LegalizeLey 7/2002, de 3 de mayo, de creación del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León
Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 16.4 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece actualmente en su artículo 32.1.1.ala competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de «organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno».
El artículo 32.1.7.ª recoge la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de «agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias, de acuerdo con la ordenación general de la economía».
El apartado 17.º de este mismo artículo recoge la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de «investigación científica y técnica, en coordinación con la general del Estado». Por otra parte el apartado 21.o del artículo señalado recoge idéntico nivel competencial respecto «a la creación y gestión de un sector público regional propio de Castilla y León».
En el marco definido por los preceptos anteriores, es necesario adecuar las fórmulas operativas del ejercicio de las competencias afectadas, al objeto de facilitar los esfuerzos del Sector Agrario y Agroalimentario de Castilla y León para situarse en el nivel de competitividad y calidad obligado por la evolución de la Política Agraria Común de la Unión Europea y las tendencias del comercio mundial de las producciones alimentarias. En ese sentido, las áreas de investigación y difusión de nuevas tecnologías y productos, de promoción de iniciativas vinculadas a nuevos campos de actividad, de certificación de la calidad alimentaria y de la adecuación y modernización de la infraestructura territorial agraria, que adquieren una especial relevancia en orden a asegurar la obligada eficacia del conjunto del sistema productivo regional, exigen fórmulas de gestión específicas y diferenciadas de las habituales de la Administración Pública, por mor de las siguientes componentes básicas de su actividad:
Alto nivel de especialización tecnológica de las funciones y los empleados públicos afectados.
Prolongados períodos de maduración y desarrollo de determinados objetivos particulares.
Notable flexibilidad en las capacidades de actuación para dar respuesta con rapidez y adecuación a la problemática específica de las distintas posibilidades de actuación.
Implicación o participación destacada de los afectados por los correspondientes procesos de desarrollo, que devienen ineficaces, si aquellos no comparten mayoritariamente los objetivos y los criterios que los orientan.
La modalidad organizativa vigente de las actividades señaladas sometidas íntegramente al Derecho Administrativo y a las pautas de funcionamiento de una Administración General, no se ha mostrado suficientemente apta para gestionar procesos que pueden generar un voluminoso tráfico jurídico y económico con terceros, requiere formas ágiles y especializadas de gestión de personal y exige o puede exigir conciertos con empresas o acudir a fuentes de financiación mixtas en el seno de fórmulas de gestión sometidas al derecho privado.
Tales circunstancias han venido inclinando a las diversas Administraciones Públicas de ámbito estatal competentes en esta materia, a generar Organismos (actual INIA, o antiguo IRYDA) que al igual que las variadas entidades configuradas en diversas Comunidades Autónomas, tienen en común la de poseer una personalidad jurídica diferenciada de la de su Administración General, acudiendo a distintas fórmulas de personificación vinculadas al Derecho Público o al Derecho Privado.
La presente Ley, al objeto de atender aquellas funciones y objetivos establece el Instituto Tecnológico Agrario como Ente Público de Derecho Privado, teniendo en cuenta por un lado las características técnico-económicas fundamentales de su actividad, bien delimitadas respecto de las de acusado perfil administrativo que caracterizarían a los Órganos Autónomos. Por otro, se considera que al ser la Comunidad Autónoma el único titular de la entidad, no alcanzaría su pleno sentido la constitución de una Sociedad Pública. Además el Instituto, aun cuando su actividad estará regida en buena medida por el Derecho Privado, precisará desarrollar determinadas funciones y ejercitar, aunque fuere en forma limitada, potestades públicas a las que les resulta aplicable el Derecho Público.
El Ente que se crea en esta Ley, integrará los distintos Centros Tecnológicos especializados que actualmente existen en la Consejería de Agricultura y Ganadería, así como distintos Servicios y unidades de su actual estructura administrativa. Tiene como objetivos fundamentales impulsar el desarrollo tecnológico y la dinamización de iniciativas que comporten nuevas orientaciones productivas o de adecuación al mercado y a sus exigencias, pudiendo actuar como medio propio de la Administración en áreas básicamente tecnológicas como lo son la investigación, la certificación de la calidad, el desarrollo de infraestructuras o la promoción de iniciativas de desarrollo específicas.
La presente Ley se estructura en dos Títulos, tres Disposiciones Adicionales, siete Disposiciones Transitorias y dos Disposiciones Finales.
En el Título I se crea el Ente Público, se fijan sus objetivos, fines, facultades, se establece su régimen jurídico, recursos, patrimonio, presupuesto, las fórmulas de aprobación y libramiento de fondos, así como los sistemas de control del mismo, la cooperación con la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y las fórmulas de recurso contra los actos del Instituto. El Título II trata de la dirección y personal del Instituto. En él se establece además del Consejo del Instituto, un Consejo Asesor que asegura la participación de los afectados.
Las disposiciones adicionales y transitorias establecen las diversas medidas vinculadas a la adecuación de las estructuras administrativas de la Consejería de Agricultura y Ganadería, así como del personal afectado por la creación del Ente Público, señalando fórmulas de gestión para los períodos en que el Instituto no disponga de medios.
En las disposiciones finales se faculta a la Junta de Castilla y León para dictar las disposiciones precisas para el desarrollo reglamentario y la entrada en funcionamiento efectivo del Instituto y la Ley.
TÍTULO I
Artículo 1. Creación del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
Se crea el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (en adelante, Instituto), como ente público que se rige fundamentalmente por el derecho privado, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio, administración autónoma y plena capacidad de obrar para el ejercicio de sus competencias y de las actuaciones que se le encomiendan.
Se modifica por la disposición final 7 de la Ley 2/2017, de 4 de julio. Ref. BOE-A-2017-9778
Artículo 2. Objetivos, competencias y funciones.
El Instituto tendrá a su cargo los objetivos propios de la Comunidad Autónoma de potenciar la actividad del sector agrario y de sus industrias de transformación, mediante el impulso del desarrollo tecnológico y la dinamización de iniciativas que comporten nuevas orientaciones productivas o de adecuación al mercado y a sus exigencias de calidad y competitividad.
Corresponden al Instituto las siguientes competencias:
El desarrollo de las zonas regables, en lo que respecta a las infraestructuras de nuevos regadíos y modernización de los existentes.
La tecnología de la información y base cartográfica aplicada al sector agrario y agroalimentario.
La investigación aplicada y desarrollo tecnológico en el sector agrario y agroalimentario.
La investigación orientada hacia la seguridad de las materias primas alimentarias.
Las figuras de calidad diferenciada de productos agroalimentarios de Castilla y León. En este ámbito ejercerá las competencias relativas al desarrollo de trabajos de certificación directa, al control oficial y a la condición de autoridad competente en dicha materia, así como la condición de órgano de homologación y control de las distintas entidades de certificación que operen en la Comunidad de Castilla y León. El Instituto actuará como auditor externo de las Asociaciones, Consejos y demás entidades titulares de figuras de calidad que lo demanden o precisen a los efectos de aseguramiento de la calidad establecidos en la normativa específica.
La promoción de los productos agroalimentarios de Castilla y León, sin perjuicio de las competencias que en este mismo ámbito pueda ejercer la consejería competente en materia agraria y agroalimentaria.
Cualquier otra que en el ámbito de las competencias a que se refieren las letras anteriores resulte de la legislación aplicable.
Asimismo, el Instituto actuará como medio propio de la Administración en la ejecución de las actividades especializadas por su naturaleza tecnológica y económica que le sean encomendadas en los siguientes grupos de materias:
Infraestructuras y actuaciones sobre el territorio de interés general agrario.
Tecnología de la información y base cartográfica.
Operaciones concretas de desarrollo en las que se den las circunstancias de interés territorial o estratégico, insuficiente participación de los agentes económicos y necesidad de estructurar o reestructurar un ámbito productivo vinculado al sector agrario.
Se modifica por la disposición final 7 de la Ley 2/2017, de 4 de julio. Ref. BOE-A-2017-9778
Se añade un guión al apartado 2.1 de la Ley 1/2014, de 19 de marzo. Ref. BOE-A-2014-3562#dfsegunda
Artículo 3. Facultades del Instituto.
En el ejercicio de sus competencias y funciones, para el cumplimiento de sus objetivos, el Instituto podrá:
Realizar toda clase de actividades económicas y financieras sin más limitaciones que lo dispuesto en esta ley y en las disposiciones que le sean de aplicación. Podrá celebrar todo tipo de contratos, presar servicios, otorgar avales dentro del límite máximo fijado por la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de cada ejercicio, contraer y conceder préstamos y, así mismo dentro de los límites que fije dicha ley, promover sociedades mercantiles o participar en sociedades ya constituidas y en entidades sin ánimo de lucro.
Realizar y contratar obras, estudios, asesoramientos y trabajos técnicos.
Suscribir convenios con Administraciones Públicas y empresas e instituciones públicas y privadas.
Conceder subvenciones.
Obtener subvenciones y garantías de la Comunidad de Castilla y León y de otras entidades e instituciones públicas.
Asesorar en temas de investigación, desarrollo e innovación a los órganos dependientes de la Comunidad de Castilla y León, de la Administración del Estado y a las empresas del sector agrario que lo soliciten.
Establecer fórmulas específicas de reclutamiento, formación y actualización del personal investigador, así como las de intercambio con otros centros de investigación.
Desarrollar trabajos en colaboración con empresas o entidades, dentro del ámbito de protección de la propiedad intelectual y patentes que se convengan.
Desarrollar las actuaciones estructurales en materia de infraestructuras de regadíos en el marco de la planificación general de infraestructuras agrarias de la consejería competente en materia agraria.
Se modifica por la disposición final 7 de la Ley 2/2017, de 4 de julio. Ref. BOE-A-2017-9778
Se añaden dos guiones al apartado 3.4 por la disposición final 2 de la Ley 1/2014, de 19 de marzo. Ref. BOE-A-2014-3562#dfsegunda
Se modifica el apartado 1.1 por la disposición final 4 de la Ley 10/2009, de 17 de diciembre. Ref. BOE-A-2010-564
Artículo 4. Régimen jurídico.
El Instituto se regirá:
Por la presente Ley y sus normas de desarrollo.
Por la Ley de la Hacienda de la Comunidad en las aspectos en los que le sea aplicable.
Por la legislación especial aplicable a sus fines y funciones.
Por el ordenamiento jurídico privado en sus relaciones con terceros y en la contratación, con las excepciones previstas en la presente Ley y con los condicioamientos que reglamentariamente puedan establecerse.
Los actos y resoluciones de carácter administrativo dictados por el Instituto en relación con sus funciones estarán sujetos a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y serán recurribles ante el Consejero de Agricultura y Ganadería.
Las reclamaciones previas a la vía judicial, civil o laboral, serán resueltas por el Director del Instituto.
La contratación del Instituto se ajustará a los principios de publicidad, concurrencia y salvaguardia del interés público y de la Entidad, que se determinan en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.
Artículo 5. Régimen económico.
Los recursos económicos del Instituto son:
Las consignaciones presupuestarias que le sean asignadas por los Presupuestos Generales de la Comunidad.
Los ingresos que pueda percibir por la prestación de servicios.
Las tasas propias de la Comunidad que le corresponda exigir.
Los derivados de convenios, subvenciones o aportaciones voluntarias de administraciones, entidades o particulares.
Los rendimientos que genere su patrimonio.
Los créditos, préstamos y demás operaciones financieras que concierte.
Los rendimientos económicos que le produzcan la venta o cesión de sus estudios, trabajos técnicos y publicaciones.
Cualesquiera otros que legítimamente pueda percibir.
Se modifica por el art. 5 de la Ley 1/2023, de 24 de febrero. Ref. BOE-A-2023-6456
Artículo 6. Patrimonio del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
El patrimonio del Instituto está constituido por los bienes y derechos que adquiera y por los que le sean adscritos.
Reglamentariamente podrá establecerse la necesidad de autorización previa de la Junta de Castilla y León para la adquisición de acciones de sociedades, en un porcentaje que no exceda el cincuenta por ciento de éstas.
El Instituto ejercerá cuantos derechos y prerrogativas relativos al dominio público se encuentren legalmente establecidos a efectos de la conservación, la correcta administración y la defensa de dichos bienes.
El Instituto formará y mantendrá actualizado su inventario de bienes y derechos, tanto propios como adscritos, con excepción de los de carácter fungible.
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Boletín Oficial del Estado correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.