Legalizepor el cual se expiden normas sobre concesión de beneficios por colaboración con la justicia
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 213 de la Constitución Política, en desarrollo de lo dispuesto por el Decreto 1793 de 1992, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 1793 del 8 de noviembre de 1992 se declaró el Estado de Conmoción Interior en todo el territorio nacional, fundado entre otras en los siguientes motivos:
"Que en las últimas semanas la situación de orden público en el país, que venía perturbada de tiempo atrás, se ha agravado significativamente en razón de las acciones terroristas de las organizaciones guerrilleras y de la delincuencia organizada";
"Que es necesario fortalecer la acción de los organismos judiciales en su función de investigar, acusar y juzgar; proteger a los funcionarios judiciales y a los de los organismos de fiscalización, así como a los testigos ... ";
Que es necesario establecer mecanismos que permitan obtener la colaboración en la investigación penal por hechos de competencia de los jueces regionales, con el fin de asegurar la eficacia de la administración de justicia;
Que con tal propósito es procedente establecer, bajo control del Procurador General de la Nación y del Fiscal General de la Nación, instrumentos que permitan recaudar pruebas contra los responsables por delitos de competencia de los jueces regionales, ofreciendo beneficios especiales a las personas que colaboren eficazmente con la justicia en el esclarecimiento de los hechos y en la determinación de la responsabilidad penal de los autores y partícipes;
Que medidas análogas han probado su efectividad para fortalecer la administración de justicia,
DECRETA:
Artículo 1ºEn los procesos que se adelanten por los delitos de competencia de los jueces regionales, el Fiscal General de la Nación o el Vicefiscal podrán garantizar, previo concepto del Procurador General de la Nación, que el testigo no será sometido a investigación ni acusación por los hechos en relación con los cuales rinda declaración, cuando su versión pueda contribuir eficazmente a determinar la responsabilidad penal de los autores o partícipes de los mencionados delitos.
Las personas beneficiarias de la garantía anterior, en ningún tiempo podrán ser objeto de investigación o de acusación por los hechos respecto de los cuales hubieren rendido declaración.
Si el declarante estuviere ya vinculado al proceso penal como presunto autor o partícipe no podrá ser objeto de la garantía a que se refiere este artículo y solamente podrá recibir los demás beneficios que se prevén en el Código de Procedimiento Penal o en otras leyes penales especiales.
La garantía de que trata este artículo se concederá previo estudio de la conveniencia y eficacia de la declaración del testigo.
Dicho estudio se fundamentará, por lo menos, en alguno o algunos de los siguientes aspectos:
- a) El valor de la declaración para incriminar al autor intelectual o a los demás autores intelectuales del hecho punible;
- b) La gravedad del hecho punible y del daño social causado por éste;
- c) Que la declaración pueda conducir a la identificación de los autores o partícipes de otros delitos.
La garantía podrá concederse a testigos que se encuentren dentro o fuera del territorio nacional.
Negada la garantía, no podrán utilizarse las declaraciones previas que hubiere efectuado el testigo.
El Fiscal General de la Nación o el Vicefiscal, en su caso, de manera inmediata deberá rendir informe escrito ante la Corte Suprema de Justicia, a través de su Presidente, sobre las razones por las cuales otorgó la garantía en cada ocasión.
Artículo 2ºEl presente Decreto rige a partir de la fecha de su promulgación, suspende las disposiciones que le sean contrarias y su vigencia se extenderá por el tiempo de la conmoción interior, sin perjuicio de que el Gobierno Nacional la prorrogue según lo previsto en el inciso 3º del artículo 213 de la Constitución Política.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santafé de Bogotá, D. C., a 13 de noviembre de 1992.
CESAR GAVIRIA TRUJILLO
El Ministro de Gobierno,
Humberto De La Calle Lombana.
La Ministra de Relaciones Exteriores,
Noemí Sanín De Rubio.
El Ministro de Justicia,
Andrés Gonzalez Diaz.
El Viceministro de Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones del Despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Héctor José Cadena Clavijo.
El Ministro de Defensa Nacional,
Rafael Pardo Rueda.
El Ministro de Agricultura,
Alfonso López Caballero.
El Ministro de Desarrollo Económico,
Luis Alberto Moreno Mejía.
El Ministro de Minas y Energía,
Guido Nule Amin.
El Ministro de Comercio Exterior,
Juan Manuel Santos Calderón.
El Ministro de Educación Nacional,
Carlos Holmes Trujillo García.
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
Luis Fernando Ramírez Acuña.
El Ministro de Salud,
Gustavo Ignacio De Roux Rengifo.
El Ministro de Comunicaciones,
William Jaramillo Gómez.
El Viceministro de Obras Públicas y Transporte, encargado de las funciones del Despacho del Ministro de Obras Públicas y Transporte,
Juan Alfonso Latorre.
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Diario Oficial correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.