estado, las personas naturales nacionales, las personas jurídicas nacionales que no persi­gan fin de lucro y las empresas nacionales definidas en este artículo. Se considerarán también como inversionistas nacionales a las personas naturales extranjeras con residencia interrumpida en el país receptor no inferior a un año, que renuncien ante el organismo nacional competente el derecho de reexportar el capital y a transferir utilidades al exterior.

Empresa nacional: La constituida en el país receptor y cuyo capital pertenezca en más del 80% a inversionistas nacionales, siempre que, a juicio del organismo nacional competente, esa proporción se refleje en la dirección técnica, financiera, administrativa y comercial de la empresa.

Empresa mixta: La constituida en el país receptor y cuyo capital pertenezca a inversionistas nacionales en una pro­porción que fluctúe entre el cincuenta y uno por ciento y el ochenta por ciento, siempre que, a juicio del organismo nacional competente, esa proporción se refleje en la dirección técnica, financiera, administrativa y comercial de la empresa.

Empresa extranjera.: Aquella cuyo capital perteneciente a inversionistas nacionales es inferior al cincuenta y uno por ciento o, cuando siendo superior, a juicio del organismo nacional competente, ese porcentaje no se refleja en la dirección técnica, financiera, administrativa y comercial de la empresa.

Inversión nueva: La que se realice con posterioridad al primero de julio de 1971, ya sea en empresas existentes o empresas nuevas.

Reinversión: La inversión de todo o parte de las utilidades no distribuidas provenientes de una inversión extranjera di­recta en la misma empresa que las haya generado.

País receptor: Aquel en el que se efectúa la inversión extranjera directa.

Comisión: La Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Junta: La Junta del Acuerdo de Cartagena.

País Miembro: Uno de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

Artículo 2º. Todo inversionista extranjero que desee invertir en alguno de los Países Miembros deberá presentar su solicitud ante el organismo nacional competente el cual, previa evaluación, la autorizará cuando corresponda a las prioridades del desarrollo del país receptor. La solicitud deberá atenerse a la pauta que se señala en el anexo número 1 del régimen.

La Comisión, a propuesta de la Junta, podrá aprobar criterios comunes para la evaluación de la inversión extranjera directa en los Países Miembros.

Artículo 3º. Los Países Miembros no autorizarán inversión extranjera directa en actividades que consideren adecuada­mente atendidas por empresas existentes.

Tampoco autorizarán inversión extranjera directa destinada a la adquisición de acciones, participaciones o derechos de propiedad de inversionistas nacionales.

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior aquellas inversiones extranjeras directas que se hagan en una empresa nacional para evitar su quiebra inminente, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

• a) Que el organismo encargado del control de las sociedades anónimas en el país respectivo o su equivalente compruebe la eminencia de la quiebra;

• b) Que la empresa acredite haber otorgado opción de compra preferente a inversionistas nacionales o subregionales, y

• c) Que el inversionista extranjero se comprometa a poner en venta las acciones, participaciones o derechos que adquiera en la empresa, para su compra por inversionistas nacionales en el porcentaje necesario para constituir una empresa nacional en un plazo que no exceda de 15 años y que se fijará en cada caso de acuerdo con las características del sector. La autorización expedida por el organismo nacional competente contendrá el plazo y las condiciones en que se cumplirá dicha obligación, la forma en que se determinará el valor de las acciones, participación o derechos al tiempo de su venta y, si fuere el caso, los sistemas que asegure el traspaso de éstos a inversionistas nacionales.

Artículo 4º. Podrá autorizarse la participación de inversionistas extranjeros en empresas nacionales o mixtas siempre se trate de la ampliación del capital de la empresa respectiva y que esa participación no modifique la calidad de nacional o mixta de ésta.

Artículo 5º. Toda inversión extranjera directa se registrará ante el organismo nacional competente junto con el convenio en que se determinen las condiciones de la autorización. El monto de la inversión se registrará en moneda libremente convertible.

Artículo 6º El control del cumplimiento de las obligaciones contraídas por los inversionistas extranjeros estará a cargo del organismo que registra la inversión, en coordinación con las reparticiones o dependencias estatales competentes en cada caso.

Además de las funciones que se señalan en otras disposiciones del presente régimen y de las que se establezcan en el reglamento respectivo, corresponderá al organismo nacio­nal competente:

• a) Controlar el cumplimiento de los compromisos de participación nacional en la dirección técnica, administrativa, financiera y comercial y en el capital de la empresa;

• b) Autorizar en forma excepcional la compra de acciones, participaciones o derechos de empresas nacionales o mixtas por inversionistas extranjeros, conforme a lo establecido en los artículos 3 y 4 del presente régimen,

• c) Establecer un sistema de información y control de los precios de los productos intermedios que suministren los proveedores de tecnología o capital extranjero;

• d) Autorizar la transferencia al exterior, en divisas libremente convertibles, de toda suma a cuyo envío tengan derecho las empresas o los inversionistas según el presente régimen y las leyes nacionales del país respectivo;

e). Centralizar los registros estadísticos, contables, de información y control relacionados con la inversión extranjera directa; y

• f) Autorizar los contratos de licencia para uso de tecnología importada y para la explotación de marcas y patentes.

Artículo 7º. El inversionista extranjero, tendrá derecho a reexportar el capital invertido cuando venda sus acciones, participaciones o derechos a inversionistas nacionales o cuando se produzca la liquidación de la empresa.

La venta de acciones, participaciones o derechos de un inversionista extranjero a otro inversionista extranjero deberá ser previamente autorizada por el organismo nacional competente y no se considerará como reexportación de capital.

Artículo 8. Se entiende por capital reexportable el formado por el monto de la inversión extranjera directa inicial registrada y efectivamente realizada, mas las reinversiones efectuadas en la misma empresa conforme a lo dispuesto en el presente régimen y menos las perdidas netas, si las hubiere.

En los casos en que hubiere participación de inversionistas nacionales, la disposición anterior debe entenderse limitada al porcentaje de inversión extranjera directa en lo que dice relación con las reinversiones efectuadas y con las pérdidas netas.

Artículo 9º. En el caso de liquidación de la empresa, la diferencia resultante entre el valor real de los activos netos y el capital reexportable definido en el artículo anterior se considerará como ganancia de capital y podrá transferirse al exterior previo el pago de los impuestos correspondientes.

Artículo 10. El inversionista extranjero tendrá derecho a transferir al exterior las sumas que obtengan como consecuencia de la venta de sus acciones, participaciones o derechos, previo pago de los impuestos correspondientes.

Artículo 11. La conversión de las sumas que tenga derecho a remitir al exterior un inversionista extranjero se realizará al tipo de cambio vigente en el momento de efectuarse el giro.

Artículo 12. La reinversión de las utilidades percibidas por las empresas extranjeras será considerada como una inversión nueva y no podrá hacerse sin previa autorización y registro.

Artículo 13. Los Gobiernos de los Países Miembros podrán admitir la reinversión de las utilidades percibidas por la empresa extranjera, si necesidad de autorización particular, hasta un monto que no exceda anualmente el cinco por ciento del capital de la empresa respectiva. En estos casos subsiste la obligación de registro.

Artículo 14. Los créditos externos que contrate una empresa requiere autorización previa del organismo competente y deben ser registrados ante el mismo.

Se podrán autorizar límites globales de endeudamiento externo por períodos determinados. Los contratos de crédito celebrados dentro de los límites globales autorizados, deberán ser registrados ante el organismo competente.

Artículo 15. Los Gobiernos de los Países Miembros se abstendrán de avalar o garantizar en cualquier forma, ya sea directamente o por intermedio de instituciones oficiales o semioficiales, operaciones de crédito externo celebradas por empresas extranjeras en que no participe el Estado.

Artículo 16. Las transferencias al exterior que efectúen las empresas por concepto de amortización e intereses por el uso de crédito externo se autorizarán en los términos del contrato registrado.

Para contratos de crédito externo convenido entre casa matriz y filiales o entre filiales de una misma empresa extranjera, la tasa de interés efectivo anual no podrá exceder en mas de 3 puntos la tasa de interés de los valores de primera clase vigentes en el mercado financiero del país de origen de la moneda en que se haya registrado la operación. Para los contratos de crédito externo distintos del señalado anteriormente, la tasa de interés efectivo anual que paguen las empresas será determinada por el organismo nacional competente, debiendo estar estrechamente relacionados con las condiciones prevalecientes en el mercado financiero del país en que se haya registrado la operación.

Para los efectos del presente artículo se entiende por interés efectivo el costo total que debe pagar el deudor por la utilización del crédito incluyendo comisiones y gastos de todo orden.

Artículo 17. En materia de crédito interno las empresas extranjeras tendrán acceso únicamente al de corto plazo, en los términos y condiciones que fije el reglamento que sobre esta materia dicte la Comisión, a propuesta de la Junta.

Artículo 18. Todo contrato sobre importación de tecnología y sobre patentes y marcas deberá ser examinado y sometido a la aprobación del organismo competente del respectivo País Miembro, el cual deberá evaluar la contribución efectiva de la tecnología importada mediante la estimación de sus utilidades probables, el precio de los bienes que incorporen tecnología u otras formas específicas de cuantificación del efecto de la tecnología importada.

Artículo 19. Los contratos sobre importación de tecnología deberán contener, por lo menos, cláusulas sobre las materias siguientes:

• a) Identificación de las modalidades que revista la transferencia de la tecnología que importa;

• b) Valor contractual de cada uno de los elementos invo­lucrados en la transferencia de tecnología, expresada en forma similar a la utilizada en el registro de la inversión extranjera directa; y

• c) Determinación del plazo de vigencia.

Artículo 20. Los Países Miembros no autorizarán la celebración de contratos sobre transferencia de tecnología externa o sobre patentes que contengan:

• a) Cláusulas en virtud de las cuales el suministro de tecnología lleve consigo la obligación, para el país o la empresa receptora, de adquirir de una fuente determinada bienes de capital, productos intermedios, materias primas u otras tecnologías o de utilizar permanentemente personal señalado por la empresa proveedora de tecnología. En casos excepcionales el país receptor podrá aceptar cláusulas de esta naturaleza para la adquisición de bienes de capital, productos intermedios o materias primas, siempre que su precio corresponda a los niveles corrientes en el mercado in­ternacional;

• b) Cláusulas conforme a las cuales la empresa vendedora de tecnología se reserve el derecho de fijar los precios de venta o reventa de los productos que se elaboren con base en la tecnología respectiva;

• c) Cláusulas que contengan restricciones referentes al volumen y estructura de la producción;

• d) Cláusulas que prohíban el uso de tecnología competidoras;

• e) Cláusulas que establezcan opción de compra, total o parcial, en favor del proveedor de la tecnología;

• f) Cláusulas que obliguen al comprador de tecnología a transferir al proveedor los inventos o mejoras que se abs­tengan en virtud del uso de dicha tecnología;

• g) Cláusulas que obliguen a pagar regalías a los titulares de las patentes por patentes no utilizadas; y

• h) Otras cláusulas de efecto equivalente.

Salvo casos excepcionales, debidamente calificados por el organismo competente del país receptor, no se admitirán cláusulas en que se prohíba o limite de cualquier manera la exportación de los productos elaborados a base de la tec­nología respectiva.

En ningún caso se admitirán cláusulas de esta naturaleza en relación con el intercambio subregional o para la exportación de productos similares a terceros países;

Artículo 21. Las contribuciones tecnológicas intangibles darán derecho al pago de regalías, previa autorización del organismo nacional competente, pero no podrán computarse como aporte de capital.

Cuando esas contribuciones sean suministradas a una em­presa extranjera por su casa matriz o por otra filial de la misma casa matriz, no se autorizará el pago de regalías ni se admitirá deducción alguna por ese concepto para efectos tributarios.

Artículo 22. Las autoridades nacionales emprenderán una tarea continua y sistemática de identificación de las tecnologías disponibles en el mercado mundial para las dis­tintas ramas industriales, con el fin de disponer de las soluciones alternativas más favorables y convenientes para las condiciones económicas de la subregión y remitirán los resultados de sus trabajos a la Junta. Esta acción se ade­lantará en forma coordinada con las que en el Capítulo V de este régimen se adopten en relación con la producción de tecnología nacional o subregional.

Artículo 23. La Comisión, a propuesta de la Junta, apro­bará antes del 30 de noviembre de 1972, un programa en caminado a promover y proteger la producción de tecnología subregional, así como la adaptación y asimilación de tecnologías existentes.

Este programa deberá contener, entre otros elementos:

• a) Beneficios especiales, tributarios o de otro orden, para estimular la producción de tecnología y especialmente de los relacionados con el uso intensivo de insumos de origen sub­regional o que estén diseñados para aprovechar eficazmente los factores productivos subregional;

• b) Fomento de las exportaciones a terceros países de productos elaborados a base de tecnología subregional; y

• c) Canalización de ahorro interno hacia el establecimiento de centros subregionales o nacionales de investigación y desarrollo.

Artículo 24. Los gobiernos de los Países Miembros darán preferencia en sus adquisiciones a los productos que incor­poren tecnología de origen subregional en la forma que la Comisión estime conveniente. La Comisión, a propuesta de la Junta, podrá proponer a los Países Miembros el, estable­cimiento de gravámenes a los productos que utilicen marcas de origen extranjero que den lugar al pago de regalías, cuan­do en su elaboración se emplee tecnología de público cono­cimiento o fácil acceso.