Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón

El Consejo Aragonés de Vías Pecuarias es el órgano consultivo en la materia en el que participarán, como mínimo, representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, de las comarcas aragonesas, de las cámaras agrarias o entidades que las sustituyan, de las asociaciones de municipios, de las organizaciones profesionales agrarias y ganaderas, del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón y de las asociaciones cuyo fin sea la defensa del medio ambiente.

Su composición y funciones se desarrollarán reglamentariamente.

Las acciones y omisiones que infrinjan lo dispuesto en la presente Ley darán lugar a la correspondiente sanción administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad exigible en vía penal, civil o de otro orden en que puedan incurrir los responsables.

Cuando la infracción sea cometida por varios participantes y no se pueda determinar el grado de participación, la responsabilidad será solidaria, sin perjuicio de repetir frente a los otros participantes por parte de aquél o aquéllos que hubieran hecho frente a la responsabilidad.

Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en cada caso procedan, el infractor deberá reparar el daño causado. La reparación tendrá como objetivo lograr, en la medida de lo posible, la restauración de la vía pecuaria al ser y estado previos al hecho de cometerse la agresión. En el caso de que no se pueda restaurar el daño en el mismo lugar, deberá recuperarse en otro espacio donde cumpla la finalidad de la vía pecuaria.

Asimismo, la Administración de la Comunidad Autónoma podrá subsidiariamente proceder a la reparación por cuenta del infractor y a costa del mismo. En todo caso, el infractor deberá abonar todos los daños y perjuicios ocasionados en el plazo que, en cada caso, se fije en la resolución correspondiente.

Cuando la Administración haya procedido a ejecutar la reparación ante la inactividad del declarado responsable y obligado o cuando la reparación no fuera ya materialmente posible en el lugar en el que se produjo el daño, el Departamento competente en materia de vías pecuarias exigirá su ejecución alternativa o el pago de las indemnizaciones que procedan conforme al procedimiento que reglamentariamente se establezca.

Las infracciones tipificadas en los anteriores artículos 49, 50 y 51 serán sancionadas con las siguientes multas:

En la imposición de las sanciones, se guardará la debida proporcionalidad entre la gravedad de los hechos que motivaron la infracción, la responsabilidad en la que incurre el infractor y la sanción aplicada. Dicha graduación se determinará de acuerdo con los siguientes criterios:

Con objeto de impedir la obtención por el infractor de cualquier beneficio derivado de la comisión de la infracción, la Administración, al imponer la correspondiente sanción, deberá además cuantificar dicho beneficio e imponer su pago al infractor.

A los responsables de dos o más infracciones distintas se les impondrán las sanciones que correspondan a cada una de ellas.

Cuando la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, se dará traslado del tanto de culpa al Ministerio Fiscal, suspendiéndose la tramitación del procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no hubiera dictado sentencia firme o resolución que ponga fin al proceso.

La sanción penal excluirá la imposición de sanción administrativa en los casos en que se aprecie la identidad de sujeto, de hecho y de fundamento. De no haberse estimado la existencia de delito o falta, el órgano competente continuará, en su caso, el procedimiento sancionador teniendo en cuenta los hechos declarados probados en la resolución firme del órgano judicial competente.

Las infracciones administrativas previstas en la presente Ley prescribirán, en el plazo de cinco años, las muy graves; en el de tres años, las graves, y en el de un año, las leves.

Las sanciones impuestas por la comisión de faltas muy graves prescribirán a los tres años, en tanto que las impuestas por faltas graves o leves lo harán a los dos años o al año, respectivamente.

El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido o desde el día en que finalice la acción.

La ocupación de las vías pecuarias y de las instalaciones anejas sin la debida autorización administrativa tendrá la consideración de infracción continuada en tanto no se proceda a su abandono y a la reposición al estado anterior a la ocupación ilegal de los terrenos de la vía pecuaria y de sus instalaciones anejas, momento en el que empezará a correr el término de prescripción en la forma que se establece en el apartado anterior.

El órgano competente para iniciar o resolver el procedimiento sancionador podrá adoptar, en cualquier momento, mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, para evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y para atender a las exigencias de los intereses generales.

Las medidas provisionales podrán consistir en la suspensión temporal de las obras o actividades constitutivas de infracción, en la retirada de instalaciones y elementos de cualquier clase que impidan o dificulten el tránsito por las vías pecuarias, en cualquier otra medida para el restablecimiento de las mismas y en la prestación de fianza por los presuntos infractores, ajustándose a la intensidad y proporcionalidad derivadas de la necesidad de salvaguardar el estado de la vía pecuaria y de garantizar el tránsito ganadero.

El ejercicio de las funciones de policía, vigilancia e inspección del cumplimiento de las disposiciones en materia de vías pecuarias corresponde, en virtud de la distribución competencial establecida en esta Ley, a las comarcas y al Departamento competente en esta materia de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, sin perjuicio de las atribuidas a otros órganos de las distintas Administraciones públicas.

Los agentes de protección de la naturaleza, los agentes de las distintas guarderías rurales o forestales y los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ámbito de las competencias que les atribuye la legislación propia en materia de seguridad pública tendrán la consideración de agentes de la autoridad a los efectos de la presente ley y colaborarán, en el ejercicio de sus funciones, con la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en la defensa, custodia y conservación de las vías pecuarias.

Los funcionarios y agentes que tengan encomendadas funciones de protección, guardia y policía de vías pecuarias podrán, como agentes de la autoridad y previa identificación, ejecutar los siguientes actos, sin necesidad de previo aviso al afectado:

El Departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con competencia en materia de vías pecuarias será competente para iniciar e instruir el procedimiento sancionador, así como para adoptar las medidas provisionales destinadas a asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer.

La competencia para resolver los procedimientos sancionadores corresponderá:

Las autorizaciones por ocupación temporal, aprovechamiento o uso especial de la vía pecuaria podrán otorgarse con contraprestación o bajo condición o estarán sujetas a la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes del dominio público en los términos que establezca la legislación de hacienda de la Comunidad Autónoma, salvo, en este último caso, en los supuestos que no lleven aparejada una utilidad económica para el beneficiario o en aquellos en los que, aun existiendo dicha utilidad, la utilización o aprovechamiento suponga condiciones para el beneficiario que anulen o hagan irrelevante aquélla, haciéndose constar tal circunstancia en los pliegos de condiciones o en el clausulado de la autorización.

Al solicitante de autorizaciones de uso privativo o de aprovechamiento especial del dominio público cabañero, cualquiera que sea el régimen económico que les resulte de aplicación, podrá exigírsele garantía, en la forma que se estime más adecuada, del uso del bien y de su reposición o reparación, o indemnización de daños, en caso de alteración. El cobro de los gastos generados, cuando excediere de la garantía prestada, podrá hacerse efectivo por la vía de apremio.

Estarán exentas de lo establecido en los apartados anteriores las actuaciones declaradas de utilidad pública o interés general promovidas por una Administración pública o corporación de derecho público.

En coherencia con el ámbito temporal de las ocupaciones a que se refiere el artículo 31.2 de la presente ley, en la redacción dada por la Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, las ocupaciones temporales vigentes sobre vías pecuarias, otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente disposición transitoria, así como las ocupaciones temporales que se encuentren en trámite de renovación por el transcurso del plazo de duración de cinco años inicialmente otorgado, tendrán una duración de diez años desde la fecha de su otorgamiento.

A tal efecto, con la entrada en vigor de la presente disposición, las ocupaciones temporales que se hubieran otorgado por cinco años se entenderán efectivamente otorgadas por diez años, sin perjuicio de la posterior renovación que, en su caso y, siempre a instancia de parte, corresponda tramitar cuando hubieran transcurrido los primeros diez años a contar desde la fecha de la primera autorización de ocupación temporal.

El órgano que hubiera otorgado la ocupación temporal por cinco años comunicará, con meros efectos informativos, a los titulares de ocupaciones temporales vigentes esta circunstancia.