plan Nacional de Desarrollo e Inversiones 1995 - 1998

Sin embargo, muchas de las normas que rigen esta estrategia son recientes y serán desarrolladas de manera que las acciones sectoriales se ajusten al papel de cada nivel de Gobierno en la estructura del Estado, con el propósito de que sean consistentes con la dinámica territorial. En este proceso de desarrollo legal, se tendrán en cuenta, de igual forma , los costos que implica asumir las nuevas competencias en los departamentos y municipios, y generar incentivos y compromisos para que los entes territoriales continúen con el proceso de adopción de las responsabilidades que se les han asignado.

En consecuencia, se promoverá la consolidación del ordenamiento territorial, al tener en cuenta la heterogeneidad existente, respetar la autonomía de cada entidad territorial, e impulsar la armonización de los diversos regímenes territoriales. En este propósito es fundamental el liderazgo de la vicepresidencia de la república como instancia orientadora de la descentralización, del ministro del Interior como ejecutor de la política de descentralización y el decidido compromiso de los mandatarios territoriales.

Como parte de esta estrategia, y con el fin de lograr la consolidación del proceso, la etapa de transición se desarrollará con un programa cuyo objetivo general es conformar y poner en funcionamiento un esquema de coordinación, seguimiento y evaluación de la descentralización, que permita el fortalecimiento de la autonomía territorial, en la medida que se asuman sus respectivas competencias.

La realización de este programa implica la formulación y realización de acciones encaminadas hacia: (1) el diseño, conformación e implantación de un sistema de información territorial; (2) el diseño y puesta en marcha de un sistema de control y seguimiento de los recursos y evaluación de la gestión, adoptando los lineamientos del Sistema nacional de evaluación de resultados; y (3) la programación, ajuste, seguimiento y evaluación a los procesos de distribución, cesión y adopción de competencias entre la nación y las entidades territoriales.

• D. Fortalecimiento fiscal

Para que las entidades territoriales asuman sus competencias funcionales, e impulsen su desarrollo y el de sus comunidades, la descentralización fiscal ha avanzado en la redefinición del sistema intergubernamental de transferencias (situado fiscal, participación municipal en los ingresos corrientes de la nación y cofinanciación), en algunos aspectos crediticios y en la redefinición del manejo de recursos provenientes de las regalías 1 .

Simultánea, la descentralización fiscal ha consolidado las bases para la descentralización de las competencias funcionales y, por ende, de la decisión del gasto. Se estima que los niveles departamental y municipal presentarán un crecimiento del 11,5% promedio real anual en su gasto entre 1994 y 1998, crecimiento superior al 5,7% estimado para el PIB en el mismo período. Este incremento en el gasto se financiará, en gran parte, con los mayores recursos a disposición de las entidades territoriales (Gráfico 9.1).

La participación en el gasto público total, por niveles de Gobierno, refleja el avance que se espera registrar en el período 1994-1998. En efecto, el nivel nacional pasará de una participación de 60,8% en el gasto total a 58,8% en 1998, mientras que los municipios pasan de representar un 22,4 a 25.3% en el gasto total (Gráficos 9.2).

No obstante la mayor transferencia de recursos del nivel nacional al territorial, la descentralización fiscal sólo podrá consolidarse en la medida en que las entidades territoriales asuman sus nuevas competencias, al ejecutar la inversión que históricamente ha sido responsabilidad del nivel nacional, para lo cual será necesario que fortalezcan sus ingresos propios con el objeto de solventar otros gastos y poder estar en condición de destinar las transferencias recibidas de la nación en los sectores prioritarios de inversión que ahora les competen.

Para equilibrar, profundizar y consolidar la descentralización fiscal, se desarrollará el Programa de Fortalecimiento del Sistema de Financiamiento Territorial. Con su realización se espera lograr una estructura de financiamiento sana y equilibrada, acorde con las necesidades de financiación de los diferentes niveles de Gobierno y de conformidad con sus competencias funcionales. El desarrollo de este programa se llevará a cabo teniendo en cuenta las disparidades que en materia fiscal presentan las entidades territoriales entre sí y a su interior.

Para concretarlo y ponerlo en marcha, este Gobierno avanzará en la definición de acciones conducentes a:

(1) Dotar de fuentes alternativas de financiamiento a las entidades territoriales, especialmente a los departamentos, y de instrumentos que les permitan fortalecer las fuentes actuales. Con este propósito, el Gobierno presentará al Congreso de la República proyectos de ley para reformar y modernizar la estructura tributaria de las entidades territoriales.

(2) Mejorar la eficiencia en el recaudo de los tributos propios de las entidades territoriales, así como en la vigilancia y control de las actividades que inciden en su recaudo, así como mejorar la eficacia de sus estructuras tributarias. Para ello, el Gobierno nacional consolidará un programa de asesoría, asistencia técnica y capacitación, que propenda por el aumento de las capacidades de gestión de los departamentos, distritos y municipios para administrar sus asuntos financieros, y el diseño de indicadores que permitan hacer un seguimiento y control del desempeño fiscal territorial.

(3) Revisar el sistema intergubernamental de transferencias, con el propósito de conciliar: (i) los criterios y prioridades sectoriales del gasto con las necesidades territoriales, de tal forma que los niveles de Gobierno puedan ejercer una mayor autonomía sobre sus recursos; y (ii) los criterios nacionales de distribución de los recursos con las desigualdades y realidades territoriales -redistribución, equidad y equilibrio. Con este propósito, el Gobierno nacional promoverá la conformación de un sistema mínimo de información territorial transparente, confiable y oportuno que refleje, entre otros, los indicadores de las entidades territoriales sobre: las necesidades básicas insatisfechas, la población y su dinámica, la capacidad financiera, las ventajas competitivas y actividad económica, y la capacidad técnica y administrativa.

(4) Reglamentar el Fondo Nacional de Regalías, de tal forma que: (i) sus efectos no agudicen las desigualdades territoriales, (ii) su operación se fundamente en las instituciones ya existentes, y (iii) se concilie con los procedimientos y criterios básicos de otros esquemas de financiamiento territorial en marcha.

(5) Fortalecer el sistema nacional de cofinanciación, con: (i) la consolidación y concertación de una metodología para establecer cupos indicativos por entidad territorial y el establecimiento de categorías de las entidades territoriales para la definición de los porcentajes de cofinanciación; (ii) la definición, divulgación y capacitación sobre metodologías y procedimientos simplificados y unificados para la presentación y trámite de proyectos para cofinanciación; (iii) la adecuación y consolidación institucional y operativa del sistema en todos los niveles de Gobierno, con énfasis en las Unidades Departamentales de Cofinanciación, bajo la coordinación del Departamento Nacional de Planeación; y (iv) la revisión de los convenios con las entidades territoriales, para garantizar su ejecución ágil y oportuna.

(6). Aumentar la capacidad de negociación de las entidades territoriales de menor desarrollo relativo, para gestionar y acceder a las distintas fuentes de recursos (cofinanciación, crédito, sector privado, entre otras). Para ello, se consolidará en el programa de impulso al desarrollo institucional de la nación y las entidades territoriales, la asistencia técnica y financiera en esta área.

(7). Asegurar, mediante planes de desempeño, que el nivel de endeudamiento de las entidades territoriales sea consistente con las metas macroeconómicas, y que la contratación del crédito, se realice con criterios de capacidad de endeudamiento y de pago.

(8). Propiciar la eficacia del gasto territorial y su consistencia con los propósitos y líneas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo, mediante la promoción y consolidación de una Red de Bancos de Proyectos y el establecimiento de un sistema nacional de metodologías e indicadores de seguimiento, evaluación de gestión y resultados de la inversión territorial.

• II. PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

El desarrollo sólo puede emanar de las acciones, aspiraciones y conciencia creativa y crítica de los propios actores sociales, que deben pasar de ser considerados objetos de programas de Gobierno a asumir su papel como sujetos del desarrollo.

Uno de los cambios fundamentales de la Constitución de 1991 es el reconocimiento de la función de la sociedad civil en la formulación, manejo y evaluación de las tareas del Estado, al consignar la soberanía en el pueblo y el sistema político como una democracia participativa. Los desarrollos legislativos de los artículos constitucionales han creado un complejo mapa de ámbitos de participación, los cuales apenas comienzan a ser utilizados y lograr coherencia, quedando aún por legislar sobre unos y reglamentar otros.

Sin embargo, el corto horizonte temporal con el cual la sociedad civil ha asumido estas nuevas responsabilidades hace necesario el desarrollo de políticas y acciones públicas que contribuyan a hacer efectiva la participación y apoyar el desarrollo de organizaciones y capacidades de articulación de intereses que, por su legitimidad, racionalidad y gobernabilidad, contribuyan a aumentar la efectividad de ellas mismas y del Estado.

La esencia de la acción del Gobierno y del Estado es el bienestar de la sociedad civil que, a su vez, debe asumir su rol protagónico como fuente de iniciativas y como mecanismo de control frente a la gestión pública, al contribuir a un buen Gobierno y a la participación de un nuevo ciudadano comprometido con el desarrollo de su comunidad.

El compromiso con la participación ciudadana es definitivo como complemento de un buen Gobierno. Por ello, la transparencia de la información, la consulta de las decisiones públicas, la rendición de cuentas y la inclusión de la audiencia de los ciudadanos en los procesos de formulación y evaluación de la gestión pública es una voluntad que el Gobierno nacional reitera a cada una de las esferas del Estado.

Para ser partícipes de este proceso, el nuevo ciudadano de hoy y de mañana, con sus derechos y deberes políticos, civiles y sociales, las organizaciones políticas y las civiles que incluyen a las organizaciones comunitarias, las de agregación y articulación de intereses, las de los consumidores, las pro defensa de reivindicaciones específicas y las no gubernamentales con capacidad de contribuir a la puesta en práctica de los programas de desarrollo del Gobierno, y los movimientos sociales, todos ellos miembros de la sociedad civil, contarán con ámbitos de participación y apoyos específicos sin que se menoscabe su autonomía o se reproduzcan en su interior los problemas que la sociedad civil misma está llamada a resolver.

A. Desarrollo de la sociedad civil

Tres elementos contribuirán al desarrollo de la sociedad civil y al éxito de los procesos de concertación: el conocimiento de los ámbitos de participación, la difusión de la información y el desarrollo de capacidades para la participación.

Para conocer los ámbitos de participación se establecerán, completarán y difundirán los mapas institucionales y el marco legal que rodea a cada uno de ellos, clasificado en sus componentes político, administrativo o económico, sectorial, territorial, instrumental u orgánico, y por niveles, para que el ciudadano clarifique y ejerza sus opciones de participación. El impacto de la descentralización, su consolidación institucional y la legislación sectorial definen un amplio espectro de espacios de participación que cada autoridad competente debe ayudar a conocer, consolidar y respetar.

En segundo lugar, la difusión de información descriptiva, comparativa y analítica que se requiere para participar en cada ámbito, debe generar las bases cuantitativas y cualitativas que ayuden en la toma de decisiones, implantación, evaluación y retroalimentación de la acción estatal. En tal información se indicará la fuente, frecuencia, localización y su nivel de desagregación, para poder definir en forma realista los objetivos y poder evaluar la gestión pública, tal como lo propone el sistema nacional de evaluación de resultados. Para ello se apoyará la labor del DANE, y de las otras entidades del Estado que producen información, para que presenten estadísticas y evaluaciones sectoriales, territoriales y fiscales oportunas, y las difundan en forma regular y confiable para que los colombianos puedan participar en todos los ámbitos de la vida ciudadana. Igualmente, se concientizará a los servidores públicos de su responsabilidad legal con la ciudadanía a este respecto.

En tercer lugar, se apoyará el desarrollo de capacidades del nuevo ciudadano, tanto en su expresión individual como colectiva y en particular de las poblaciones marginadas, para que participe efectivamente con información convertida en conocimiento. La estrategia del Estado focalizará sus esfuerzos en la expansión y consolidación de los ámbitos de participación ciudadana en aquellas zonas periféricas, urbanas y rurales, y en el aumento de la capacidad de sus ciudadanos y sus organizaciones, habilitándolos para cumplir las nuevas responsabilidades consagradas en la Constitución y la ley y expandir la frontera de la paz. Este desarrollo debe ampliarse para garantizar que las generaciones futuras de ciudadanos vivan, en su socialización temprana, experiencias participativas en la familia y en los planteles educativos. Además el Gobierno, bajo la coordinación de la vicepresidencia de la república, apoyará la formación de los servidores públicos, al promover los conceptos de gestión, responsabilidad pública y participación ciudadana.

Con los anteriores propósitos, en el Ministerio de Gobierno, el Fondo para la Participación Ciudadana cofinanciará programas que hagan efectiva la participación ciudadana, mediante la difusión de sus procedimientos, la capacitación de la ciudadanía y de sus organizaciones para el ejercicio de las instituciones y mecanismos reconocidos en la ley, así como el análisis y evaluación del comportamiento participativo. El Fondo, en lo relativo a su competencia, ejecutará la política de participación que ponga en marcha el Ministerio de Gobierno en coordinación con la vicepresidencia de la república. Para tal fin concertará la acción pública y privada, y cofinanciará proyectos en investigación y acciones efectivas de participación que realicen universidades, ONG y demás organizaciones civiles y comunitarias. Las entidades públicas comprometidas con acciones de promoción de la participación accederán a recursos de inversión a través de la presentación de proyectos al fondo de Participación Ciudadana.

B. La consolidación de una estructura institucional de la sociedad civil

La sociedad civil requiere consolidar la estructura jurídica que la enmarca. Para ello, se impulsará la elaboración de la normatividad que regule los aspectos pendientes de definición de los artículos 2, 39, 103 y 270 de la Constitución, con el fin de construir canales de interlocución e interlocutores válidos frente al Estado que representen los intereses sociales y a la vez organicen, canalicen y expresen las iniciativas ciudadanas que hasta ahora hayan estado desarticuladas o dispersas. Dentro del mismo contexto constitucional, y tomando adicionalmente en cuenta el artículo 355, el Gobierno se propone expedir la normatividad orientada a ampliar la capacidad de gestión y contratación de las organizaciones civiles con el Estado, con el fin de que accedan a los mecanismos de cofinanciación y se fomente su capacidad y desarrollo, de manera que ofrezcan garantías tanto a los individuos como a la sociedad y al Estado. Igualmente, estudiará la regulación jurídica de las formas de propiedad de los bienes comunitarios o colectivos.

La participación debe permear los espacios de decisión, ejecución y fiscalización de las inversiones públicas que tengan un impacto significativo sobre la comunidad y su desarrollo. Para tal fin, mediante instrumentos legales se estimulará y facilitará la acción de las veedurías ciudadanas y se dará estricto cumplimiento a las normas que regulan el ejercicio de los derechos de petición e información, entre otras.

Así mismo, se impulsará la reglamentación y utilización efectiva de las acciones populares y las acciones de cumplimiento tendientes a garantizar los derechos colectivos, así como la observancia de las leyes y actos administrativos.

Se conformará una comisión interinstitucional que se convertirá en interlocutor de las ONG, las organizaciones comunitarias y demás organizaciones civiles, que contribuirá a promover y coordinar con los diferentes ministerios y entidades territoriales proyectos que puedan ser acometidos por ellas, y evaluará los resultados de tales actividades en colaboración con las organizaciones nacionales que las agrupen, para precipitar los procesos de aprendizaje y desarrollo institucional que se plantean para la gestión pública y el buen Gobierno. Esta comisión estudiará un sistema de costeo de las actividades contratadas que incluya los costos fijos y variables imputables al servicio, así como los incentivos para estimular la consolidación de organizaciones de menor tamaño y que actúen en zonas marginadas.

• C. La participación política de la sociedad civil

La democracia participativa implica el fortalecimiento de los espacios, las estructuras y los mecanismos de articulación y agregación de intereses. Sin embargo, garantizar la participación supone contar con actores que la posibiliten. La ausencia de un verdadero sentido de ciudadanía hace que los mecanismos constitucionales y legales, aunque útiles, sean insuficientes para garantizar que la participación potencial se haga efectiva. Para crear un nuevo ciudadano se requiere desarrollar una nueva cultura política que propicie desde los ámbitos local y privado, una cultura democrática y participativa, de convivencia ciudadana y de respeto a los derechos humanos.

En este contexto, la normatividad existente en materia de estatuto de los partidos, voto programático, revocatoria del mandato y todos los mecanismos políticos consagrados en la Ley 134 de 1994 -iniciativa legislativa y constitucional, plebiscito, referendo, consulta popular, cabildo abierto- ofrece sin duda un amplio espectro para la expresión política del ciudadano elector y de sus organizaciones. No obstante, el Gobierno es conciente de que estos mecanismos no han sido suficientemente utilizados por la ciudadanía, por lo que sus esfuerzos se encaminarán a la promoción y socialización de los mismos.

Adicionalmente, con el ánimo de dotar de mayores garantías a los partidos y movimientos políticos, e particular a aquellos que no participan en el Gobierno y a las minorías políticas, se impulsará la expedición de un estatuto integral de la oposición.

Con el fin de mejorar la gestión y garantizar mayor transparencia y eficiencia en el proceso electoral y en el reconocimiento de la ciudadanía, se apoyará a la Registraduría Nacional del Estado Civil en un programa de modernización de los sistemas de registro civil e identificación, de almacenamiento, administración y operación de archivos y de inscripción de ciudadanos.

Por último y tomando en cuenta que la voluntad de consolidar en el país la democracia participativa no implica una negación sino un enriquecimiento de la democracia representativa, se estudiarán propuestas que, bajo criterios de eficacia y eficiencia, contribuyan a incrementar la capacidad legislativa del Congreso de la República, como mecanismo de participación y articulación de demandas sociales.

• III. GESTIÓN PUBLICA

La eficiencia y la eficacia en todas las actividades del Estado permitirá una mejor prestación de servicios y una mayor producción, al potencializar los objetivos del Salto Social y de la construcción del nuevo ciudadano. Para lograrlo, el Gobierno introducirá modificaciones conceptuales, procedimentales e institucionales en las actividades del Estado, para crear una nueva visión de la gestión pública especialmente dirigida al cumplimiento de sus objetivos sociales.

Los conceptos fundamentales de esta nueva visión serán la planeación y la evaluación de las responsabilidades y las actividades públicas, entendidas como un proceso continuo y participativo de definición de estrategias en torno a unos objetivos definidos y no únicamente como la etapa inicial de la gestión pública.

Los conceptos presupuestales serán sustituidos por categorías estratégicas y sobre el resultado de éstas habrá responsables específicos. Los programas de Gobierno se enmarcarán en un esquema que garantice la coordinación inter e intrainstitucional, y la toma de decisiones en los diferentes niveles del Estado se apoyará en información pertinente que generará el Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de la gestión pública. Finalmente, la capacidad técnica de la Administración se fortalecerá a través de acciones destinadas a mejorar la gestión individual de las instituciones.

A. Creación de conceptos y categorías estratégicas

Los programas, subprogramas y proyectos que en la actualidad constituyen las unidades en las que se desagregan los presupuestos públicos, conformarán en adelante unidades de gestión. Es decir, estarán subordinados a su carácter de medios de acción para el logro de los objetivos establecidos por el Plan Nacional de Desarrollo que, a su vez, tienen como fin solucionar problemas específicos de la nación.

B. Asignación clara de responsabilidades

La nueva definición estratégica del Plan de Desarrollo no varía por sí sola la concepción de gestión pública. Ello requiere además de la asignación específica de responsables sobre resultados.

En consecuencia, se exigirá que los entes públicos definan su papel en el desarrollo del país, enmarcado en la organización institucional del Gobierno, con el objeto de lograr entidades públicas con finalidades claras y concretas. De esta forma, podrá asignarse la responsabilidad sobre los resultados del Plan a instituciones y cargos específicos.

En segundo lugar, el Gobierno difundirá en forma oportuna y transparente los lineamientos de política y sus implicaciones institucionales. De esta forma, los directivos podrán tener mayor autonomía en las decisiones sobre los procesos internos de las organizaciones y ser pública e institucionalmente claros responsables del resultado de los objetivos que se les han asignado.

Estas acciones en torno a la responsabilidad de los funcionarios públicos ante la sociedad civil y el Gobierno logrará, en adición a la acción decidida de vigilancia y castigo de las entidades fiscalizadoras, reducir los niveles de corrupción existentes.

• C. Coordinación inter e intrainstitucional

Para que el Plan de Desarrollo se articule como unidad de gestión, requiere de un esquema gerencial que oriente su ejecución. Dicho esquema supone necesariamente dos formas de coordinación complementarias. La primera trasciende la estructura sectorial del Gobierno nacional y permita que los programas y subprogramas que se encuentran distribuidos en diferentes entidades operen como verdaderas unidades de gestión. Para ello, y actuando como gerente del Plan de Desarrollo, el Departamento Nacional de Planeación, coordinará los programas del Plan que involucren la participación de diversos sectores, de tal forma que se asegure la consistencia y coherencia entre ellos.

De otro lado, el ámbito de ejecución de la gestión requiere de la coordinación al interior de cada una de las organizaciones del Estado que tendrá bajo su responsabilidad acciones especializadas del Plan Desarrollo, desarrollada por el ministro, gerente o director de entidad, con apoyo de un sistema de información gerencial asociado al sistema de evaluación.

• D. Evaluar para aprender

Cada momento de la gestión supone toma de decisiones y acciones encaminadas al alcance de metas. Por ello la gerencia pública orientada a resultados le impone al Gobierno nacional la necesidad de convertirse en una organización basada en información pertinente y oportuna. Para que este proceso sea eficaz se debe contar con un sistema de evaluación que genere dicha información y lo alimente en el tiempo.

El sistema nacional de evaluación de resultados se compone de una red de autoevaluaciones complementado con evaluaciones externas e independientes a las entidades. La red de autoevaluaciones se caracteriza por ser un proceso interno de aprendizaje continuo, lo que garantizará su permanencia. Será puesto en práctica a través de planes indicativos, instrumentos de medición de gestión que serán la base del proceso de alimentación continua de la planeación. La medición se hará a través del monitoreo de indicadores pertinentes, cuantificables y evaluables que traduzcan los objetivos del Plan de Desarrollo. Las oficinas de control interno tendrán la responsabilidad de garantizar la veracidad y oportunidad de la información a través de control de procedimientos que involucren a la organización entera en el proceso de autoevaluación.

Los análisis comparativos de los dos componentes del sistema permitirán medir el grado de cumplimiento de los objetivos del Gobierno, establecer y solucionar cuellos de botella para la ejecución, establecer criterios para asignación de recursos, reproducir éxitos y corregir o evitar procesos fallidos.

La participación ciudadana, a partir de la difusión sistemática de resultados de la gestión pública en los diversos sectores de la población nacional y local, será otro componente esencial del proceso de evaluación. Igualmente existirá un mecanismo de reconocimiento de méritos a la gestión que premie el buen desempeño de los administradores del Estado con base en resultados obtenidos.

E. Capacidad técnica e innovación en el Estado

La redefinición de los procesos de planeación, coordinación y evaluación generará un sistema gerencial para la administración pública que debería conducir a una mayor efectividad de la gestión del Gobierno. Sin embargo, elevar la capacidad institucional de los organismos requiere de acciones complementarias. En este campo, el Gobierno se comprometerá con reformas tecnológicas y organizativas, innovaciones en la prestación de servicios y desarrollo de una cultura de servicio público en los ciudadanos.

Con el objeto de adecuar las instituciones para enfrentar con exito los nuevos retos que les imponen la Constitución y las leyes, se adelantarán reestructuraciones institucionales. Por otra parte, se apoyará y se dará prioridad a las iniciativas sobre innovaciones tecnológicas al interior de sus instituciones, en especial las relacionadas con el procesamiento de información y las comunicaciones dado que el buen gobierno sólo puede lograrse cuando el Estado y la sociedad actúen cada vez con menores niveles de incertidumbre.

En este sentido se emprenderá la adecuación de la capacidad del DANE para que, en coordinación con otros productores de información, con los principales usuarios y con el DNP, desarrolle acciones de recuperación, actualización y mejoramiento de la calidad de la información estadística agregada de mayor interés nacional y desagregado por género cuando sea posible. Las acciones estarán encaminadas a la implantación del Sistema Estadístico Nacional y al incremento de las capacidades de análisis de los resultados, de divulgación y de atención de las nuevas necesidades de información a nivel nacional y territorial.

Por otra parte, el Gobierno se comprometerá con un programa orientado a hacer explícitos ante la ciudadanía los objetivos de servicio de las instituciones y crear mecanismos de interlocución entre el usuario y las directivas sobre el cumplimiento de dichos objetivos, a través del Programa "Trato Hecho" por la Vicepresidencia de la República. Este programa permitirá elevar el nivel de eficiencia en la prestación de servicios y producción de bienes, dotar de herramientas efectivas al ciudadano para hacer valer sus derechos y expectativas frente al Estado, y desarrollar el concepto de responsabilidad de los directivos y empleados públicos.

Con el fin de evaluar los resultados que produzcan las estrategias, políticas y programas incluidas en el Plan de Desarrollo, su real impacto en la sociedad y el logro de los objetivos formulados, se utilizarán, entre otros, los siguientes indicadores: número y porcentaje de pobres; muertes violentas por cada diez mil habitantes y por año, y el indice de desarrollo humano, incluyendo los ajustes por distribución del ingreso y disparidad entre los sexos.

Por último, con el fin de innovar la prestación de servicios públicos y pasar de un Estado empleador a un Estado eficiente, se incentivará la participación del sector privado a través de contrataciones, en aquellos casos en que se establezca su ventaja comparativa en términos de eficiencia y efectividad.

F. Gerencia Social

La política social, como eje de la estrategia de desarrollo del Gobierno, depende de la capacidad de gestión de las entidades públicas y privadas responsables de su ejecución.

Los programas y proyectos de inversión social se ubican en entornos con alto grado de complejidad, definidos por múltiples ejecutores sectoriales y por diversos grupos beneficiarios frecuentemente con intereses encontrados. Por esta razón, las relaciones no se establecen de manera cierta sino que exigen mayores niveles de flexibilidad y adaptabilidad.

La gerencia social es el conjunto de conocimientos que permiten conducir una institución a la obtención de metas determinadas de desarrollo social mediante el uso eficiente y racional de sus recursos. Así, para lograr el éxito en la ejecución de El Salto Social, adquiere particular relevancia fortalecer en estos conocimientos a quienes se encargan de la implantación de los programas o proyectos sociales.

En este contexto, dado que la gerencia social debe tener en cuenta la especificidad propia del sector, que no se logra abordar solamente con elementos de gerencia o administración tradicional, la implantación de los principios de gestión pública enunciados a lo largo de este capítulo se complementará con un programa que involucrará las siguientes acciones: a) incentivos a la implantación del sistema nacional de evaluación de resultados de la gestión pública en las entidades del sector social a nivel nacional y territorial; b) organización de formas no jerárquicas de coordinación inter e intrainstitucionales y sectoriales como son las redes institucionales y de servicio; c) difusión de técnicas que permitan la formación de consensos para incorporar y encauzar la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución y evaluación de los programas y proyectos; d) adopción de formas de implantación adaptativa y no programada; e) Promoción a la Excelencia en la Gestión del Desarrollo Social, que involucrará la difusión permanente de alternativas de gestión, de experiencias especiales en diferentes sectores y de indicadores sobre la evolución del desarrollo social a nivel nacional y territorial; f) Evaluaciones periódicas y sistemáticas de gestión social basadas en encuestas de satisfacción de usuarios; y g) Apoyo a proyectos específicos de mejoramiento de gerencia social a través del Fondo de Inversión Social.

CAPITULO 10.

AGENDA INTERNACIONAL

Los profundos cambios en los balances político, ideológico y económico que se han experimentado a nivel mundial en años recientes han acrecentado la interdependencia de las naciones, generando una gran diversidad de actores, intereses y escenarios de discusión y negociación. Esto impone la necesidad de desarrollar una nueva agenda internacional, que haga partícipe al país de los procesos de globalización e integración económica y le permita, al mismo tiempo, participar activamente en las discusiones internacionales sobre medio ambiente, derechos humanos, democracia, drogas ilícitas y lucha contra la pobreza, entre otros. Estos temas tienen una relevancia creciente en el desarrollo social y económico mundial. El país debe, por lo tanto, fortalecer su capacidad para actuar a nivel global e incrementar su participación en los foros internacionales.

En este panorama de interdependencia y globalización, Colombia promoverá el respeto de la libre determinación de los pueblos, la solución pacífica de controversias, la soberanía y la integridad territorial, la no intervención en los asuntos internos de los estados y, en general, de todos los principios del derecho internacional, cuya atención y observación son garantía de la convivencia pacífica.

En este marco, Colombia entiende que las políticas sobre los temas globales deben ser definidas por los Estados, y por la sociedad internacional en general, no sobre la base de una mayor tolerancia hacia la intervención unilateral de los países más poderosos en los más débiles, sino en el marco de esquemas de cooperación que tengan el efecto de distribuir equilibradamente los costos que implica alcanzar objetivos comunes en el tratamiento de tales asuntos. Los procesos de globalización e interdependencia no justifican la intervención sino que hacen imperativa la necesidad de fomentar la cooperación internacional.

Colombia promoverá y apoyará aquellos esfuerzos encaminados a la modernización y democratización de organismos internacionales. La ONU enfrenta en la actualidad el gran reto de adaptar sus estructuras al nuevo esquema internacional de la posguerra fría. Por ello, en conjunto con otros países del mundo en desarrollo, nuestro país participará activamente en las deliberaciones sobre la modernización de este organismo, mediante la definición y puesta en marcha de una serie de reformas en sus métodos de trabajo y en sus mecanismos e instancias de toma de decisiones.

En lo que respecta a la OEA, Colombia participará en el desarrollo de los principales temas que coparán la agenda de la organización durante los próximos años, en el marco del objetivo de redefinir las relaciones hemisféricas propuesto en el Plan de Acción de la Cumbre de las Américas de 1994 y que contempla las metas de preservar y fortalecer las democracias, promover la prosperidad a través de la integración y el libre comercio, garantizar el desarrollo sostenible y combatir la pobreza.

La cooperación entre los países del Sur y el fortalecimiento de su capacidad de negociación es indispensable para plantear una relación Norte-Sur que sea constructiva y que, basada en la cooperación, promueva el desarrollo social de los países en vía de desarrollo. Esta será la meta que, como Presidente del Movimiento de Países No Alineados, Colombia buscará entre 1995 y 1998. Así mismo, y con referencia al tema del comercio internacional, Colombia continuará participando en la Segunda Ronda de Negociaciones del Sistema Global de Preferencias Comerciales, con el fin de revitalizar y fortalecer la cooperación Sur-Sur, estimular el crecimiento económico de los países en desarrollo y garantizar su integración a la economía mundial. También es el propósito de Colombia promover una modernización de los métodos de trabajo del Movimiento en aras de una mayor eficiencia en sus múltiples actuaciones.

En suma, con el objetivo de coadyuvar en la construcción de un sistema internacional justo y equilibrado lo que se pretende es contribuir a concretar los procesos de reformas a que se han sometido los principales organismos internacionales, con el objeto de buscar que las decisiones de la comunidad internacional reflejen de manera apropiada las aspiraciones y los intereses de todos los países, promuevan el establecimiento de un escenario en el que impere la libertades fundamentales del individuo, se fortalezca la cooperación internacional y el libre comercio.

• I. AGENDA ECONÓMICA

La integración económica ha avanzado en América Latina en los últimos años a ritmos acelerados, modificando las relaciones comerciales y políticas de la región. Apoyada en claros principios de reciprocidad, Colombia continuará liderando este proceso e incentivará la participación de las empresas colombianas en los crecientes flujos de comercio e inversión intrarregionales. En este marco, seguirá apoyando el proceso de consolidación del Grupo Andino, la Asociación de Estados del Caribe, continuará las negociaciones con los países del Mercado Común Centroamericano, iniciará el proceso de negociación de vínculos más estrechos con Mercosur, y cumplirá plenamente los compromisos de los acuerdos de libre comercio con Chile y Caricom.

Con la aprobación en los Congresos de Colombia, Venezuela y México del Acuerdo del Grupo de los Tres, y a raíz de la Secretaría Pro-Témpore que Colombia asume a partir de marzo de 1995, se buscará desarrollar el tratado comercial para poner en práctica los objetivos económicos del convenio y para impulsar las finalidades del mismo en materia política, social y cultural. Adicionalmente, se buscará impulsar la vinculación de los proyectos del G-3 con las políticas de Colombia en la Asociación de Estados del Caribe, y en general frente a Centroamérica y el Gran Caribe.

Colombia apoyará, además, la ampliación de la agenda de negociación en todos los procesos, regionales y subregionales, particularmente los más avanzados, para que vayan más allá del libre comercio de bienes y busquen la homologación de las normas internas que afectan el comercio, la inclusión de temas relativos a servicios, la protección mutua a la inversión y, en el caso del Grupo Andino, la armonización gradual de políticas agropecuarias y macroeconómicas.

Adicionalmente, el Gobierno fortalecerá y ampliará las comisiones de vecindad, que han resultado un importante instrumento para estrechar los vínculos con países con los cuales tenemos una mayor proximidad geográfica. Este objetivo se enmarca en el convencimiento de que la figura de las comisiones de vecindad representa una instancia novedosa y pluralista de toma de decisiones en asuntos de integración binacional, en la que Gobierno, empresarios, comerciantes, inversionistas, y otros sectores de la sociedad civil, ejecutan proyectos y definen acciones concretas que hacen de la integración una realidad tangible. Con base en este fundamento, se incluirá una agenda amplia para las comisiones, que fuera de los temas comerciales, aborde también el mejoramiento de las condiciones de vida en las fronteras, el acercamiento cultural, la defensa de los ecosistemas, la integración de los servicios públicos y sociales, la cooperación en materia de orden público y la integración energética, entre otros.

Así mismo, el Gobierno buscará la aprobación y posterior aplicación de una Ley para Zonas de Frontera mediante la cual se garantizará que estas regiones limítrofes sean un polo de desarrollo, que permita profundizar los procesos de integración en los que participa Colombia y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Para adquirir una coherencia global, los acuerdos binacionales y subregionales deben dar paso a procesos más amplios, ya sea a nivel de América Latina o de todo el continente, que alcancen su consolidación antes del año 2005, fecha prevista por los países del hemisferio en la Cumbre de las Américas de 1994. En ese sentido, el Gobierno apoyará negociaciones a nivel de la región que tengan lugar en el marco de la ALADI u organismos similares. Iniciará, además, un proceso de discusión nacional en torno a la negociación con los países miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La integración hemisférica debe concebirse en forma más amplia que la simple constitución de un área de libre comercio de bienes, servicios y movilidad de capitales. En efecto, deben incluirse mecanismos complementarios del libre comercio que propendan por la convergencia gradual en los niveles de desarrollo de los distintos países del hemisferio. Como elemento esencial de este proceso de convergencia, los países de mayor desarrollo relativo deben incentivar una más activa transferencia de tecnología hacia los menos desarrollados. Este apoyo debe ser la contrapartida de los mayores costos en que incurren los segundos al reconocer los derechos de propiedad intelectual.

De otro lado, las relaciones comerciales de Colombia con la Unión Europea se han incrementado en los últimos años hasta llegar a convertirse en el segundo socio comercial de nuestro país. Para el Gobierno será, por tanto, prioritario consolidar las relaciones, al aumentar así el volumen de exportaciones a esta importante zona. Mediante el Programa especial de cooperación, (PEC), la Unión Europea ha apoyado los esfuerzos del país en la lucha contra el narcotráfico. Este instrumento debe servir para estrechar las relaciones con las naciones del viejo continente, entre las cuales se difundirán activamente las políticas colombianas en materia de desarrollo social, defensa y promoción de los derechos humanos, democratización, modernización económica, lucha contra las drogas ilícitas y protección del medio ambiente, entre otros. En este plano, se promoverá la celebración de Acuerdos Bilaterales de Promoción y Protección Recíproca de la Inversión Extranjera, BIT. Para tal efecto se impulsará la aprobación en el Congreso del Acuerdo suscrito con el Reino Unido, se culminarán las negociaciones con España, y se negociarán nuevos acuerdos con otros países europeos. Además se buscará establecer un diálogo activo con Suecia, Finlandia y Austria, nuevos miembros de la Unión Europea, y un mayor acercamiento con otros países de Europa Oriental, incluidas las repúblicas ex soviéticas.

El Gobierno avanzará también en el establecimiento de mayores vínculos de cooperación con los países de la cuenca del Pacífico. Con este propósito, diseñará una estrategia para acrecentar las relaciones comerciales con los países asiáticos del área. Como parte de este proceso, el país participará activamente en los nuevos organismos creados en la región, como el Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico, (PBEC), el Consejo de Cooperación Económica del Pacífico, (PECC) y, en el futuro, el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, (APEC). El Gobierno promoverá la vinculación de entidades públicas y privadas con sus homólogas asiáticas. Estas acciones son necesarias pues, sin duda, la cuenca del Pacífico es la región de más alto crecimiento económico, tecnológico y comercial del planeta.

El fortalecimiento del multilateralismo en materia de comercio y propiedad intelectual es esencial para la defensa de los intereses de los países en desarrollo. Por este motivo, la participación activa en la Organización Mundial de Comercio, OMC, cuya adhesión fue aprobada mediante la Ley 170 del 15 de diciembre de 1994, es un elemento esencial de la agenda internacional del Gobierno. La OMC debe convertirse en el foro apropiado para la defensa de los países en desarrollo contra el neoproteccionismo de las naciones industrializadas, que ha comenzado a expresarse en conceptos tales como el "dumping social", así como en el mecanismo para evitar que las presiones bilaterales sustituyan los instrumentos de un orden económico multilateral en el cual el tamaño de los países no sea elemento central de la negociación.

• II. NUEVA AGENDA INTERNACIONAL

A. Perfil social de la política exterior

Así como los temas económicos son de particular importancia en la agenda internacional del país, es fundamental que la política exterior adquiera un perfil social. Solo así, será posible mantener y mejorar los logros obtenidos en materia económica y continuar la consolidación de nuestra democracia.

Colombia liderará los procesos que permitan analizar y enfrentar aquellos problemas sociales que exigen la realización de acciones coordinadas por todas las naciones. En este marco, el país presentará, apoyará y liderará, en escenarios internacionales como la Cumbre de las Américas, el Ecosoc, el Movimiento de Países No Alineados, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, que se realizaron en 1995 en Copenhague y en la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, en Beijing, así como en conferencias futuras de este tipo, propuestas relacionadas con la erradicación de la pobreza, la creación de empleos, la ampliación de los servicios sociales y la conformación de redes internacionales de solidaridad social. Finalmente, Colombia promoverá la puesta en marcha de los planes de acción que resulten de estos eventos y de otros tantos que sean funcionales al cumplimiento del objetivo de proyectar internacionalmente el modelo de desarrollo alternativo propuesto por el Gobierno de Colombia.

B. Medio ambiente

El liderazgo de Colombia en asuntos ambientales internacionales y el fortalecimiento de la capacidad negociadora del país constituyen elementos fundamentales de la política exterior, ya que permiten que el país participe en las decisiones globales relacionadas con asuntos que como la supervivencia del planeta, la biodiversidad, el tráfico ilícito de especies en peligro de extinción, afectan sensiblemente los intereses nacionales.

La política exterior en esta materia se desarrollará en el marco de las conclusiones alcanzadas en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992 y de otros acuerdos e iniciativas de cooperación internacional. Además, seguirá los principios consagrados en la Ley 99 y, en particular, el principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas con respecto a los daños globales, el reconocimiento de las contribuciones y servicios ambientales prestados por Colombia a la comunidad internacional.

El Gobierno propondrá la adhesión del país a varios convenios internacionales, entre ellos, la Convención marco de cambio climático, el Convenio de Basilea para el tráfico de desechos de peligrosos transfronterizos, la Enmienda de Copenhague del protocolo de montreal, el Convenio relativo a la Asociación Interamericana de Información para el Cambio Global, (IAI), y el Protocolo Relativo a las Areas y Flora Silvestres especialmente protegidas del Convenio para la protección y el desarrollo del medio marino de la región del gran Caribe.

Se promoverá, también, a nivel internacional, y, en particular, a nivel andino, la adopción de decisiones en torno al acceso de los recursos genéticos derivados de la biodiversidad y de la bioseguridad. Se impulsará el Tratado de Cooperación Amazonia y se informará a las comunidades asentadas en la cuenca sobre los avances del mismo. En materia de asentamientos humanos, Colombia preparará su posición para la Cumbre de Ciudades y Hábitat II. La favorable coyuntura que otorga la Presidencia del Movimiento de los No Alineados será aprovechada por los Ministerios de Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Desarrollo.

Colombia desarrollará una estrategia explícita de cooperación internacional para el medio ambiente que sea proactiva, de conformidad con los acuerdos de Río de Janeiro y con los lineamientos y prioridades de políticas ambiental del país y el respecto a la soberanía nacional. Deberá promover la cooperación técnica y financiera internacional en las siguientes áreas prioritarias: fortalecimiento institucional, gestión ambiental urbana, control de la contaminación por fuentes fijas y móviles, eficiencia energética, manejo de desechos tóxicos y peligrosos, comercio y medio ambiente. Colombia también promoverá la transferencia de tecnologías ambientalmente idóneas en términos concesionales. Se explorarán nuevas formas de cooperación internacional como es el caso de la "implementación conjunta".

Por último, la política internacional propenderá porque el comercio externo y el desarrollo sostenible se apoyen mutuamente. Se rechazarán las medidas unilaterales de carácter ambiental en el campo comercial, y se promoverán nuevas oportunidades comerciales que resulten de los nuevos mercados verdes a nivel mundial. Los ministerios de Comercio Exterior y del Medio Ambiente promoverán a nivel subregional, (G-3 y JUNAC) el establecimiento conjunto de medidas que permitan armonizar requisitos ambientales de manera concertada, con el fin de nivelar las desigualdades de competencia, originadas en los diferentes estándares o normas ambientales nacionales.

• C. Derechos humanos

El consenso mundial en torno a la democracia ha fortalecido la concepción de los derechos humanos como un asunto esencial de las relaciones internacionales y como un fundamento imprescindible de la consolidación de la democracia. Colombia cumplirá todos los compromisos suscritos sobre el tema y aplicará con rigor el Protocolo II de la Convención de Ginebra sobre Humanización de la Guerra, con el fin de proteger a ciudadanos inocentes, víctimas de la violencia.

El Gobierno trabajará igualmente a fin de que nuestra compleja situación interna sea comprendida por fuera de las fronteras nacionales, para buscar e impulsar así la cooperación de la comunidad internacional en el desarrollo de las políticas de derechos humanos en campos como la educación, la capacitación y el fortalecimiento institucional, entre otros.

Así mismo, la política exterior buscará el apoyo de los organismos internacionales y las organizaciones no gubernamentales, para que su acción fortalezca y complemente los esfuerzos del Gobierno en la normalización de la situación de los Derechos Humanos.

• D. Drogas ilícitas

El Gobierno colombiano ha expresado en todos los contextos su rechazo a la producción, tráfico y consumo de drogas ilícitas, y su decisión de combatir de manera integral estos fenómenos en el marco del principio de la responsabilidad compartida. Ha manifestado también que éste es, por esencia, un problema multinacional, que sólo puede resolverse mediante acciones concertadas, conjuntas, integrales y equilibradas por parte de la comunidad internacional, atacando cada una de las fases de la cadena: la producción de materias primas, la desviación de productos químicos, el tráfico ilícito de armas, el lavado de dinero, el procesamiento, el consumo, y la distribución al mayor y al detal. La naturaleza misma de este fenómeno conlleva que los esfuerzos nacionales aislados sean insuficientes.

El carácter global del problema requiere una solución igualmente global. Debido a que los esfuerzos por erradicar todos los eslabones de la cadena internacional de las drogas ilícitas no han sido igualmente intensos en todos los países, el Gobierno continuará argumentando a nivel mundial que Colombia no puede ser el país que principal y solitariamente se haga cargo de la lucha contra este fenómeno, no sólo por razones de justicia sino por motivos de efectividad.

Colombia continuará participando activamente en los programas regionales derivados de la OEA/CICAD y en las iniciativas internacionales basadas en los lineamentos de la ONU/PNUFID, y liderará la propuesta de suscribir una Convención interamericana contra el lavado de dinero. Igualmente, exigirá que los esfuerzos que realiza el país para combatir la producción y el tráfico de estupefacientes formen parte de una estrategia global en la que estén contempladas políticas de represión del consumo en los países desarrollados, así como el control efectivo a las empresas de transporte y a los sistemas de aduana a fin de controlar el comercio de mercancías ilegales tales como productos químicos, armas, municiones y explosivos.

En el marco del principio de corresponsabilidad, el país solicitará el concurso de la comunidad internacional para que, mediante acciones concretas, entre ellas las preferencias comerciales y la cooperación en la financiación de los programas derivados de la política de desarrollo alternativo, demuestren su solidaridad con el esfuerzo realizado por el país en esta lucha mundial.

En suma, la política internacional de Colombia en materia de lucha contra las drogas ilícitas, hace énfasis en la búsqueda de la cooperación, entendida ésta como las acciones que comprometen a todas las naciones afectadas por el problema, dentro de un mayor equilibrio en la distribución de los costos y manteniendo la búsqueda de los intereses nacionales.

• III. POLÍTICA FRONTERIZA

Las zonas de frontera del país se han caracterizado por su escaso desarrollo económico y social, reflejado en el bajo nivel de vida de sus pobladores y en las precarias relaciones que sostienen con los países vecinos. Su dinámica está articulada a las relaciones de intercambio con las poblaciones fronterizas, al generar una alta vulnerabilidad a las políticas y a las coyunturas económicas de los países vecinos. Estas circunstancias se han reflejado, en diversos momentos, en condiciones económicas y sociales críticas para la población allí asentada. Con el fin de enfrentar estos problemas, el Gobierno nacional promoverá reformas legales y adelantará acciones, institucionales, económicas y sociales, orientadas a mejorar la calidad de vida de la población allí asentada y fortalecer su condición de zonas de frontera.

Debido a las ventajas comparativas que esas regiones poseen en el marco de la internacionalización y la apertura de la economía, las zonas de frontera deben constituirse, a mediano plazo, en los principales puntos de intercambio comercial que adelante Colombia con los países vecinos. Con este objetivo, se fortalecerá la infraestructura productiva y de servicios de los principales centros fronterizos, para lo cual se estudiará la aplicación de medidas que estimulen la inversión privada en las zonas, y se promoverá, igualmente, la consolidación de los principales puertos que faciliten el comercio binacional.

En los nuevos departamentos fronterizos, donde la presencia del Estado es débil, la Consejeria para los nuevos departamentos, en coordinación con los Corpes de la Orinoquía y Amazonía, apoyará programas especiales de desarrollo institucional y capacitación. Para las demás zonas, estas actividades serán adelantadas por los Corpes, con la coordinación de la vicepresidencia de la república y la Consejería para el desarrollo institucional de la presidencia.

Las acciones mencionadas, complementadas con otras actividades adelantadas en el marco de las estrategias de "El Salto Social", redundarán en mejores niveles de vida para sus pobladores y permitirán que estos centros sean interlocutores válidos para el fortalecimiento de las relaciones fronterizas y de vecindad.

Por otra parte, para aprovechar el potencial de las zonas fronterizas se promoverá la identificación, formulación y ejecución conjunta de planes, programas y proyectos de carácter binacional para la atención de la población fronteriza y el desarrollo de las regiones de influencia, en áreas como educación, salud, vivienda, energía, telecomunicaciones, saneamiento, y conservación, recuperación y aprovechamiento de los recursos naturales. Con este fin, se le dará mayor reconocimiento a las comisiones binacionales, al fortalecer la participación de las administraciones locales y del sector privado de la zona.

Para complementar las acciones enmarcadas en la política fronteriza, el Gobiernos Nacional adelantará las acciones necesarias para el cumplimiento de las metas propuestas, a través de la operacionalización del actual estatuto de fronteras o mediante el impulso de la legislación o reglamentación adicional requerida. El régimen especial para la frontera debe ser suficientemente flexible, para responder a la heterogeneidad de estas áreas, y no debe implicar la creación de nuevas entidades territoriales, que conllevarían una atomización de la inversión y una mayor complejidad en la estructura administrativa del país.

• IV. INTEGRACIÓN CON LOS COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR

Colombia tiene aproximadamente el 10% de su población en el exterior. La integración de estos colombianos al desarrollo del país y la defensa de sus intereses los hace parte integral de nuestra agenda internacional. Los lazos de nuestros conciudadanos con su patria deben fortalecerse mediante el desarrollo de los mecanismos de participación política previstos en la constitución de 1991, un sistema consular moderno y eficiente, y la consolidación de instrumentos de participación en el desarrollo del país, tales como la Red Caldas, a través de la cual los científicos colombianos en el exterior se vinculan al sistema nacional de ciencia y tecnología.

El Gobierno prestará atención especial a los presos colombianos en cárceles extranjeras y mediante las representaciones consulares, vigilará que reciban un debido proceso y les sean respetados sus derechos humanos. Los tratados de repatriación de presos serán presentados para la ratificación del Congreso y de manera simultánea se mejorarán las condiciones carcelarias en el país para hacerlos efectivos.

1 En esta materia, se reconoce la incorporación femenina a la actividad económica como fruto del aumento de los niveles educativos, la disminución de la tasa de fecundidad y la persistencia de los niveles de pobreza.

2 Ernesto Samper Pizano, El Tiempo de la Gente, Discurso de posesión, agosto 7 de 1994.

3 En términos técnicos, este capital comprende tanto los bienes públicos como aquellos que, aunque se pueden apropiar privadamente, generan fuertes externalidades.

CAPITULO 2.

1 Megavatios generados por millón de habitantes para algunos países de América Latina: México 285, Venezuela 938, Brasil 353, Argentina, 471, Chile 327. La cifra para los Estados Unidos es 3.040.

2 Número de kilómetros de vías por cada mil kilómetros cuadrados para algunos países de América Latina en 1990: México 125, Venezuela 110, Brasil 175, Argentina 77 y Chile 104. La cifra para los Estados Unidos es 555.

3 Fortaleza de la economía, internacionalización, gobierno, finanzas, infraestructura, administración, ciencia y tecnología y recursos humanos.

4 En esta sección se utilizan tres metodologías diferentes para medir la pobreza. La primera es la de necesidades básicas insatisfechas, en la cual se identifican aquellos hogares con algunos atributos que demuestran la ausencia de consumos básicos o la baja capacidad de generación de ingresos (no disponibilidad o mala calidad de la vivienda, falta de conexión de servicios públicos, dependencia de la familia de jefes de hogar con baja escolaridad e inasistencia de los niños a la educación primaria). La segunda, la "línea de pobreza", señala aquellos hogares cuyos ingresos se encuentran por debajo de un nivel de ingresos necesario para acceder a una canasta de consumo determinada. La tercera, construida a partir del Sistema de Identificación de Beneficiarios de los Subsidios del Estado (SISBEN), utiliza un indicador sintético de calidad de vida de la familia a partir de 150 variables que incluyen características socio-demográficas, tenencia de activos físicos, de propiedad raíz o activos financieros, educación de los padres y los niños, ocupación de todos los miembros del hogar, ingresos monetarios y no monetarios, que permite clasificar las familias en seis estratos diferentes.

5 World Bank, Poverty in Colombia, Washington, diciembre de 1994.

6 Carlos Eduardo Vélez , "La incidencia del gasto público social en Colombia", Mimeo, Santafé de Bogotá, septiembre de 1994, Cap. 4.

7 Echandía, Camilo, "Dimensión económica de la violencia y la criminalidad en Colombia", Mimeo, Santafé de Bogotá, 1994. Cifras posteriores de este acápite, sin fuente, son de este estudio.

8 Ministerio de Salud, "La carga de enfermedad en Colombia", Mimeo, Santafé de Bogotá, 1994.

9 Policía Nacional, Naciones Unidas, Organización Panamericana de la Salud.

10 Policía Nacional, Revista Criminalidad, Nos. 30-35

11 Consejo Superior de la Judicatura: "Plan de desarrollo de la justicia 1994-1998", Mimeo, Santafé de Bogotá, noviembre de 1994, pág. 25 y Ministerio de Justicia: "Justicia para la gente", Mimeo, Santafé de Bogotá, noviembre de 1994, pág. 8.

CAPITULO 3.

1 Salvo la inversión que se realiza directamente desde el exterior en finca raíz, que venía experimentando un repunte especulativo bajo fuerte evidencia de estar asociada al lavado de dólares provenientes del narcotráfico. Los inversionistas extranjeros que operan en cualquier sector de la economía quedaron, en cualquier caso, habilitados para realizar inversiones en finca raíz que hagan parte de sus negocios normales (incluyendo empresas extranjeras que operen en sectores tales como la construcción y el turismo).

2 Los ingresos adicionales de divisas de las empresas extranjeras asociadas se reflejan automáticamente en mayores egresos de utilidades remitidas a las casas matrices. La bonanza puede generar, sin embargo, mayores niveles de inversión en exploración o en construcción de oleoductos, pero gran parte de las mayores inversiones tienen como contrapartida directa mayores importaciones de equipos.

3 En efecto, en el último cuarto de siglo, estos niveles sólo se han alcanzado durante cinco años: 1971, 1982 1983 y 1993-1994.

CAPITULO 4.

1 David Aschauer, "ls Public Expenditure Productive ", Journal of Monetary Economics, 24, No.2, marzo de 1989.

2 José Darío Uribe," Infraestructura física, clubes de convergencia y crecimiento económico: alguna evidencia empírica Coyuntura Económica, Fedesarrollo, abril de 1993. Fabio Sánchez, "El papel del capital público en la producción, inversión y el crecimiento económico en Colombia", en Estabilización y crecimiento: nuevas lecturas de macroeconomía, Roberto Steiner (Compilador), Tercer-Mundo, Santafé de Bogotá, 1994. También el trabajo de Claudia Stevenson y Fabio Sánchez "Diagnóstico de la infraestructura colombiana y su relación con la producción y la competitividad", Documento DNP, marzo de 1995.

3 Juan Luis Londoño, Income distribution during the structural transformation: Colombia 1938 - 1988, Tesis doctoral, Universidad de Harvard, 1990.

4 El modelo de equilibrio general incorpora los efectos de la inversión en infraestructura sobre productividad total de los factores y de la inversión social sobre la productividad laboral.

CAPITULO 5.

1 El indicador de años de vida saludables perdidos (AVISA) articula los años perdidos por defunciones prematuras para los diferentes grupos de edad con los años perdidos por incapacidad originada en esas mismas enfermedades. Si bien la carga global de enfermedad, cercana a los 150 años de vida saludables perdidos por 1.000 habitantes (AVISA) se encuentra por debajo de la media mundial, y la edad mediana al morir y la esperanza de vida al nacer han mejorado significativamente, la carga de la enfermedad por trauma y violencia se ha incrementado hasta el punto de representar actualmente el 40% de los años de vida saludables perdidos.

2 En el 50% de los casos esto se debe al costo: en el 10% a la inexistencia de un centro médico y el 40% a otras razones. Además, el 30% de los más pobres no asiste a los servicios de salud, en contraste con el 8% de inasistencia en el grupo de mayores ingresos, siendo esta situación más severa en las zonas rurales.

3 En 1993 el personal de enfermería por médico era de 0.6, relación inferior a la deseable para este tipo de profesionales, pues se es era que por cada médico existan 2 enfermeras. Aunque el número de habitantes por médico es comparable al de países con nivel similar de desarrollo humano, la ubicación del personal no esta acorde con las necesidades del país: el mayor volumen de personal profesional y auxiliar 84 y 69% respectivamente) se ubica en las entidades hospitalarias localizadas en las 5 principales áreas urbanas, que concentra el 30% de la población.

4 Ley 71 de 1988 y Decreto 784 de 1989.

5 El Estado colombiano suscribió la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas.

6 Integran la economía solidaria: las cooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutualistas, cajas de compensación familiar, empresas rentables y de servicios de las juntas de acción comunal, Asociaciones de Productores, empresas autogestionarias y fundaciones y corporaciones sin ánimo de lucro, entre las cuales están las ONG. El cooperativismo es la expresión que ha obtenido mayores niveles de desarrollo empresarial. Capta más de la cuarta parte del ahorro tradicional, maneja más del 50% de la producción nacional de algodón y de café y es el tercer exportador de este grano. Además, participa activamente en el campo de la salud, la educación, el transporte y la construcción de vivienda.

7 Que constituye un marco metodológico para la generación, fortalecimiento e integración de empresas asociativas o pequeños Proyectos Productivos. Las metodologías existentes podrán ser asimiladas por esta referencia metodológica, fundamentada en la planeación participativa, la integración de capitales y gestiones y el desarrollo local.

CAPITULO 6.

1 Las Unidades involucran a exportadores que tienen en común un producto, un mercado o un canal de comercialización. Han demostrado ser un vehículo efectivo para expandir los servicios de PROEXPORT y establecer un canal de comunicación apropiado entre la entidad y los exportadores, logrando, a través de los programas exportadores a tres años, vínculos de más largo plazo entre todos los agentes involucrados.

2 Esta campaña se realizará en estrecho contacto con los gremios de la producción e incluirá seminarios, talleres de trabajo, edición de folletos, etc., por medio de la cual los empresarios conozcan la generalidad de estas tecnologías y su importancia en las ganancias de productividad y competitividad.

3 Computer-aided-design (CAD). Computer-aided-Manufacturing (CAM), Computer-integrated-Manufacturing (CIM).

4 Durante 1993 se presentaron del orden de 18.500 accidentes en las carreteras de Colombia, equivalente a un accidente y medio por cada kilómetro de red troncal

5 El promedio de descarrilamientos fue durante 1993 de 7 al día, mientras que en países desarrollados el promedio puede llegar a ser 7 al año.

6 En promedio, los equipos VOR para apoyo de aeronaves en curso han cumplido su vida útil en un 66%, y los sistemas de radar y aterrizaje en un 36%. Sólo cubren, además, al 50% del territorio nacional.

7 En la actualidad, el 34% de las pistas y el 18% de los terminales requieren rehabilitación. Adicionalmente, el 83% de los aeropuertos no cuentan con cerramientos.

8 En 1993, la productividad de los puertos se había incrementado en un 60% frente a 1989 y los tiempos de espera en puerto se habían reducido de seis a tres días.

9 El crecimiento de la oferta vial urbana es inferior al 1 % anual, en tanto que el parque automotor ha venido creciendo a ritmos del 8% anual.

10 Los costos a los usuarios, representados en altos niveles de congestión y bajas velocidades de los 15.6 millones de viajes diarios, que se realizan en las 13 ciudades más populosas del país, se estiman en $1.9 billones.

11 En este contexto, se llevará a cabo el estudio del impacto ambiental y si es ambientalmente viable, el diseño técnico-estructural de la hidroeléctrica Arrieros del Micay.

12 Al excluir los subsidios, el gasto de inversión pasa de 1.08% del PIB entre 1990-94 al 1. 19% para el período 1995-98.

CAPITULO 9.

1 La Ley 141 de 1994 crea el Fondo Nacional de Regalías con el fin de financiar y cofinanciar proyectos en minería, preservación del medio ambiente y otros proyectos de carácter regional, con los recursos no asignados a departamentos y municipios productores,

CUADRO 2.1

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES VARIABLES MACROECONOMICAS, 1971 - 1994

Tasas de crecimiento geométricas

CUADRO 2.2

INDICADORES DE EFICIENCIA Y CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA

INDICADOR

FUENTES

WORL DEVELOPMENT REPORT 1994

WORD COMPETITIVENESS REPORT 1994

ANUARIO ESTADISTICO DE AMERICA LATINA

NOTA

1_/ CIFRAS DE 1990

2_/ REPORTE DE COMPETIVIDAD MUNDIAL DE 1994, LA CIFRAS CORRESPONDEN AL PUESTO OCUPADO ENTRE LOS 44 PAISES MAS COMPETITIVOS. EL PUESTO MAS BAJO QUE SE PUEDE OBTENER ES EL 44.

CUADRO 2.3

INDICADORES DE EVOLUCION DE LA POBREZA Y LA DISTRIBUCION DEL INGRESO EN COLOMBIA

1973 - 1993

FUENTE:

CALCULOS DIOGS - UDS CON BASE EN:

1938, 1951, 1964, 1971, 1978, 1988: LONDOÑO , 1990

1964: URRUTIA , 1984, PARA RESIDENTES URBANOS EXCLUYENDO AGRICULTORES

1973, 1985: DANE , CENSO DE POBLACION

1978: DANE ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES, ETAPA 19 (MES 6)

1986, 1988, 1989, 1991 DANE ENCUESTA DE HOGARES (MES 9)

1988: REYES , 1987 CIFRAS PARA 1985, SE INCLUYEN TODOS LOS RESIDENTES URBANOS

1991: DANE ENCUESTA DE HOGARES (MES 12)

1993: DNP - MISION SOCIAL , ENCUESTA DE CARACTERIZACION SOCIOECONOMICANACIONAL

1994: DANE , ENCUESTA DE HOGARES (MES 3)

GINI HOGARES:DANE ENCUESTA DE HOGARES

ETAPAS 19, 61, 74, 77; CIFRAS CON AJUSTE DE INGRESO.7 CIUDADES, RURAL CON CABECERAS MUNICIPALES CON CARACTERISTICAS RURALES, TOTAL: 7 CIUDADES MAS RURAL

CUADRO 2.4

INDICADORES DE EDUCACION, SALUD Y VIVIENDA

1951 - 1993

FUENTE:

EN EDUCACION:

DANE: CENSOS NACIONALES DE POBLACION, 1951, 1964, 1973, * 1985: MUESTRA DEL 1%

DANE: ENCUESTA DE HOGARES JUNIO DE 1978:

1993, CALCULOS DNP - UDS -DIOGS - SISD CON BASE EN DNP - MISION SOCIAL, ENCUESTA CASEN

EN ESPERANZA DE VIDA AL NACER Y MORTLIDAD INFANTIL:

1951, MARTINEZ, CIRO Y ESCOBAR, GLADYS, PROYECCIONES NACIONALES DE POBLACION 1950 - 2025

1965, 75 Y 85, UNIVERSIDAD JAVERIANA - FEI - EVALUACION DE LA COBERTURA DEL CENSO DE 1985

1993, CALCULOS DNP - UDS - DIOGS -SISD CON BASE EN DNP - MISION SOCIAL, ENCUESTA CASEN Y FEDESAROOLO, 1993

EN VIVIENDA:

URRUTIA, 1990, 1993 CALCULOS PROVISION UDS - DIOGS CON BASE EN CENSO DE POBLACION 1993 NO SE INCLUYEN DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, GUAINIA, PUTUMAYO, VAUPES Y VICHADA.

CUADRO 2.5

CARACTERISTICAS DE LAS FAMILIAS POBRES Y NO POBRES

1993

FUENTE:

ASESOR DE DIRECCION Y MISION SOCIAL DNP CON BASE EN ENCUESTA CASEN E IDENTIFICACION

POBLACION POBRE A PARTIR DEL SISBEN

CUADRO 2.6

Fuente: Dane, Cuentas Nacionales - Estimaciones UMACRO - DNP.

CUADRO 2.7

INGRESOS PROPIOS Y GASTOS DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO - SPNF - POR NIVELES DE GOBIERNO NETO DE TRANSFERENCIAS

($ MLL DE 1994)

Se refiere al ajuste que resulta al netear las transferencias Interpúblicas (corrientes y de capital).

Incluye: Regalías, FNR a partir de 1994 y recursos de capital.

Fuente: UAEOT - UAMACRO - DNP

CUADRO 4.1

EJECUCION HISTORICA DE LA INVERSION EN CAPITAL FIJO

Y TRANSFERENCIAS REGIONALES DE INVERSION SOCIAL, 1990 -1998

(% del PIB según operaciones efectivas de caja)

CUADRO 4.2

EJECUCIONES HISTORICA DEL GASTO PUBLICO TOTAL, 1990 - 1998

(% del PIB según operaciones efectivas de caja)

CUADRO 4.3

PLAN DE INVERSIONES: Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología y Sector Agropecuario

(% del PIB según apropiaciones)

CUADRO 4.4

GOBIERNO CENTRAL, 1994 - 1998

(% del PIB según operaciones efectivas de caja)

CUADRO 4.5

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO NETO DE TRANSFERENCIAS 1994 - 1998

(% del PIB según operaciones efectivas de caja)

1/ Diferencia entre ingresos y gastos por transferencias

2/ Las totales son al sector privado (netas), las de Gobierno central incluyen las regionales y locales

El: Escenario 1, Sin plan de inversiones

E2: Escenario 2, Con gasto en infraestructura - sin gasto público en educación.y salud

E3: Escenario 3, Con gasto público en educación y salud - sin gasto en infraestructura

E4: Plan Completo

Notas:

(1) Café incluye café pergamino y café elaborado

CUADRO No. 5.1

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DEL SECTOR EDUCATIVO

(MILLONES DE PESOS DE 1994)

NOTAS:

1_/ FUENTE: SITUADO FISCAL 1995 -1998. CALCULOS DNF-UADT.

2_/ ICETEX, ICFES, Universidades, ESAP.

3_/ Dirección Superior y Administración General del MEN.

4_/ Incluye: INCI, INSOR, Centro Jorge Eliécer Gaitán, Instituto Luis Carlos Galán, Institutos Técnicos y Tecnológicos y Biblioteca Pública Piloto de Medellín y Museo Nacional. 5-1 Incluye Plazas Docentes cofinanciadas.

6_/ Para 1995 incluye $ 17.153 millones (pesos de 1994) correspondientes a proyectos de infraestructura y dotación con destinación específica.

7_/ Las participaciones municipales en educación se distribuirán en los rubros de mejoramiento de la calidad, infraestructura, desarrollo institucional o subsidios, de acuerdo con los respectivos planes de desarrollo educativo.

8_/ Incluye: Colcultura, Instituto Caro y Cuervo e Instituto Colombiano de Cultura Hispánica.

9_/ Las participaciones municipales para cultura y deporte se distribuirán en estos rubros de acuerdo con los respectivos planes de desarrollo cultural y deportivo.

CUADRO 5.2

COSTOS DEL PLAN DE SALUD 1995 - 1998

POR PROGRAMAS SEGUN FUENTES DE FINANCIACION

(millones $ 1994

(1) Incluye rendimientos financieros.

(2) Incluye el punto de cotización régimen contributivo, copagos régimen subsidiado y recursos de las Cajas de Compensación destinados a salud.

(3) Incluye el 3% de las primas de las compañías aseguradoras.

(4) Incluye 8,089 millones de Cooperación Internacional.

(5) Incluye recursos del Fonsat.

(6) Incluye infraestructura Sede Ministerio de Salud, Asistencia y Prevención en emergencia, Proyecto para discapacitados - PTREV y los proyectos del INVIMA, INS,e INC, diferentes a investigación.

CUADRO No. 5.3

PROGRAMAS DE NIÑEZ

RECURSOS PERIODO 1995 - 1998

(millones $ 1994)

1/ Incluye recursos territoriales.

2/ No incluye la atención en salud a las madres y menores de un año del Programa PAMI.

3/ Programas de Prevención.

4/ Programas de Protección.

CUADRO No.5.4

Ingresos del Fondo de Solidaridad Pensional - Total Nacional

Millones de pesos de 1994

Notas:

• Para los años 95 a 98 se supuso una tasa de crecimiento de la cobertura del 5% anual de los cotizantes del régimen contributivo de la Seguridad Social.

• El cálculo de ingresos del FSP no incluye Rendimientos Financieros.

• El cálculo de ingresos del FSP no incluye aportes de Ley 11/88-Servicio Doméstico.

• El cálculo de ingresos del FSP podría incluir recursos de Entidades Territoriales y otros aportes, donaciones y multas.

CUADRO No. 5.5

HABITAT

POLITICADEVIVIENDA SOCIALURBANAY POLMCADEDESARROLLO URBANO

Fuentes y usos 1995-1998

(millones de pesos de 1994)

CUADRO No. 5.6

HABITAT

PLAN DE AGUA

Fuentes y Usos 1995 - 1998

(millones de pesos de 1994)

*Incluye:(i) las contribuciones que las entidades territoriales deben hacer a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 142 de 1994 y el Decreto 707 de 1995;(ii) recursos para preinversión de los corpes y de las entidades territoriales.

CUADRO No. 5.7

PLAN DE INVERSION EN EL SECTOR AGROPECUARIO, 1995 - 1998

(millones de pesos de 1994)

CUADRO No. 5.8

SECTOR JUSTICIA

COSTO ESTIMADO DE LOS PROYECTOSDEINVERSION SEGUN PROGRAMAS

Millones de pesos 1994

CUADRO 6.1

SECTOR TRANSPORTE

PROYECTOS RED TRONCAL Y TRANSVERSAL

CUADRO 6.2

SECTOR TRANSPORTE

PARTICIPACION EN EL FONDO DE COFINANCIACION DE VIAS

CUADRO 6.3

SECTOR TRANSPORTE

CUADRO 6.4

SECTOR EÑERGIA Y MINAS

CUADRO No. 6.5

SECTOR. TELECOMUNICACIONES

CUADRO 6.6

CONSOLIDADO DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA.

CUADRO No. 7

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

UNIDAD DE POLITICA, AMBIENTAL

PLAN DE INVERSIONES POR PROGRAMAS

1995 - 1998

Millones de pesos constantes de 1994

NOTA:

(1) Incluye aportes de la nación y crédito externo

(2) Incluye transferencias del sector eléctrico, porcentaje ambiental y otros recursos, como tasas, tarifas, multas etc.

(3) Municipios o Distritos con una población superior a 1 millón de habitantes (Ley 99 de 1993)

(4) Recursos de la nación que aún no están distribuidos a nivel de entidad.

(5)Incluye recursos para el FONAM, al cual tendrán acceso las entidades del SINA,

Mayo 9/1995

Gráfico 4.1

Gasto Social

(con y sin Pensiones)

Gráfico 9.1

Evolución de las fuentes externas de financiamiento de las entidades territoriales 1990 - 1998

Gráfico 9.2

Participación en el gasto público de los niveles de gobierno

1994

1998