Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra

Incluye la corrección de errores publicada en el BONA núm. 36, de 23 de marzo de 2007. Ref. BOE-A-2007-8665.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

Navarra ha contado históricamente con régimen jurídico propio en materia de riqueza territorial.

El primer intento de implantar un Catastro comprensivo de la riqueza territorial responde a la Ley 113 de las Cortes de 1817 y 1818 que encomienda a la Diputación la realización de un Catastro comprensivo de la riqueza territorial comercial e industrial de todos los pueblos del Reino.

El 30 de julio de 1943 se aprobó el Reglamento para la imposición y cobranza de la Contribución Urbana, en el que se dispone como elemento fundamental para su exacción un libro denominado Registro Fiscal donde figuran debidamente relacionados y descritos los bienes sujetos. Se atribuye su formación a las Juntas de Catastro bajo la dirección del personal del Servicio Provincial y su conservación corresponde a las Juntas municipales del Catastro que están obligadas a rectificarlas anualmente.

Mediante Acuerdo Foral de 28 de diciembre de 1978, con efecto de 1 de enero de 1979, las contribuciones territoriales rústica y urbana pasaron a formar parte de la Hacienda municipal transformándose en tributos municipales. Quedó, sin embargo, en manos de la Diputación la gestión catastral.

Por Acuerdo del Parlamento Foral de 8 de junio de 1981 se reformaron las Haciendas Locales de Navarra estableciéndose como parte integrante de la imposición municipal, entre otras figuras, las Contribuciones sobre las Riquezas Territoriales Urbana y Rústica.

Como consecuencia de la reforma de las Haciendas Locales referida nacen tanto el Registro Fiscal de la Riqueza Urbana como el Registro Fiscal de la Riqueza Rústica, creados respectivamente por la Norma para la Exacción de la Contribución Territorial Urbana, de 14 de junio de 1982, y por la Ley Foral 12/1983, de 25 de febrero, para la exacción de la Contribución sobre las actividades agrícola y pecuaria. Estos Registros cuya confección y conservación corresponde a la Diputación Foral de Navarra constituyen el antecedente inmediato del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial. Los Catastros municipales de Urbana y de Rústica serán confeccionados y conservados por los Ayuntamientos en base a los datos de aquéllos, quedando obligados los titulares sujetos al impuesto a declarar las alteraciones producidas en sus bienes o derechos en el Ayuntamiento en que radiquen los mismos.

Mediante Decreto Foral 216/1984, de 10 de octubre, por el que se establece el Reglamento para la Exacción de la Contribución Territorial Urbana, se desarrolla la Norma para la exacción de la Contribución Territorial Urbana, aprobada por el Parlamento Foral el 24 de mayo de 1982. En la regulación propia de la gestión del tributo se regula la implantación y conservación del Registro Fiscal de la Riqueza Urbana, que se atribuye al Departamento de Economía y Hacienda, y la implantación de los Catastros Municipales de la Riqueza Urbana, mediante convenio suscrito con el Departamento de Economía y Hacienda o sin él, que serán confeccionados y conservados por los Ayuntamientos en base a los datos del Registro Fiscal de la Riqueza Urbana. En el citado Decreto Foral se regula la actualización del Registro Fiscal de la Riqueza Urbana y de los Catastros Municipales de la Riqueza Urbana. Junto a los mencionados Registros se encuentra recogida la normativa referida a la elaboración de las Ponencias de Valoración de los bienes inmuebles de naturaleza urbana y a su aprobación por una Comisión Mixta, que puede ser recurrida en alzada ante el Gobierno de Navarra. En Anexo al citado Decreto Foral se recogen las Normas Técnicas para determinar el Valor Catastral de los bienes de Naturaleza Urbana.

El Decreto Foral 142/1986, de 23 de mayo, viene a determinar las actuaciones de competencia del Gobierno de Navarra y de los Ayuntamientos de Navarra en materia de conservación de los Registros Fiscales y Catastros de la Riqueza Rústica y Urbana y se regula su financiación, de conformidad con lo establecido en la Norma para la Exacción de la Contribución Territorial Urbana.

Un salto cualitativo en la normativa de la riqueza inmueble constituye el Decreto Foral 54/1991, de 7 de febrero, de coordinación del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra con el Registro de la Propiedad. Se pretende coordinar el sistema catastral de Navarra, que aportará los datos descriptivos y gráficos de cada finca, con el Registro de la Propiedad, que a su vez aportará al Registro Fiscal el nombre de los titulares en dominio y la referencia catastral.

Finalmente, el 10 de marzo de 1995 son aprobadas dos Leyes Forales que instauran el sistema de información de la riqueza inmobiliaria vigente en el ámbito de la Comunidad Foral hasta este momento.

Por un lado, la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, regula la Contribución Territorial como tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles, abandonando la tradicional distinción entre Contribución Territorial Rústica y Contribución Territorial Urbana. El Catastro municipal, que se regula en relación con la gestión del impuesto de la Contribución Territorial, se conforma como un registro administrativo público de ámbito municipal que toma y actualiza los datos del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial para cada período impositivo.

Por su parte, la Ley Foral 3/1995, de 10 de marzo, reguladora del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra, crea como un único registro administrativo el denominado Registro Fiscal de la Riqueza Territorial, que queda constituido como un inventario actualizado de la riqueza inmueble de la Comunidad Foral de Navarra y que tiene como amplia finalidad constituir un soporte para actuaciones fiscales o económicas y para aquellas otras que señalen las leyes.

Habiendo transcurrido más de una década desde la aprobación de las Leyes Forales que han regulado el sistema de información de la riqueza inmobiliaria de Navarra y de gestión de los catastros municipales hasta la fecha, se hace especialmente necesario en este momento clarificar los procedimientos de incorporación de datos en el Registro de la Riqueza Territorial, verdadero pilar del mismo, y en los Catastros Municipales, que toman sus datos básicos de aquél, abandonándose el adjetivo fiscal de la normativa precedente que se otorgaba al Registro de la Riqueza Territorial por cuanto no venía sino a describir una parte de las funciones implementadas por el mismo y por cuanto la inscripción de los datos en el mismo, si bien tiene claramente una aplicación directa tributaria de la información en él contenida, no delimita el conjunto de actuaciones que está llamado a desempeñar.

II

Esta Ley Foral consta de 65 artículos, agrupados en cinco títulos, cinco disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una derogatoria y seis disposiciones finales.

El Título Preliminar, que recoge disposiciones generales, se estructura en cuatro Capítulos.

El Capítulo I, «Del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra», establece la naturaleza administrativa de los mismos, su carácter dinámico y su integración en la infraestructura informativa del territorio navarro.

El Capítulo II define el Registro de la Riqueza Territorial de Navarra como un inventario permanente y actualizado de la riqueza inmobiliaria del territorio navarro, cuya conservación corresponde a la Hacienda Tributaria de Navarra y a los Ayuntamientos de Navarra en los términos previstos en la propia Ley Foral.

Se establece el contenido de la información recogida en el mismo, distinguiendo un conjunto de datos denominados básicos respecto de otros datos denominados complementarios.

Se regula la figura de los titulares inscribibles, instituyéndose el deber de colaboración de toda persona física o jurídica, pública o privada.

Finalmente, se detallan los ficheros de datos de carácter personal, en terminología de la normativa de protección de datos de carácter personal, en soporte informático y en soporte papel, integrantes del Registro de la Riqueza Territorial y se regula el acceso a las titularidades no vigentes recogidas en los mismos.

El Capítulo III define los Catastros como registros administrativos públicos que constituyen el inventario de la riqueza inmueble del término municipal y que, a diferencia de la normativa precedente, no se vinculan exclusivamente a la mera gestión de los impuestos municipales que gravan la riqueza inmobiliaria sino que, si bien siguen tomando sus datos básicos del Registro de la Riqueza Territorial lo que impide considerarlos como registros verdaderamente autónomos, se constituyen como un instrumento eficaz al servicio de las actuaciones públicas que les corresponde desarrollar sobre el término municipal, pudiendo a tal fin adicionar los Ayuntamientos cuantos datos complementarios sean necesarios.

Se recoge la figura de los titulares catastrales y se establece la obligación de colaboración en términos coincidentes con lo dispuesto para el Registro de la Riqueza Territorial.

El Capítulo IV establece, en primer lugar, la delimitación de qué bienes ostentan carácter inmueble y se describe qué se considera bien inmueble a efectos exclusivos de la materia objeto de regulación cubriendo la laguna existente en la normativa anterior, precisándose el concepto de construcciones. A continuación se aborda el concepto de unidad inmobiliaria como unidad de referencia de la información contenida en el Registro de la Riqueza Territorial y en el Catastro y como unidad de valoración. Por último, se regulan los bienes especiales o bienes que por presentar características específicas o singulares no son susceptibles de caracterización normalizada y de valoración general.

El Título I regula, en cuatro Capítulos, la conservación del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros.

El Capítulo I contiene las disposiciones generales. Se define la conservación como la custodia, gestión y permanente actualización de los datos de los bienes inmuebles contenidos en los mismos, describiéndose las actuaciones de conservación que corresponde desempeñar a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y a los Ayuntamientos.

El Capítulo II establece una regulación novedosa referida a los ajustes de carácter técnico que corresponde desarrollar a la Hacienda Tributaria de Navarra, y que no cabe considerar como modificaciones de datos sino como meras correcciones o subsanación de la información disponible.

El Capítulo III regula la valoración de los bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial. Se establece la competencia de la Hacienda Tributaria de Navarra para desarrollar la función de valoración de los bienes inmuebles que corresponde realizar a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra para conseguir una coordinación de la valoración catastral de Navarra. El sistema de valoración determinado toma como punto de partida la aprobación por el Gobierno de Navarra de las Normas Generales de Valoración, las cuales serán de aplicación a las Ponencias de Valoración que se aprueben durante su vigencia. La determinación del valor concreto de un inmueble parte de la aplicación al mismo de la Ponencia de valoración, excepción hecha de los bienes especiales.

Desde las premisas anteriores, la Ley Foral viene a deslindar el denominado valor registral o valor asignado a determinado bien inmueble por la Hacienda Tributaria de Navarra e inscrito en el Registro de la Riqueza Territorial, que sirve de referencia para las diferentes actuaciones administrativas que puedan preverse en el ordenamiento jurídico, respecto del valor catastral, entendiendo como tal al valor de los bienes aprobado por la Hacienda Tributaria y que es tomado en una fecha fija a efectos de inclusión en el Catastro y posterior gestión de la Contribución Territorial.

Ambos valores son en principio idénticos, por cuanto son el valor resultante de la aplicación de la Ponencia de valoración a determinado bien inmueble. Sin embargo, aquellas variaciones que se produzcan en los inmuebles a lo largo del período impositivo y que determinen la asignación de un nuevo valor registral sólo darán lugar a un nuevo valor catastral en el período impositivo siguiente a aquel en que tuvieron lugar tales variaciones. De este modo temporalmente puede existir un desajuste entre el valor registral y el valor catastral.

Junto a estos valores, la Hacienda Tributaria de Navarra puede contar en un determinado momento con estimaciones del valor de mercado de determinados bienes inmuebles, obtenido a partir de la aplicación de modelos de predicción de valores o en general de técnicas estadísticas, que no ostentan la consideración de valor de registro administrativo alguno pero que pueden ser utilizados a efectos de revisar la Ponencia de valoración vigente cuando el valor resultante de su aplicación al conjunto de los bienes de un municipio resulte claramente inferior a aquéllos.

El Capítulo IV contiene la regulación detallada de los procedimientos de modificación de los datos básicos del Registro de la Riqueza Territorial, que se realiza tratando de llevar al texto legal las prácticas de actuación ya existentes, con el propósito de evitar de este modo una alteración sensible en el modelo de funcionamiento actual.

Se distinguen los siguientes procedimientos: de actualización de los datos obrantes, de modificación en virtud de la actividad inspectora desarrollada por la Hacienda Tributaria, los que pretenden la modificación de las titularidades y circunstancias físicas de las parcelas inscritas, los de alteración colectiva de los valores en virtud de Ponencia de valoración aprobada y los de inscripción de bienes especiales.

Respecto del primero de los procedimientos, el de actualización del Registro de la Riqueza Territorial, se recoge la parte sustancial de su conservación y que se desarrolla por los Ayuntamientos cumplimentando el documento aprobado oficialmente, denominado Hoja de Solicitud de Modificación Catastral, consignando las variaciones producidas en los inmuebles, ya sean éstas declaradas por los sujetos obligados o ya sean realizadas de oficio por aquéllos, siempre que no constituyan alteración de la titularidad o cambio de circunstancias físicas de las parcelas o unidades inmobiliarias que se conformen como procedimientos específicos. Finalmente, se comprenden dentro del procedimiento de actualización de los datos del Registro de la Riqueza Territorial determinados supuestos tasados de actuación directa por la Hacienda Tributaria de Navarra.

En segundo lugar, se regula el procedimiento de modificación de los datos inscritos en virtud de actuación inspectora desempeñada por la Hacienda Tributaria de Navarra. Toda actuación inspectora que determine la procedencia de modificar los datos inscritos dará lugar a la incoación de un procedimiento administrativo, con audiencia de los afectados y que finalizará con resolución expresa de modificación o de declaración de improcedencia de la misma.

En tercer lugar, se contempla el procedimiento de modificación gráfica de las lindes y superficies de las parcelas. Toda modificación gráfica de determinada parcela o unidad inmobiliaria deberá venir avalada mediante la necesaria documentación y la valoración técnica oportuna que acrediten la existencia de un error de delimitación gráfica realizada por la Administración Pública. Se trata en suma de permitir subsanar errores inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial, en la medida en que los mismos puedan ocasionar perjuicios a los titulares inscritos, pero no de constituir indebidamente a este procedimiento en una instancia demanial ni convertir a aquél en un instrumento de proclamación de propiedades con eficacia «erga omnes».

En cuarto lugar, se regula el procedimiento de modificación de las titularidades inscritas, bajo los mismos planteamientos realizados en el procedimiento anterior y conforme a un procedimiento sustancialmente similar, si bien se facilita la inscripción de los bienes públicos dada la especial protección que el ordenamiento jurídico otorga a los mismos.

En quinto lugar, se regula el procedimiento de modificación colectiva de valores en línea de continuidad con la legislación anterior. Toda asignación de valor colectiva de los inmuebles se produce mediante la aplicación de la Ponencia de valoración, que establecerá el método de valoración a aplicar a cada bien y fijará los parámetros generales y técnicos de valoración necesarios para determinar el valor de los bienes inmuebles. Se establece su contenido y ámbito territorial al que se circunscriben y las circunstancias determinantes de su revisión.

A continuación, se regulan los aspectos relativos a la elaboración, aprobación, publicación, eficacia e impugnación de las Ponencias de Valoración de ámbito municipal y supramunicipal.

Se recoge la competencia de los Ayuntamientos para elaborar el proyecto de la Ponencia de valoración municipal, si bien la Hacienda Tributaria de Navarra podrá facilitar la información disponible que resulte relevante a tal fin, el papel técnico que desempeña la Comisión Mixta creada al efecto, que se define como órgano de cooperación creado ad hoc que formula una propuesta vinculante de aprobación de la Ponencia elaborada y la competencia de la Hacienda Tributaria para su aprobación.

Corresponde al personal técnico de la Hacienda Tributaria de Navarra la fijación del valor individual correspondiente a cada bien inmueble mediante la aplicación de la Ponencia de valoración a la información recogida en el Registro de la Riqueza Territorial, recogiéndose el valor resultante en el mismo y siendo objeto de impugnación con carácter anual o bien posteriormente en el momento de la liquidación del impuesto de la Contribución Territorial.

Por último, se contempla la inscripción de los bienes especiales y de sus modificaciones, pautándose los criterios para la fijación y la actualización del valor de los mismos, para la asignación del valor del bien especial que corresponde a cada municipio cuando aquél se asienta sobre varios términos municipales.

El Título II regula el acceso, entrega, utilización y certificación de la información contenida en el Registro de la Riqueza Territorial y en los Catastros, manteniendo sustancialmente la normativa precedente y completándola en determinados aspectos.

En el Capítulo I se regula el acceso a la información tratando de conciliar la naturaleza de registro administrativo con las prevenciones establecidas en la legislación vigente respecto de los ficheros de datos de carácter personal. En cuanto inventarios de la riqueza inmobiliaria vienen a desempeñar no sólo una función de soporte para el eficaz desempeño de las políticas públicas sino también un servicio público informativo de acceso limitado en lo que se refiere a los datos protegidos. A esta doble función el Registro de la Riqueza Territorial suma el notable papel de constituir un instrumento fundamental en la coordinación con el Registro de la Propiedad.

El Capítulo II regula los certificados y documentos acreditativos de la información.

Se regulan, en primer lugar, los certificados y documentos normalizados de la información obrante en el Registro de la Riqueza Territorial.