LegalizeDecreto-ley 1/2011, de 29 de noviembre, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes de racionalización del Sector Público Empresarial
I
El contexto actual de estancamiento económico y las graves restricciones financieras que padece el sector público aragonés demandan una respuesta urgente por parte del Gobierno de Aragón, en orden a racionalizar la estructura empresarial pública de nuestra Comunidad Autónoma.
Desde esta perspectiva, el Gobierno de Aragón ha iniciado un proceso de reestructuración del sector público empresarial, que viene a profundizar en la reforma ya iniciada en la legislatura anterior, basado en la extinción, fusión y disolución de sociedades públicas, y en la introducción de medidas de optimización en la gestión de aquellas empresas que subsisten a este primer proceso de remodelación del sector. La finalidad, por consiguiente, es arbitrar un conjunto de decisiones de obligado cumplimiento que permitan avanzar a las distintas sociedades por la senda de la eficacia y la eficiencia.
A este fin, los resultados de la auditoría presentada por la Intervención General revelan graves desequilibrios contables, económicos y financieros que exigen adoptar medidas inmediatas de corrección y saneamiento, en defecto de las cuales se pondría en peligro no solamente la viabilidad y sostenibilidad de las cuentas de esas empresas sino también la estabilidad económico-presupuestaria de la propia Comunidad Autónoma.
Por todo ello, y en línea con los compromisos asumidos por este Gobierno y con las medidas de austeridad ya adoptadas, se van a ir fusionando, abandonando o suprimiendo aquellas empresas que no contribuyan a la consecución de fines de interés general, lo que implica extinciones y refundiciones de empresas, además de la reestructuración en los órganos directivos de las empresas del sector público empresarial en las que la Comunidad Autónoma de Aragón tiene una participación mayoritaria y puede, por tanto, aplicar de manera directa estas decisiones, así como la decisión de venta de las participaciones minoritarias en aquellas empresas que carece de sentido la intervención pública.
En suma, con esta estrategia se aspira a configurar un nuevo sector público empresarial eficaz y eficiente, de forma tal que se adopten una serie de medidas que contribuyan a mejorar la gestión del sector público empresarial y a la reducción del déficit y contención del gasto público.
El sistema de gestión del sector público empresarial ya prevé diversos mecanismos e instrumentos destinados a asegurar el control, la transparencia y, en la medida de lo posible, la coordinación de las decisiones adoptadas en el seno de los sujetos que integran dicho sector. Sin embargo, es necesario dar un paso más, y en este contexto el diseño precisa de una urgente revisión a diversos niveles, tanto estructurales como en su régimen económico y de gestión, a cuyo fin responde el presente Decreto-ley.
II
El Decreto-ley recoge una serie de medidas urgentes aplicables al sector público empresarial, de régimen económico-financiero, de control, contratación, y de recursos humanos, para la racionalización y mejora de la gestión de las sociedades empresariales autonómicas.
La estructura del Decreto-ley consta de 17 artículos agrupados en cinco capítulos, dos disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y tres disposiciones finales.
El Capítulo I regula las disposiciones generales, definiendo el objeto, el ámbito de aplicación que se extiende a las sociedades mercantiles autonómicas, los principios generales que inspiran su actuar, y las atribuciones del Gobierno de Aragón, residenciando la competencia para dar instrucciones en el departamento competente en materia de patrimonio, así como en la Corporación Empresarial Pública de Aragón.
El Capítulo II se refiere al régimen económico-financiero, estableciendo que las sociedades deberán adecuar sus presupuestos al objetivo de estabilidad presupuestaria, en términos de al menos equilibrio económico financiero y conforme a lo previsto en la legislación de estabilidad presupuestaria.
Asimismo, las sociedades que en su gestión pudieran afectar al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la Comunidad Autónoma de Aragón están obligadas a presentar un informe de gestión sobre las causas del desequilibrio y un plan económico-financiero de saneamiento.
Tanto el control del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, como el seguimiento del plan económico-financiero para la corrección del desequilibrio que hayan de presentar las sociedades que incumplan las condiciones de estabilidad establecidas, corresponderá al consejo de administración de la Corporación Empresarial Pública de Aragón o, en su defecto, a la persona titular del departamento con competencia en materia de patrimonio. El incumplimiento por la sociedad de estas medidas señaladas podrá acarrear el establecimiento de medidas correctoras severas.
Adicionalmente, para realizar emisiones de deuda y concesión de avales por parte de las sociedades que integran el sector público empresarial, debe preverse en las Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, llevándose de manera centralizada por la Corporación Empresarial Pública de Aragón.
Estas entidades, si incurren en niveles excesivos de déficit de capital circulante, habrán de realizar un Plan de Pagos a Proveedores aprobado por el titular del departamento competente en materia de patrimonio, y su incumplimiento podrá conllevar medidas correctoras. En caso de que incumplan el objetivo de estabilidad presupuestaria e incurran en niveles excesivos de déficit de capital circulante, se integrarán en un solo el Plan económico-financiero y el Plan de Pagos a proveedores.
La prestación de garantías por parte del Gobierno de Aragón se realizará conforme a la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma y Ley de Presupuestos correspondiente. Se autoriza al Gobierno de Aragón a autorizar cartas de compromiso de permanencia en el capital social de las empresas públicas aragonesas dentro de los límites de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma y Leyes de Presupuestos.
El Capítulo III recoge el régimen de control de las sociedades del sector público empresarial por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Aragón, estableciendo obligaciones de información y control por parte de la Corporación Empresarial Pública de Aragón, que constituirá una Comisión de auditoría y control, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de auditorías internas.
El Capítulo IV determina el régimen de contratación, previendo autorización previa para contratos cuya cuantía sea igual o superior a 12 millones de euros, o la cuantía que fije la correspondiente Ley de Presupuestos, siempre que no se trate de contratos de financiación y gestión financiera. Además previamente a la licitación de todo contrato se exige una memoria justificativa de necesidad.
El Capítulo V regula el régimen de recursos humanos, en concreto lo relativo al personal que ocupa puestos de carácter directivo, con la novedad del sometimiento al régimen de incompatibilidades, declaración de bienes, no percibir a su cese la indemnización, y su productividad ligada al cumplimiento de objetivos, que no se percibirán hasta que la sociedad no cumpla la obligación de elaboración del Plan económico-financiero o el Plan de Pago a Proveedores.
Finalmente, se incluyen dos disposiciones adicionales, la primera somete a esta normativa a los restantes entes de derecho público con la pertinente adaptación en materia de competencia, la segunda determina la obligatoriedad de las directrices de la Corporación Empresarial Pública de Aragón aprobadas hasta la fecha de entrada en vigor de este Decreto-ley; dos disposiciones transitorias, la primera tratando de homogeneizar la regulación del personal directivo a lo previsto en este Decreto-ley, y la segunda recogiendo un mandato para adecuar las instrucciones de contratación a este Decreto-ley; y tres disposiciones finales, la primera de las cuales modifica los artículos 146 y 147 de la Ley 5/2011, de 10 de marzo, del Patrimonio de Aragón, para adecuarlos a este Decreto-ley.
III
El artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón prevé que en caso de necesidad urgente y extraordinaria, el Gobierno de Aragón puede dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de Decreto-Ley. En este sentido, las modificaciones normativas que se abordan exigen acudir a esta figura del Decreto-ley por razón de la extraordinaria y urgente necesidad de llevar a cabo la regulación que contiene.
Esta adaptación es necesaria ya que para hacer efectivas las medidas de reestructuración del sector público empresarial no basta con diseñar el nuevo tejido empresarial, sino que se debe modificar la normativa de la Comunidad Autónoma de rango legal, lo que a su vez permitirá modificar las normas de rango reglamentario que supondrán la efectiva aplicación y desarrollo de los principios y medidas establecidos en la citada Ley.
Igualmente, se requiere adecuar lo dispuesto en la Ley 5/2011, de 10 de marzo, del Patrimonio de Aragón, a la normativa aplicable al sector público empresarial de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Los motivos expuestos justifican la urgencia en la aprobación de esta norma ya que, de otro modo, se produciría una situación de inseguridad jurídica para el sector público empresarial. La realidad económica actual ha evidenciado la necesidad de adoptar nuevas medidas para asegurar el efectivo cumplimiento por parte de esas entidades de los que son sus objetivos. Medidas más intensas que las ya instrumentadas y que deben adoptarse con celeridad. Los objetivos que se persiguen con este Decreto-ley no pueden ser cumplidos a través del procedimiento legislativo ordinario, con la premura que precisa la adopción de dichas medidas correctoras imprescindibles para reforzar la confianza en nuestro sector público empresarial y culminar su proceso de racionalización y reestructuración.
Las modificaciones que se incorporan mediante este Decreto-ley se amparan en las competencias que atribuye a la Comunidad Autónoma el artículo 71 del Estatuto de Autonomía de Aragón en su apartado 32, desarrollo de las bases del Estado previstas en el artículo 149.1.18 de la Constitución para las Administraciones Públicas aragonesas.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, a propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 29 de noviembre de 2011,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
Este Decreto-ley tiene por objeto el establecimiento de medidas urgentes de racionalización del sector público empresarial de la Comunidad Autónoma de Aragón, en coherencia con la estabilidad presupuestaria, adoptando una serie de medidas que contribuyan a mejorar la gestión del sector público empresarial, a garantizar su eficacia y eficiencia, a la reducción del déficit y la contención del gasto público.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Las normas recogidas en este Decreto-ley serán de aplicación a las sociedades mercantiles autonómicas a las que se refiere el artículo 133 de la Ley 5/2011, de 10 de marzo, del Patrimonio de Aragón.
Artículo 3. Principios generales.
Las sociedades mercantiles autonómicas deben actuar de acuerdo con los principios de legalidad, estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, transparencia, austeridad, eficacia, eficiencia, economía y servicio al interés general.
Artículo 4. Atribuciones del Gobierno de Aragón.
1.De conformidad con lo dispuesto por el artículo 135 de la Ley del Patrimonio de Aragón, el departamento competente en materia de patrimonio podrá impartir instrucciones de obligado cumplimiento para las sociedades mercantiles autonómicas.
Del mismo modo, podrá impartir instrucciones dirigidas a sus representantes en los órganos colegiados de otras sociedades en cuyo capital se participe, para que las medidas previstas en este Decreto-Ley se apliquen igualmente en dichas sociedades.
De acuerdo con lo previsto en la Disposición Adicional 9.ª de la Ley del Patrimonio de Aragón, las funciones enunciadas en el apartado anterior se atribuyen a la Corporación Empresarial Pública de Aragón.
CAPÍTULO II
Régimen económico-financiero
Artículo 5. Principios financieros y presupuestarios
1.Con carácter general, los ingresos que obtengan las sociedades a las que se refiere la presente norma deben ser suficientes para cubrir sus gastos e inversiones.
Igualmente, con carácter general, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 145 de la Ley del Patrimonio de Aragón, la elaboración, aprobación y ejecución de sus presupuestos se realizará al menos en términos de equilibrio económico financiero, de acuerdo con lo previsto en la legislación de estabilidad presupuestaria.
Artículo 6. Plan económico-financiero de saneamiento.
1.Las sociedades que hayan incurrido en pérdidas o en excesivos niveles de endeudamiento en 2010, de acuerdo con las cuentas anuales aprobadas, cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos en sus propios presupuestos deberán presentar antes de seis meses desde la entrada en vigor del presente Decreto-ley un informe de gestión sobre las causas del desequilibrio y un plan económico-financiero de saneamiento.
Igualmente, las sociedades que en el futuro incurran en dicha situación de desequilibrio, de acuerdo con sus cuentas anuales aprobadas, deberán presentar un informe de gestión sobre las causas del desequilibrio y un plan económico-financiero de saneamiento en el primer semestre del ejercicio en el que se presenten las cuentas.
El órgano de gobierno de cada sociedad elaborará las propuestas de informe de gestión y de plan económico-financiero de saneamiento.
La aprobación, con o sin modificaciones, y el seguimiento de la ejecución del plan corresponderán, oído el titular del departamento de tutela, al consejo de administración de la Corporación Empresarial Pública de Aragón o, en su defecto, a la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio.
El plan económico-financiero de saneamiento indicará las medidas correctoras, con una proyección temporal para alcanzar el reequilibrio en un máximo de tres años, contados a partir del inicio del año siguiente al que se ponga de manifiesto el desequilibrio. Salvo que concurran circunstancias excepcionales que hagan necesario un plazo mayor, que deberá concretar la sociedad y motivar suficientemente.
En el marco del seguimiento de la ejecución del plan, si por circunstancias sobrevenidas no fuera posible el cumplimiento de los objetivos previstos en el plan con carácter anual, la Corporación Empresarial Pública de Aragón, oído el titular del departamento de tutela, podrá proponer modificaciones al mismo tendentes a la consecución de los objetivos marcados.
Cuando se cumplan las circunstancias señaladas en el apartado 1 de este artículo y del artículo 8 de este Decreto-ley, el Plan económico-financiero de saneamiento y el Plan de Pagos a Proveedores se integrarán en uno solo que satisfaga los requerimientos de cada uno de ellos.
El incumplimiento de la formulación por el órgano de gobierno de cada sociedad de las propuestas previstas en el apartado primero de este artículo, así como el incumplimiento en cualquier momento de dichas propuestas, podrá comportar el establecimiento de medidas coercitivas, oído el titular del departamento de tutela, por parte del titular del departamento competente en materia de patrimonio, o, en su caso, del consejo de administración de la Corporación Pública Empresarial de Aragón, que podrán consistir, entre otras, en:
El cese de los miembros del órgano de gobierno de la sociedad, así como en su caso de su director general, gerente o quien realice funciones ejecutivas de máximo nivel.
la paralización de las transferencias para la cobertura, total o parcial, de déficit de las sociedades incumplidoras, a cuyo fin se declarará la no disponibilidad de los créditos presupuestarios destinados a este fin en el departamento de tutela de las sociedades.
la no tramitación de ninguna operación de garantía, compromisos de participación o permanencia o afianzamiento de las obligaciones de las sociedades incumplidoras.
la paralización de las inversiones de cualquier índole, directas o indirectas, de la sociedad.
la exigencia de autorización previa para la formalización de los nuevos contratos que se determinen.
la limitación de la autorización de endeudamiento de acuerdo con lo previsto en la ley de presupuestos anual.
Artículo 7. Endeudamiento y modalidades de financiación.
1.En las sucesivas Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón se determinarán los importes globales máximos que las sociedades que conforman el sector público puedan utilizar como recurso de endeudamiento así como la concesión de avales. Todo ello sin perjuicio de la especial consideración de los avales que puedan ser necesarios en función de la legislación sectorial.
La coordinación y el control del endeudamiento de las sociedades a las que se refiere esta norma se llevará a cabo de manera centralizada por la Corporación Empresarial Pública de Aragón, sin perjuicio de las competencias del departamento competente en materia de Hacienda.
La coordinación de dicho endeudamiento del sector empresarial se extenderá a cualquier modalidad de financiación, entre las que se incluirán las distintas fórmulas de financiación, bajo cualquier modalidad, que se utilicen para la construcción o gestión de obras públicas e infraestructuras y la prestación de servicios públicos.
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