Por el cual se reglamenta el Convenio números 8 y 23 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por la Ley 129 de 1931

El Presidente de la República de Colombia,

en uso de sus atribuciones legales y en especial de las que le confiere el numeral 3o del artículo 120 de la Constitución Nacional,

DECRETA:

Artículo primero. El presente Decreto se aplica a todos los buques que se dediquen a la navegación marítima y a los armadores, capitales y gente de mar de estos buques.

Artículo segundo. El presente Decreto no se aplica:

• a) A los buques de guerra;

• b) A los buques del Estado que no estén dedicados al comercio;

• c) A los buques dedicados al cabotaje nacional;

• d) A los yates de recreo;

• e) A las embarcaciones comprendidas en la denominación de "Indian Country Craft"

• f) A los barcos de pesca;

• g) A las embarcaciones cuyos desplazamientos sea inferior a 100 toneladas o a 300metro cúbicos, ni a los buques destinados al "home trade" cuyo desplazamiento sea inferior al límite fijado para el régimen especial de estos buques por la legislación nacional vigente al adoptarse el presente convenio.

Artículo tercero. A los efectos del presente Decreto, los términos que aparecen a continuación tendrán el significado siguiente:

• a) El término "buque" comprende cualquier clase de barco o embarcación, de propiedad pública o privada que se dedique habitualmente a la navegación marítima;

• b) El término "Gente de Mar" o "Marino" comprende a todas las personas (excepto los capitanes, pacticos, alumnos de los buques de escuela y aprendices obligados por un contrato especial de aprendizaje) empleadas o contratadas a bordo, que figuren en la lista de la tripulación y excluye a los tripulantes de la Armada Nacional y demás personal al servicio del permanente del Estado;

• c) El término "Capitán" se refiere a todas las personas, excepción hecha de los prácticos, que manden y tengan la responsabilidad de un buque.

Artículo cuarto. La gente de mar que haya sido desembarcada durante la vigencia del contrato, o a su terminación tendrá derecho a ser transportada a su propio país, al puerto donde fue contratada, a menos que las partes establecieran en el contrato de trabajo como punto de repartición el puerto de zarpe del buque.

Los gastos de repatriación estarán a cargo del armador.

Artículo quinto. Se considera que la gente de mar ha sido debidamente repatriada cuando se le haya obtenido un empleo conveniente a bordo de un buque que se dirija a uno de los puntos de destino determinados en el artículo anterior. Se considera también repatriada a la gente de mar que haya desembarcado en su propio país, en el puerto de donde fue contratada o en un puerto vecino, o en el puerto zarpe del buque.

Artículo sexto. En el contrato de trabajo de la gente de mar se determinarán las condiciones en que tendrá derecho a ser repatriada la gente de mar extranjera embarcada en un país que no sea el suyo. Sin embargo las disposiciones de los artículos anteriores seguirán siendo aplicables a la gente de mar embarcada en su propio país.

Artículo séptimo. Los gastos de repatriación comprenden todos los relacionados con el transporte, alojamiento y manutención de la gente de mar durante el viaje, e incluyen igualmente los gastos de mantenimiento de la gente de mar hasta el momento fijado para sus salidas. Cuando se repatríe al interesado como miembro de una tripulación, tendrá derecho a la remuneración por los servicios prestados durante el viaje.

Artículo octavo. El Gobierno velará por la repatriación de la gente de mar sin distinción de nacionalidad.

Artículo noveno. Este Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. E., a 16 de abril de 1973.

MISAEL PASTRANA BORRERO

Crispín Villazón de Armas, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.