LegalizeReal Decreto 894/2005, de 22 de julio, por el que se regula el Consejo de Consumidores y Usuarios
La Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, derecho reconocido como fundamental en el artículo 22 de la Constitución Española, resalta la importancia que tienen las asociaciones como instrumento de participación.
Del mismo modo, el artículo 51 de la Constitución Española que recoge los derechos de los consumidores y usuarios, establece como principio rector de la política social y económica el fomento de las asociaciones de consumidores y usuarios y su audiencia en las cuestiones que pudieran afectarles.
La Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, desarrolla el citado precepto en su artículo 22 y precisa que el Gobierno determinará la composición y funciones de un Consejo, como órgano de representación y consulta a nivel nacional, integrado por representantes de asociaciones de consumidores y usuarios.
En cumplimiento de este mandato, así como del contenido en la disposición final cuarta de la Ley 26/1984, de 19de julio, el Real Decreto 825/1990, de 22 de junio, sobre derecho de representación, consulta y participación de los consumidores y usuarios a través de sus asociaciones, configura el Consejo de Consumidores y Usuarios, cuya estructura y funcionamiento han sido posteriormente modificados por el Real Decreto 2211/1995, de 28 de diciembre, y por el Real Decreto 1203/2002, de 20 de noviembre.
Es, precisamente, la necesaria consolidación de las organizaciones de consumidores y usuarios, como interlocutores sociales especialmente cualificados, lo que ha llevado a dicho Consejo a una evolución permanente para adaptar sus estructuras y funcionamiento a las especiales características que ha venido presentando el panorama asociativo en cada momento, así como a la necesidad de dotar sus actuaciones de agilidad y eficacia como instrumento imprescindible para paliar las desigualdades del consumidor en las relaciones del mercado.
La evolución social y económica, la complejidad de los mercados y la propia evolución del derecho de consumo, así como la experiencia acumulada en el funcionamiento del Consejo de Consumidores y Usuarios, han hecho que los instrumentos habilitados en las disposiciones citadas sean, en estos momentos, poco operativos en orden al efectivo ejercicio del derecho de representación, consulta y participación de los consumidores y usuarios.
Por ello, la nueva concepción del Consejo requiere una regulación que difiera, en determinados aspectos, de la anterior, que le otorgue una estructura interna fuerte, le permita un funcionamiento ágil y reconozca el importante papel que desempeña en el contexto actual del consumo y de las demás políticas públicas.
Por las razones expuestas, se ha elaborado este real decreto que regula, exclusivamente, el Consejo de Consumidores y Usuarios, frente a la integración de la regulación anterior en el Real Decreto 825/1990, de 22 de junio, por el que se regulaban otras materias como, por ejemplo, el Registro de asociaciones de consumidores y usuarios.
La nueva regulación no sólo establece con precisión las funciones del Consejo, sino que determina, también, la forma de elección y funciones del presidente, del vicepresidente y del secretario; establece el número máximo de vocales en doce y enumera sus derechos y obligaciones, y regula, también, la estructura y funcionamiento de sus órganos, la representación y participación en otros órganos e instituciones y la forma de financiación del Consejo.
Asimismo, este real decreto establece una serie de requisitos que habrán de cumplirse por parte de las organizaciones para formar parte del Consejo de Consumidores y Usuarios, como acreditar las actividades informativas y formativas desarrolladas en los últimos cinco años, contar con un número determinado de socios individuales o con una implantación territorial suficiente, entre otras cuestiones. La selección se llevará a cabo previa convocatoria pública a través de la oportuna orden ministerial.
En la tramitación de esta disposición se ha dado audiencia a las comunidades autónomas y al Consejo de Consumidores y Usuarios.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad y Consumo, con la aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de julio de 2005,
D I S P O N G O :
Artículo 1. Naturaleza y adscripción.
El Consejo de Consumidores y Usuarios es el órgano de representación y consulta de ámbito nacional de las organizaciones de consumidores y usuarios con implantación estatal.
El Consejo de Consumidores y Usuarios ejerce la representación institucional de las organizaciones de consumidores y usuarios ante la Administración General del Estado u otras entidades y organismos, de carácter estatal o supranacional.
El Consejo de Consumidores y Usuarios estará adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo, a través del Instituto Nacional del Consumo.
Artículo 2. Funciones del Consejo de Consumidores y Usuarios.
Son funciones del Consejo de Consumidores y Usuarios:
Informar con carácter preceptivo en los casos previstos en el artículo 39.2 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. Los informes sobre disposiciones de carácter general equivaldrán al trámite de audiencia previsto en el artículo 24.1 c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Realizar el seguimiento de las alegaciones e informes emitidos en trámite de audiencia por el Consejo de Consumidores y Usuarios, al objeto de evaluar su repercusión y efectividad.
Proponer y, en su caso, designar a los representantes de las asociaciones y cooperativas de consumidores y usuarios en órganos colegiados, organismos o entidades, públicas o privadas, de ámbito estatal o supranacional, en los que deban estar representadas.
Proponer a las Administraciones públicas, a través del Instituto Nacional del Consumo, cuantas cuestiones se consideren de interés para los consumidores y usuarios.
Asimismo, formular al Instituto Nacional del Consumo, sin perjuicio de las funciones que este tiene encomendadas, cuantas propuestas normativas o de actuación se consideren de interés para la defensa de los consumidores y usuarios.
Colaborar en cuantas iniciativas públicas se adopten en materia de protección de los consumidores y usuarios, prestando su apoyo y asesoramiento, así como emitir cuantos informes le sean solicitados por el Instituto Nacional del Consumo o cualquier otro órgano o entidad de la Administración General del Estado, en materia de su competencia.
Solicitar información de las Administraciones públicas competentes sobre materias de interés general o sectorial que afecten a los consumidores y usuarios.
Solicitar, proponer o realizar informes o estudios necesarios para el desarrollo de sus funciones.
Impulsar la colaboración y diálogo entre asociaciones de consumidores y usuarios y cooperativas de consumidores y usuarios de ámbito supraestatal, estatal, autonómico o local, así como entre sus órganos de representación.
Favorecer el diálogo social, en especial, potenciando la colaboración con las organizaciones empresariales y sindicales.
Cuantas funciones les sean atribuidas por otras disposiciones.
Artículo 3. Composición del Consejo de Consumidores y Usuarios.
El Consejo de Consumidores y Usuarios estará integrado por un presidente, hasta un máximo de 15 vocales en representación de las asociaciones y cooperativas de consumidores y usuarios inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, uno de los cuales actuará como vicepresidente, y un secretario.
El presidente será designado por los vocales del Consejo por mayoría de dos tercios de sus miembros, entre personalidades de reconocido prestigio en la defensa de los consumidores y usuarios, a propuesta del Ministro de Sanidad y Consumo. En el caso de no alcanzarse dicha mayoría, asumirá la presidencia transitoriamente el director del Instituto Nacional del Consumo.
Su nombramiento, que se realizará por el Ministro de Sanidad y Consumo, se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
Serán funciones del presidente:
Ejercer la representación del Consejo de Consumidores y Usuarios.
Acordar la convocatoria de las sesiones, fijando el orden del día, para lo que tendrá en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros formuladas con la suficiente antelación.
Presidir las sesiones y dirimir con su voto los empates que se produzcan, a los efectos de la adopción de acuerdos.
Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de presidente del Consejo o le estén atribuidas por la normativa vigente.
El vicepresidente será elegido por y entre los vocales del Consejo, por mayoría de dos tercios de sus miembros. El vicepresidente sustituirá al presidente en casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legalmente establecida, y realizará todas aquellas funciones que le sean encomendadas por el presidente o por el Pleno del Consejo para la gestión, organización y buen funcionamiento de este.
Será secretario del Consejo un funcionario del Instituto Nacional del Consumo designado por su presidente, que participará en las deliberaciones del Consejo con voz pero sin voto.
El secretario del Consejo desempeñará las siguientes funciones:
Convocar las sesiones por orden del presidente y remitir las citaciones a los miembros del Consejo.
Recibir los actos de comunicación de los miembros con el Consejo y, por tanto, las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento.
Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones, así como expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.
Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de secretario o le estén atribuidas por la normativa vigente.
Los vocales del Consejo serán nombrados por el Ministro de Sanidad y Consumo, a propuesta del Presidente del Instituto Nacional del Consumo, tras la designación de un vocal titular y un suplente por parte de cada asociación o cooperativa de consumidores y usuarios seleccionada para estar representada en el Consejo de Consumidores y Usuarios.
El nombramiento de los vocales del Consejo de Consumidores y Usuarios será publicado en el «Boletín Oficial del Estado».
La selección de las asociaciones, federaciones, confederaciones y cooperativas de consumidores y usuarios para formar parte del Consejo se realizará, de acuerdo con lo previsto en los artículos 33.1 y 38.1 del texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, entre las más representativas de las que se hallen inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios.
A estos efectos, seis meses antes de la finalización del mandato del Consejo, se procederá por orden del Ministro de Sanidad y Consumo a la convocatoria del correspondiente proceso selectivo.
Una vez publicada la convocatoria, las asociaciones interesadas deberán presentar una solicitud de participación, que deberá acompañarse de la siguiente documentación:
Memoria descriptiva de la estructura organizativa y funcional del concurrente a la convocatoria, en la que se comprendan, entre otros, datos referidos a la estructura y gastos de personal (incluyendo personal directivo), inmuebles y locales propios o arrendados en que se ejerce la actividad e ingresos y gastos de la entidad en los dos últimos años.
Certificación del responsable legal de la asociación u organización, acreditativa de que, en la fecha de presentación de la solicitud, sigue cumpliendo los requisitos exigidos para su inscripción en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios conforme al texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
El Instituto Nacional del Consumo podrá auditar en cualquier momento el cumplimiento, por parte de las organizaciones, de los anteriores requisitos en la forma en que estime pertinente. En el caso de comprobarse la no veracidad de los datos aportados y el consiguiente incumplimiento de los requisitos exigidos por alguna de las organizaciones, se procederá a la exclusión de esta del Consejo de Consumidores y Usuarios.
Según el baremo que concrete la orden de convocatoria del proceso selectivo, para la valoración de la representatividad de las asociaciones solicitantes se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
La implantación territorial, para lo que se considerarán los informes sobre representatividad de las asociaciones de consumidores y usuarios integradas en las de ámbito supraautonómico, presentados a estos efectos por las autoridades de consumo de las comunidades autónomas y de las ciudades con Estatuto de Autonomía, conforme a su legislación específica y en sus respectivos ámbitos territoriales.
El número de socios individuales, que no puede ser inferior a 10.000.
La trayectoria en el ámbito de la protección de los consumidores y usuarios, que podrá acreditarse en los términos que determine la convocatoria mediante criterios como la presencia en órganos de representación y consulta de los consumidores y usuarios, la participación en el Sistema Arbitral de Consumo, el ejercicio de acciones judiciales en defensa de los intereses generales de los consumidores y usuarios, el mantenimiento de servicios de consultas y reclamaciones de los consumidores y usuarios, la realización de actividades informativas y formativas en consonancia con los fines atribuidos a estas entidades en el artículo 23.1 del texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, o la disposición de un volumen mínimo de recursos propios no procedentes de financiación pública.
Los programas de actividades a desarrollar que tengan por finalidad la realización de actuaciones concretas de información, defensa y protección de los derechos e intereses legítimos de los consumidores y usuarios, no contemplados en el párrafo anterior, y que sean relevantes por su número, repercusión social o importancia efectiva para los consumidores.
Las solicitudes de asociaciones u organizaciones no inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios no serán admitidas a trámite.
El Instituto Nacional del Consumo podrá auditar, en cualquier momento y en la forma que se estime pertinente, el cumplimiento de la veracidad de los datos aportados para la valoración de la representatividad de las asociaciones solicitantes. En el caso de comprobarse la no veracidad de los datos aportados por la correspondiente asociación en la fecha de la solicitud y durante el mandato del Consejo de Consumidores y Usuarios, se procederá a su exclusión del mismo.
La solicitud de participación en la citada convocatoria de una federación, confederación o unión de asociaciones excluirá la de sus organizaciones asociadas.
Las asociaciones, federaciones, confederaciones y cooperativas representadas en el Consejo de Consumidores y Usuarios gozarán de los beneficios previstos en la normativa vigente para los miembros del Consejo.
Artículo 4. Derechos y obligaciones de los vocales.
Son derechos de los vocales titulares y suplentes del Consejo:
Participar con voz y voto en todas las reuniones del Pleno, así como en las reuniones de las comisiones técnicas del Consejo que les correspondan, pudiendo exigir, en su caso, que quede constancia de los votos particulares que expresen, así como los motivos en que se fundamente su oposición al criterio adoptado.
⋯
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Boletín Oficial del Estado correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.