por el cual se modifica el régimen de nomenclatura, clasificación y remuneración de empleos de la Defensoría del Pueblo y se dictan otras disposiciones

El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992,

DECRETA:

Artículo 1°.De la clasificación de los empleos. Según la naturaleza general de sus funciones, la índole de sus responsabilidades y los requisitos exigidos para su desempeño, los empleos de la Defensoría del Pueblo a que se refiere el presente decreto se clasifican en los siguientes niveles:

– Directivo

– Asesor

– Ejecutivo

– Profesional

– Técnico

– Administrativo.

Artículo 2°.Del nivel directivo. El nivel directivo comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de dirección general, de formulación de políticas y de adopción de planes y programas para su ejecución.

Artículo 3°.Del nivel asesor. El nivel asesor agrupa tanto los empleos cuyas tareas consisten en asistir y aconsejar directamente a los funcionarios de empleos del nivel directivo.

Artículo 4°.Del nivel ejecutivo. El nivel ejecutivo comprende los empleos cuyas funciones consisten en la dirección, coordinación y control de las unidades o dependencias internas que se encargan de ejecutar y desarrollar sus políticas, planes y programas.

Artículo 5°.Del nivel profesional. El nivel profesional agrupa aquellos empleos a los que corresponden funciones cuya naturaleza demanda la aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional reconocida por la ley.

Artículo 6°.Del nivel técnico. El nivel técnico comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología.

Artículo 7°.Del nivel administrativo. El nivel administrativo comprende los empleos cuyas funciones implican ya el ejercicio de actividades de orden administrativo complementarias de las tareas propias de los niveles superiores, y aquellas que se caracterizan por el predominio de actividades manuales o de tareas de simple ejecución.

Artículo 8°.De la denominación del empleo. Se entiende por denominación del empleo a identificación del conjunto de funciones, deberes, atribuciones y responsabilidades que constituyen un empleo. Por grado, el número de orden que indica la asignación mensual del empleo dentro de una escala progresiva, según la complejidad y responsabilidad, inherente al ejercicio de sus funciones.

Artículo 9°.De la asignación mensual. La asignación mensual correspondiente a cada empleo está determinada por sus funciones y responsabilidades, así como por las competencias laborales requeridas para su ejercicio, según la denominación del empleo y el grado establecido por el presente decreto en la nomenclatura y la escala salarial.

Artículo 10.Del código. Para el manejo sistematizado del régimen de clasificación y remuneración, cada empleo se identifica con un código de seis cifras. El primer dígito señala el nivel al cual pertenece el empleo; los tres siguientes dígitos indican la denominación del cargo; los dos últimos corresponden al grado salarial.

Artículo 11.De la nomenclatura de empleos. La nomenclatura y clasificación de empleos públicos de la Defensoría del Pueblo, de que tratan las Leyes 24 de 1992 y 941 de 2005 y el Decreto 3564 de 2006 quedará así:

Artículo 12.De las equivalencias de empleo. Establécense las siguientes equivalencias de empleos entre la nomenclatura y clasificación prevista en las Leyes 24 de 1992 y 941 de 2005 y el Decreto 3564 de 2006 y la nomenclatura y clasificación de empleos prevista en el artículo 11 del presente decreto, así:

Artículo 13. Con estricta sujeción a lo dispuesto en el presente decreto el Defensor del Pueblo procederá a ajustar mediante resolución interna la planta de personal de acuerdo con las anteriores equivalencias dentro de los dos (2) meses siguientes a la publicación del presente decreto.

Artículo 14. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y modifica en lo pertinente las Leyes 24 de 1992 y 941 de 2005 y deroga el Decreto 3564 de 2006.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 9 de febrero de 2009.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro del Interior y de Justicia,

Fabio Valencia Cossio.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Oscar Iván Zuluaga Escobar.

La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Elizabeth Rodríguez Taylor.