por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo para los años de 1999-2002

Puesto que los programas en este campo están dirigidos a crear condiciones que le den viabilidad a la consecución de la paz y a garantizar su sostenibilidad en el largo plazo, dentro de sus objetivos se contemplan inversiones simultáneas en diferentes sectores, tanto a nivel rural como urbano, y en particular, en aquellas áreas más afectadas por las dinámicas del conflicto y la violencia. En ese sentido, no es conveniente separar o fragmentar los programas de acuerdo con sus acciones en diferentes áreas, pues su efecto, en términos de la generación de condiciones para reducir la violencia, dependerá en gran medida, de su capacidad para integrar aspectos de la política social como, por ejemplo, la atención humanitaria de emergencia o la construcción y fortalecimiento del capital humano y social, con inversiones dirigidas a promover el desarrollo de actividades económicas o productivas tales como infraestructura o fortalecimiento de la organización empresarial, entre otros.

11.1 Plan Colombia

11.1.1 Proyectos productivos participativos (rural)

Para facilitar el desarrollo de actividades económicas que proporcionen a la población alternativas para mejorar el nivel de ingreso y su calidad de vida, se busca fortalecer la organización empresarial comunitaria e incrementar la productividad y competitividad para poder competir en los mercados nacional e internacional. Lo anterior incluye capacitación productiva, agropecuaria, agroturística, agroindustrial y administrativa, de acuerdo con las necesidades particulares de cada región y producto.

11.1.2 Atención humanitaria y promoción y protección del capital humano

Se busca reconocer y atender a la población víctima de la violencia y fomentar el desarrollo del potencial de los ciudadanos, como individuos y como comunidad, que les permita ser productivos económica y socialmente. Involucra, de una parte, acciones de atención humanitaria a víctimas de la violencia para mitigar las pérdidas causadas por ésta, asistencia alimentaria, refugio, salud y saneamiento básico; y de otra, la atención a la población desplazada en temas como: cuantificación y cualificación de la población, atención de emergencias, prevención, retorno y reubicación.

11.1.3 Desarrollo institucional y fortalecimiento del capital social

Busca alterar los patrones de comportamiento a través de los cuales se desarrolla y reproduce la violencia, fortaleciendo la acción de organizaciones locales en temas de paz, resolución de conflictos y violencia intrafamiliar, entre otros. Apoyará el fortalecimiento de ONG locales, nacionales o internacionales que involucran a la comunidad de manera directa en el tratamiento de los efectos de la violencia en niños, jóvenes y discapacitados, y en los comportamientos aprendidos en relación con la resolución violenta de los conflictos.

11.1.4 Infraestructura para la Paz

Promoverá el desarrollo de proyectos de infraestructura que permitan comunicar y viabilizar económica y socialmente las actividades productivas, mejorar la calidad de vida de la población y desarticular de los factores socioeconómicos que refuerzan la violencia. Identificará las necesidades de construcción, rehabilitación y mantenimiento de proyectos de redes secundarias y terciarias, vías fluviales, electrificación rural, e infraestructura social en zonas críticas de violencia, que además son indispensables para asegurar el éxito de los proyectos productivos participativos.

Para el desarrollo de este subprograma, fue creado mediante Ley 487 de diciembre de 1998 el "Fondo de Inversión para la Paz" como principal instrumento de financiación, a través de recursos públicos, contribuciones privadas, créditos externos y donaciones de organizaciones y gobiernos amigos, para programas y proyectos estructurados que promuevan aspectos tales como el desarrollo del sector agropecuario y la preservación del medio ambiente, proyectos productivos de reforma agraria, planes de desarrollo para las zonas de reserva campesina, el fortalecimiento de la sociedad civil en las zonas más afectadas por el conflicto armado y la violencia, el desarrollo de la infraestructura en estas mismas zonas, la reinstitucionalización de la justicia y la recuperación de la seguridad, así como una agenda política de negociación con los grupos armados.

11.1.5 Promoción de la sostenibilidad ambiental

Busca generar beneficios sociales en las comunidades de zonas afectadas por el conflicto, de forma que por medio de la provisión de bienes y servicios ambientales, se pueda dinamizar el desarrollo regional, con énfasis en la generación de empleo y mayores niveles de ingreso. En este sentido, se contemplan acciones del programa de sostenibilidad de procesos productivos endógenos de la política ambiental del Plan, el desarrollo de proyectos de aprovechamiento sostenibles de los bosques, reforestación mediante plantaciones productoras-protectoras, proyectos silviculturales y la promoción del ecoturismo, especialmente en las áreas protegidas del nivel nacional, regional o municipal. El propósito es que todos estos proyectos involucren a la población de las áreas ambientalmente estratégicas, áreas protegidas y zonas de amortiguación. Igualmente, se busca generar beneficios en otras zonas que por su potencial turístico natural y cultural, permiten la obtención de este tipo de bienes y servicios.

11.2 Políticas de paz y convivencia ciudadana

11.2.1 Programa de convivencia y seguridad ciudadana

Desarrolla estrategias de lucha contra la violencia en zonas urbanas, bajo una doble orientación: por una parte, políticas de control de la criminalidad y las expresiones violentas y por otra parte, políticas con mayor énfasis en la prevención de la violencia y en el desarrollo de códigos de convivencia y mecanismos alternativos de resolución de conflictos en las ciudades, entre otros.

• 1. Defensa y seguridad

El objetivo central del sector defensa y seguridad del país es contribuir a la consolidación de un entorno de seguridad y confianza ciudadana como base para una paz justa y duradera, que sea el cimiento del desarrollo social y económico.

Con ello se pretende fortalecer al estamento militar y de policía, con el fin de reafirmar el pleno ejercicio de la autoridad y el imperio de la ley y afianzar la legitimidad del Estado. Así mismo, se busca consolidar un sistema de convivencia ciudadana y seguridad pública, de manera tal que se pueda actuar sobre el crimen en forma eficaz.

Para alcanzar este objetivo central, se trabajará en los siguientes objetivos específicos:

• Incrementar los niveles de efectividad de las operaciones de la fuerza pública.

• Neutralizar y desestabilizar la capacidad de los grupos e individuos al margen de la ley.

• Mantener una capacidad disuasiva, real y creible, frente a amenazas externas.

• Disminuir los índices de delincuencia.

Estos objetivos se pretenden alcanzar con una organización altamente capacitada para conducir con eficacia y eficiencia las operaciones. En este sentido, la movilidad y el apoyo táctico se consideran de vital importancia, en la medida que se incrementa la capacidad de combate de las fuerzas, dotándolas de los equipos y medios necesarios, como es el caso de la adquisición de helicópteros artillados.

Así mismo, con el fin de aumentar los niveles de alistamiento, se garantizará un apoyo logístico y de mantenimiento técnico a los materiales y equipos con que actualmente cuenta el sector.

Adicionalmente, se fortalecerán las capacidades de inteligencia y telemática, ampliando la cobertura, integración y oportunidad de la información. Todo ello debe tener como complemento una Fuerza Pública capacitada y empleada eficientemente, toda vez que la calidad del recurso humano constituye un punto fundamental sobre cualquier operación orientada hacia la protección de los intereses del Estado, especialmente en materia de protección y respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Finalmente, se pretende mejorar los índices de seguridad pública, mediante la profesionalización y tecnificación de las intervenciones policiales, la prevención del delito y la reducción de la criminalidad.

Como objetivo fundamental para el fortalecimiento de la seguridad nacional, se prevé la destinación de recursos de inversión para el desarrollo y consolidación de las labores de inteligencia adelantadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Dichas labores se orientarán a la producción de información que facilite la toma de decisiones en materia de seguridad estatal y en la realización de investigaciones especializadas de aquellos fenómenos que afecten los intereses nacionales.

Los objetivos planteados serán desarrollados a través de la modernización de la infraestructura tecnológica, específicamente en materia de procesamiento de datos y comunicaciones, así como con el robustecimiento de los mecanismos de cooperación interinstitucionales nacionales e internacionales.

De los recursos asignados al sector defensa se destinará el 16.5% para la Policía Nacional, entidad que dará prioridad a los programas operativos, particularmente a la construcción de cuarteles y estaciones de Policía y a la adquisición de equipo operacional.

• 1. Grupos étnicos

13.1 Grupos étnicos-pueblos indígenas

La política para los pueblos indígenas estará orientada hacia la defensa, apoyo, fortalecimiento y consolidación de los derechos étnicos y culturales, consagrados en las normas constitucionales y legales. Dicha política desarrollará los siguientes objetivos:

13.1.1 Materia agraria

Se promoverá el proceso de dotación de tierras mediante la constitución de resguardos, así como su saneamiento y ampliación, en los casos en que se considere necesario, para el desarrollo de los pueblos indígenas.

Se deberá asegurar la participación de los indígenas en los programas de reforma agraria. Previamente debe elaborarse por el Gobierno Nacional un inventario claro y preciso de las tierras que pertenecen a los pueblos indígenas, asegurándoles la propiedad y la posesión sobre las mismas.

13.1.2 Salud

Se fortalecerá y consolidará las aseguradoras indígenas del régimen subsidiado de salud, buscando el incremento sustancial en la afiliación de los indígenas y la adecuación de los servicios a la cosmovisión y las prácticas culturales de las comunidades. De igual forma, se establecerán mecanismos para diseñar conjuntamente entre comunidades y organizaciones indígenas y entre éstas y el Gobierno Nacional un régimen que garantice la efectividad de los servicios en esta materia.

13.1.3 Educación

Se desarrollarán programas de etnoeducación, con especial énfasis en la educación bilingüe y multicultural, en la educación primaria y la ampliación de la cobertura de la educación secundaria por medio de metodologías innovadoras de pertinencia para grupos de población dispersa. Así mismo, se estudiarán mecanismos para modificar el Decreto 804 de 1995 sobre etnoeducación. Se buscará que las instituciones de educación superior brinden facilidades financieras a los estudiantes indígenas, bajo la coordinación de los Ministerios de Educación y del Interior.

13.1.4 Desarrollo institucional

Se desarrollarán acciones encaminadas a destinar recursos para atender prioritariamente el apoyo a la conformación de los territorios indígenas como entidades territoriales, proceso de capacitación en gestión político-administrativa de los resguardos y nuevos entes territoriales; formulación de planes de desarrollo o planes de vida y procesos de capacitación para la generación de propuestas legislativas en materia de salud y minas, en cabeza del Ministerio del Interior. De igual manera, se asesorará y apoyará programas en gestión pública, con énfasis en la administración de los recursos de transferencias.

13.1.5 Grupos de población vulnerable

De igual forma, se buscará elaborar y actualizar la información cartográfica y estadística de los territorios indígenas, mediante una base de datos que facilite el proceso de asesoría autogestionaria y jurídica. Se buscará consolidar mecanismos para la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas, de atención a la población desplazada y de desarrollo de estrategias para una rápida reinserción en sus territorios y atenderá eficazmente la situación de vulnerabilidad en aquellos casos en que existan pueblos indígenas con precarias condiciones de vida, desintegración cultural, falta de territorios para su subsistencia física y cultural.

13.1.6 Derechos Humanos

Se impulsará y fortalecerá la Comisión de Derechos Humanos buscando acuerdos acerca de las medidas legislativas y administrativas que puedan afectar a los pueblos indígenas.

13.1.7 Relaciones Estado-Pueblos indígenas

Se adecuará y mejorará los canales de coordinación en la implementación de la política indígena entre los distintos niveles de gobierno, así como entre las instituciones sectoriales, procurando en todo caso una cabal atención al convenio de La María-Piendamó, suscrito entre el Gobierno y las autoridades indígenas para el cual se asignarán dieciséis mil millones de pesos ($16.000.000.000) moneda corriente.

13.1.8 Jurisdicción especial indígena

Se buscará ampliar la cobertura en los instrumentos de justicia en territorios indígenas, mediante la promoción de las formas tradicionales de resolución de conflictos y el desarrollo de la jurisdicción especial indígena. Diseñará y aplicará los mecanismos necesarios para la intermediación en la resolución de conflictos generados en los territorios indígenas, en coordinación con el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Consejo Superior de la Judicatura.

13.1.9 Prevención y atención de desastres

Se promoverá el desarrollo de un esquema interinstitucional que permita la coordinación necesaria con el Ministerio del Medio Ambiente en la definición y utilización de mecanismos de verificación de impacto ambiental que pueda afectar a las comunidades indígenas, garantizando su participación en estos procesos.

13.1.10 Políticas internacionales y de fronteras

Se establecerán políticas internacionales y de fronteras relacionadas con los pueblos indígenas, a través del desarrollo de foros, encuentros y reuniones que permitan generar acuerdos internacionales de desarrollo, cooperación, superación de conflictos, conservación de la biodiversidad y la defensa y promoción de los derechos de los pueblos indígenas.

13.2 Grupos étnicos-Pueblos Rom

El Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio del Interior, velará por la integración de estas comunidades a sus propósitos de lucha contra la pobreza y mejoramiento de su calidad de vida, respetando sus particularidades culturales y concertando con este grupo las acciones para la atención de sus principales problemas.

13.3 Grupos étnicos -Afrocolombianos y raizales-

Orientará sus esfuerzos a los siguientes subprogramas: saneamiento básico, salud, educación, actividades productivas y desarrollo institucional, titulación y adquisición de tierras.

Inclúyase a los grupos afrocolombianos y raizales en igualdad de condiciones al acceso de los diferentes sectores económicos, sociales y culturales.

13.3.1 Saneamiento básico

Se apoyarán las obras de infraestructura incluyéndose acciones concretas de desarrollo institucional, promoción de la participación comunitaria y la sostenibilidad técnica y financiera de los sistemas. Las acciones específicas estarán dirigidas a impulsar, a través del Ministerio de Desarrollo, el programa de la cultura del agua; promover la aplicación de tecnologías apropiadas para el desarrollo de sistemas de abastecimiento de aguas, disposición final de aguas servidas y residuos sólidos; fortalecer a los entes locales de operación autorizados por la ley.

13.3.2 Salud

Además de lo señalado en la estrategia sectorial del Plan, se apoyará la descentralización del servicio en los municipios, así como la provisión de asistencia técnica; se fortalecerán los mecanismos que garanticen el acceso a la atención básica y acciones de promoción y prevención de la población rural y urbano-marginal, considerando las particularidades etnoculturales, sociales, ambientales y económicas. De manera particular se impulsará la implementación de los planes territoriales de salud de los territorios colectivos.

13.3.3 Educación

Se apoyará técnicamente la formulación y puesta en marcha del proyecto de etnoeducación afrocolombiana en el sistema educativo nacional, impulsando proyectos de diseño curricular, de cualificación y/o profesionalización de maestros y de agentes educativos comunitarios, de producción de material educativo, así como de investigaciones socioculturales, lingüísticas, etno-históricas, entre otras.

13.3.4 Actividades productivas

Se adoptará un enfoque integral, que contemple el conocimiento de especies promisorias, así como la producción, transformación y comercialización de los productos. Las acciones de esta estrategia estarán orientadas para los siguientes propósitos: elaborar mapas productivos, apoyar proyectos para la autosubsistencia, generar planes de manejo para el aprovechamiento sostenible del bosque, elaborar proyectos productivos sostenibles, promover la creación, organización y fortalecimiento de las organizaciones de productores, microempresarios y empresarios afrocolombianos.

13.3.5 Desarrollo institucional

El objetivo es el incremento de la capacidad de gestión de las comunidades, de las organizaciones de la sociedad civil y de las autoridades municipales y afrocolombianas.

Para llevar a cabo estos propósitos se adelantarán las siguientes acciones: fortalecimiento de los procesos organizativos y de participación de la población afrocolombiana; reglamentación e implementación de la Ley 70 de 1993; diseño y aplicación de un sistema de información estadística y sociodemográfica para la población afrocolombiana; promoción de los modelos de gestión local exitosos y consolidación de las asociaciones de municipios.

13.3.6 Titulación de territorios colectivos y adquisición y dotación de tierras

Se continuará con el proceso de titulación colectiva para las comunidades indígenas y negras, y se apoyará la puesta en marcha de programas de desarrollo en los territorios titulados. Igualmente, se adoptará y pondrá en marcha un programa especial de adquisición y dotación de tierras para apoyar a las comunidades afrocolombianas que no poseen tierras, o las poseen en manera insuficiente, en aquellas áreas del país donde no es posible la titulación colectiva.

13.3.7 Raizales

Se impulsarán programas de protección al archipiélago de San Andrés y Providencia como área estratégica de desarrollo turístico del país. Así mismo, la población raizal del archipiélago, dadas sus características geográficas, sociales, culturales y económicas y la problemática actual (insularidad, sobrepoblación, marginalidad y pobreza creciente), recibirá apoyo con el propósito de buscar alternativas de solución. Para ello se revisará el régimen político administrativo de la Isla y se promoverá la puesta en práctica de los mecanismos para la participación de todos los actores sociales en los procesos de planificación y gestión del desarrollo.

• 1. Infraestructura

14.1 Transporte

14.1.1 Carreteras

14.1.1.1 Red primaria (troncales y transversales)

Las inversiones en la Red Primaria se orientarán a la terminación de proyectos que están actualmente en ejecución. Así mismo, se orientarán a garantizar su buen estado a través de programas adecuados de mantenimiento en los 16 mil kilómetros que la conforman. Dichos programas se complementarán con actividades de rehabilitación en 457 Km de la misma.

La expansión de la red se logrará mediante el Programa de Concesiones, a través de la inversión privada. Con esta inversión se construirán 791 Km y se rehabilitarán 750 Km. Adicionalmente, se mantendrán las vías entregadas en concesión, que para el año 2002 se estima corresponderán a cerca de 3.815 Km. Los principales proyectos se financiarán a través de recursos nacionales y provenientes de contribuciones de valorización, peajes, sobretasas a los combustibles y recursos de créditos.

Para facilitar las expansiones viales se deberán afectar y reservar los predios necesarios para adelantar su construcción.

El Gobierno Nacional asignará en los rubros correspondientes al transporte en la presente ley recursos destinados al Fondo para la reposición del parque automotor para atender en lo relacionado con la parte social del transporte, la situación de emergencia que afrontan los pequeños transportadores obligados por la Ley 105 de 1993 y sus decretos reglamentarios a destruir físicamente sus vehículos.

14.1.1.2 Red secundaria y terciaria

Los dos principales objetivos son los siguientes: rehabilitar y mantener la red secundaria y terciaria que aún esté a cargo de la Nación.

La financiación de las inversiones en estos dos programas se podrá complementar con recursos del Fondo Nacional de Regalías y eventualmente con recursos provenientes de concesiones viales regionales. Para la identificación de oportunidades en estos últimos se adelantará un estudio financiado con recursos del presupuesto nacional.

Estos programas se complementarán con los recursos del Fondo Nacional de Regalías y sobretasa nacional del ACPM.

El Gobierno Nacional apoyará los proyectos de vías que impulsen el desarrollo de los municipios y departamentos de la costa en especial el proyecto de mejoramiento y construcción de la carretera Santa Rosa de Lima - soplaviento (incluye construcción del puente sobre el Canal del Dique, entre los municipios de San Estanislao de Koska - Soplaviento).

Esta obra beneficia y desarrolla los siguientes municipios:

• 1. Santa Rosa de Lima.

• 1. Villanueva.

• 1. San Estanislao de Koska.

• 1. Soplaviento.

• 1. San Cristóbal.

• 1. Calamar.

• 1. Arroyo Hondo.

14.1.2 Sector aeronáutico y aeroportuario

Los recursos de la Nación se destinarán a aumentar la seguridad del espacio aéreo y a mantener la infraestructura existente. Estos montos se complementarán con un programa de apoyo al proceso de descentralización y privatización aeroportuaria. Dicho programa se adelantará mediante la entrega en concesión de los principales aeropuertos del país.

14.1.3 Programa ferroviario

En el sector férreo, se invertirán recursos provenientes de aportes de la Nación orientados a cubrir el desarrollo del subprograma de rehabilitación de la red férrea nacional a través del sistema de concesiones. Dichos aportes complementarán los recursos provenientes del sector privado, los cuales se invertirán tanto en la red férrea del Pacífico como en la red férrea del Atlántico.

El programa comprende el mantenimiento de 240 Km a través del sector público. Con los recursos privados se apoyará el programa de rehabilitación de 1.237 Km y se mantendrá la red entregada en concesión, que en el 2002 ascenderá a 1.890 Km.

14.1.4 Programa fluvial

Mediante el Plan de Inversiones del sector fluvial se pretende para las cuencas del Magdalena, Orinoco, Amazonas, Atrato y la Cuenca del Pacífico con su red de transporte por ríos y esteros.

Mejorar y mantener la infraestructura de servicios en la red fluvial, monitoreo de los ríos, rehabilitación de los canales de navegación, limpieza y destronque, obras de defensa contra la erosión, señalización y balizaje. Se pretende realizar la rehabilitación de la Ciénaga de la Virgen y diseñar políticas de concesión del río Meta, el cual incluirá la construcción de un puerto en la Banqueta y obras de canalización para garantizar su navegabilidad, estableciendo posteriormente el sistema de peajes. Así mismo, se propenderá la iniciación del programa de concesión del sistema de navegabilidad del río Magdalena y sus puertos fluviales.

El Gobierno Nacional le dará especial importancia al transporte fluvial dentro del programa de expansión vial. Para ello, apropiará los recursos necesarios dentro del Presupuesto Nacional y el Fondo de Inversiones para la Paz (Plan Colombia).

Se considera fundamental la participación de Colombia en el proyecto de la Integración Fluvial de Suramérica (IFSA) tanto por las implicaciones de este proyecto en lo que respecta a la infraestructura del transporte indispensable para la integración comercial del Grupo Andino con el Mercosur, como por los enormes potenciales de desarrollo agrícola, pecuario y forestal de la Amazonia y Orinoquia colombiana lo que, a su vez, abre enormes perspectivas de progreso y de paz para esas regiones, habiéndose detectado ofertas de inversión extranjera como apoyo a los limitados recursos del Gobierno Nacional.

14.1.5 Programa marítimo

En los puertos marítimos se desarrollará el programa de concesión de los canales de acceso. Se pretende concesionar la profundización, mantenimiento, operación y construcción de obras complementarias a los canales de acceso, inicialmente en los puertos de Barranquilla y Buenaventura. Adicionalmente, con los recursos del Gobierno Nacional, se mantendrán los canales de acceso a los puertos no concesionados.

14.2 Minas y energía

14.2.1 Electricidad

Las acciones del Gobierno Nacional en el sector eléctrico están orientadas a consolidar el marco regulatorio existente, fomentar la participación de nuevos agentes en el mercado, incrementar la cobertura de energía en zonas rurales -con énfasis en los nuevos departamentos- y solucionar los problemas de administración de las empresas estatales que amenacen la integralidad física del sistema.

14.2.1.1 Generación eléctrica

Con el fin de incrementar la confiabilidad y solidez del sistema, se espera aumentar la capacidad instalada, a través de recursos hídricos y térmicos a un total de 14.389 MW en el año 2000.

Además de los proyectos previstos para entrar en operación en el 2002, se considerará la realización de otros proyectos que entrarán a reforzar la generación futura del país, dando preferencia al desarrollo de aquellos proyectos hidroeléctricos, térmicos y geotérmicos que sean de mínima afectación ambiental, viables financieramente, económicamente competitivos y que por su localización se conviertan en polo de desarrollo de las regiones más deprimidas. En especial, se dará preferencia a aquellos proyectos que permitan viabilizar los propósitos de desarrollo regional y nacional previstos en el Programa de Bosques del Plan Nacional de Desarrollo.

14.2.1.2 Transmisión eléctrica

Con el objetivo que el sector de la transmisión opere bajo condiciones de competencia, y se aseguren las obras de transmisión de forma tal que se garantice calidad, continuidad y seguridad, minimizando el sobrecosto operativo por las restricciones y pérdidas por el sistema, se iniciarán convocatorias públicas para el diseño, operación y construcción de las mismas. Para el año 2002 se tendrán 1.931 Km de líneas de transmisión adicionales.

14.2.1.3 Uso racional y eficiente de la energía

El objetivo de las políticas gubernamentales en materia de uso racional y eficiente de la energía está encaminado a lograr la eficiencia en el consumo energético en el país, sustituir las fuentes de energía eléctrica no adecuadas al uso final y optimizar la conversión de energéticos, para lo cual se fortalecerá el programa de sustitución de gasolina por gas combustible en transporte vehicular, se crearán las facilidades financieras, tecnológicas y regulatorias para aprovechar el potencial de cogeneración y se desarrollarán metodologías de ahorro en los subsectores más representativos de la industria.

14.2.1.4 Zonas No Interconectadas, ZNI

Corresponden a aquellas áreas del país que no reciben servicio de energía eléctrica a través del Sistema Interconectado Nacional (SIN). Se establecerá un Plan de Energización en las ZNI, acorde con las necesidades y potencial energético de las regiones y se incrementará la cobertura en zonas rurales y aisladas. Finalmente se implementará y consolidará un esquema apropiado que aporte soluciones energéticas integrales y en lo posible autosostenibles para las ZNI.

14.2.1.5 Subsidios

Se extiende el período de desmonte de los subsidios superiores a los autorizados por la Ley 142 de 1994 (extralegales), para el servicio público de energía y se instrumentarán operativa y financieramente los fondos de solidaridad y redistribución de ingresos para energía y gas, lo cual permitirá incrementar la cobertura de los servicios y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

14.2.2 Petróleo

14.2.2.1 Exploración de hidrocarburos

Se incrementará el número de pozos de forma directa o en asocio con terceros; se buscará el aumento de las reservas, con el objeto de mantener la producción actual, y evitar un posible desabastecimiento de crudo en el futuro.

Se impulsarán mecanismos que permitan mejorar las condiciones de competitividad del sector, tales como la flexibilización del régimen de regalías.

14.2.2.2 Producción de petróleo

Para mantener la producción actual de crudo en 800 KBPDC se deberá destinar gran parte de las inversiones de Ecopetrol en la perforación de pozos de desarrollo.

14.2.2.3 Transporte de crudo

La inversión de Ecopetrol se concentrará principalmente en el incremento de la capacidad de los poliductos actuales. Le siguen en importancia la construcción de ductos para nuevos hallazgos, así como la adecuación de estaciones y líneas que así lo requieran. Adicionalmente, se desarrollarán proyectos de control de pérdidas, almacenamiento y seguridad.

14.2.2.4 Gas

14.2.2.4.1 Transporte de gas

Se concentrará en la ampliación de la capacidad de transporte de la red troncal de gas, principalmente en el gasoducto Ballena-Barrancabermeja, con lo cual se cumple con las necesidades del mercado. Adicionalmente, se ejecutarán programas de adecuación y mantenimiento de los gasoductos existentes.

14.2.2.4.2 Almacenamiento subterráneo

Con el objeto de reducir la vulnerabilidad del sistema troncal de transporte de gas se desarrollará este proyecto, que permitirá incrementar la confiabilidad de suministro a todos los agentes del sector.

14.2.2.4.3 Refinación

Se llevará a cabo inversiones en las refinerías de Ecopetrol con el fin de mitigar su impacto ambiental e incrementar su productividad.

14.2.3 Minería

14.2.3.1 Exploración básica en minería

Las actividades de prospección y exploración básica desarrolladas por Ingeominas incrementarán el nivel de cobertura del conocimiento geocientífico del territorio nacional. Esto con el propósito de dimensionar los riesgos geológicos, de tal forma que se incentive la inversión privada en las actividades de exploración y explotación minera.

El Gobierno buscará canalizar los recursos de regalías para el fomento de la minería, a través de Ingeominas y la Empresa Nacional Minera Ltda.

14.2.3.2 Explotación de minerales

Se incrementará la explotación de minerales; en particular, el Complejo Cerrejón Zona Norte adelantará inversiones en la adecuación de nuevas áreas de minería, así como inversiones dirigidas a desarrollar la infraestructura de transporte que permita el adecuado acceso a nuevas áreas mineras, infraestructura de energía y el programa de reposición de equipos. A partir del año 2000 se espera que las inversiones sean en su totalidad asumidas por el sector privado, con la enajenación de los intereses de la Nación en el Complejo Cerrejón Zona Norte.

14.2.3.3 Promoción y administración

Con el fin de fortalecer técnicamente los agentes productores mineros, se estructurará una matriz de capacitación técnica en las actividades de exploración y explotación de la minería informal, mediante programas ambientales, operativos y empresariales. Esta matriz estará en cabeza de la Empresa Nacional Minera Ltda., y contribuirá a resolver las limitaciones en la comercialización y transformación de los minerales, factores críticos para lograr la competitividad del sector y permitir el desarrollo económico y social de las regiones más deprimidas.

14.2.3.4 Promoción de proyectos de carbón coquizable

Con el fin de aprovechar el potencial de carbón coquizable del país, el Gobierno Nacional propenderá por el desarrollo de proyectos de iniciativa privada, preferiblemente en zonas portuarias, para la producción de coque metalúrgico, encaminados a la exportación del material o para uso siderúrgico.

• 1. Comunicaciones

15.1 Telecomunicaciones

Las acciones gubernamentales contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo para que el sector de telecomunicaciones contribuya al aumento de la productividad y la competitividad y al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos son las siguientes:

• 1. Lograr la cobertura nacional de los servicios de telecomunicaciones.

• 1. Fortalecer el marco regulatorio e institucional del sector.

• 1. Consolidar la liberalización del mercado.

• 1. Fomentar la participación de nuevos agentes en la prestación de los servicios y

• 1. Propiciar el desarrollo de la Infraestructura colombiana de la información.

15.2 Telefonía local

En telefonía local, las acciones del Plan estarán dirigidas a aumentar el cubrimiento y la calidad del servicio telefónico. Los operadores telefónicos públicos, privados y mixtos realizarán inversiones en expansión y reposición de sus redes de conmutación y transmisión, así como de su planta externa.

15.3 Telefonía de larga distancia

Los nuevos operadores del servicio de telefonía de larga distancia realizarán inversiones orientadas a financiar la construcción y expansión de las nuevas redes de larga distancia. Esto, mediante el tendido de modernos sistemas de fibra óptica, microondas y radioenlaces, para ofrecer sus servicios en buena parte del territorio nacional. La Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, realizará inversiones tendientes a modernizar sus redes troncales y alternas y a participar en el sistema de cable submarino Maya I.

15.4 Telefonía móvil celular y PCS

Con la adjudicación de las concesiones de los Sistemas de Comunicaciones Personales, PCS, se pretende atraer importantes inversiones en nuevos servicios inalámbricos móviles y en las redes de telefonía móvil celular. Estas inversiones estarán dirigidas a la instalación y puesta en funcionamiento de redes para la prestación de servicios de telecomunicaciones en la banda de 1.8 a 2.0 Ghz. Se incentivará de esta manera la competencia en la prestación de servicios inalámbricos móviles y fijos de telecomunicaciones.

15.5 Telefonía social

Mediante la ejecución del Plan de Telefonía Social y del Plan Nacional de Servicio Universal, el Fondo de Comunicaciones financiará inversiones con el objeto de garantizar que la totalidad de los municipios del país y que las localidades con necesidades de desarrollo más apremiantes, cuenten con acceso a servicios de telecomunicaciones comunitarios y rurales. Adicionalmente, se espera que durante el cuatrienio se generen incentivos a la participación de nuevos agentes en la provisión del servicio universal en el país.

15.6 Valor agregado

En la prestación de los servicios de valor agregado se espera un dinámico crecimiento en la oferta de servicios telemáticos y de valor agregado ofrecidos en la actualidad a los sectores productivos, que le permitirá a la economía nacional incrementar sus niveles de competitividad en los mercados internacionales.

15.7 Televisión

Las acciones del sector público en televisión comprenden el Plan de Fortalecimiento Técnico para Inravisión y los canales regionales. Las prioridades de este plan se enfocarán al mejoramiento y expansión del cubrimiento de los canales públicos de televisión, mediante el uso de segmentos satelitales de televisión y a la reposición de los sistemas de emisión, producción, transmisión y difusión. También se buscará el fortalecimiento de la televisión educativa y cultural pública. La inversión privada por su parte se orientará al mejoramiento del cubrimiento y capacidades técnicas de los canales privados de televisión de cobertura nacional y local y al montaje de las redes de los nuevos concesionarios de televisión por suscripción zonal y local.

15.8 Otros servicios

Para el servicio de correo, el sector público realizará inversiones en el período 1999-2002, para ampliar su oferta y mejorar su eficiencia operativa. Adicionalmente, se propenderá por la asignación de recursos de inversión para el programa de investigación y desarrollo de Telecom. El Gobierno Nacional también promoverá el uso masivo de Internet a través del desarrollo de una infraestructura de telecomunicaciones e informática que permita una adecuada cobertura de Internet en el país. Promoverá así mismo el fortalecimiento de las redes universitarias y de investigación, buscando el mejoramiento de las conexiones existentes con los demás centros académicos y de investigación en el mundo.

• 1. Comercio exterior

El diseño de la política de comercio exterior favorecerá la adaptación del sector empresarial colombiano a los retos y oportunidades que se derivan de los nuevos esquemas de organización industrial y del mayor grado de competitividad que se debe alcanzar en el contexto internacional.

En desarrollo del artículo 337 de la Constitución Nacional, facúltese al Gobierno Nacional para crear zonas especiales económicas de exportación en cuatro municipios de frontera ubicados cada uno de ellos en una región diferente del país, cuyas actividades económicas tendrán como finalidad única atraer inversiones y fortalecer el proceso de exportación nacional mediante la creación de condiciones especiales que favorezcan la concurrencia de capital privado. El Gobierno tendrá seis meses para reglamentar estas zonas.

16.1 Industria y comercio

Para lograr competir con éxito tanto en el mercado internacional como en el mercado local, se buscará el fortalecimiento de la oferta productiva exportable, lo que permitirá consolidar patrones de internacionalización sostenibles a mediano y largo plazo.

16.1.1 Apoyo al desarrollo empresarial

16.1.1.1 Fondo Nacional de Productividad y Competitividad

La base de la política industrial será el fortalecimiento del aparato productivo para diversificar y consolidar la oferta exportable colombiana en los mercados internacionales, mediante la implementación de un único ente coordinador, financiero y de gestión, conformado por las entidades que apoyan y apalancan el desarrollo empresarial, a través de la creación del Fondo Nacional de Productividad y Competitividad.

Se asegura así, la coherencia en la complementariedad entre las acciones del Sistema Nacional de Innovación, el Sistema de Servicios a las Exportaciones, el Sistema Nacional de Crédito a las pequeñas y medianas empresas -Pymes-, y las acciones contempladas en la política de desarrollo exportador, industrial y tecnológico.

Bajo este esquema de intervención tendiente a elevar la competitividad empresarial, se pondrá en marcha un nuevo modelo de atención y asistencia técnica a las empresas que aseguren una mayor fluidez interinstitucional y promueva modalidades y ritmos de intervención, integrales y transversales. Para efectos de robustecer la competitividad de productos exportables, el Fondo promoverá proyectos que generen cambios fundamentales en la organización de la producción, mediante la introducción creciente de procesos de innovación, elevación de la calidad del producto y el mejoramiento de las técnicas modernas de gestión de la producción y de la comercialización. Se orientará el apoyo a la producción industrial a través de la promoción de actividades que estimulen la calidad, innovación, renovación y diversificación de los productos, la incorporación de tecnologías de diseño a la industria y, en general, la consolidación de la oferta de servicios de asistencia técnica y financiamiento. Serán de especial interés los proyectos que promuevan y consoliden la actividad exportadora en las zonas fronterizas del país, para lo cual se diseñará una línea de atención, teniendo en cuenta las características de las respectivas zonas.

Así mismo, el Fondo incluirá recursos de inversión y riesgo en empresas viables y que hayan demostrado en los últimos cinco (5) años capacidades para generar empleo y para ser productivas y competitivas en los mercados domésticos o de exportación.

En desarrollo de esta estrategia, el Gobierno Nacional podrá asignar a Bancoldex o Fiducoldex, de manera directa y sin previa licitación, la administración de los patrimonios autónomos que se creen en desarrollo del Fondo Nacional de Productividad y Competitividad.

16.1.1.2 Fomento a la innovación

Se apoyará el desarrollo científico y la innovación tecnológica, a través de la consolidación de los programas, proyectos y actividades de las instituciones y estrategias creadas a partir de la conformación del sistema nacional de ciencia y tecnología.

El propósito será orientar los recursos disponibles a la financiación de actividades científicas en sectores estratégicos. Esto, teniendo siempre en cuenta las necesidades de competitividad de la sociedad, los requerimientos del sector exportador que necesiten apoyo a la innovación y gestión competitiva junto con la capacitación del recurso humano en aspectos técnicos y tecnológicos.

En desarrollo de una política de estado de ciencia y tecnología se reglamentará y desarrollará la Ley 29 de 1990 con los siguientes aspectos principalmente:

• 1. Para establecer los instrumentos y mecanismos para que, en un plazo no mayor de dos años, se formule un plan de ciencia y tecnología de mediano y largo plazo, concertado con la comunidad científica y el sector productivo.

• 1. Se diseñará un mecanismo de coordinación presupuestal para ciencia y tecnología. Los artículos 4º y 7º se reglamentarán con el fin de garantizar que en el término de un año, dicho mecanismo se encuentre en funcionamiento.

• 1. Se pondrá en operación la diplomacia científica y tecnológica, con base en lo establecido en el artículo 9º de la Ley 29 de 1990.

• 1. Se presentará al Congreso una ley complementaria de la Ley 29 de 1990, que establezca incentivos, excepciones, descuentos tributarios y demás ventajas tributarias para fomentar la ciencia y la tecnología.

• 1. Se reglamentarán los artículos 5º y 10 de la Ley 29 de 1990, con el fin de ejecutar lo establecido.

16.1.1.3 Apoyo a la promoción de la competencia, propiedad industrial y mejoramiento de la calidad.

Este programa buscará que la Superintendencia de Industria y Comercio y las demás entidades con responsabilidades en el campo, cuenten con la infraestructura física y humana necesaria para administrar eficientemente el Sistema Nacional de Calidad, con énfasis en el cumplimiento de estándares internacionales como mecanismo para ganar mercados externos y proteger a nuestros consumidores.

Se logrará en esa entidad y otras, esquemas institucionales idóneos y adecuadamente dotados de recursos para asegurar la efectividad de los derechos de los consumidores y el cumplimiento de las normas sobre competencia desleal y prácticas comerciales restrictivas.

El Plan propone avanzar en la dotación de recursos para la administración del Sistema de Propiedad Industrial, poniendo fin al atraso histórico y sacando provecho para el país de las oportunidades que se abren con el ingreso de Colombia a tratados multilaterales, tales como el acuerdo sobre los aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, ADPIC, anexo de la OMC y el tratado de Cooperación en materia de patentes, PCT.

16.1.1.4 Modernización de las actividades del Estado hacia el sector exportador.

Conjuntamente con la modernización de las entidades del Estado que deben coordinar, apoyar y controlar los aspectos operativos del comercio exterior, se revisarán los trámites de importación y exportación de bienes, servicios y tecnología, y se compilará la totalidad de las disposiciones vigentes en materia de política comercial colombiana.

16.1.1.5 Programas para la microempresa.

El Ministerio de Desarrollo en coordinación con la Corporación para el Desarrollo de las Mícroempresas, buscará fortalecer y hacer operantes los organismos existentes de coordinación del Plan Nacional para la Microempresa, en especial el consejo asesor de política para la microempresa, desarrollar los mecanismos pertinentes para la ampliación de la cobertura regional y de usuarios y propender porque se continúen apropiando los recursos para garantizar la continuación y el crecimiento de los programas del Plan. Así mismo, se procurará el fortalecimiento institucional y técnico de las entidades ejecutoras del Plan, cofinanciando en la misma forma que en el pasado, los programas ejecutados por ellas y lograr mantener, flexibilizándolos, los mecanismos existentes de crédito a las microempresas, buscando acrecentar los recursos disponibles para satisfacer la demanda, creando en la medida de lo posible, un fondo permanente.

Los programas para la microempresa estarán dirigidos igualmente a la modernización y estímulo del pequeño comercio y las tiendas de barrio.

16.2 Turismo

Con este propósito se orientarán recursos al Fondo de Promoción Turístico, de acuerdo con lo previsto en la Ley 300 de 1996. De igual forma, se canalizarán fondos a actividades tales como la capacitación de la policía de turismo y el desarrollo de una cultura de promoción del turismo. Se establecerá una estrategia conjunta con las autoridades ambientales para la promoción del Ecoturismo.

• 1. Ciencia y tecnología

Para el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo se requiere de una política de ciencia y tecnología que permita avanzar en todas las áreas del conocimiento y en sus aplicaciones, dando prelación a las tecnologías dirigidas a la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos y al logro de la competitividad internacional del aparato productivo colombiano. Por su naturaleza, las actividades científicas y tecnológicas son multisectoriales e involucran los distintos niveles territoriales del país.

17.1 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCYT)

Considerando que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es la primera instancia del SNCYT, el Plan se compromete con emprender las mejoras institucionales que requiere el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología para mejorar la articulación de los diversos componentes y actores institucionales públicos y privados de los diferentes órdenes regionales comprometidos en el desarrollo científico y tecnológico. Los niveles del sistema involucran el diseño de políticas, de estrategias de financiamiento, de promoción, de sostenibilidad y de ejecución de actividades científicas y tecnológicas coordinadas. Se robustecerán los Consejos Nacionales de Programas y se adecuarán las Comisiones Regionales.

17.2 Subsistema educativo, científico y cultura

17.2.1 Educación en ciencias

Se impulsarán los programas de educación en ciencias que incluyan la formación de docentes e investigadores no sólo para la universidad y la industria sino para la educación básica, así como la dotación de laboratorios de enseñanza en todos los niveles.

17.2.2 Formación de investigadores

Es necesario lograr la formación de una masa crítica de investigadores y profesionales especializados en áreas estratégicas para el país. Se fortalecerán los programas de formación doctoral, se establecerán programas nacionales de investigación orientados al desarrollo de conocimientos en ciencias básicas, ciencias sociales, ingenierías y otras disciplinas o áreas consideradas como estratégicas. Especial interés tendrá el uso de la infraestructura investigativa de los centros de educación superior pública y privada y de los centros de investigación independientes.

17.2.3 Sistema nacional de información

Se fortalecerá el Sistema Nacional de información sobre actividades de ciencia y tecnología adelantado e instrumentado por Colciencias para facilitar la toma de decisiones por parte de los organismos responsables de la planeación y decisiones en la materia.

17.2.4 Vinculación del SENA al SNCYT

Se buscará vincular al SENA a la política de ciencia y tecnología, evitando la dispersión de esfuerzos y duplicidad de actividades con otras entidades como Colciencias y otros centros privados de desarrollo tecnológico, y superar la desarticulación de la capacitación otorgada por el SENA, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y el sistema educativo global. Se garantizará la destinación del 20% de los recursos del SENA (Ley 344 de 1996) a los programas de competitividad, desarrollo tecnológico e innovación, mediante el desarrollo de la Ley 29 de 1990.

17.3 Subsistema natural. Utilización racional de recursos

Se mejorará la capacidad científica y tecnológica del país para estudiar, conocer, conservar y utilizar racionalmente sus recursos naturales y su biodiversidad y desarrollar proyectos productivos en áreas prioritarias como las agroindustrias, las ciencias y tecnologías del mar, las ciencias del medio ambiente, la energía y la minería. Se impulsarán nuevos proyectos de producción que utilicen tecnologías de punta como la moderna biotecnología, la ingeniería genética, las ciencias de la información, la telemática, las tecnologías biomédicas, los nuevos materiales, la microelectrónica y la industria farmacéutica.

17.4 Subsistema social

17.4.1 Salud

El SNCYT apoyará el incremento de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los programas de prevención y promoción de la salud, así como el mejoramiento de los niveles de nutrición de niñez.

17.5 Ciencias sociales

Dado el carácter prioritario del proceso de paz la investigación en ciencias sociales se constituye en elemento articular de las políticas públicas tendientes a mejorar las condiciones socioeconómicas y de calidad de vida. En consecuencia se respaldará la investigación en ciencias sociales en universidades y centros independientes de investigación.

17.6 Cooperación técnica internacional

Se atraerá y racionalizará el uso de los recursos de cooperación técnica internacional para apoyar el desarrollo científico y tecnológico, de acuerdo con los objetivos del Plan. La Agencia de Cooperación tecnológica trabajará en coordinación con el SNCYT para tal efecto.

17.7 Comisión de ciencia y tecnología en el Congreso de la República

Se promoverá la creación en el Congreso de una Comisión de ciencia y tecnología cuya preocupación central será el desarrollo legislativo y el control político relacionado con el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país.

• 1. Infraestructura social

18.1 Vivienda

18.1.1 Programa de vivienda urbana

El programa de vivienda urbana tiene como objetivo la construcción de 500 mil soluciones de vivienda nueva, 420 mil serán de interés social (valor inferior a 200 SMLM) siendo respaldadas con subsidio 242 mil viviendas. Los recursos del subsidio provendrán fundamentalmente del presupuesto nacional, las rentas parafiscales administradoras por las Cajas de Compensación Familiar y la Caja de Vivienda Militar, siendo complementados con aportes municipales. Adicionalmente a los subsidios, se contará con recursos del ahorro de las familias y crédito del Fondo Nacional de Ahorro y del Sistema Financiero.

La política de vivienda de interés social continuará basada en la orientación de subsidios a la demanda, dirigidos a la compra de vivienda nueva y para lotes con unidad mínima desarrollable. Con el objetivo de concentrar los recursos disponibles para el subsidio familiar de vivienda, se dará preferencia a soluciones de costo mínimo con un esquema progresivo de subsidios, reviviendo el sistema de ahorro programado. Igualmente se dará transparencia al sistema mediante la unificación de los procedimientos de elegibilidad y promoción de la oferta, así como a la postulación, asignación y pago del subsidio a las familias. La población objetivo de la política de subsidios para la VIS es aquella con ingresos menores a 4 SMLM con énfasis en la población cuyos ingresos sean menores a 2 SMLM. Los programas que se desarrollarán en la política de vivienda subsidiable son programa del doble subsidio y programa del subsidio para la equidad.

18.1.1.1 Subprograma de doble Subsidio

Este programa es dirigido a la población con ingresos de menos de 2 SMLM que requiere la concurrencia entre los municipios y la Nación para entregar un doble subsidio (subsidio nacional y subsidio municipal). El subsidio municipal puede ser entregado por entidades privadas o comunitarias. Busca fortalecer el proceso de descentralización, reconociendo que la solución del problema habitacional es una función del municipio, así como crear la posibilidad real de las familias de menores ingresos para acceder a una solución habitacional. Con el fin de beneficiar a la población más pobre, el orden de elegibilidad de la oferta dará prioridad a la vivienda de más bajo costo. El valor del subsidio nacional es de 25 SMLM para este programa. El subsidio municipal o privado debe tener correspondencia con el precio final de la solución habitacional.

El subprograma de doble subsidio para mujeres cabeza de familia tendrá un cupo del 10% de los recursos totales destinados a este programa.

18.1.1.2 Subprograma para la equidad social

Es un programa destinado para los hogares con ingresos entre 2 y 4 SMLM, que busca incrementar la oferta de VIS, particularmente en el rango de ingresos entre 2 y 3 SMLM, pues es allí donde se concentra el mayor déficit habitacional del país. Se busca potenciar la acción del sector privado a través del subsidio a la demanda generando procesos de transparencia y mejorando las condiciones de crédito a través del ahorro programado. La asignación de los recursos a este programa se hará con base en el déficit habitacional nacional y local existente en cada rango de ingreso. A1 igual que en el anterior programa, el orden de elegibilidad de la oferta dará prioridad a la vivienda de más bajo costo.

El subsidio nacional de vivienda en este programa será de 20 SMLM. Para los beneficiarios con ingresos entre 2 y 3 SMLM se tendrá un puntaje adicional con el objeto de focalizar en este rango las soluciones habitacionales, buscando una mayor equidad en la distribución de recursos. Se impulsarán dos subprogramas; el de alianzas estratégicas, con entidades públicas y privadas que posean terrenos para desarrollar proyectos VIS y los macroproyectos urbanos, con el fin de estimular el desarrollo de programas masivos de vivienda social.

18.1.1.3 Coordinación con las cajas de compensación familiar

Este subprograma tiene por objeto vincular a las Cajas de Compensación Familiar en tres actividades importantes de la política social: vivienda de interés social, atención a menores de seis (6) años y jornada complementaria. Esta vinculación se hará en el entendido de que hay una necesidad de modificar algunos de los porcentajes que la ley hoy les impone.

Para lograr el objetivo descrito es importante aclarar que las cajas conservarán el manejo financiero independiente y en cuentas separadas de los recursos destinados a mercadeo, IPS y EPS. De la misma manera, para la optimización de los recursos, las Cajas de Compensación Familiar seguirán ofreciendo programas de educación no formal que no presenten duplicidad con los ofrecidos por el SENA.

18.1.2 Programa de vivienda rural

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Económico, coordinará la ejecución de las políticas en materia de desarrollo rural en los temas de ordenamiento territorial, vivienda y procesos de titulación de tierras y en coordinación con los departamentos y municipios.

Los programas de reforma agraria, incorporarán el correspondiente plan de vivienda cuya ejecución será coordinada por el Incora y la Caja Agraria con base en proyectos realizados por el Incora.

18.2 Agua potable y saneamiento

La política sectorial estará encaminada a crear una política integral que ordene la acción de las entidades nacionales y permita modernizar las entidades prestadoras de forma que alcancen altos niveles de eficiencia en su gestión. Bajo estas condiciones se apoyará a las entidades prestadoras para aumentar la cobertura y la calidad de los servicios de acueducto y saneamiento. Así mismo, en coordinación con la política ambiental, se busca avanzar en un plan de tratamiento de las aguas residuales y manejo integral de desechos cuando sea económica, social y ambientalmente viable.

En la nueva política sectorial, el financiamiento debe provenir fundamentalmente del cobro de tarifas a los usuarios, aportes de los municipios con cargo a la Ley 60 de 1993 e impuestos locales (para subsidios a la tarifa de usuarios subsidiables o las inversiones en expansión de los servicios), recursos de crédito de Findeter a las entidades prestadoras o a los municipios y aportes del sector privado. De manera complementaria, la Nación podrá asignar recursos de apoyo para solucionar los problemas estructurales del sector, promoviendo la modernización empresarial para asegurar sostenibilidad y eficiencia en los servicios. Los proyectos concursarán por los recursos de apoyo de la Nación, previo el cumplimiento de las siguientes condiciones:

• 1. Cumplimiento de la legislación y de la política sectorial. Es decir, que se adopten las normas definidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable en materia de tarifas y de gestión, se cuente con estudios y diseños bajo criterios de costo mínimo económico, exista racionalidad técnica y económica en la prioridad de las obras y se cumplan las normas técnicas del Ministerio de Desarrollo Económico, entre otros. Los desembolsos se realizarán pari-passu con el cumplimiento de los compromisos locales.

• 1. Maximizar el uso de tarifas, recursos de crédito y aportes locales en la financiación de los proyectos.

• 1. Prioridad de atención a usuarios subsidiables.

• 1. En los casos en que se vincule al sector privado, se tendrá en cuenta el porcentaje de usuarios subsidiables atendidos por éste; los plazos definidos para la obtención de niveles de eficiencia; los menores requerimientos de garantías del sector público y su cubrimiento por parte de los municipios; y que la vinculación se haya logrado mediante procesos competitivos (número de oferentes, plazo del concurso, condiciones exigidas a los proponentes).

18.2.1 Transformación y ajuste institucional

Busca crear las condiciones institucionales, regulatorias y de control en lo nacional, para generar señales claras, estables, flexibles y acordes con las condiciones locales. En el marco de la descentralización y la responsabilidad municipal, el subprograma de Modernización Empresarial apoyará la creación de entidades, prestadoras autónomas, técnica y financieramente viables, la aglomeración de mercados en empresas regionales, la creación de empresas comunitarias y pequeños operadores y la vinculación del sector privado.

18.2.2 Mejoramiento de la prestación de los servicios públicos domiciliarios

Los municipios y entidades prestadoras de los servicios adelantarán proyectos para ampliar las coberturas de acueducto y saneamiento básico y mejorar su calidad. En este programa también se prevé la modificación al régimen de transición para el desmonte de subsidios extralegales y la aclaración de los factores de contribución en las tarifas que se cobran por este servicio.

Forman parte de la política de agua potable y saneamiento básico los aportes de la Nación realizados a través del Ministerio de Desarrollo Económico, el programa Escaribe, los recursos del Plan Pacífico y los aportes del Fondo Nacional de Regalías destinados a este sector. Para complementar la financiación de las inversiones en la Costa Caribe se podrá recurrir a la contratación de créditos externos, de acuerdo con las metas fiscales de la Nación.

En materia de agua potable y saneamiento básico en la zona rural, el Ministerio de Desarrollo Económico coordinará con el Ministerio de Agricultura la ejecución de las políticas, planes y programas en materia de inversiones y asistencia técnica.

19 Emergencia informática año 2000

La llegada del año 2000 ha generado en el mundo entero una emergencia a causa de las fallas tecnológicas que pueden presentarse ante la incapacidad de los equipos electrónicos de asimilar el cambio de milenio. Colombia no es ajena al problema, pues los sistemas aeronáuticos, los sistemas de comunicaciones y en general todas las actividades que dependen de los computadores y otros sistemas electrónicos con microchips se pueden ver afectados. Es entonces indispensable tomar todas las medidas necesarias para evitar el caos informático, razón por la cual se incluyen disposiciones para facilitar las herramientas necesarias para afrontar la crisis informática.

• 1. Desarrollo urbano

20.1 Programa de apoyo a la implementación de macroproyectos urbanos

El Gobierno Nacional apoyará a las entidades territoriales en la formulación y gestión de los macroproyectos y los planes de renovación urbanos y promoverá la evaluación y seguimiento de los mismos.

20.2 Programa nacional de impulso a la política de transporte urbano

El Gobierno Nacional implementará un programa de asistencia técnica a las entidades territoriales para adelantar procesos de gestión y modernización de los sistemas de transporte urbano.

20.3 Programa de apoyo a la conformación de centros de información del suelo urbano

El Gobierno Nacional trabajará en un programa de asistencia técnica nacional a las ciudades con población mayor de 100 mil habitantes para el montaje, implementación y seguimiento de los observatorios del suelo y del mercado inmobiliario.

20.4 Programa de regulación masiva de la propiedad y modernización de los sistemas de catastro y registro

Se implementará la optimización, impulso y seguimiento de las labores de titulación masiva de predios y gestión institucional para el mejoramiento de la información y trámite de asuntos catastrales y de registro.

20.5 Programa de promoción del desarrollo económico de los centros urbanos

El Gobierno Nacional diseñará las herramientas técnicas y financieras necesarias para promover alianzas estratégicas entre entidades públicas y privadas, la calificación de la mano de obra y atraer la inversión a los centros urbanos.

• 1. Economía solidaria

Como se ha afirmado, la producción de capital social es imposible mientras en ella prime el conflicto y exista la percepción de que las decisiones económicas son tomadas por unos pocos y para el beneficio económico de unos pocos. Es imposible lograr la cohesión social mientras existan los altos índices de pobreza y desempleo y las grandes desigualdades sociales, como las imperantes en Colombia.

En este sentido, la economía solidaria juega un papel preponderante en la consecución del aumento del capital social, en la medida en que la cultura de la producción solidaria posibilita, mediante procesos participativos de diálogo, la concertación entre el Estado y la sociedad civil, la construcción de identidades rotas por la guerra, la formación de un ciudadano solidario que participa en las decisiones de interés común y en la construcción de una ética de la economía, de la convivencia y provee aptitudes para una vida en común, solidaria, participativa y tolerante.

En consecuencia, la política del Gobierno nacional y de la sociedad civil se orientará fundamentalmente a promover la participación económica del sector solidario en el ámbito rural y urbano para que los desempleados pobres y marginados autogestionen su propio trabajo con asistencia técnica, tecnológica y financiera que el Estado y el sector solidario puedan brindar.

El Gobierno se compromete a fortalecer proyectos de desarrollo empresarial participativo que tengan por objeto la creación y consolidación de empresas asociativas sostenibles que ayuden a las comunidades a multiplicar el trabajo productivo y los ingresos.

• 1. Control político a la emergencia económica

Con el fin de garantizar que tanto el sector privado nacional como el sector público dispongan de los recursos necesarios para poder financiar los proyectos de desarrollo incluidos en el presente plan de inversiones, el Congreso de la República, en ejercicio del control político que le otorga la Constitución, introducirá algunas disposiciones para permitir que el impuesto del 2 por mil a las transacciones financieras cumpla con los objetivos para el cual fue creado. Igualmente, se introducen precisiones a algunas normas sobre la Emergencia Económica relacionada con el terremoto del Eje Cafetero.

• 1. Reconstrucción económica y social del Eje Cafetero

En la recuperación de la Zona Cafetera-Ciudad Región, afectada por el terremoto del 25 de enero de 1999, se tendrán en cuenta tres etapas fundamentales: la primera, o de emergencia, para resolver transitoriamente las necesidades vitales, la segunda, de transición y planificación, y la tercera de recuperación y desarrollo de la Zona. La primera etapa seguirá bajo la coordinación y ejecución de la entidad nacional de emergencia integrada por el Gobierno Nacional. Sus actuaciones e inversiones serán concertadas con las autoridades territoriales respectivas y las instancias de participación ciudadana previstas en la Constitución y en las leyes; la segunda y tercera etapas se ejecutarán en el marco de un Plan Integral cuyo eje será el ordenamiento territorial y los planes de desarrollo ajustados a las nuevas condiciones. Este Plan se elaborará en concertación con las autoridades e instancias de planeación de la región, en especial las que consagran las Leyes 152 de 1994 y 388 de 1997.

23.1 Programa para la reconstrucción o reparación de inmuebles

El Gobierno Nacional participará técnica, financiera e institucionalmente en la reconstrucción o reparación de más de 90.000 inmuebles afectados, de los cuales se debe reconstruir en su totalidad más de la mitad, concentrados principalmente en los estratos bajos. Dicha reconstrucción incluye, por una parte, las viviendas, y por otra, toda la infraestructura urbana que ellas requieren, y que va desde la conexión a los servicios públicos domiciliarios, hasta la construcción y dotación de los centros de atención pública como hospitales, escuelas, guarderías y centros comunales.

23.2 Apoyo a la planificación local, regulación y prestación de servicios públicos

El Gobierno Nacional dará apoyo a los gobiernos municipales y departamentales involucrados en la zona afectada por el terremoto para que puedan seguir cumpliendo con sus funciones básicas, tales como la prestación de los servicios públicos (por medio de sus empresas descentralizadas), cuya infraestructura se vio seriamente afectada en algunos municipios, así como la planificación y participación en la reconstrucción integral de sus municipios, las funciones de control y regulación urbana, la representación de sus conciudadanos, etc.

El valor total del programa de reconstrucción económica y social del eje cafetero supera los dos billones de pesos, de los cuales es posible diferir en el tiempo aproximadamente 800 mil millones de pesos, gracias al mecanismo de subsidio a la tasa de interés (en lugar de un subsidio inicial y directo), creado para el programa de reconstrucción de inmuebles en el Decreto 196 de 1999.

Adicionalmente, las principales obras para realizar en la zona son: atención en albergues temporales a las personas afectadas que no cuenten con lugar de habitación; estudios sísmicos y de microzonificación para determinar áreas de riesgo; reparación, reconstrucción de las viviendas e inmuebles públicos (hospitales, colegios, cárceles, administración local, etc.), afectados directamente con el terremoto, reconstrucción de la torre de control y la plataforma del aeropuerto de Armenia; reparación de la infraestructura de servicios públicos afectada; generación de ingresos temporales a las personas que perdieron su fuente de empleo; restablecimiento y modernización de la red de prevención y atención de emergencias, remoción y determinación de centros de disposición final de los escombros; restablecimiento de la infraestructura productiva y la vivienda en el área rural; y creación de nuevas fuentes de generación de empleo de largo plazo.

• 1. Plan Caribe (Escaribe)

La Región Caribe tendrá un programa especial que tendrá como objetivos el mejoramiento de la cobertura y calidad de los sistemas de acueducto y alcantarillado, el mejoramiento del sistema de transporte y el mejoramiento del capital humano. Este programa será financiado a través de crédito externo y contrapartidas nacionales, de acuerdo con aprobación de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

CAPITULO III

Presupuestos plurianuales

Artículo 5 º. Valores de programas y subprogramas. Los valores asignados en el Plan Nacional de inversiones públicas 1999-2002 para los principales programas y subprogramas descritos en el artículo anterior se encuentran expresados en cifras en millones de pesos de 1998 y son los siguientes:

Plan de Inversiones 1999-2002

Cifras en Millones de $ de 1998

ARTICULO 5