Por el cual se dictan normas para la celebración de contratos por parte de la Nación y sus entidades descentralizadas

El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 28 de 1974, y oída la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado,

DECRETA:

• I. CAMPO DE APLICACION

Articulo 1º. De las entidades a las cuales se aplica el presente decreto. Los contratos previstos en este decreto, que celebren la Nación (Ministerios y Departamentos Administrativos) y los Establecimientos Públicos se someten a las reglas contenidas en el presente Estatuto.

A las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las Sociedades de Economía Mixta en las que la Nación posea más del noventa por ciento (90%) de su capital social les son aplicables las normas aquí consignadas sobre contratos de empréstito y de obras públicas y las demás que expresamente se refieran a dichas entidades,

• II. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Artículo 2º. De quiénes son capaces de contratar. Son capaces para contratar con las entidades a que se refiere el artículo anterior, las personas consideradas como tales en las disposiciones legales vigentes.

Artículo 3º. De los casos en que varias personas pueden proponer conjuntamente. Cuando se considerare que de la ejecución conjunta de una obra se derivan beneficios para e la entidad contratante, ésta dispondrá que dos o más personas pueden formular una misma propuesta.

Artículo 4º. De la responsabilidad del consorcio. A quienes en el evento previsto en el artículo anterior se les adjudicare un contrato, responderán mancomunada y solidariamente por su celebración y ejecución.

Artículo 5º. De la prohibición de ceder el contrato Celebrado el contrato con varios proponentes no podrá haber cesión del mismo entre quienes integran el consorcio.

Artículo 6º. De la manera de acreditar la existencia y representación legal. Cuando los contratistas fueren personas jurídicas de derecho privado, deberán acreditar su existencia y representación mediante los documentos exigidos por la ley.

Con el lleno de las formalidades pertinentes, las entidades extranjeras de carácter privado deberán establecer una sucursal con domicilio en el territorio nacional o acreditar en el país un representante o apoderado general, según que el objeto del contrato fuere de carácter permanente u ocasional.

Para poder contratar, las personas jurídicas nacionales deberán haber sido constituidas por lo menos seis (6) meses antes de la fecha de apertura de la respectiva licitación o de la celebración del convenio, según el caso, y acreditar que la duración de la sociedad no es menor a la del plazo del contrato.

Artículo 7º. De las inhabilidades. No podrán celebrar por sí o por interpuesta persona los contratos a que se refiere el presente Estatuto:

a. Quienes se hallen inhabilitados para ello por la Constitución y las Leyes.

b. Quienes por hechos de que fueron responsables dieron lugar a la declaratoria de caducidad por parte de esas mismas entidades.

• c. Quienes con anterioridad hubieren celebrado contratos estando inhabilitados para ello.

• d. Quienes no se hallaren inscritos, clasificados y calificados en el registro correspondiente, cuando los respectivos reglamentos así lo exigieren.

e. Quienes en la fecha en que se haya de firmar el contrato no se encuentren a paz y salvo con el Tesoro Nacional por concepto de impuestos sobre la renta y complementarios. Este paz y salvo se exigirá a las personas naturales, a las jurídicas y a sus representantes legales.

Las inhabilidades a que se refieren los literales b) y e) de este artículo se extenderán por cinco años contados a partir de la ocurrencia de los hechos que las constituyeron.

Artículo 8º. De otros casos de inhabilidad. Son también inhábiles para contratar:

• 1º El cónyuge y los parientes de los empleados públicos, de los trabajadores oficiales y de los miembros de las Juntas o Consejos Directivos de los organismos descentralizados, con la entidad en la cual aquéllos y éstos prestan sus servicios y con las del sector administrativo al que la misma pertenece.

2º. Las sociedades en las que el cónyuge y los parientes de los empleados públicos, de los trabajadores oficiales y de los miembros de las Juntas o Consejos Directivos de los organismos descentralizados tengan separada o conjuntamente más del cincuenta por ciento (50%) del capital social, con la entidad en la cual aquéllos y éstos prestan sus servicios y con las del sector administrativo, al que la misma pertenece.

3º. Las sociedades en que sea socio el empleado público o trabajador oficial, con las entidades a que se refiere el presente decreto.

4º. Las sociedades en las que sean socios los miembros de las Juntas o Consejos Directivos de los organismos descentralizados, con la entidad en fa cual los mismos prestan sus servicios o con las del sector administrativo al que ésta pertenece.

Para los efectos previstos en el presente decreto son parientes quienes se hallen dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil.

Las disposiciones de este artículo no se aplican en el caso de las sociedades anónimas.

Artículo 9º. De las incompatibilidades. Sin perjuicio de las demás prohibiciones consagradas en otras normas, no podrán celebrar los contratos previstos en este Estatuto:

1º. Los empleados públicos y trabajadores oficiales, Esta prohibición se extiende por todo el año siguiente a la fecha de su retiro, si se trata de la celebración de convenios con la entidad en la cual prestaron sus servicios o con organismos del sector administrativo al que la misma pertenece.

• 2º Los miembros de las Juntas o Consejos Directivos de organismos descentralizados, mientras conserven tal carácter y un año después de su retiro con la entidad a cual prestan o prestaron sus servicios o con las que hagan parte del sector administrativo al que ésta pertenece.

Las personas a que se refiere el presente artículo no podrán en ningún momento contratar sobre asuntos o negocios de los cuales conocieron durante el ejercicio de sus funciones.

Artículo 10. De las excepciones a las inhabilidades e incompatibilidades. No quedan cobijadas por las inhabilidades e incompatibilidades de que tratan los artículos anteriores las personas que contraten por, obligación legal o lo hagan para usar los bienes o servicios que las entidades a que se refiere el presente Estatuto ofrezcan al público en condiciones comunes a quienes los soliciten.

Artículo 11. De las sanciones a los contratos celebrados contra expresa prohibición. La contravención de las anteriores prohibiciones dará lugar a que el representante legal de la respectiva entidad dé por terminado el contrato y proceda a su liquidación en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocimiento o pago de indemnización alguna.

A partir de la fecha de terminación, la Contraloría General de la República se abstendrá de autorizar cualquier giro o pago para el contrato terminado, salvo lo que resulte de la liquidación.

Si por su celebración se causaren perjuicios a la entidad contratante serán responsables solidariamente el contratista y el funcionario o funcionarios que lo hubieren celebrado. En todo caso quedarán a salvo las sanciones penales a que hubiere lugar.

La Procuraduría General de la Nación velará por el cumplimiento de la presente disposición.

Artículo 12. De la información sobre las inhabilidades e incompatibilidades. El Gobierno, previo concepto de la Contraloría General de la República, establecerá los medios que permitan conocer a quienes estén cobijados por las inhabilidades señaladas en los literales b) y c) del artículo 7º del presente Estatuto, y, si fuere posible, por las demás inhabilidades e incompatibilidades consagradas en este decreto,

Artículo 13. Del consentimiento, objeto y causa. Los requisitos de consentimiento válido objeto y causa lícita se regirán por las normas que sobre la materia establecen el Código Civil y demás normas complementarias.

• III. CONTRATOS DE LA NACION

Artículo 14. De la competencia del Presidente de la República. Conforme a la respectiva ley de autorizaciones y a la Ley de apropiaciones, corresponde al Presidente de la República celebrar los contratos en que sea parte la Nación.

Artículo 15. De la delegación de funciones. De conformidad con el artículo 135 de la Constitución Nacional y la Ley, el Presidente de la República podrá delegar en los Ministros, en los Jefes de Departamento Administrativo y en los Gobernadores la celebración de contratos.

Esta delegación podrá hacerse en forma permanente o para casos concretos. La delegación conferida para un caso especial no podrá invocarse para celebrar contratos distintos.

El delegado no podrá subdelegar,

Artículo 16. De la autorización para delegar. El Presidente de la República podrá delegar en las autoridades a que se refiere el artículo anterior, la celebración de contratos de cuantía inferior a diez millones de pesos ($ 10.000.000.00).

REQUISITOS

Artículo 17. De los requisitos. SáIvo disposición legal en contrario, la celebración de contratos escritos por parte de la Nación, se someterá a los siguientes requisitos:

a. Licitación pública o privada.

b. Aprobación y registro presupuestales.

• c. Constitución y aprobación de garantías.

• d. Concepto del Consejo de Ministros, firma del Presidente de la República y revisión del Consejo de Estado.

e. Publicación en el Diario Oficial.

Artículo 18. De los contratos que deben constar por escrito. Salvo lo dispuesto en este decreto deberán constar, por escrito los contratos cuya cuantía sea o exceda la suma de cincuenta mil pesos ($ 50.000.00).

En los demás casos, el reconocimiento de obligaciones a cargo de la Nación se hará por resolución motivada.

Los contratos deberán extenderse en papel sellado.

LICITACION

Artículo 19. De la definición de la licitación. Licitación es el procedimiento mediante el cual, previa invitación, la entidad contratante selecciona entre varias personas en igualdad de oportunidades, la que ofrezca mejores condiciones para contratar.

Artículo 20. De las clases de licitación. La licitación puede ser pública o privada, según que la invitación a contratar se haga públicamente a un número indeterminado de personas, siempre que reúnan los requisitos que señalen la Ley y los reglamentos, o en forma directa a los posibles contratistas.

LICITACION PUBLICA

Artículo 21. De cuándo hay lugar a licitación pública. Habrá licitación pública en todos los casos en que no se disponga la privada o se autorice la contratación directa, conforme a las normas que más adelante se establecen.

Artículo 22. De cómo se realiza la licitación pública. La licitación pública se efectuará conforme a las siguientes reglas:

1º. El Jefe del organismo respectivo ordenará su apertura por medio de Resolución motivada.

2º. La entidad interesada elaborará un pliego de condiciones que, además de lo que se considere necesario para identificar la licitación, contenga en forma expresa y completa:

a. Las especificaciones de los bienes, servicios u obras objeto del contrato proyectado;

b. La cantidad y calidad de dichos bienes o servicios o de la obra;

• c. Las calidades que se exijan a las personas que deseen licitar;

• d. El lugar, sitio, día y hora en que se abra y cierre la licitación;

e. Las condiciones y forma de cumplimiento de la prestación por el contratista y las condiciones y forma de pago;

f. Las sanciones por incumplimiento de la propuesta y la garantía de seriedad de la misma;

g. El término dentro del cual se hará la adjudicación una vez cerrada la licitación y el plazo para la firma del contrato una vez efectuada aquella, términos que deberán señalarse teniendo en cuenta la naturaleza y objeto del contrato;

h. La minuta del contrato que se proyecta celebrar;

• i. El número mínimo de participantes que se exige para que la licitación no sea declarada desierta, y

j. Los criterios que se tendrán en cuenta para la adjudicación.

3º. Dentro de los veinte (20) días anteriores a la apertura de la licitación se publicarán por lo menos dos avisos en diferentes fechas, en dos o más periódicos de amplia circulación, teniendo en cuenta el lugar en que se va a cumplir la prestación.

Dichos avisos contendrán los elementos y características esenciales de la respectiva licitación.

4º. El plazo de la licitación, es decir, el término que debe transcurrir entre su apertura y su cierre, se señalará de acuerdo con la naturaleza y objeto del contrato, y no podrá ser inferior a diez días.

Cuando lo estime conveniente la entidad interesada o cuando lo soliciten las dos terceras partes de las personas que hayan retirado pliegos de condiciones, se podrá prorrogar, antes de su vencimiento, dicho término por un plazo no superior a la mitad del inicialmente fijado.

5º. Las propuestas se recibirán en sobres cerrados y sellados dentro del plazo fijado para la licitación. Se depositarán en una urna cerrada y sellada, de la cual tendrán llave, el Jefe del organismo correspondiente, el Secretario General del mismo y el respectivo Auditor Fiscal.

6º. El día y hora señalados para el cierre de la licitación, en acto público, se abrirá la urna y se levantará acta con la relación sucinta de las ofertas y de su valor, las que serán numeradas y rubricadas con las firmas del Presidente de la Junta de Licitaciones o Adquisiciones y, en su defecto, del secretario General del organismo, y del Auditor Fiscal respectivo.

De las diligencias de cierre y sello de la urna y de apertura de la misma se levantarán actas que suscribirán los miembros de la Junta de Licitaciones o Adquisiciones y los postores presentes que lo deseen.

LICITACION PRIVADA

Artículo 23. De cuándo hay lugar a licitación privada. Sólo podráefectuarse licitación privada en los siguientes casos:

• 1º Cuando en el registro de proponentes no aparecieren más de cinco personas en capacidad de celebrar el respectivo contrato.

2º. Cuando el objeto del contrato que se proyecte celebrar fuere:

a. La impresión de papel sellado, estampillas, billetes nacionales, otras especies timbradas representativas de valores, y formatos para bonos de deuda pública o para declaraciones con fines tributarios.

b. La adquisición de bienes muebles cuyo valor esté comprendido entre doscientos mil uno ($ 200.001.00) y un millón de pesos ($ 1.000.000.00), moneda legal, o su equivalente cuando se trate de moneda extranjera o de trueque.

3º. Cuando se trate de contratos de obras públicas de valor superior a dos millones ($ 2.000.000.00) e inferior a cinco millones de pesos ($ 5.000.000.00) según lo previsto en el artículo 70 de este decreto.

4º. Cuando se trate de la venta de armas y municiones de guerra que se consideren inservibles, obsoletas y que no sean susceptibles de reconversión y utilización por las Fuerzas Armadas, conforme a lo estatuido en el artículo 174 del presente decreto.

Artículo 24. De cómo se efectúa la licitación privada. La licitación privada se regirá por las siguientes reglas:

1º. Se enviará a cada una de las personas en condiciones de celebrar el contrato proyectado, solicitud de que formulen propuestas y copias del pliego de condiciones para cuya elaboración se seguirán las normas previstas en la regla 2º. del artículo 22 de este Estatuto. Si el número de inscritos en el respectivo registro de proponentes fuere inferior a cinco (5), la solicitud aquí prevista se enviará a todos ellos; si fuere superior, se remitirá por lo menos a los cinco (5) mejor calificados de entre ellos.

2º. Entre la fecha de entrega de los pliegos de condiciones y el cierre de la licitación debe transcurrir un término no menor a diez días. A este término podrán renunciar por escrito todos los invitados a formular propuestas.

3º. En lo demás se observarán las normas previstas para la licitación pública y la adjudicación podrá hacerse cualquiera que sea el número de proponentes.

NORMAS COMUNES SOBRE LICITACION

Artículo 25. De los criterios para la adjudicación. La adjudicación deberá hacerse, previos los estudios del caso y hecho el análisis comparativo, al licitante cuya oferta se estime más favorable y esté ajustada al pliego de condiciones.

En la evaluación de las ofertas deberán tenerse en cuenta, entre otros, los siguientes factores: el precio; el plazo; y la calidad, seriedad, cumplimiento en contratos anteriores, solvencia económica, capacidad técnica, experiencia, organización y equipo de los oferentes.

En igualdad de condiciones debe preferirse la propuesta que ofrezca mejor precio; en igualdad de precios, la que contemple mejores condiciones globalmente consideradas; y en igualdad de condiciones y precios, se tendrá en cuenta la distribución equitativa de los negocios.

Artículo 26. De la autoridad competente para adjudicar. Corresponde adjudicar el contrato al Ministro o Jefe de Departamento Administrativo, previo concepto de la Junta de Licitaciones o Adquisiciones del organismo.

La adjudicación se hará mediante resolución que se notificará personalmente al proponente favorecido y se comunicará a los no favorecidos. Contra esta resolución no procede ningún recurso por la vía gubernativa.

Si el proponente favorecido no firmare el contrato dentro del plazo que con tal fin se señale, podrá adjudicarse al oferente calificado en segundo o tercer lugar, o abrirse una nueva licitación.

Artículo 27. De los efectos de la adjudicación. Ejecutoriada la resolución de adjudicación, ésta es irrevocable y obliga, por lo mismo, a la entidad y al adjudicatario.

Cuando la ley subordine el perfeccionamiento de un contrato a la aprobación o revisión de un organismo o autoridad superior, la adjudicación no producirá otro efecto que el de obligar a la entidad contratante y al adjudicatario a cumplir los demás requisitos establecidos para el caso.

Si el organismo o autoridad superior improbaren el contrato por encontrarlo ilegal, deberán adoptarse las reformas ordenadas y, si ello no fuere posible, iniciarse la tramitación para celebrar uno nuevo, si para esto último hubiere autorización legal. Si lo negare por considerarlo inconveniente, podrá iniciarse la tramitación para celebrar un nuevo contrato pero dentro de las condiciones que con dicho fin señale quien lo negó.

Artículo 28. De las sanciones a los proponentes que incumplan. Salvo fuerza mayor o caso fortuito, si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término que se haya señalado, quedará a favor de la entidad contratante, en calidad de multa, el valor del depósito o garantía constituidos para responder por la seriedad de la propuesta.