LegalizeLey 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del sector eléctrico canario
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 12.8 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley:
PREÁMBULO
El desarrollo de una sociedad moderna ha venido solidariamente unido a la del sector eléctrico. Como energía de gran versatilidad por la facilidad de su transporte desde las instalaciones de generación a las de consumo, incluso a larga distancia, permite unificar el uso de las diferentes fuentes primarias de energía.
De hecho, el avance tecnológico moderno está totalmente condicionado por la disponibilidad y uso de la energía eléctrica. Por ello no puede extrañar que el desarrollo del sector sea objeto de cuidadosa atención de los responsables de la planificación económica, tanto en el ámbito nacional como regional. Tal es el caso de los responsables políticos de la Comunidad Autónoma de Canarias, a los que el artículo 31.4 del Estatuto de Autonomía encomienda, en el ámbito de su competencia, la ordenación y planificación de la actividad económica regional.
La industria eléctrica y su evolución condicionan el desarrollo industrial en general, por lo que su dimensión, estructura, política de aprovisionamiento de combustibles fósiles u otros tipos de fuentes energéticas y, en general, su organización y régimen de funcionamiento constituyen factores de trascendental importancia para el bienestar de un país.
Esta trascendencia hace necesaria la intervención de la Administración pública con políticas de planificación a medio y largo plazo, actividades de fomento y también de vigilancia y control que impidan y, en su caso, corrijan prácticas restrictivas de la competencia, que puedan distorsionar el libre funcionamiento del mercado.
Característica importante de la generación eléctrica es la práctica imposibilidad de almacenamiento de la energía y también las importantes inversiones necesarias para conciliar los incrementos de la demanda con los de la oferta disponible.
El problema no sólo se plantea en las plantas de generación, sino también en las líneas de transporte y distribución que deben estar capacitadas para suministrar la energía demandada.
El volumen importante de las inversiones precisas para la puesta en funcionamiento de nuevas unidades de producción, la necesaria diversificación de las fuentes energéticas por razones claramente estratégicas, muy importantes en Canarias, y la conveniencia de poder responder con flexibilidad a pequeños incrementos de la demanda, hacen necesarias políticas de fomento del uso de energías alternativas, el claro apoyo a las actividades de los autoproductores, el fomento de tecnologías tales como la de las centrales energéticas de ciclo combinado, unido a políticas de ahorro energético que permitan mantener la política inversora dentro de límites razonables, sin por ello dejar de atender al crecimiento de la demanda.
Por otra parte, la importancia básica de la energía ha dado origen a una clara tendencia a la integración en redes de transporte común de las diferentes plantas e instalaciones de generación, aun en el caso de pertenencia a diversos titulares.
Sin embargo, como consecuencia efectiva de esta tendencia se produce «de facto» lo que ha venido a llamarse un monopolio natural en transporte y distribución, propicio a prácticas restrictivas de la competencia. Efectivamente, la necesidad de ir por delante de la demanda, además de una planificación pública basada en las tendencias previsibles de consumo, exige importantes aportaciones de capital que, inevitablemente, producen una acumulación de capacidad de influencia en el mercado que, en la práctica, no puede funcionar dentro de razonables parámetros de libre competencia.
Se hace necesaria la intervención reguladora de las Administraciones públicas a las que les corresponde la capacidad de ordenación y planificación y que con sus actividades de fomento y policía debe intervenir en el mercado, evitando dificultades de oferta, abusos a los usuarios desde una posición dominante e incluso, en un papel subsidiario, intervenir directamente a través de entidades o empresas públicas en las diferentes fases productivas: Generación, transporte, distribución y comercialización.
Esto es tanto más necesario en situaciones de generación aislada como ocurre en Canarias. Efectivamente el archipiélago, por su propia naturaleza, na sólo se encuentra aislado de cualquier red energética eléctrica continental, sino que por las grandes profundidades entre las islas, con la excepción existente entre Lanzarote y Fuerteventura, cada isla constituye un sistema de generación aislado que debe ser autosuficiente en limites estratégicos.
La singularidad canaria no se le ha escapado al legislador y por ello el Estatuto de Autonomía, de un modo singular dentro del conjunto de las Comunidades Autónomas, otorga a Canarias competencia exclusiva en instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, de acuerdo con las bases del régimen minero y energético.
Asimismo, la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, de acuerdo con el mandato de solidaridad con especial atención al hecho insular del artículo 138.1 de la Constitución, exige disposiciones que habiliten un sistema de compensación que garantice en el ámbito autonómico una moderación de los precios de la energía, manteniendo su equivalencia a los del resto del territorio del Estado español.
La misma ley, buscando la necesaria flexibilización de la oferta energética, en su artículo 16 ordena fomentar el establecimiento de centrales energéticas de ciclo combinado, preferentemente de gas natural, así como la implantación de centrales duales de energía eléctrica y desalinización de agua, conjuntamente con la potenciación estratégica de las energías alternativas.
Esta norma hace hincapié en una de las características diferenciales de la producción de energía eléctrica en Canarias de la del resto del Estado: La fuerte interacción entre los procesos de desalinización y la producción y el consumo de energía. Efectivamente, el agua desalinizada constituye la fuente esencial de suministro a la población y a la industria en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, al área metropolitana de Las Palmas-Telde en Gran Canaria y en un próximo futuro en el sur de Tenerife.
Si a las anteriores consideraciones se une el hecho de que, probablemente, el segundo operador telefónico de pronta implantación en Canarias sólo será viable por razones ambientales y de derechos de paso alrededor de la red eléctrica, se pone de manifiesto la importancia estratégica que para el futuro de la Comunidad Autónoma tiene el correcto funcionamiento del sector, y de ahí la necesidad de su regularización por esta ley.
El artículo 30.26 del Estatuto de Autonomía, como delimitador de la competencia exclusiva de la Comunidad, en términos energéticos, establece la base jurídica para la promulgación de esta ley; asimismo el artículo 32.11 del mismo Estatuto faculta al desarrollo legislativo y ejecución de los contratos y el régimen jurídico del dominio público y de las concesiones administrativas en el ámbito competencial autonómico.
Marco necesario para determinar el contenido de esta ley ha de ser la Directiva 96/92/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.
Esta directiva, de obligado desarrollo en el derecho interno de nuestro país, aun recalcando el principio de subsidiariedad, establece un conjunto de principios generales de aplicación alternativa en los diferentes territorios comunitarios. Buscando un mercado interior competitivo, sin embargo admite la posibilidad de imponer obligaciones de servicio público en el caso de que no se pueda garantizar la libre competencia para garantía de los consumidores y protección del medio ambiente; asimismo admite la posibilidad de recurrir a excepciones al régimen general en pequeñas redes aisladas (aquéllas con un consumo inferior a 2.500 GWh) y también a la concesión de derechos de suministro a los clientes que se encuentren en una zona determinada y al nombramiento para esa zona de un gestor de la red de distribución con el fin de explotar, mantener y, en su caso, desarrollar la misma.
La presente ley pretende el establecimiento en Canarias de un mercado competitivo en el sector eléctrico, sin perjuicio de las obligaciones de servicio público que se estimaran procedentes, dentro del marco normativo comunitario.
Objetivo básico de la ley es regular, de acuerdo a las bases del régimen energético, el mercado canario e insular del sector eléctrico de tal forma que se racionalice la generación, transmisión y distribución de la electricidad, se refuerce la seguridad y calidad del abastecimiento en las peculiares circunstancias que se derivan del hecho insular y que determinan que cada isla constituya un sistema independiente y en el que es necesario garantizar un mercado competitivo, incluso en el caso en el que, de acuerdo a la normativa comunitaria, quede clasificado como pequeña red aislada, admitiendo el procedimiento de licitación cuando fuera necesario garantizar la competencia.
Las características de estos sistemas han derivado a que, en el momento actual, exista un monopolio de hecho al que solamente su carácter público ha contribuido, en general, a evitar abusos de posición dominante y comportamientos depredadores. Por otra parte, el mismo carácter público de las actividades en el sector eléctrico de las islas ha hecho innecesario el establecimiento de obligaciones de servicio público, lo que puede ser necesario si se desarrollan actividades privatizadoras.
Por ello la búsqueda de un mercado competitivo y esos procesos de privatización en marcha ya anunciados hacen preciso un conjunto de normas, incluidas en esta ley, que impidan y corrijan alteraciones y disfunciones del mercado que puedan producir perjuicios a los consumidores canarios.
TÍTULO I. Disposiciones generales
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
La presente ley será de aplicación en el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Artículo 2. Definiciones.
A efectos de la presente ley, se entenderá por:
Generación: La producción de electricidad.
Productor: Toda persona física o jurídica que genere electricidad.
Autoproductor: Productor que genere electricidad para su propio uso, sin perjuicio que pueda comercializar sus excedentes productivos.
Transmisión: Transporte de electricidad por una red de alta tensión con el fin de suministrar a clientes finales o distribuidores.
Transporte: La distribución de electricidad por las redes de media y baja tensión para el suministro a clientes.
Clientes: Los compradores de electricidad, ya sean al por mayor, compañías de distribución, o compradores de electricidad para su consumo propio.
Suministro: La entrega de electricidad a clientes.
Procedimiento de licitación: El procedimiento excepcional por el que se resolverán las necesidades adicionales de energía y las capacidades planificadas de generación, a través de nuevas instalaciones de generación o de las ya existentes, cuando no proceda el sistema de autorización.
Planificación a largo plazo: El desarrollo de planes que permitan satisfacer las necesidades de inversión para incrementar la capacidad de generación y transmisión a largo plazo con el objeto de satisfacer la demanda de electricidad de la red y garantizar el suministro a los clientes o consumidores en condiciones de seguridad y calidad.
Régimen ordinario de generación eléctrica: Se entienden incluidos en este régimen las instalaciones de generación que utilizando como fuente primaria de energía la hidráulica o combustibles fósiles convencionales tengan como objeto básico la producción de energía eléctrica para su suministro a clientes.
(Anulado)
Se declara inconstitucional y nulo el apartado 11 y la deseestimación del recurso de inconstitucionalidad 997/1998 respecto del apartado 3, por Sentencia del TC 18/2011, de 3 de marzo. Ref. BOE-A-2011-5704
Se mantiene la suspensión de la vigencia y aplicación de los apartados 3 y 11 , por Auto del TC de 14 de julio de 1998. Ref. BOE-A-1998-17790
Se suspende la vigencia y aplicación de los apartados 3 y 11 desde el 7 de marzo de 1998 para las partes en el proceso y desde el 27 de marzo de 1998 para los terceros, por providencia del TC de 17 de marzo de 1998, que admite a trámite el Recurso de inconstitucionalidad 997/1998. Ref. BOE-A-1998-7074
Artículo 3. Objeto.
El objeto de la presente ley es regular todas las actividades encaminadas al suministro a los clientes o consumidores de energía eléctrica en condiciones competitivas, en sus diferentes fases de generación, transporte, distribución y comercialización, garantizando la seguridad de abastecimiento; asimismo lograr la regularidad en calidad y precio, con especial atención a la protección del medio ambiente.
Artículo 4. Régimen de funcionamiento.
Se reconoce la libre iniciativa empresarial en las actividades a que se refiere el artículo anterior, condicionando su ejercicio, con carácter general, al otorgamiento de una autorización administrativa por la Consejería competente en materia de industria del Gobierno de Canarias.
Esas actividades deberán ejercerse, en todo caso, garantizando el suministro de energía a todos los clientes o consumidores, ya sea en el ámbito regional o insular, según corresponda.
A estos efectos, en los procesos de adjudicación de autorización de nuevas instalaciones de generación, transmisión o distribución, así como en las ampliaciones, modificaciones y extensiones necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica en todo el territorio canario, el Gobierno de Canarias podrá imponer a las compañías de electricidad obligaciones de servicio público en áreas determinadas del archipiélago.
Las compañías de generación de energía eléctrica deberán disponer de un «stock» estratégico de combustibles equivalente, como mínimo, a cuarenta y cinco días del consumo previsto anual en cada uno de los sistemas aislados que configuran el sistema eléctrico.
Se garantizará el suministro de cada sistema aislado, estableciendo una relación entre potencia demandada punta anual y potencia instalada según se establezca reglamentariamente.
Al objeto de mantener la calidad del servicio y el derecho de los consumidores, se garantizará que la tensión en el punto de consumo no tenga una desviación superior al ± 7 por 100 de la tensión contratada.
Artículo 5. Competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Corresponde a la Administración autonómica:
La planificación a largo y corto plazo de las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía, de acuerdo con las bases del régimen energético en el ámbito estatal.
El desarrollo y la ejecución de la normativa básica sobre la generación, el transporte, la distribución y la comercialización de energía eléctrica, así como la promulgación de normas adicionales.
El otorgamiento de las autorizaciones en los términos establecidos en esta ley y en las disposiciones de desarrollo reglamentario.
El establecimiento de las condiciones técnicas a que deben acomodarse las instalaciones de generación, transporte y distribución, en especial los condicionantes medioambientales. En particular las reglamentaciones técnicas se dirigirán a obtener la mayor racionalidad de las instalaciones y su fiabilidad, la prestación del servicio con seguridad para personas y bienes, a la vez que con regularidad y eficiencia.
La inspección del cumplimiento de las especificaciones técnicas y económicas, así como otras adicionales que se hubieran establecido al conceder las autorizaciones administrativas, en particular las de servicio público, en su caso.
La sanción, de acuerdo con lo establecido en esta ley y en la legislación estatal aplicable, de las infracciones tipificadas cometidas.
La Comunidad Autónoma de Canarias, a los efectos previstos en el apartado anterior, podrá celebrar convenios de colaboración con la Administración General del Estado, así como solicitar el apoyo técnico de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico.
Artículo 6. Planificación a largo plazo.
(Anulado)
Se declara inconstitucional y nulo, por Sentencia del TC 18/2011, de 3 de marzo. Ref. BOE-A-2011-5704
Se levanta la suspensión de la vigencia y aplicación, por Auto del TC de 14 de julio de 1998. Ref. BOE-A-1998-17790
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