Sobre formación del censo general y distribución de la suma destinada al efecto

El Presidente de los Estados Unidos de Colombia,

considerando:

1.° Que según el inciso 7.° del artículo 17 de la Constitución nacional, la formación del censo general es asunto de la competencia del Gobierno de la Unión ;

2.° Que está vigente la ley cardinal sobre la materia, fecha 1.° de Abril de 1858, cuyas disposiciones fueron mandadas observar por la 21 de 1864 y por la 17 de 1869 ;

3.° Que el censo que rige es el aprobado por la ley 49 de 1871, el cual ha debido renovarse a los ocho años ;

4.° Que objetado el proyecto de ley sobre aprobación del censo del Estado de Bolívar, recientemente enviado, hay que prescindir de la partida de diez mil pesos que figura en la primera liquidación del Presupuesto de este año, al hacerse el reparto proporcional entre las entidades territoriales de la Unión, de la suma apropiada para el censo de todas ellas;

5.° Que según consta en las observaciones con que fue devuelto el citado proyecto, es conveniente para el servicio público que la formación del censo general se haga simultáneamente en toda la República, para cuyo gasto existe la partida total de noventa mil pesos en el Presupuesto mencionado, y

6 ° Que en la actualidad no puede hacerse uso de dicha suma, por la mala situación del Tesoro; pero que esto no obsta para que se haga el trabajo en la seguridad de que se pagará después de concluido, como lo permitan los recursos fiscales;

decreta:

Art. 1.° Los Gobiernos de los Estados de la Unión y los Prefectos de los Territorios nacionales procederán sin pérdida de tiempo a la formación del censo general, ajustándose a las prescripciones de la citada ley de 1.° de Abril de 1858 y del decreto ejecutivo de fecha 2 de Octubre de 1869, y consultando además el de 30 de Julio de 1858 para la mejor inteligencia de los puntos que puedan ser aplicables en la actualidad.

Art. 2.° Los mencionados Prefectos ejercerán en sus Territorios las mismas funciones atribuidas a los Presidentes o Gobernadores de Estado por el antedicho decreto de 2 de Octubre de 1869, y considerarán, para la juiciosa aplicación de las reglas establecidas, los Territorios, Corregimiento, y caseríos, como Estados, Provincias y distritos, respectivamente, a fin de que haya homogeneidad en los procedimientos administrativos y de que sirvan para los cuadros los modelos ya distribuidos.

Art. 3.° Los cuadros de distritos de círculos y generales deberán ser remitidos directamente a la Secretaría de Fomento por los Presidentes o Gobernadores y por los Prefectos, para el correspondiente examen de ellos, envío al Congreso de los que resulten exactos y formación del resumen general del censo de toda la República.

Art. 4.° Dichos cuadros deben ser bien formados en todo sentido, tanto en la colocación de las cifras como en las adiciones parciales, centralizaciones y totales; de tal modo que los que contengan errores de cualquier clase no serán enviados al Congreso, sino devueltos a los funcionarios remitentes, con los demás del grupo a que correspondan, para las correcciones del caso.

Art. 5.° Los censos parciales que sean aprobados por el Congreso, serán pagados por el Poder Ejecutivo a los Estados y Territorios, según la distribución que contiene el artículo siguiente; pero los que se devuelvan para su reforma no lo serán sino cuando, una vez corregidos satisfactoriamente, obtengan dicha aprobación legal.

Art. 6.° La suma de noventa mil pesos apropiada en el Presupuesto, distribuyese en los términos siguientes, proporcionales al número de habitantes de los Estados y Territorios, según los últimos datos oficiales aceptados (Anuario Estadístico de 1876), a saber :

Habitantes.

Art. 7.° Los funcionarios que intervengan un la formación del censo, tendrán el mayor escrúpulo en la fijación del número de habitantes, sin que un mal entendido patriotismo, el deseo de subsanar deficiencias que sospechen haber ocurrido en distintas localidades, o consideraciones de otro género, los muevan a aumentar los resultados, pues sería altamente perjudicial a la dignidad del Gobierno que el Congreso sancionara de buena fe, dando su aprobación en vista de documentos legales, irregularidades que pudieran ser justamente censuradas por la opinión pública fundada en pruebas irrecusables de otro carácter.

Dado en Bogotá, a 10 de Noviembre de 1882.

FRANCISCO J. ZALDÚA.

El Secretario de Fomento,

Felipe F. PAÚL.