Ley Foral 17/2003, de 17 de marzo, de Desarrollo Rural de Navarra
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral de Desarrollo Rural de Navarra.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En los últimos años se observa una mejora significativa del crecimiento económico de la Unión Europea. Sin embargo, este crecimiento no ha sido continuo ni uniforme en el espacio comunitario, sino que la actividad económica de la Unión Europea se encuentra fuertemente concentrada en las regiones más urbanizadas donde el PIB por habitante es superior en un 14 por 100 a la media.
Las zonas rurales de la Unión Europea, que representan el 80 por 100 de su territorio, donde vive el 25 por 100 de la población, están gravemente amenazadas por las transformaciones económicas y especialmente las reestructuraciones del sector agrario:
Los problemas de las zonas rurales son también el resultado de los actuales procesos económicos a escala mundial.
La actividad agraria sigue siendo un componente esencial de la economía rural, pero no basta por sí sola para garantizar la viabilidad y el desarrollo equilibrado de los espacios rurales.
Se prevé que, a largo plazo en Europa, se producirá una expansión del empleo en el sector de los servicios, asociada a un descenso significativo en la agricultura y la industria.
Consecuencia de esta presión sobre los ingresos de zonas con una débil infraestructura, la densidad de la población disminuye y hace difícil mantener una oferta de equipamientos suficientemente sobre los que basar el desarrollo económico de las mismas, generando un efecto espiral de carácter muy negativo.
El mundo rural se halla sometido a la presión que ejercen al menos dos tendencias enfrentadas: una que reconoce el carácter multifuncional de aquélla y que, en consecuencia, se muestra favorable hacia la reestructuración social de las funciones para las que no existe mercado, y otra que sólo contempla su carácter productivo y que presiona hacia la desregulación y la liberalización del comercio mundial agroalimentario. En este marco, el desarrollo rural constituye un aspecto cada vez más importante en el discurso de la intervención pública, obligando además a la reconsideración de las estrategias sectoriales tradicionales ante la importancia de la dimensión territorial en las políticas a favor del medio rural.
Dichas políticas, en nuestro contexto europeo, en mayor o menor grado, coinciden en la definición de tres objetivos concretos de mejora, que se resumen en uno, que es desarrollar la competitividad territorial de las zonas rurales, mediante una gestión racional que implique:
Competitividad económica, proporcionando alimentos saludables y de calidad y una mayor diversificación e intersectorialidad de la producción agraria, junto a una valorización de la producción en el medio rural en general.
Competitividad social, mejorando el acceso de la población rural a niveles de calidad de vida similares al resto de la sociedad.
Competitividad ambiental, fomentando la protección, mejora y enriquecimiento del patrimonio natural y cultural de las zonas rurales, proporcionando servicios basados en la puesta en valor de dicho patrimonio.
Competitividad en el contexto global, facilitando la cooperación y participación de los agentes locales y abriendo el territorio al exterior a partir del fortalecimiento de sus propias señas de identidad, diferenciabilidad como potencial de desarrollo.
El futuro del medio rural de Navarra constituye por tanto un reto de la sociedad en su conjunto. Por tanto, deberá ser éste un espacio que, impregnado en los principios de la multifuncionalidad, viva un nuevo modelo de desarrollo que discrimine favorablemente el apoyo público hacia la explotación familiar agraria, las zonas desfavorecidas, el medio ambiente y el patrimonio cultural.
Navarra disfruta de un espacio rural extraordinariamente rico en biodiversidad pero se enfrenta a los mismos retos de las otras zonas rurales de la Unión Europea, por lo que es necesario adecuar los equipamientos y servicios, como es el caso de la educación, sanidad o vivienda, factores que, junto a la falta de oportunidades de empleo y la escasez de rentas, derivadas de unas economías centradas en el sector agrario, suponen un obstáculo para la pervivencia del medio rural.
La mejora de la calidad de vida responde no sólo a la necesidad de atender las demandas básicas de la actual población, sino que es necesario establecer medidas y actuaciones que vayan orientadas a mejorar el atractivo residencial de dichas zonas.
El acceso a la educación se concibe como elemento clave para la fijación de la población en el territorio. Aproximar la educación a las zonas rurales como instrumento fundamental de articulación territorial, ofertando una enseñanza de calidad, mediante la definición de una estructura educativa y unos diseños curriculares adaptados a las peculiaridades del medio rural navarro, así como mejorando su atractivo como destino laboral para los profesionales de la enseñanza.
La disponibilidad de una oferta de vivienda adecuada debe ser otra prioridad. La existencia de un número de viviendas y edificios abandonados exige una política agresiva que contribuya a su conservación, dé respuesta a la demanda de vivienda existente y ponga en valor una parte sustancial de nuestro patrimonio y de nuestra oferta a la vez.
El desarrollo de las zonas rurales exige también una discriminación positiva en la oferta sanitaria.
Las infraestructuras tienen un papel fundamental para mejorar el atractivo del espacio rural en la medida que inciden tanto sobre la instalación de las empresas como sobre la calidad de vida de la población. Debe afrentarse un Plan específico de infraestructuras en el medio rural que abarque el ámbito energético, de telecomunicaciones, abastecimiento y depuración de aguas, culturales, suelos industriales...
En este aspecto merece destacar la importancia de las infraestructuras de información y comunicación como factor de vertebración del espacio y como mejor manera de no perder el tren definitivo del desarrollo autonómico y equilibrado a nivel planetario.
La inversión de las tendencias de despoblamiento del espacio rural exige recuperar todos aquellos activos que caracterizan y sobre los que se asientan sus respectivas comunidades. Será preciso incidir preferentemente sobre los jóvenes y las mujeres en la medida en que ambos colectivos son los más afectados por el desempleo y son los principales protagonistas de los procesos de éxodo rural, desarrollando medidas que discriminen positivamente la creación de empleo para estos colectivos, potenciando el papel de la mujer en la actividad económica y local. Debemos ser capaces también de mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad.
Asimismo, una política de desarrollo rural del siglo XXI debe contemplar en lo posible que los territorios rurales se vayan convirtiendo en receptores de población procedente de otros espacios, estableciendo incentivos y sistemas que faciliten la organización de la acogida de nuevas poblaciones en condiciones satisfactorias (vivienda, servicios...) como ya está sucediendo en otras regiones de nuestro entorno europeo más inmediato (por ejemplo el macizo central francés), fortaleciendo las dinámicas de adaptación y revitalización del medio rural navarro.
Por ello surge la necesidad de establecer una política de desarrollo rural participativa, concertada y estable. Arbitrar un marco estable que posibilite la articulación de las políticas sectoriales y la participación de los agentes económicos y sociales del ámbito local. Es necesario actuar de forma planificada, articulando la integración de políticas sectoriales y el establecimiento de una estrategia específica dirigida al medio rural.
Los problemas de desarrollo del medio rural no deben considerarse como resultado de la oposición entre zonas rurales y zonas urbanas, sino como consecuencia de una problemática común de ordenación del territorio que atañe a una Comunidad compuesta por núcleos rurales y urbanos.
Es necesario buscar un nuevo equilibrio entre los valores de áreas urbanas y no urbanas, de forma que se tenga en cuenta la complementariedad con las políticas de ordenación territorial y otras de incidencia espacial en el medio rural navarro.
Una nueva política de desarrollo rural debe reflejar la interdependencia entre la ciudad y las zonas rurales, promover un nuevo equilibrio entre ellas y debe adoptar medidas para la financiación estructural de los objetivos que se consideren importantes para toda la población.
Cada comarca de Navarra tiene un perfil propio que debe servir de base para los planes de desarrollo de cada zona.
Se debe reforzar la responsabilidad propia de cada zona con arreglo al principio de subsidiariedad, para que la intervención de los fondos tenga mayor proximidad al ciudadano, eficacia y transparencia, fortaleciendo en paralelo los instrumentos de cooperación y coordinación interadministrativa.
Es necesario superar el hábito de planificación por exigencia comunitaria, la importancia de la planificación reside en que, siendo el objetivo de la misma contribuir a corregir los desequilibrios territoriales, los recursos destinados son limitados, por lo que es necesario hacer un esfuerzo de priorización para obtener la mayor eficacia posible.
El reto inmediato es establecer una Planificación Estratégica Regional de Desarrollo Rural para el período 2002-2006, siguiendo un modelo de desarrollo participativo, integral o multisectorial, valorizando los recursos endógenos, integrando los niveles local y regional, lo público y lo privado que nos permita afrontar los retos actuales de la sociedad rural europea y las nuevas circunstancias que la ampliación de la Unión supondrán a partir del 2006.
Una estrategia de desarrollo rural integrado, adaptada a la realidad multifuncional y equilibrada existente en Navarra, que busque las sinergias entre sectores y entre los ámbitos económico, social, cultural y medioambientales, que impulse la diversificación de la actividad económica, que discrimine positivamente, especialmente hacia aquellas zonas más desfavorecidas y que cimente en el consenso político y social sus directrices y los proyectos de futuro. A tal efecto es necesario suscribir a corto plazo un pacto social para el desarrollo del medio rural de Navarra.
La aplicación del nuevo modelo de desarrollo rural requiere, por tanto, establecer un marco normativo, un marco estratégico y un pacto territorial que doten de medios y legitimidad al proceso.
Definición de un marco estratégico, a través de la Planificación Regional de Desarrollo Rural y de la Planificación Comarcal. Un marco jurídico que regule y garantice el proceso. El impulso y fortalecimiento de las entidades de desarrollo, que han demostrado su valor capital en la función de mediación y de gestión de una nueva forma de afrontar los retos de la sociedad actual. La creación de un organismo público para el desarrollo rural, con presupuesto propio, que sea capaz de la gestión del Plan Estratégico Plurianual Regional y Comarcal de Desarrollo Rural, que se denominará Consejo Asesor de Desarrollo Rural que integre la participación a distintos niveles: local y regional, público y privado.
En el título primero de la Ley Foral se establece el objeto de la misma así como los objetivos generales y sectoriales.
El capítulo I del título II define el objetivo básico para la consecución del equilibrio territorial como es el Plan Estratégico Plurianual Regional y Comarcal de Desarrollo Rural.
El capítulo II del título II aborda la creación del Consejo Navarro de Desarrollo Rural, su composición y funcionamiento, así como el procedimiento de elaboración del Plan de Desarrollo Rural.
La Ley Foral está inspirada en una estrategia de desarrollo que parte desde abajo, con un enfoque botton-up, una estrategia que pretende la coordinación de todos los agentes económicos y sociales, públicos y privados.
TÍTULO I
Disposiciones generales, fines y objetivos sectoriales de la política de desarrollo rural
Artículo 1. Objeto de la Ley Foral.
El objeto de la presente Ley Foral es:
Definición de objetivos y de una estrategia de desarrollo específica dirigida al ámbito rural de Navarra que, además, oriente las actuaciones de las Administraciones Públicas de la Comunidad Foral de Navarra en materia de desarrollo rural.
Definición y establecimiento de un marco jurídico que regule la aplicación de esta Ley Foral de desarrollo rural en Navarra, y que oriente de manera específica las políticas destinadas al desarrollo de las zonas rurales de la Comunidad Foral de Navarra.
La definición de instrumentos organizativos y financieros que permitan la aplicación coherente, participada y equilibrada de esta Ley Foral de desarrollo rural, junto al resto de políticas y actuaciones administrativas que incidan en el desarrollo rural de Navarra.
A efectos de esta Ley Foral se entiende por desarrollo rural el proceso de mejora permanente de la competitividad, cohesión y sostenibilidad territorial del entorno rural de Navarra en el ámbito económico, social y medioambiental del medio rural de la Comunidad:
Economía. Consolidando la actividad del sector primario en función de las tendencias globales de mercado y restricciones europeas al sector, diversificando, en relación con las características de cada territorio, las fuentes de ingresos de las zonas rurales, sin comprometer y valorizando el futuro de nuestro entorno rural.
Sociedad. Facilitando equilibradamente una buena calidad de vida en las zonas rurales, evitando así el éxodo rural y garantizando, por lo tanto, una gestión responsable del entorno natural y cultural, una responsabilidad en el desarrollo de los potenciales sectores económicos del medio rural y facilitando la socialización del mundo rural a través de la participación de la población local en su propio desarrollo.
Medio ambiente. Conservando, restaurando, consolidando y valorizando el patrimonio natural específico de cada territorio rural de la Comunidad Foral de Navarra.
Artículo 2. Políticas de desarrollo.
La Administración Pública de Navarra, en cooperación con la totalidad de los agentes económicos y sociales de la Comunidad, promoverá, estimulará y apoyará las políticas conjuntas de desarrollo rural de conformidad con los instrumentos previstos por la presente Ley Foral.
Artículo 3. Objetivos generales de la política de desarrollo de la Comunidad Foral de Navarra.
Son objetivos generales que han de perseguir todas y cada una de las actuaciones de la Administración Pública en materia de desarrollo rural, teniendo como premisa en cada una de ellas el respeto, la protección y mejora del entorno medioambiental de la Comunidad Foral de Navarra:
Priorizar el desarrollo de infraestructuras de calidad que garanticen las bases de un desarrollo equilibrado en nuestro entorno rural. Infraestructuras de comunicación (red de carreteras, red de transporte público y telecomunicaciones), de servicios a la población e infraestructuras energéticas.
Desarrollar, facilitar y potenciar un reparto equilibrado de equipamientos comunitarios de calidad en el ámbito rural de Navarra que permita la accesibilidad de los distintos sectores de población a los mismos, atendiendo a las necesidades de la población rural y evitando la zonificación rígida de estos equipamientos. Equipamientos comunitarios (educación, sanidad y asistencia social, ocio, deporte y cultura).
Impulsar la ordenación racional del territorio, haciendo especial hincapié en el equilibrio de la oferta y demanda de vivienda en los núcleos rurales, incentivando la ocupación de viviendas y edificios abandonados en el medio rural.
Diversificar la economía del medio rural:
Consolidando y desarrollando racionalmente el sector primario en función de las tendencias globales de mercado y restricciones europeas al sector.
Promoviendo la mejora de la capacidad competitiva del sector primario, favoreciendo el asociacionismo y la calidad agroalimentaria.
Favoreciendo la atracción de nuevas actividades económicas al ámbito rural (servicios e industria).
Facilitando el acceso al mercado laboral de la población del medio rural, fundamentalmente al sector femenino y más joven de la población.
Mantener, conservar, difundir, rentabilizar y valorizar el patrimonio natural y cultural de las zonas rurales como proceso fundamental de identificación de la población con su entorno y reforzando el sentimiento de pertenencia territorial.
Integrar las normas y actuaciones de las diferentes administraciones y entidades públicas que afecten al desarrollo de las zonas rurales, evitando disfuncionalidades y descoordinación, a la vez que propiciando una mejor coherencia de los instrumentos, una mayor eficacia de las inversiones y la interacción del entorno rural y urbano.
Mantener y mejorar el protagonismo de la población en su propio desarrollo potenciando el asociacionismo e integrando al sector de la mujer y jóvenes en los procesos de toma de decisiones vinculadas al ámbito económico y social del entorno rural.
Promover en la sociedad navarra una mayor sensibilidad hacia los valores del mundo rural facilitando el establecimiento de medidas que propicien el desarrollo del mismo.
⋯
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Boletín Oficial del Estado correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.