Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de montes y ordenación forestal

Los rendimientos de los montes cuyo aprovechamiento consuetudinariamente tenga carácter comunal serán distribuidos directamente entre los vecinos con derecho a los mismos. La distribución se hará directamente por la entidad titular.

Cuando no proceda la distribución individual, y previo acuerdo entre las partes implicadas, la utilidad obtenida se destinará obligatoriamente a la financiación de inversiones reales en el ámbito territorial donde tengan su residencia los vecinos con derecho al aprovechamiento. Dicha aplicación habrá de efectuarse dentro de los dos ejercicios presupuestarios inmediatamente posteriores a aquel en el que hubiera tenido lugar el devengo del beneficio. En todo caso, deberán descontarse de la utilidad a distribuir los importes que correspondan a la Consejería competente en materia forestal por anticipos reintegrables.

De acuerdo con las previsiones contenidas en los instrumentos a que hacen referencia los artículos 27 a 37 de esta Ley, en los montes objeto de convenio a que se refiere el artículo 78 y en función de las posibilidades económicas y presupuestarias, la Consejería competente en materia forestal podrá establecer el procedimiento y las condiciones que permitan adelantar a cuenta y periódicamente a los vecinos con derecho a los aprovechamientos comunales un porcentaje de los previsibles ingresos a obtener en la venta de los aprovechamientos forestales.

Una vez efectuada la venta de los productos de los aprovechamientos, y descontado el veinticinco por ciento del fondo de mejoras, se distribuirá el saldo pendiente hasta totalizar el setenta y cinco por ciento de los ingresos obtenidos o, en su caso, el porcentaje que proceda según el convenio.

Si el monte se quemase antes de efectuar los aprovechamientos, se procederá a su repoblación, iniciándose nuevamente el proceso, pudiendo detraerse las nuevas inversiones realizadas de los importes periódicos a satisfacer.

Cuando el monte al que se refiere el apartado 1 de este artículo estuviese poblado total o parcialmente de especies frondosas o coníferas de turno largo, que la Consejería competente en materia forestal desee mantener de forma indefinida, aplicará los mismos criterios y, de acuerdo con sus posibilidades presupuestarias, podrá realizar los repartos de acuerdo al cálculo de los hipotéticos resultados del turno de la especie principal.

La Consejería competente en materia forestal regulará la actividad recreativa, educativa y deportiva en los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública atendiendo a los principios de conservación y sostenibilidad. Cuando tales actividades se ubiquen en espacios naturales protegidos se estará a lo dispuesto en el Plan rector de uso y gestión.

La Consejería competente en materia forestal asegurará en todo caso que los montes se mantengan limpios de elementos extraños al mismo, quedando obligados todos a la recogida y extracción de los residuos que originen. Igual obligación observarán quienes realicen cualquier actividad autorizada.

La Consejería competente en materia forestal podrá dar carácter público, respecto de los montes demaniales, a aquellos usos respetuosos con el medio natural, siempre que se realicen sin ánimo de lucro y de acuerdo con la normativa vigente, en particular con lo previsto en los instrumentos de planificación y gestión aplicables, y cuando sean compatibles con los aprovechamientos, autorizaciones o concesiones legalmente establecidos.

La Consejería competente en materia forestal someterá, respecto de los montes demaniales, a otorgamiento de autorizaciones aquellas actividades que, de acuerdo con la normativa autonómica, la requieran por su intensidad, peligrosidad o rentabilidad.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los aprovechamientos forestales en el dominio público forestal se regirán por lo que se establece en los artículos 37, 39 y 40 de esta Ley.

La Consejería competente en materia forestal someterá, respecto de los montes demaniales, a otorgamiento de concesión todas aquellas actividades que impliquen una utilización privativa del dominio público forestal.

Los instrumentos de planeamiento previstos en la legislación urbanística o en la relativa a la ordenación territorial incorporarán las medidas que resulten necesarias para la conservación en sus ámbitos territoriales de los montes, de acuerdo con lo establecido en los instrumentos de planificación forestal.

Los instrumentos de planeamiento urbanístico, cuando afecten a la clasificación de montes, requerirán el informe de la Consejería competente en materia forestal. Dicho informe será vinculante si se trata de montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública y los montes incluidos en el Registro de Montes Protectores.

En el resto de montes objeto de esta Ley si existiese discrepancia sobre la calificación resolverá el Consejo de Gobierno.

Toda disminución en el monte que se produzca como consecuencia de actuaciones urbanísticas, obras o servicios públicos o de ocupaciones temporales por plazo superior a quince años que no sean agrarias deberá ser compensada por el promotor con otro monte que sea bosque con una superficie no inferior al doble de la ocupada. Cuando la disminución afecte a bosques, la compensación alcanzará, al menos, el cuádruplo de la superficie ocupada. En su caso la forestación se efectuará con los criterios y las especies que determine la Consejería competente en materia forestal.

El mantenimiento, conservación, reposición de marras superiores al diez por ciento, cuidados culturales, prevención de incendios o restauración de las superficies quemadas o degradadas de los bosques creados al amparo de lo establecido en el párrafo anterior, hasta la total implantación de la masa forestal, correrá a cargo del promotor.

La anterior compensación cuando sea por motivos urbanísticos no será de aplicación cuando el monte pase a formar parte de un espacio libre de acceso y uso público en terrenos clasificados como suelo urbano o urbanizable.

La Consejería competente en materia forestal está facultada para declarar la incompatibilidad de un gravamen establecido en un monte incluido en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública y los montes incluidos en el Registro de Montes Protectores.

Tal declaración llevará consigo la suspensión o, en su caso, la extinción del gravamen, fijándose la correspondiente indemnización de conformidad con las normas reguladoras de la expropiación forzosa.

Por razones de interés público, y en los casos de concesiones administrativas, se podrán autorizar servidumbres y ocupaciones temporales en los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública y en los gestionados por la Consejería competente en materia forestal.

Las infraestructuras de transporte de energía en zonas donde existan montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública y especialmente en los casos de producción y transporte aéreo evitarán, siempre que sea posible, afectar a masas arboladas, siendo preferente su trazado por terrenos desarbolados del monte o por otros terrenos ajenos al mismo. A tal efecto, si existiera discrepancia entre la Consejería competente en materia forestal y la Consejería de la que dependa la obra, el servicio o la concesión de que se trate, o cuando se opusiera la entidad propietaria, resolverá el Consejo de Gobierno.

En función del interés particular la Consejería competente en materia forestal, de acuerdo con los criterios de preferencia establecidos en los instrumentos de planificación, podrá autorizar, mediante acto administrativo suficientemente motivado, el establecimiento de servidumbres u ocupaciones temporales en montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública cuando se justifique su compatibilidad con su utilidad y con los instrumentos que los ordenan, y siempre que medie consentimiento del titular que figure en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

Cuando la ocupación temporal se refiera a aprovechamientos agrarios y lo soliciten los titulares del derecho de aprovechamiento del monte, la ocupación se entiende compatible con la utilidad pública del monte.

En el caso de que la ocupación o servidumbre se pretenda localizar en espacio de bosque, el promotor deberá justificar, además de la citada compatibilidad, la imposibilidad de localizarla sobre otro terreno que no ostente tal calificación. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 50 de esta Ley.

Toda ocupación o servidumbre supondrá el abono a la entidad propietaria del monte de un canon actualizable acorde con los perjuicios que aquellas ocasionen o con los ingresos que puedan proporcionar a su promotor, y que será fijado por la Consejería competente en materia forestal. Se considerará uno u otro criterio en atención al mayor beneficio que obtenga el titular del monte.

Cuando el canon se fije en función de los ingresos, no podrá ser inferior al tres por ciento de los mismos.

Previo informe de las entidades propietarias, las cuales darán audiencia a los titulares de los derechos de aprovechamientos, la Consejería competente en materia forestal podrá aprobar Planes de mejoras para los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública y los montes incluidos en el Registro de Montes Protectores y los gestionados por ella.

A tal efecto, se creará un fondo de mejoras del monte con las aportaciones del 15 veinticinco por ciento de los ingresos de sus aprovechamientos.

Se considerarán mejoras los trabajos y actuaciones de defensa de la gestión forestal tales como deslindes y amojonamientos, reforestaciones, trabajos silvícolas o fitosanitarios, obras de ejecución y conservación de infraestructuras, creación de pastos y cumplimiento de obligaciones generales derivadas de la Ley, así como, en general, cuantas acciones contribuyan a la mejor conservación de los montes.

Serán beneficiarios del fondo las entidades locales y demás propietarios que resultan obligados a efectuar las inversiones en sus montes, con prioridad en el monte que generó los ingresos, previa aprobación de la Consejería competente en materia forestal.

El Principado de Asturias procurará incrementar su propiedad forestal adquiriendo los montes o los derechos sobre los mismos que más adecuadamente puedan servir al cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, utilizando a tal fin, y según lo demanden las circunstancias, la compraventa, permuta, expropiación, donación, herencia o legado, así como el ejercicio de los derechos de tanteo o retracto, los convenios urbanísticos o cualquier otro medio admitido en derecho.

En los términos establecidos en el artículo 25.2 a 7 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, la Comunidad Autónoma tendrá derecho de adquisición preferente en los siguientes casos de transmisiones onerosas:

La unidad mínima de actuación forestal es de diez hectáreas, sin perjuicio de lo previsto en la disposición final segunda de esta Ley.

Serán indivisibles las parcelas forestales de superficie inferior a diez hectáreas. No obstante, serán divisibles por causa no imputable al propietario.

Corresponden a la consejería competente en materia forestal, en el marco de las orientaciones estratégicas establecidas en materia de prevención de incendios, la planificación, coordinación y ejecución de las medidas y acciones necesarias para la prevención contra los incendios forestales en colaboración con las demás Administraciones públicas y los particulares, y sin perjuicio y en el marco de lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 1/2013, de 24 de mayo, de Medidas de Reestructuración del Sector Público Autonómico, por la que se crea el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

A estos efectos, los instrumentos a que se refieren los artículos 27 a 37 de la presente ley incorporarán los tratamientos silvícolas preventivos para la más idónea distribución de las formas de masas vegetales y la composición botánica de estas masas.

Reglamentariamente se regulará en montes y áreas colindantes el ejercicio de todas aquellas actividades que puedan dar lugar a riesgo de incendio y se establecerán normas de seguridad aplicables a las urbanizaciones, otras edificaciones, obras, instalaciones eléctricas e infraestructuras de transporte en terrenos forestales y sus inmediaciones que puedan implicar peligro de incendios o ser afectadas por estos. Asimismo, se podrán establecer limitaciones al tránsito por los montes, llegando a suprimirlo cuando el peligro de incendios lo haga necesario.

La consejería competente en materia de prevención de incendios elaborará y aprobará los planes anuales de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales a que hace referencia el artículo 48 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, que serán objeto de publicidad previa a su desarrollo, comprenderán la totalidad de las actuaciones a desarrollar, abarcarán la totalidad del territorio del Principado de Asturias y seguirán las directrices y criterios comunes precisos para su elaboración que se aprueben por la Administración del Estado.

Las nuevas repoblaciones forestales o cualquier tipo de actuación silvícola observarán las normas que la consejería competente en materia forestal establezca, en especial las labores de mantenimiento y las distancias de plantación con terrenos no incluidos en la definición de terreno forestal del artículo 5 de la presente ley, de acuerdo a las instrucciones generales y las autorizaciones explícitas reguladas por el artículo 42 de la presente ley, así como la conformidad al planeamiento urbanístico de aplicación.

De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 48 y 48 bis de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, con objeto de organizar la labor diaria de los medios humanos y materiales destinados a la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, y también para facilitar la regulación y autorización del uso seguro del fuego, la Administración del Principado de Asturias calculará y publicará diariamente el índice de riesgo de incendio forestal (IRIF) sobre la base de los datos de medición y previsión meteorológica facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología y los otros parámetros técnico-estadísticos necesarios, como la recurrencia de incendios o la activación de planes contra la contaminación atmosférica. El IRIF se representará con los valores de cero (0) a cinco (5) y se graduarán, siendo el valor uno (1) el correspondiente al riesgo bajo y el valor cinco (5) el correspondiente al riesgo extremo.

Reglamentariamente se regulará la constitución de grupos de voluntarios para colaborar en la prevención y extinción, y cuidarán de la formación de las personas seleccionadas para desarrollar estas tareas.

El Principado de Asturias fomentará las agrupaciones de propietarios de montes y demás personas o entidades interesadas en la conservación de los montes y su defensa contra los incendios.

Para la extinción de cada incendio, salvo en aquellos que se juzgue innecesario por su pequeña entidad, se establecerá un mando unificado y estructurado por funciones, basado en los objetivos de eficacia y seguridad. El director técnico de la extinción será un profesional que haya recibido formación acreditada específica sobre comportamiento del fuego forestal y técnicas adecuadas para su extinción.

En caso de declaración de situación de emergencia, se estará a lo dispuesto en la normativa de protección civil para emergencia por incendios forestales.

En los trabajos de extinción de incendios forestales, el director técnico de la operación tiene la condición de agente de la autoridad y podrá movilizar medios públicos y privados para actuar en la extinción de acuerdo con un Plan de operaciones. Asimismo, podrá disponer, cuando sea necesario y aunque no se pueda contar con la autorización de los propietarios respectivos, la entrada de equipos y medios en fincas forestales o agrícolas, la circulación por caminos privados, la apertura de brechas en muros o cercas, la utilización de aguas, la apertura de cortafuegos de urgencia y la quema anticipada mediante la aplicación de contrafuegos, en zonas que se estime que, dentro de una normal previsión, pueden ser consumidas por el incendio. La autoridad local podrá movilizar medios públicos o privados adicionales para actuar en la extinción, según el Plan de operación del director técnico.

Se considerará prioritaria la utilización por los servicios de extinción de las infraestructuras públicas, tales como carreteras, líneas telefónicas, aeropuertos, embalses, puertos de mar y todas aquellas necesarias para la comunicación y aprovisionamiento de dichos servicios, sin perjuicio de las normas específicas de utilización de cada una de ellas.

La Administración del Principado de Asturias asumirá la defensa jurídica del director técnico y del personal bajo su mando en los procedimientos seguidos ante los órdenes jurisdiccionales civil y penal por posibles responsabilidades derivadas de las órdenes impartidas y las acciones ejecutadas en relación con la extinción del incendio.

Aquellas áreas en las que la frecuencia o virulencia de los incendios forestales y la importancia de los valores amenazados hagan necesarias medidas especiales de protección contra los incendios, podrán ser declaradas zonas de alto riesgo de incendio o de protección preferente.

Corresponde a la Consejería competente en materia forestal la declaración de zonas de alto riesgo y la aprobación de sus Planes de defensa en los términos que se establezca reglamentariamente.

Para cada una de estas zonas se formulará un Plan de defensa que, como mínimo, deberá considerar:

Los Planes de Ordenación Forestal previstos en esta Ley podrán tener la consideración de Plan de defensa siempre y cuando cumpla las condiciones descritas en el apartado 3 del presente artículo.

Las infraestructuras, existentes o de nueva creación, incluidas en las zonas de alto riesgo de incendio tendrán una servidumbre de uso para su utilización por los servicios de prevención y extinción de incendios.

Como medida de precaución se prohíbe el uso del fuego en los montes a que se refiere esta ley, salvo para las actividades y en las condiciones, períodos o zonas autorizadas por la consejería competente en materia forestal, en el marco de las orientaciones estratégicas establecidas en materia de prevención de incendios, de acuerdo con lo que establezca el desarrollo reglamentario de esta ley.

La quema de rastrojos, matorral o de cualquier otro producto que se realice en los terrenos incluidos en la franja colindante con los montes que establezca la consejería competente en materia forestal requerirá autorización expresa de dicha consejería.

Para la regulación del uso del fuego y su autorización se distinguirán, al menos, las siguientes modalidades:

La consejería competente en materia de prevención de incendios adoptará y publicará las instrucciones generales de uso del fuego y autorización de acuerdo a lo preceptuado en la presente ley.

Es obligación de los propietarios de montes la ejecución de las medidas tendentes a la restauración de la cubierta vegetal que resulte dañada por los incendios forestales, incluida la reforestación cuando la regeneración natural no sea posible a corto plazo. En caso de incumplimiento, la Consejería competente en materia forestal podrá actuar de forma subsidiaria, ejecutando la restauración a costa del obligado.

Tales propietarios, cuando no hayan sido objeto de sanción por su conducta infractora, podrán beneficiarse de las ayudas previstas a estos efectos por la Consejería competente en materia forestal o formalizar con la misma convenios o acuerdos.

No podrán cortarse ni enajenarse maderas resultantes de incendios forestales sin expresa autorización de la Consejería competente en materia forestal.

La Consejería competente en materia forestal acotará temporalmente los montes incendiados de aquellos aprovechamientos o actividades incompatibles con su regeneración por un plazo superior a un año, que podrá ser levantado por autorización expresa de dicho órgano, quedando excluido del acotamiento el pastoreo, salvo que se realice en alguno de los montes a que se refiere la letra g) del apartado 1 del artículo 5. Para evitar la entrada de reses a la zona acotada al pastoreo, corresponderá al propietario del monte el cercado de la misma, cuando éste proceda respetando la legislación vigente.

No se podrá efectuar cambio alguno en el destino urbanístico de los terrenos afectados por el fuego hasta transcurridos treinta años del siniestro, ni su transformación en suelos agrícolas hasta que la masa forestal o cubierta vegetal adquiera el mismo estado que tenía en el momento del incendio, y, en todo caso, de conformidad con lo dispuesto en la normativa urbanística de aplicación.

La Consejería competente en materia forestal adoptará las medidas necesarias para evitar que las masas forestales quemadas produzcan contaminación por plagas o enfermedades.

La infracción por los propietarios de los deberes y prohibiciones consignados implica, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o penales a que diera lugar, el incumplimiento de la función social de la propiedad por lo que la Consejería competente en materia forestal podrá proceder a la expropiación forzosa de los terrenos de acuerdo con la legislación específica.

En cualquiera de los montes a que se refiere esta Ley la Consejería competente en materia forestal podrá, previa instrucción del oportuno expediente, no computar las superficies forestales afectadas por el fuego y que estén sujetas a acotamiento o la totalidad de la del monte cuando el fuego le haya afectado en más de un cincuenta por ciento de su superficie y exista acotamiento, a los efectos relacionados con el pago de subvenciones o ayudas a las rentas durante los cinco años siguientes a producirse el incendio, o durante el plazo requerido para devolver la vegetación a las condiciones anteriores al incendio.

El plazo a que se refiere el apartado 2 de este artículo comenzará a computarse desde el momento en que se declare extinguido el incendio forestal, con independencia de la tramitación del correspondiente expediente administrativo de acotamiento.

La Consejería competente en materia forestal ejercerá funciones de vigilancia, prevención y estudio de las plagas y, en general, de las enfermedades forestales, en especial respecto de los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública y los montes incluidos en el Registro de Montes Protectores. A tal efecto, prestará a las entidades públicas o sujetos particulares el asesoramiento técnico preciso, pudiendo formalizarse además los convenios o acuerdos que se estimen pertinentes.

Cuando se detecte la presencia de nuevos o desconocidos agentes nocivos, la Consejería competente en materia forestal deberá adoptar medidas singulares que eviten su propagación estableciendo al efecto los sistemas adecuados para su destrucción o las pertinentes cuarentenas y prohibiciones de circulación de semillas, productos forestales y, en general, de cuanto pueda contribuir a la extensión de los elementos dañinos.

La Consejería competente en materia forestal elaborará la relación de plantas invasoras que pudieran estar afectando o entrañar riesgos a los montes asturianos y promoverá campañas para su eliminación o erradicación.

Corresponde a la Consejería competente en materia forestal declarar la existencia de una plaga y la utilidad pública de la lucha contra la misma, en los términos establecidos en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, dando cuenta a la Administración General del Estado de dicha declaración y de las medidas fitosanitarias adoptadas.

En todo caso, la Consejería competente en materia forestal informará a la Administración General del Estado sobre la localización de focos incipientes de plagas, la incidencia e intensidad de las plagas de cuarentena y de aquellas otras detectadas en el ámbito territorial del Principado de Asturias que tengan especial incidencia, así como de las medidas fitosanitarias adoptadas.

Los propietarios, públicos o privados, de montes quedan obligados a poner en conocimiento de la Consejería competente en materia forestal la aparición de enfermedades o plagas, así como a poner en práctica las medidas fitosanitarias obligatorias que se establezcan como consecuencia de la declaración de existencia de una plaga, incluida la destrucción de productos forestales por corta, arranque, quema o cualquier otro método, debiendo estarse a lo que sobre indemnizaciones en la lucha obligatoria contra plagas establece el artículo 21 de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, cuando las medidas establecidas para la lucha contra una plaga supongan la destrucción, deterioro o inutilización de bienes o propiedades particulares o públicas.

Cuando en la lucha contra una plaga, la acción individual pueda interferir la colectiva con riesgo de su efectividad o sea necesaria la adopción de medidas especiales o el empleo de medios extraordinarios, la Consejería competente en materia forestal podrá establecer la obligatoriedad de realizarla colectivamente por parte de organizaciones reconocidas oficialmente o directamente por la Administración, en cuyo caso los interesados afectados deberán abstenerse de realizar cualquier otra acción individual, si así fuera establecido.

La Consejería competente en materia forestal, previa delimitación de la zona afectada y del agente nocivo, podrá declarar obligatoria la puesta en práctica de los tratamientos fitosanitarios que estime adecuados contra la enfermedad o plaga.

Los propietarios, públicos o privados, de los espacios afectados efectuarán los trabajos ordenados, acogiéndose, en su caso, a las ayudas que pudieran al efecto establecerse. En caso contrario, la Consejería competente en materia forestal actuará subsidiariamente por cuenta y a costa del obligado.

La Consejería competente en materia forestal, con el fin de evitar los efectos de los plaguicidas, promoverá su uso selectivo y, en todo caso, acordará las oportunas medidas preventivas de defensa fitosanitaria.

Cuando se empleen plaguicidas, su uso deberá tener en cuenta el fitoparásito a controlar, los factores naturales limitadores del mismo, la vegetación afectada, la fauna y el medio físico, sin perjuicio de la aplicación de las normas específicas existentes sobre tales productos.

La Consejería competente en materia forestal podrá proponer a la Administración General del Estado las restricciones o prohibiciones que considere procedentes en relación con las limitaciones excepcionales que sobre comercialización y uso de productos fitosanitarios autorizados establezca aquélla en los términos del artículo 32 de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal.

Con el fin de evitar la propagación de plagas o enfermedades, los viveros o aquellas instalaciones destinadas a la producción o comercialización de plantas con destino forestal u ornamental quedarán sometidos a control fitosanitario por la Consejería competente en materia forestal, constituyendo obligación de sus propietarios la adopción de aquellas medidas imprescindibles para el mantenimiento del adecuado estado fitosanitario del material vegetal.

La Consejería competente en materia forestal procederá a la inmovilización y, en su caso, la destrucción de los productos existentes en dichas instalaciones afectados por alguna enfermedad o plaga, sin que por ello proceda indemnización alguna.

Sin perjuicio de las competencias concurrentes de otras Administraciones Públicas, así como de las estipulaciones del Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias de Restauración Hidrológico-Forestal previsto en el artículo 41 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, corresponde a la Consejería competente en materia forestal la restauración hidrológico-forestal.

Se entiende por restauración hidrológico-forestal los planes, trabajos y acciones necesarios para la conservación, defensa y recuperación de la estabilidad y fertilidad de los suelos, la regulación de escorrentías, la consolidación de cauces fluviales y laderas, la contención de sedimentos y, en general, la defensa del suelo contra la erosión.

Corresponde al Consejo de Gobierno, previa audiencia de los propietarios de montes, la aprobación de los Planes de restauración hidrológico-forestal. La misma implicará la declaración de utilidad pública de las obras y trabajos a efectos de la posible expropiación de los terrenos en donde hayan de realizarse.

Los Planes de restauración hidrológico-forestal contendrán, en todo caso, las medidas y trabajos necesarios para:

Sin perjuicio de las competencias concurrentes de otras Administraciones Públicas, la Consejería competente en materia forestal del Principado de Asturias fomentará la reforestación de espacios desarbolados, considerándose prioritarias las zonas que hayan sufrido incendios. La reforestación podrá ser declarada obligatoria en los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública por acuerdo del Consejo de Gobierno.

Antes de proceder a la repoblación parcial o total de un monte incluido en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública o de los que se refiere el artículo 78, el territorio que éste ocupe habrá de clasificarse según sus aprovechamientos, que, como mínimo, serán los forestales y ganaderos. Tal clasificación deberá contar con la aprobación del propietario del monte y en su caso con la de los titulares del derecho de aprovechamiento.

La Consejería competente en materia forestal regulará reglamentariamente la utilización de plantones de origen y calidad genética adecuados para las repoblaciones de acuerdo con la finalidad de las mismas.

Los propietarios, públicos o privados, de montes podrán formalizar convenios de reforestación, mejora y conservación con la Consejería competente en materia forestal, pudiendo constituirse a tal efecto un derecho real a favor de la Administración sobre las cubiertas vegetales creadas o a conservar y cuyo clausulado le facultaría para actuar en el espacio y realizar en él los aprovechamientos pertinentes. Dicho convenio no podrá afectar a las forestaciones con especies con turnos inferiores a quince años.

En los términos del convenio suscrito la Consejería competente en materia forestal podrá asumir la financiación de los trabajos de reforestación, reposición de marras, trabajos silvícolas y creación de las infraestructuras viarias, correctoras de la erosión o de defensa contra incendios, así como cualesquiera otros necesarios para garantizar el aprovechamiento racional del monte.

Con carácter general, los convenios tendrán como período máximo de vigencia el del primer turno de la especie principal, sin perjuicio de la facultad de las partes contratantes para ampliar posteriormente el acuerdo a la conservación o defensa de las masas forestales nuevamente creadas.

La liquidación del consorcio de los montes públicos cuando éstos pasen a gestionarse mediante convenio no supondrá desembolso alguno para la entidad propietaria.

El Principado de Asturias podrá sustituir los consorcios y convenios de reforestación suscritos con los propietarios de montes por otras figuras contractuales en las que no sería exigible una compensación económica a favor de la Administración o condonar su deuda, siempre que se cuente con el acuerdo de los propietarios y que concurra alguna de las siguientes condiciones:

La Consejería competente en materia forestal llevará, en los términos que reglamentariamente se establezcan, un registro de cooperativas, empresas e industrias forestales, tanto de las empresas que realizan trabajos forestales en los montes como de las industrias forestales, incluyendo en éstas las de sierra, chapa, tableros, pasta, papel y corcho, manteniendo informada a la Administración General del Estado sobre dicho registro.

Reglamentariamente se determinarán los términos en que las cooperativas, empresas e industrias forestales facilitarán anualmente a la Consejería competente en materia forestal, a efectos estadísticos, los datos relativos a su actividad, en particular, la producción, transformación y comercialización de sus productos forestales, para su integración en la Estadística Forestal Española, en la forma prevista en el artículo 61.2 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 55 y 56 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, la Consejería competente en materia forestal promoverá el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en materia forestal y fomentará la realización de estudios experimentales y de investigación tendentes a un mejor conocimiento de las técnicas a aplicar en materia forestal.

En los montes de titularidad del Principado de Asturias se podrán establecer áreas de reserva no intervenidas para el estudio de la evolución natural de los montes. Este mismo tipo de áreas se podrá establecer en montes de otra titularidad, previo acuerdo de su propietario.

Con el fin de contribuir al desarrollo y promoción de los aspectos sociolaborales del sector forestal y al fomento del empleo, con especial atención a las poblaciones rurales, el Principado de Asturias, en colaboración con otras Administraciones públicas y con los agentes sociales representativos, promoverá la elaboración de Planes de formación y empleo del sector forestal, incluyendo medidas relativas a la prevención de riesgos laborales.

Asimismo el Principado de Asturias, en colaboración con otras Administración públicas y con los agentes sociales representativos, promoverá el establecimiento de programas de divulgación orientados a concienciar al conjunto de la sociedad de la importancia de la existencia de los montes y de sus productos como recursos naturales renovables, así como de su gestión sostenible.

Serán objeto de atención preferente por parte de la Consejería competente en materia forestal:

Tendrán carácter prioritario:

Las ayudas podrán adoptar algunas de las modalidades siguientes:

Podrán ser beneficiarios de las ayudas:

Las actuaciones impuestas para la reparación obligatoria, por parte del infractor, de los daños causados por acciones tipificadas como infracciones no podrán en ningún caso ser objeto de ayudas públicas.

La ocultación o falseamiento de datos que sirvan para la concesión de ayudas o beneficios dará lugar a su pérdida y a la devolución de los que hayan podido ser percibidos, sin perjuicio de los demás supuestos de revocación o reintegro previstos en el régimen general de subvenciones.

Reglamentariamente se regularán los procedimientos y las condiciones para incentivar las externalidades positivas de los montes ordenados.

Para estos incentivos se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes factores:

La Consejería competente en materia forestal podrá aportar estos incentivos por las siguientes vías:

La Consejería competente en materia forestal inspeccionará el ejercicio y desarrollo de las actividades sometidas a la presente Ley y ejercerá la potestad sancionadora, en los términos en ella establecidos.

Constituye infracción administrativa en materia forestal generadora de responsabilidad toda acción u omisión que vulnere lo establecido en la presente Ley, y se clasifican en:

Son infracciones muy graves:

Tendrán, asimismo, la consideración de muy graves cualesquiera acciones u omisiones que provoquen pérdida de la calidad del suelo cuya recuperación exceda de diez años y, en especial, las siguientes:

En el caso de que los hechos constitutivos de la infracción recogidos en el apartado 6 del artículo 48 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, hayan causado al monte daños cuyo plazo de reparación o restauración sea superior a seis meses, serán consideradas infracciones muy graves.

Son infracciones graves:

Es también infracción grave cualquier alteración negativa o que ocasione la pérdida de calidad del suelo cuya recuperación no exceda de un período de diez años, y en especial, las acciones u omisiones siguientes:

Sin perjuicio de la aplicación de las previsiones del Código Penal en esta materia, las infracciones de las prohibiciones contenidas en el apartado 6 del artículo 48 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, serán consideradas en todo caso infracciones graves.

Son infracciones leves:

Tendrán, asimismo, la consideración de faltas leves, siempre que no se produjera una alteración negativa del suelo ni se ocasione una pérdida de la calidad del mismo, las acciones u omisiones siguientes: