Real Decreto 1556/1995, de 21 de septiembre, de desarrollo y aplicación de la Ley 26/1994, de 29 de septiembre, por la que se regula la situación de segunda actividad en el Cuerpo Nacional de Policía

El pase de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía a la situación de segunda actividad, definida en el artículo 1 de la Ley 26/1994, de 29 de septiembre, se producirá por cualquiera de las causas recogida en el artículo 3 de dicha Ley, en los términos y condiciones regulados en aquella disposición y en el presente Real Decreto. Se exceptúa de su aplicación a los funcionarios que ocupen plazas de facultativos y técnicos del mencionado Cuerpo.

Al producirse el pase a la situación de segunda actividad, los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía cesarán en los puestos de trabajo que vinieren ocupando en servicio activo, o en su caso, tuvieren reservados.

Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que pasen a la situación de segunda actividad, quedarán adscritos a la Comisaría Provincial correspondiente a su domicilio, a través de la cual mantendrán las relaciones funcionariales con la Dirección General de la Policía, excepto cuando ocupen destino en dicha situación, en cuyo caso las citadas relaciones tendrán lugar a través de la Unidad de destino, considerándose, asimismo, el municipio donde radique su sede, el domicilio oficial del interesado.

En su expediente personal deberá constar tanto el domicilio que el afectado haya fijado como la Comisaría de Policía a la que queda adscrito.

Los funcionarios que pasen a la situación de segunda actividad sin destino o, una vez en la misma, modifiquen su domicilio, deberán presentarse en el plazo de quince días, en la Comisaría Provincial correspondiente a su domicilio, a efectos de diligenciar su adscripción, debiendo ésta comunicar tal hecho al órgano central de gestión de personal de la Dirección General de la Policía.

Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía al pasar a la situación de segunda actividad harán entrega del carné profesional de activo y de la placa emblema; simultáneamente se les dotará del carné identificativo profesional ajustado al modelo aprobado al efecto.

Al pasar a la situación de segunda actividad sin destino, los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía podrán continuar en la tenencia y uso del arma reglamentaria, previa concesión por el Director general de la Policía de la correspondiente licencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117.6 del vigente Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero. El documento de identidad profesional que posean tendrá, en su caso, la consideración de dicha licencia.

A través de la relación o, en su caso, catálogo de puestos de trabajo de la Dirección General de la Policía, se determinarán aquellos puestos que, teniendo en cuenta, de una parte, las disponibilidades de personal y las necesidades funcionales y orgánicas de la organización policial y, de otra, la concordancia entre el cometido asignado a aquellos puestos de trabajo y las funciones que puedan desempeñar los funcionarios en situación de segunda actividad, sean susceptibles de ser ocupadas por éstos, o por personal en activo.

Los puestos de trabajo así fijados se proveerán de conformidad con el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo de la Dirección General de la Policía, aprobado por Real Decreto 997/1989, de 28 de julio, y, cuando se oferten y atribuyan a personal en situación de segunda actividad, se desempeñarán por el tiempo que se determine en la convocatoria. Al finalizar éste, si no se hubiera producido el cese del interesado, y previa conformidad del mismo, se entenderá prorrogado sucesivamente por períodos de igual duración, sin que pueda superarse el límite de los sesenta años de edad.

El cumplimiento de las funciones a que se refiere el artículo anterior se llevará a cabo, preferentemente, por los funcionarios residentes en la Comunidad Autónoma a que afecten dichas razones excepcionales, sin perjuicio de hacerlo extensivo a los residentes en otras zonas, si fuera necesario, asignándose a los mismos los servicios que procedan en razón a su categoría de acuerdo con las necesidades y las funciones atribuidas a cada una de ellas.

La designación de funcionarios para el cumplimiento de dichos servicios se iniciará por quienes hubieran pasado a la situación de segunda actividad a petición propia, continuando por quienes lo hubieran hecho por razón de edad. El orden, en cada caso, será el inverso al de su pase a segunda actividad, comenzando por quienes hayan alcanzado esta situación en fecha más próxima a aquélla en que se produzca la designación.

A los funcionarios afectados se les dotará de la uniformidad, distintivos, armamento y demás medios necesarios para el desempeño de las funciones que se les encomienden.

La Dirección General de la Policía declarará de oficio el pase a la situación de segunda actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía por el cumplimiento de las edades que para cada Escala se establecen en el artículo 4 de la Ley 26/1994, de 29 de septiembre.

Quien en el momento de cumplir la edad, que determine su paso a la situación de segunda actividad, se hallase en una situación administrativa distinta a la de servicio activo, continuará en la misma hasta que cesen las causas que la motivaron.

No obstante lo señalado en el apartado anterior, cuando se trate de las situaciones de excedencia forzosa, en expectativas de destino o cualesquiera otras de naturaleza similar producidas por la reestructuración de plantillas o Unidades que impliquen supresión de puestos de trabajo, el cumplimiento de la edad de pase a la situación de segunda actividad determinará el cese en aquellas situaciones de los afectados y su incorporación a la de segunda actividad, a todos los efectos.

En todo caso, del cumplimiento de las edades establecidas para el pase a la situación de segunda actividad, se tomará razón en el expediente personal de los afectados y se notificará esta circunstancia a los mismos, con independencia de que el pase efectivo a esta situación se produzca en otro momento posterior.

Por el Secretario de Estado de Interior se fijará, antes del 31 de diciembre de cada año, el número máximo de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, por categorías, que se autoriza pase a la situación de segunda actividad de forma voluntaria durante el año siguiente, teniendo en cuenta las disponibilidades de personal y las necesidades orgánicas y funcionales de la organización policial, publicándose la resolución correspondiente en la Orden General de la Dirección General de la Policía.

Dentro del mes siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, el Director general de la Policía resolverá lo procedente sobre las mismas, mediante acuerdo que se publicará en la Orden General del centro directivo, teniendo en cuenta la antigüedad y edad de los peticionarios y, en su caso, la prioridad en la solicitud.

Pasarán a la situación de segunda actividad los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que, antes de cumplir las edades determinadas en el artículo 4 de la Ley 26/1994, de 29 de septiembre, tengan disminuidas de forma apreciable sus aptitudes físicas o psíquicas de modo que les impida el normal cumplimiento de sus funciones profesionales, previa instrucción del oportuno procedimiento de oficio o a solicitud del interesado, siempre que la intensidad de la referida disminución no sea causa de jubilación por incapacidad permanente para el servicio.

A los efectos de apreciación de la insuficiencia física o psíquica por el tribunal médico, se valorarán las siguientes circunstancias:

El tribunal médico encargado de apreciar la insuficiencia física o psíquica será nombrado por el Director general de la Policía, y estará compuesto por un Presidente y tres Vocales, con sus correspondientes suplentes, designados entre personal facultativo-médico del Cuerpo Nacional de Policía. A solicitud del Presidente, el Director general de la Policía podrá acordar la participación de especialistas de la Dirección General de la Policía, o ajenos a la misma si ésta no dispone de aquéllos.

Podrá existir un tribunal médico único, a nivel nacional, o varios tribunales, con el ámbito territorial de competencias que se determinen para cada uno de ellos en la resolución por la que sean designados.

Para facilitar su funcionamiento, el tribunal contará con un Secretario, que habrá de ser un funcionario que ocupe un puesto de trabajo en la Dirección General de la Policía. Será designado por el Director general y actuará con voz pero sin voto.

Para la válida constitución del tribunal, a efectos de celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y de dos Vocales. Levantará acta de cada una de las sesiones y emitirá dictamen razonado sobre la procedencia del pase a la situación de segunda actividad del funcionario o de su incapacidad permanente para el servicio a efectos de la declaración de jubilación.

El tribunal se regirá por lo establecido en el capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El procedimiento para determinar el pase a la situación de segunda actividad por insuficiencia de las aptitudes psicofísicas podrá iniciarse de oficio o a instancia de persona interesada, quien podrá alegar lo que estime conveniente en defensa de su pretensión. Caso de iniciarse de oficio, dicho acuerdo deberá comunicarse al interesado.

Recibida la petición o adoptado el acuerdo, con los informes y demás documentación pertinentes, se dará traslado al tribunal médico correspondiente, quien procederá a citar al interesado para su reconocimiento en el plazo de quince días, llevándose a cabo el mismo en los quince días siguientes.

En el caso de que el funcionario estuviere impedido para personarse ante el tribunal, éste proveerá de inmediato lo necesario para que sea examinado en su domicilio o en el centro sanitario en que se hallase internado.

Si el funcionario no compareciera voluntariamente se le reiterará por una sola vez la convocatoria y, de no hacerlo ni justificar la causa que se lo impida, el tribunal, en base a los documentos clínicos o de otra índole que pudieran obrar en su poder o que haya podido obtener, emitirá el dictamen que proceda, sin perjuicio de la responsabilidad exigible al funcionario citado en el orden disciplinario.